PLAN B
LYDIA CACHO
Mientras el IFE y sus equivalentes en los estados están ocupados monitoreando medios y analizando las trampas que los partidos desarrollan para promoverse fuera del marco de la ley, nadie mira a la caja chica de las y los gobernantes en todo el país, es decir, el DIF (Sistema de Desarrollo Integral de la Familia).
El DIF en sus versiones federal, estatal y municipal es tal vez uno de los organismos públicos descentralizados más opacos del país y con mayor elasticidad para que las y los alcaldes y gobernadores los utilicen para fines electorales.
Desde 1977, cuando por decreto presidencial se creó el DIF, se fue gestando un engendro polimorfo cuyo discurso caritativo dio lugar a que las esposas de los gobernantes se hicieran cargo de la asistencia social. Entregarlo a las primeras damas es una estrategia política aberrante, que no ha sido cuestionada por la sociedad.
La falta de transparencia operativa, así como la desarticulada creación de programas a gusto de la primera dama en turno, cuyas credenciales “profesionales” nadie exige, abre la puerta a un manejo ineficaz de la política social, en el mejor de los casos, y electorera en el peor.
No es poca cosa: el DIF de Zapopan, Jalisco, obtiene 127 millones de pesos al año, más los jugosos donativos de empresas. El de Tijuana maneja 280 millones y el de Culiacán 132 millones anuales. El gasto se ejerce con gran discrecionalidad. El DIF de Nuevo León gastó en un baile de gala para festejar a los abuelitos 100 mil pesos; en la posada para mujeres, 55 mil, y para el área de atención sicosocial para menores invirtió sólo 126 mil pesos. En las fiestas las primeras damas entregan regalos y sus maridos son, a ojos de las y los convidados, quienes invierten en su bienestar y felicidad.
En los actuales tiempos preelectorales, gobernadores y alcaldes que suspiran por otros puestos acompañaron a sus esposas a entregar cobertores, chocolate y galletas, casa por casa. En Cancún se gastaron casi un millón de pesos y en Nuevo León, 880 mil en cobijas y chocolatotes preelectorales.
Este organismo que supuestamente debe hacer efectivas las políticas públicas de desarrollo social, está atrapado, en la mayoría de los estados, en un entramado de vicios de poder e ineficacia administrativa y operativa. Atiende, con cuestionable profesionalismo, a niños, adolescentes y personas de la tercera edad. Entrega desayunos, da asistencia jurídica, se ocupa de víctimas de delitos, se encarga de las adopciones, de la “integración de la familia”, y de todo lo que la dirección en turno considere población vulnerable. Durante huracanes, temblores e incendios, los DIF acopian bienes cuyo manejo se mantiene en la opacidad. Un vistazo a la hemeroteca de los 32 estados permite ver el reiterado uso de dichas ayudas para fines electorales y partidistas.
Sin duda, las primeras damas hacen labor de buena voluntad, pero el dinero público no es para jugar a la casita. Pueden creerse Evita y terminar como Marta Sahagún.
IFE y San Lázaro deben poner la mirada en el DIF, un lobo con piel de oveja.
El DIF en sus versiones federal, estatal y municipal es tal vez uno de los organismos públicos descentralizados más opacos del país y con mayor elasticidad para que las y los alcaldes y gobernadores los utilicen para fines electorales.
Desde 1977, cuando por decreto presidencial se creó el DIF, se fue gestando un engendro polimorfo cuyo discurso caritativo dio lugar a que las esposas de los gobernantes se hicieran cargo de la asistencia social. Entregarlo a las primeras damas es una estrategia política aberrante, que no ha sido cuestionada por la sociedad.
La falta de transparencia operativa, así como la desarticulada creación de programas a gusto de la primera dama en turno, cuyas credenciales “profesionales” nadie exige, abre la puerta a un manejo ineficaz de la política social, en el mejor de los casos, y electorera en el peor.
No es poca cosa: el DIF de Zapopan, Jalisco, obtiene 127 millones de pesos al año, más los jugosos donativos de empresas. El de Tijuana maneja 280 millones y el de Culiacán 132 millones anuales. El gasto se ejerce con gran discrecionalidad. El DIF de Nuevo León gastó en un baile de gala para festejar a los abuelitos 100 mil pesos; en la posada para mujeres, 55 mil, y para el área de atención sicosocial para menores invirtió sólo 126 mil pesos. En las fiestas las primeras damas entregan regalos y sus maridos son, a ojos de las y los convidados, quienes invierten en su bienestar y felicidad.
En los actuales tiempos preelectorales, gobernadores y alcaldes que suspiran por otros puestos acompañaron a sus esposas a entregar cobertores, chocolate y galletas, casa por casa. En Cancún se gastaron casi un millón de pesos y en Nuevo León, 880 mil en cobijas y chocolatotes preelectorales.
Este organismo que supuestamente debe hacer efectivas las políticas públicas de desarrollo social, está atrapado, en la mayoría de los estados, en un entramado de vicios de poder e ineficacia administrativa y operativa. Atiende, con cuestionable profesionalismo, a niños, adolescentes y personas de la tercera edad. Entrega desayunos, da asistencia jurídica, se ocupa de víctimas de delitos, se encarga de las adopciones, de la “integración de la familia”, y de todo lo que la dirección en turno considere población vulnerable. Durante huracanes, temblores e incendios, los DIF acopian bienes cuyo manejo se mantiene en la opacidad. Un vistazo a la hemeroteca de los 32 estados permite ver el reiterado uso de dichas ayudas para fines electorales y partidistas.
Sin duda, las primeras damas hacen labor de buena voluntad, pero el dinero público no es para jugar a la casita. Pueden creerse Evita y terminar como Marta Sahagún.
IFE y San Lázaro deben poner la mirada en el DIF, un lobo con piel de oveja.
