J. Luis Medina Lizalde
Imagen, Zacatecas, 30 de octubre 2008
AL PRINCIPIO
Los problemas son como las deudas, si no se atienden crecen y crecen.
Casi simultáneamente trasciende el descubrimiento de un laboratorio de drogas en la ciudad de Zacatecas y la detención de altos cuadros de la SIEDO acusados de recibir cientos de miles de dólares al mes de jefes del narcotráfico.
Ya desde antes en territorio zacatecano se han descubierto laboratorios, y en nuestra ciudad capital se desmanteló uno tan importante como el de ahora por los rumbos del Orito, allá por los años 80.
Antes de los de la SIEDO recién descubiertos, cayó el general Gutiérrez Rebollo cuando era director del Instituto de Combate a las Drogas. Mario Villanueva cuando era gobernador de Quintana Roo tuvo que huir para ser detenido posteriormente porque no corrió con la misma suerte que León Bejarano, gobernador de Morelos, que se refugió en Costa Rica cuando su yerno era presidente de esa república.
¿Sabe cómo se hicieron grandes estos problemas? Minimizándolos para eludir responsabilidades.
LA VANIDAD
Y LA NECESIDAD
PUEDEN COINCIDIR
Comerciantes añejos sostienen que durante el gobierno de Rodríguez Elías (1962-1968) se tomó una decisión de tránsito citadino que perjudicó al comercio local favoreciendo al de Aguascalientes.
Se refieren a la prohibición de acceso al centro de la ciudad de los vehículos de carga que traían y llevaban productos del campo a la ciudad y de la ciudad al campo.
Cierto o no, las vicisitudes del tráfico vehicular constituyen un aliento o un obstáculo para la vida comercial de la ciudad, por tal razón es de lamentarse la incapacidad de las autoridades para, mediante la concertación o mediante los instrumentos de la ley, dotar a la ciudad del servicio de estacionamientos públicos que funcionen las 24 horas todos los días del año.
El comercio del Zacatecas antiguo agoniza, porque la presencia de las grandes cadenas comerciales se implanta con una ventaja estratégica: los estacionamientos (Sam’s, Wal-mart, Soriana).
Cuando se anunció la construcción de un gran estacionamiento en la excentral camionera no hubo voces en contrario.
Un estacionamiento de varios pisos en un sitio tan estratégico, se pensó, tendrá un impacto positivo y ayudará a revertir el proceso de extinción de la vida comercial del centro histórico, proceso agravado por la irreflexiva dispersión de muchas oficinas públicas.
Cuando hablamos de la vida comercial del Zacatecas antiguo, estamos hablando de los comercios más importantes de los zacatecanos.
Pero sucede que, a diferencia de la megavelaria y el lienzo charro, el estacionamiento, socialmente tan urgente, parece no importar mucho.
La obra tiene varios meses parada sin que nadie diga por qué, por lo que cobra un gran significado lo publicado en este diario por Paco Reynoso el martes 28 de octubre de 2008 en donde nos informa que modifican el proyecto Casas Coloradas, como se denomina el proyecto de la excentral.
Se trata, según la información, de una modificación que implica un añadido de 200 millones de pesos.
Ahora resulta que el proyecto original no armoniza con el paisaje urbano.
Sigue diciendo Paco Reynoso que la inversión total aún no se define, pero que con ésta se prevé adquirir viviendas y la construcción de una plaza pública aunque seguirá teniendo como “columna vertebral el estacionamiento de cinco niveles”.
Me queda la impresión de que los gobiernos suelen buscar el impacto propagandístico más que el impacto social, por eso la dilación en esta obra.
Pero con la nota referida aparece la lucecita en el túnel, pues según se desprende de la información referida, en el nuevo diseño de esta obra subyace la intención de que lo que en un principio se llamó la plaza de servicios Casas Coloradas, se denominará Plaza del Bicentenario.
En otras palabras, esta obra pública tan agradecible por su funcionalidad para la ciudad ya le ofrece una motivación propagandística al gobierno, al incorporarla a los festejos conmemorativos de la Independencia y de la Revolución.
Parece que ya encontraron la fórmula para conciliar dos conceptos frecuentemente incompatibles: lo que luce y lo que sirve.
¡Pues entonces manos a la obra!
AL ÚLTIMO
LO MÁS CLARO
ES LO MÁS DECENTE
El ayuntamiento de Jerez se tardó varios meses para nombrar titular de Seguridad Pública. Finalmente se decidió por una persona que aguantó dos días en el encargo.
