RECREO

Por J. Luis Medina Lizalde

Publicado en Imagen el 19 de marzo de 2009

Gobiernos omisos de los derechos humanos

AL PRINCIPIO

La victoria de Samuel Herrera del pasado domingo fue posible porque su equipo controla el ayuntamiento de Guadalupe de la misma forma que la victoria de David Monreal el año pasado en Fresnillo se basa en la previa hegemonía del monrealismo en ese ayuntamiento. En ambos casos, a partir de una “estructurita”, se derrota a una “estructurota”.

Sin referirnos a lo “democrático” del asunto y sí a la eficiencia, cualquiera de estos dos casos bastaría para que el equipo político estatal, derrotado en ambas ocasiones, realizara una profunda autocrítica, o de plano fuera reemplazado por otro con mejores capacidades, sobre todo si es el mismo equipo que también perdió la capital del estado, varios municipios y varias diputaciones. 

Equipo fallido también en los procesos electorales de la Unión Ganadera Regional, la UAZ, la CANACO, el SUTSEMOP y si la memoria me responde, tuvieron problemas hasta en la elección de la directiva de la “cofradía de San Juan Bautista” que preside las festividades de Bracho.

Sin autoflagelaciones ni estridencias, pero con sentido de responsabilidad, cualquier fuerza política revisa lo que no ha funcionado y corrige lo pertinente si atiende su deber de conservar la plaza.

Pero si lo que quieren es entregarla, van bien, muy bien.

DOS VARAS, DOS MEDIDAS

No hay ningún hijo de Enrique Guzmán entre los meseros detenidos en el espacio para fiestas “Antigua San Felipe” en Fresnillo, como consecuencia de un enfrentamiento más del ejército con las bandas armadas aclimatadas en la entidad que tuvo lugar apenas antier. 

Como los lectores recordarán, hace algunos meses las fuerzas del orden irrumpieron en una lujosa residencia en el momento en que se desarrollaba una fiesta amenizada (como Dj) por Luis Enrique Guzmán, hijo del baladista Enrique Guzmán y hermano de la rockera Alejandra de los mismos apellidos.

Qué bueno que a este joven no se le vino el mundo encima tan solo porque los usuarios de sus servicios resultaron connotados narcotraficantes colombianos. Él no tenía el deber de saber a qué se dedican sus contratantes, y así lo entendieron las autoridades cuando lo dejaron en libertad sin que tenga que sufrir la nada grata experiencia del arraigo.

Pero como para los “simples mortales” no hay el mismo espíritu comprensivo, es necesario advertir que la obligación que tienen los gobiernos municipales, estatales y federal de brindar seguridad a los ciudadanos incluye la protección frente a los excesos y las equivocaciones de buena fe, inevitables en esta encarnizada lucha.

En México, la defensa de los derechos humanos ha sido tarea de gente de fe como el actual obispo de Saltillo don Raúl Vera o de periodistas admirables como Lydia Cacho o de excelsos seres humanos como doña Rosario Ibarra De Piedra. Son ellos y los de su especie, los que han hecho a México más vivible, porque los gobiernos, si no son violadores deliberados de los derechos humanos, son omisos.

Por ejemplo, los familiares de las víctimas inocentes de Villa de Cos nunca encontraron solidaridad alguna del gobierno, ni siquiera para facilitar la devolución del vehículo en que fueron asesinados los adolescentes. No se conoce gestión alguna en pro de la familia del minero detenido en medio de otro enfrentamiento en Fresnillo, y ahora estamos ante la posibilidad de que los detenidos de antier nada tengan que ver con los delincuentes que al parecer, lograron huir.

Si los gobernantes no son proactivos en el tema ni tienen valor para reclamar firme e institucionalmente el respeto a los derechos humanos de sus gobernados de parte de los organismos de seguridad, mucho menos tendrán agallas para encarar a la delincuencia.

AL ÚLTIMO

Avanza la iniciativa del Senador Pablo Gómez Álvarez denominada “Ley de salarios máximos”, que después de ser aprobada por el senado, ayer fue dictaminada en comisiones de la cámara de diputados.

En algo frenará el abuso institucionalizado de la alta burocracia del país, pero no da respuesta a situaciones como las que se presentan en Zacatecas, en donde diputados que a su vez son maestros, siguen cobrando en la Secretaría de Educación sin que nadie responda por ello.

Pero si con todo y ser conservadora encuentra grandes resistencias, ¿Se imagina una reforma más a fondo?

Por principio de cuentas quedan a salvo los actuales ministros de la Suprema Corte gracias al principio de la no retroactividad de la ley. 

Nos encontramos el lunes en el recreo