La Jornada, 25 de mayo de 2009.
Es increíble, inusitado cuando menos, que alguien, en este caso el ex presidente Miguel de la Madrid, se haya declarado a sí mismo en estado de interdicción; que él, por voluntad propia, se haya puesto en la tesitura de incapacidad y, por tanto, en la hipótesis, según nuestras leyes civiles, de requerir de ahora en adelante, para sus actos de derecho, de su vida civil y familiar, de un tutor que lo represente y firme en su nombre, que le autorice a viajar y disponer de sus bienes, pues ése es el efecto de una declaración de interdicción.
En la vida cotidiana, la de los simples mortales, se dan casos en los que se solicita de un juez de lo familiar que alguien sea declarado en estado de interdicción; esto sucede cuando la persona ya no tiene capacidad para decidir con lucidez por sí misma y requiere, como lo requiere también un menor de edad, que sea otro quien la represente legalmente, en el caso de un adulto incapaz, un tutor, quien será el que tome las decisiones que normalmente le corresponderían.
En mi vida profesional he conocido más de un caso en el que familiares cercanos a un anciano, impacientes porque sigue viviendo más de la cuenta, y no ven cómo disfrutar de la herencia, solicitan en contra de la voluntad de éste su declaración de interdicción, pero el juez no la dictamina sin oír al anciano y sin antes tomar en cuenta dictámenes periciales obligatorios, ordenados por la ley, de sicólogos y siquiatras. En el mejor de los casos, el procedimiento ocupa varios meses, porque no es poca cosa declarar incapaz a alguien; la sentencia es muy delicada y cuidadosa, la dicta el juez que es un experto en derecho, con el apoyo de los expertos en las ciencias de la conducta y la conciencia humana y, por supuesto, conociendo personalmente y escuchando a la persona sometida al penoso juicio, con el que prácticamente se pierde la personalidad jurídica, al menos la de ejercicio...
Miguel de la Madrid y su familia no se tomaron esas molestias y literalmente de la noche a la mañana, o más bien de la mañana a la noche, dictaminaron que el ex presidente es incapaz y que lo que dijo no le obliga. Diré como aquellos carteles, denominados espectaculares, que pusieron hace unos años en contra de Roberto Madrazo: ¿Tú les crees? Yo tampoco
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Lo cierto es que la entrevista reveladora que llevó a cabo la cada vez más respetada periodista Carmen Aristegui, inteligente, con un valor civil a toda prueba, nos muestra a un hombre, ciertamente de edad, con alguna torpeza leve en el hablar, pero evidentemente congruente y hasta cuidadoso en alguna de sus respuestas; se le ve y escucha contestar con pleno conocimiento de causa las preguntas que se le hacen y no parece que se trate de un hombre que no sabe lo que dice.
Ciertamente, con la edad hay algunas fallas en la memoria, que no es tan veloz como en la juventud, y algunas limitaciones, que sólo en casos extremos y previa determinación de peritos y la intervención imparcial de un juez experimentado ameritan que alguien sea declarado incapaz. Por supuesto, el caso del ex presidente no es de ésos.
El incidente muestra hasta qué bajeza ha caído nuestra clase política, que está integrada no sólo por políticos profesionales, sino también por los dueños de las televisoras, quienes, a pesar de la importancia de la noticia no hicieron un solo comentario en sus programas normalmente nutridos de chismes y escándalos, y vaya si éste es un gran escándalo.
Causa pena ajena que un hombre se desdiga de su palabra y la anule o trate de anularla afirmando que ésta no es válida porque él se encontraba enfermo. En un juicio ante los tribunales, esa retractación no tendría ningún valor; sin embargo, parece que para los noticiarios de televisión fue suficiente para cerrar el caso. Así también han de pensarlo quienes forzaron al ex presidente a esa vergonzosa retractación, pero por supuesto, están equivocados; el testimonio tiene toda al fuerza política por quien lo dijo y porque simplemente corrobora lo que la opinión pública ya conocía.
Otro punto que no puede pasarse por alto es el cinismo de quienes obligaron al declarante a desdecirse; quedará siempre la duda de cuál fue el nivel de los argumentos para que lo hiciera. Como no sabemos con certeza qué pasó, aunque alguna vez se sabrá, podemos sospechar que las amenazas fueron pesadas, pudieron haber sido sobre la integridad y la vida del mismo declarante o de sus familiares, a pesar de que está permanentemente protegido por una escolta del Ejército; pero también pudieron haber sido amenazas de revelaciones de actos cometidos por él o por personas cercanas a él, tan graves o más que las que reveló de su sucesor en la Presidencia de la República. Parece, en este caso, que habló quizá en un acto de descarga moral que seguramente le pesaba, pero se olvidó de que él o personas cercanas a él también pudieran ser exhibidos o denunciados públicamente en la misma forma que lo fue el ex presidente Salinas.
Las lecciones de este triste y vergonzoso sainete deben ser que quede más claro cada vez ante los ojos de la gente que hemos tenido y seguimos tendiendo dirigentes sociales de muy poca valía y de una falta de ética a tal grado, que bastaría para que la gente encuentre la razón de sacudirse a este tipo de gobernantes y dirigentes sociales, así como de los manipuladores a través de los medios, y reasumir la soberanía que le corresponde y que se encuentra por lo pronto secuestrada. No hay mal que por bien no venga.