El argumento esgrimido es el del agotamiento físico, aunque todo el mundo sabe que Jerez es una plaza “muy caliente”.
Lo agradecible es la honestidad del renunciante, lo que no le quita responsabilidad al ayuntamiento de llenar pronto y bien ese hueco.
Nos encontramos el lunes en el recreo.
luismedinalizalde
@gmail.com
jueves, 30 de octubre de 2008
Xóchitl Galvez en el ITESM (muy simpática nota)
La Jornada, jueves 30 de octubre de 2008
■ “Gil Díaz disfrutaba ser mamón y a Emilio González le valen los pobres”
Gálvez: vi tanto pendejo con Fox que lamenté no ser secretaria de Estado
■ Muchos eran del Tec, ¿eh?, dice la ex titular de la CNDI ante alumnos
Carlos Camacho (Corresponsal)
Pachuca, Hgo., 29 de octubre. En el gabinete de Vicente Fox Quesada “vi tanto pendejo que me arrepentí de no haber sido secretaria de Estado”, dijo hoy Xóchitl Gálvez al definir el perfil de algunos funcionarios que colaboraron con el ex presidente, con quien ella misma fue titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Xóchitl Gálvez acudió al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Tec), donde ofreció una conferencia y envió un mensaje a los alumnos: “si se van a dedicar a la política no sean mediocres ni ratas; robar es malo, pero robarle a los jodidos, aunque se confiesen, se van al infierno. No sean mamones, sean medio ojetes, pero mamones no”.
Recordó que en más de cinco ocasiones Fox le insistió que ocupara la titularidad de una secretaría de Estado, pero se negó “porque no tenía la preparación”.
Trajo a su memoria la antesala de lo que fue su incursión al gobierno federal: “recibí una llamada de un head hunter diciéndome que estaba entre los posibles que podrían integrarse al gabinete de Fox. Yo le dije: ‘no mames’”.
En una segunda llamada –dijo–, Ramón Muñoz, encargado de integrar el gabinete, le insistió que aceptara un cargo en el gobierno federal, lo cual fue rechazado nuevamente, argumentando que “ni siquiera había votado por Vicente Fox” en las elecciones de 2000.
En tres ocasiones posteriores fue el propio Fox quien le pidió que se hiciera cargo de una secretaría de Estado, hasta que la ex funcionaria le planteó que aceptaría ser su asesora, pero en temas indígenas. “Fox creó para mí la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; era tanto su deseo de que yo colaborara con él, que eso hizo”, dijo.
Pero al transcurrir el sexenio, “vi tanto pendejo que me arrepentí de no haber sido secretaria. En serio, decían tantas estupideces, y muchos eran del Tec de Monterrey, ¿eh?”, señaló en tono sarcástico dirigiendo la vista a los estudiantes.
Se acordó de los roces que llegó a tener con connotados funcionarios foxistas, como el entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, de quien aseguró: “le gustaba ser mamón, disfrutaba ser mamón”.
O como el actual gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, “a quien le valían madre los jodidos y en más de una ocasión amenacé con exhibirlo ante la prensa” si no atendía a los pueblos indígenas. “Así entendió el cabrón; los gobernantes sólo entienden a periodicazos, como los perros”, dijo.
■ “Gil Díaz disfrutaba ser mamón y a Emilio González le valen los pobres”
Gálvez: vi tanto pendejo con Fox que lamenté no ser secretaria de Estado
■ Muchos eran del Tec, ¿eh?, dice la ex titular de la CNDI ante alumnos
Carlos Camacho (Corresponsal)
Pachuca, Hgo., 29 de octubre. En el gabinete de Vicente Fox Quesada “vi tanto pendejo que me arrepentí de no haber sido secretaria de Estado”, dijo hoy Xóchitl Gálvez al definir el perfil de algunos funcionarios que colaboraron con el ex presidente, con quien ella misma fue titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Xóchitl Gálvez acudió al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Tec), donde ofreció una conferencia y envió un mensaje a los alumnos: “si se van a dedicar a la política no sean mediocres ni ratas; robar es malo, pero robarle a los jodidos, aunque se confiesen, se van al infierno. No sean mamones, sean medio ojetes, pero mamones no”.
Recordó que en más de cinco ocasiones Fox le insistió que ocupara la titularidad de una secretaría de Estado, pero se negó “porque no tenía la preparación”.
Trajo a su memoria la antesala de lo que fue su incursión al gobierno federal: “recibí una llamada de un head hunter diciéndome que estaba entre los posibles que podrían integrarse al gabinete de Fox. Yo le dije: ‘no mames’”.
En una segunda llamada –dijo–, Ramón Muñoz, encargado de integrar el gabinete, le insistió que aceptara un cargo en el gobierno federal, lo cual fue rechazado nuevamente, argumentando que “ni siquiera había votado por Vicente Fox” en las elecciones de 2000.
En tres ocasiones posteriores fue el propio Fox quien le pidió que se hiciera cargo de una secretaría de Estado, hasta que la ex funcionaria le planteó que aceptaría ser su asesora, pero en temas indígenas. “Fox creó para mí la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; era tanto su deseo de que yo colaborara con él, que eso hizo”, dijo.
Pero al transcurrir el sexenio, “vi tanto pendejo que me arrepentí de no haber sido secretaria. En serio, decían tantas estupideces, y muchos eran del Tec de Monterrey, ¿eh?”, señaló en tono sarcástico dirigiendo la vista a los estudiantes.
Se acordó de los roces que llegó a tener con connotados funcionarios foxistas, como el entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, de quien aseguró: “le gustaba ser mamón, disfrutaba ser mamón”.
O como el actual gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, “a quien le valían madre los jodidos y en más de una ocasión amenacé con exhibirlo ante la prensa” si no atendía a los pueblos indígenas. “Así entendió el cabrón; los gobernantes sólo entienden a periodicazos, como los perros”, dijo.
miércoles, 29 de octubre de 2008
Opinión de Rogelio Ramírez de la O en El Universal
Directamente hacia la crisis
En 1993-1994, Carlos Salinas y su gabinete negaban que hubiera una crisis o que los Tesobonos, que llegarían a 30 mil millones de dólares, obligarían a su sucesor Ernesto Zedillo a ir a pedir un rescate financiero a Estados Unidos.
Parte de su negación era su teoría equivocada. Según ésta, el déficit externo se ajusta solo y no es un signo de falta de competitividad, sino un signo positivo, de que México es muy atractivo a la inversión extranjera y que, cuando ésta llega, simplemente genera más importaciones.
Ernesto Zedillo, a finales de diciembre, hizo explícita la lección: fue un error haber permitido que el déficit corriente externo se expandiera tanto.
Los más grandes errores de política económica en México, como el de Salinas y el de José López Portillo, siempre se han basado en una teoría incorrecta y no necesariamente en la mala fe. Pero eso no es consuelo para los que sufren las pérdidas; de ahí que nunca los perdonan.
El gobierno de hoy está incurriendo en un error cuando menos de la misma magnitud que el de Salinas. Ha dejado que su gasto corriente explote sobre la base endeble de ingresos petroleros basados en precios altos que será imposible mantener en una recesión o quizá depresión.
Así, el déficit en la cuenta corriente externa se ha escondido detrás del ingreso petrolero. Pero sin considerar el petróleo, el deterioro es visible al aumentar el déficit de 45 mil millones de dólares en 2006 (ya de por sí muy alto) a 68 mil millones en 2008.
Cuando el precio del petróleo llegue a su nivel bajo en este ciclo de recesión, el hueco de ingresos en dólares será tan grande que sólo un milagro evitará la repetición de 1995. Es cierto que por ahora el peso cayó más que nada por influencias externas. Pero, en lugar de que el gobierno tomara esta caída como una advertencia, lo ha tomado a la ligera.
Por ejemplo, como broma de mal gusto, recomienda a los exportadores aprovechar esta paridad para exportar más, cuando el mundo está en recesión.
Una mayor caída del ingreso petrolero golpearía al peso, causaría una grave pérdida del salario real y quiebras de empresas.
Igualmente grave sería el impacto en las cuentas fiscales. Un ingreso petrolero menor en 15 a 30 mil millones de dólares sería imposible de acomodar sin reducir el gasto público en forma draconiana. Cuando hay recesión, retorno de emigrantes, solicitudes de apoyo de deudores y demandas de productores del campo, tan sólo intentar recortar el gasto público va a ser una pesadilla.
Pero, además, el ingreso petrolero tan alto de los últimos años lo ha repartido el gobierno con los estados, muchos de ellos bajo gobiernos del PRI, con lo que ha comprado sus voluntades y una cierta gobernabilidad y apoyo en el Congreso.
Por todo lo anterior es inexplicable que el gobierno no haya recortado su excesivo gasto corriente, el cual aumentó más de 400 mil millones de pesos de 2006 a 2008. Para apreciar esta magnitud, el aumento de recaudación por el IVA en el mismo periodo fue de 80 mil millones y el IETU aportó 50 mil millones.
También es inexplicable que el Ejecutivo diga que “aquí nadie se va a apretar el cinturón”, cuando hay pérdidas en las empresas, caída de remesas y ventas estancadas. El apretón de cinturón para el gobierno debió haber comenzado desde el primer día de su administración.
Aún es tiempo de que el gobierno evite una crisis utilizando todos los medios que tiene a su alcance. Si no lo hace, nadie lo va a perdonar y mucho menos aceptar que la crisis era imposible de prever.
rograo@gmail.com
Analista económico
En 1993-1994, Carlos Salinas y su gabinete negaban que hubiera una crisis o que los Tesobonos, que llegarían a 30 mil millones de dólares, obligarían a su sucesor Ernesto Zedillo a ir a pedir un rescate financiero a Estados Unidos.
Parte de su negación era su teoría equivocada. Según ésta, el déficit externo se ajusta solo y no es un signo de falta de competitividad, sino un signo positivo, de que México es muy atractivo a la inversión extranjera y que, cuando ésta llega, simplemente genera más importaciones.
Ernesto Zedillo, a finales de diciembre, hizo explícita la lección: fue un error haber permitido que el déficit corriente externo se expandiera tanto.
Los más grandes errores de política económica en México, como el de Salinas y el de José López Portillo, siempre se han basado en una teoría incorrecta y no necesariamente en la mala fe. Pero eso no es consuelo para los que sufren las pérdidas; de ahí que nunca los perdonan.
El gobierno de hoy está incurriendo en un error cuando menos de la misma magnitud que el de Salinas. Ha dejado que su gasto corriente explote sobre la base endeble de ingresos petroleros basados en precios altos que será imposible mantener en una recesión o quizá depresión.
Así, el déficit en la cuenta corriente externa se ha escondido detrás del ingreso petrolero. Pero sin considerar el petróleo, el deterioro es visible al aumentar el déficit de 45 mil millones de dólares en 2006 (ya de por sí muy alto) a 68 mil millones en 2008.
Cuando el precio del petróleo llegue a su nivel bajo en este ciclo de recesión, el hueco de ingresos en dólares será tan grande que sólo un milagro evitará la repetición de 1995. Es cierto que por ahora el peso cayó más que nada por influencias externas. Pero, en lugar de que el gobierno tomara esta caída como una advertencia, lo ha tomado a la ligera.
Por ejemplo, como broma de mal gusto, recomienda a los exportadores aprovechar esta paridad para exportar más, cuando el mundo está en recesión.
Una mayor caída del ingreso petrolero golpearía al peso, causaría una grave pérdida del salario real y quiebras de empresas.
Igualmente grave sería el impacto en las cuentas fiscales. Un ingreso petrolero menor en 15 a 30 mil millones de dólares sería imposible de acomodar sin reducir el gasto público en forma draconiana. Cuando hay recesión, retorno de emigrantes, solicitudes de apoyo de deudores y demandas de productores del campo, tan sólo intentar recortar el gasto público va a ser una pesadilla.
Pero, además, el ingreso petrolero tan alto de los últimos años lo ha repartido el gobierno con los estados, muchos de ellos bajo gobiernos del PRI, con lo que ha comprado sus voluntades y una cierta gobernabilidad y apoyo en el Congreso.
Por todo lo anterior es inexplicable que el gobierno no haya recortado su excesivo gasto corriente, el cual aumentó más de 400 mil millones de pesos de 2006 a 2008. Para apreciar esta magnitud, el aumento de recaudación por el IVA en el mismo periodo fue de 80 mil millones y el IETU aportó 50 mil millones.
También es inexplicable que el Ejecutivo diga que “aquí nadie se va a apretar el cinturón”, cuando hay pérdidas en las empresas, caída de remesas y ventas estancadas. El apretón de cinturón para el gobierno debió haber comenzado desde el primer día de su administración.
Aún es tiempo de que el gobierno evite una crisis utilizando todos los medios que tiene a su alcance. Si no lo hace, nadie lo va a perdonar y mucho menos aceptar que la crisis era imposible de prever.
rograo@gmail.com
Analista económico
Opinión de Luis Linares Zapata en La Jornada de hoy
La ventana entreguista
Ahí, en una o dos de las siete nuevas leyes petroleras estaba, desde el inicio de la negociación en comisiones del Senado, el escollo para la discordia que dio al traste con el consenso de aceptación programado. Muchos no lo vieron o no pudieron apreciar la magnitud de los designios que contiene la que se puede nombrar como entreguista ventana. Y no se pudo analizar con el debido cuidado porque, misteriosamente, el inciso que se buscaba prohibiera expresamente que hubiera exclusividad en los bloques había desaparecido del texto final que se aprobó con gran despliegue de firmeza y rapidez.
El mismo grupo de intelectuales y expertos en defensa del petróleo no dimensionó dicha ausencia con precisión. Tampoco se hizo dentro del FAP o del propio gobierno legítimo (indians included, dicho que encubre la primera persona del singular). El punto neurálgico que inclina desfavorablemente el balance para aceptar la reforma petrolera es muy concreto. En él se encierra lo que con el tiempo y muchas mañas será una versión revisada de los contratos de servicios múltiples (CSM). La fórmula original de negocios (bajo controversia ante la SCJN) que se aplica en la famosa cuenca de Burgos (CB), región lindante con EU donde se extrae el gas no asociado con aceite.
En ese espacio norteño la pasada administración de los gerentes que impuso Fox (imposible olvidar a ese seudo ranchero rencoroso que aún intenta inocular con más trampas rabiosas a su hipócrita partido con miras a 2009) encontró el modo de colar a las empresas extranjeras en una lucrativa actividad reservada en exclusividad a Pemex.
Hoy día, en la CB las trasnacionales llevan a cabo, en un territorio (bloque) bien delimitado, su tarea de dar una buena tarascada a la renta de los hidrocarburos. Y esa exitosa fórmula de entrega es la que se piensa extender, con el sigilo, las maniobras actualizadas y el tesón de los administradores de Pemex, a los trabajos para explorar y extraer petróleo en varias partes del territorio nacional.
La variante de los CSM que podrá firmar Pemex la reservan para las aguas profundas como su destino principal, pero puede ser extendida al problemático paleocanal de Chicontepec o a otras regiones donde existan depósitos de crudos y gas. Al aplicar tan discreta fórmula contractual, pues no está específicamente prohibida en la regulación aprobada, amplias zonas del territorio podrán ser coto privado de empresas que tengan la capacidad tecnológica y financiera para llevar a cabo la exploración, perforación de pozos profundos o complicados y de extraer el crudo y gas de sus ancestrales recintos. Así, el propósito privatizador de la íntima alianza del PRIAN se pudo esconder sin tanta alharaca, a no ser por la decisión popular de continuar la resistencia pacífica. No sólo se piensa desincorporar buena parte de la industria petrolera (la extractiva), sino que serán empresas extranjeras las que, en la práctica, realicen los trabajos. Son, por ahora al menos, las únicas que califican para dichas tareas. A las nacionales les quedará un lugar segundón como subcontratistas menores y subordinadas.
Al develar el subterfugio, el movimiento en defensa del petróleo se apega a su razón de ser, pues nace de las entrañas del ánimo nacionalista y el espíritu soberano de la mayoría del pueblo de México. De esa porción de la sociedad que pretende darse a la tarea de construir, con los propios recursos e igualitario beneficio, su futuro. Poco importa el alud difusivo desatado en su contra desde el poder establecido y que, con generosidad e iracundia, cumplen sus emisarios de ocasión. El futuro operativo de la paraestatal irá confirmando lo que se quiso evitar con la inclusión del texto que prohibiera la celebración de contratos de servicios concurrentes para una sola empresa y asignar áreas exclusivas para llevar a cabo las tareas encomendadas.
La personalización de los ataques por la continuidad de la protesta ha sido brutal. AMLO ha cargado con las denostaciones, la condena y hasta el franco insulto que disparan los críticos al servicio del oficialismo. Columnistas rabiosos han descargado un cúmulo de adjetivos difíciles de igualar por otro actor del ámbito político o social. Diarios enteros, programas radiofónicos de comentario y hasta espacios noticiosos empeñados en cuestionar el liderazgo, la conducta, las supuestas motivaciones y hasta la sanidad mental de López Obrador. En ninguna de tales instancias difusivas cabe la posibilidad de que AMLO sea empujado por, aunque sea, una mediana preocupación por salvaguardar los bienes públicos como es el petróleo. Menos aún preservar bajo control del Estado la que ha sido y puede volver a ser palanca del desarrollo nacional. No pasa por la mente achicada de tales monaguillos (muchos de la peor calaña del ámbito comunicativo) vislumbrar el menor rasgo de buena voluntad y el deseo de enderezar el torcido árbol de la política. Cerrar el contratismo, buscar alternativas para un rápido crecimiento interno de la economía es un renglón ajeno a sus simples juicios, inexistentes por completo en sus repetitivas pujas cotidianas.
La cadena de vituperios se concentra alrededor de la imperiosa incapacidad de AMLO para celebrar un efímero y cuestionado triunfo que muchos quieren, necesitan, buscan afanosamente para su maltrecha seguridad y entereza. Se le ordena abandonar la protesta, dejar el protagonismo mesiánico que, como ecos simultáneos, le achacan. Imposible aceptar el móvil popular, la defensa de la economía de las empobrecidas masas, tan maltrecha por estos días de crisis globales y autoridades acalambradas. Es materialmente imposible solicitar a estos hombrecillos de corta inteligencia y anchas ambiciones que agranden sus miras, que amplíen horizontes para que puedan visualizar lo que en realidad sucede. Sus incontenibles fobias, rencores recurrentes o sus destartaladas talegas de vanidad e intereses se los impiden. Allá ellos. El movimiento para la transformación de este país seguirá adelante hasta con tales personajitos de colección adentro.
Ahí, en una o dos de las siete nuevas leyes petroleras estaba, desde el inicio de la negociación en comisiones del Senado, el escollo para la discordia que dio al traste con el consenso de aceptación programado. Muchos no lo vieron o no pudieron apreciar la magnitud de los designios que contiene la que se puede nombrar como entreguista ventana. Y no se pudo analizar con el debido cuidado porque, misteriosamente, el inciso que se buscaba prohibiera expresamente que hubiera exclusividad en los bloques había desaparecido del texto final que se aprobó con gran despliegue de firmeza y rapidez.
El mismo grupo de intelectuales y expertos en defensa del petróleo no dimensionó dicha ausencia con precisión. Tampoco se hizo dentro del FAP o del propio gobierno legítimo (indians included, dicho que encubre la primera persona del singular). El punto neurálgico que inclina desfavorablemente el balance para aceptar la reforma petrolera es muy concreto. En él se encierra lo que con el tiempo y muchas mañas será una versión revisada de los contratos de servicios múltiples (CSM). La fórmula original de negocios (bajo controversia ante la SCJN) que se aplica en la famosa cuenca de Burgos (CB), región lindante con EU donde se extrae el gas no asociado con aceite.
En ese espacio norteño la pasada administración de los gerentes que impuso Fox (imposible olvidar a ese seudo ranchero rencoroso que aún intenta inocular con más trampas rabiosas a su hipócrita partido con miras a 2009) encontró el modo de colar a las empresas extranjeras en una lucrativa actividad reservada en exclusividad a Pemex.
Hoy día, en la CB las trasnacionales llevan a cabo, en un territorio (bloque) bien delimitado, su tarea de dar una buena tarascada a la renta de los hidrocarburos. Y esa exitosa fórmula de entrega es la que se piensa extender, con el sigilo, las maniobras actualizadas y el tesón de los administradores de Pemex, a los trabajos para explorar y extraer petróleo en varias partes del territorio nacional.
La variante de los CSM que podrá firmar Pemex la reservan para las aguas profundas como su destino principal, pero puede ser extendida al problemático paleocanal de Chicontepec o a otras regiones donde existan depósitos de crudos y gas. Al aplicar tan discreta fórmula contractual, pues no está específicamente prohibida en la regulación aprobada, amplias zonas del territorio podrán ser coto privado de empresas que tengan la capacidad tecnológica y financiera para llevar a cabo la exploración, perforación de pozos profundos o complicados y de extraer el crudo y gas de sus ancestrales recintos. Así, el propósito privatizador de la íntima alianza del PRIAN se pudo esconder sin tanta alharaca, a no ser por la decisión popular de continuar la resistencia pacífica. No sólo se piensa desincorporar buena parte de la industria petrolera (la extractiva), sino que serán empresas extranjeras las que, en la práctica, realicen los trabajos. Son, por ahora al menos, las únicas que califican para dichas tareas. A las nacionales les quedará un lugar segundón como subcontratistas menores y subordinadas.
Al develar el subterfugio, el movimiento en defensa del petróleo se apega a su razón de ser, pues nace de las entrañas del ánimo nacionalista y el espíritu soberano de la mayoría del pueblo de México. De esa porción de la sociedad que pretende darse a la tarea de construir, con los propios recursos e igualitario beneficio, su futuro. Poco importa el alud difusivo desatado en su contra desde el poder establecido y que, con generosidad e iracundia, cumplen sus emisarios de ocasión. El futuro operativo de la paraestatal irá confirmando lo que se quiso evitar con la inclusión del texto que prohibiera la celebración de contratos de servicios concurrentes para una sola empresa y asignar áreas exclusivas para llevar a cabo las tareas encomendadas.
La personalización de los ataques por la continuidad de la protesta ha sido brutal. AMLO ha cargado con las denostaciones, la condena y hasta el franco insulto que disparan los críticos al servicio del oficialismo. Columnistas rabiosos han descargado un cúmulo de adjetivos difíciles de igualar por otro actor del ámbito político o social. Diarios enteros, programas radiofónicos de comentario y hasta espacios noticiosos empeñados en cuestionar el liderazgo, la conducta, las supuestas motivaciones y hasta la sanidad mental de López Obrador. En ninguna de tales instancias difusivas cabe la posibilidad de que AMLO sea empujado por, aunque sea, una mediana preocupación por salvaguardar los bienes públicos como es el petróleo. Menos aún preservar bajo control del Estado la que ha sido y puede volver a ser palanca del desarrollo nacional. No pasa por la mente achicada de tales monaguillos (muchos de la peor calaña del ámbito comunicativo) vislumbrar el menor rasgo de buena voluntad y el deseo de enderezar el torcido árbol de la política. Cerrar el contratismo, buscar alternativas para un rápido crecimiento interno de la economía es un renglón ajeno a sus simples juicios, inexistentes por completo en sus repetitivas pujas cotidianas.
La cadena de vituperios se concentra alrededor de la imperiosa incapacidad de AMLO para celebrar un efímero y cuestionado triunfo que muchos quieren, necesitan, buscan afanosamente para su maltrecha seguridad y entereza. Se le ordena abandonar la protesta, dejar el protagonismo mesiánico que, como ecos simultáneos, le achacan. Imposible aceptar el móvil popular, la defensa de la economía de las empobrecidas masas, tan maltrecha por estos días de crisis globales y autoridades acalambradas. Es materialmente imposible solicitar a estos hombrecillos de corta inteligencia y anchas ambiciones que agranden sus miras, que amplíen horizontes para que puedan visualizar lo que en realidad sucede. Sus incontenibles fobias, rencores recurrentes o sus destartaladas talegas de vanidad e intereses se los impiden. Allá ellos. El movimiento para la transformación de este país seguirá adelante hasta con tales personajitos de colección adentro.
lunes, 27 de octubre de 2008
Astillero
Julio Hernández López
La Jornada, 27 de octubre 2008
■ Sever la reel
■ La kermés de la victoria
■ Gatopardismo plus
Los funerales políticos de López Obrador estaban disfrazados de fiesta. Sus letales adversarios políticos trataron de conducirlo a la kermés de la victoria, donde le coronarían rey de la legalidad triunfante, emperador de los acuerdos que sí se pueden, comandante supremo de los batallones de la negociación enchuchada, ideólogo y operador estrella del sistema elitista de entendimientos. De haber aceptado la entronización emponzoñada que sus antagonistas le habían fabricado, el jefe de la exitosa resistencia civil flotaría en los cuernos mediáticos de la luna de queso concertador (si fuera cortometraje, se llamaría Ingeniero Cárdenas 2), con la corte periodística, intelectual y política ensalzando su madura, racional y patriótica disposición a asumir la conquista increíble, inconmensurable e histórica, pero a partir de ese momento, en realidad, estaría convalidando las maniobras de mapachería legal que en los textos reformistas sembraron los habilidosos de siempre para hacer que más delante (con el opositor embriagado de incienso y su base social desmovilizada y recelosa) las armas de la transa acaben cubriéndose de gloria a partir de los resquicios, las lagunas y las imprecisiones intencionales que en su momento permitirán la realización de los grandes negocios preparados por los contratistas familiares mouriños, los líderes sindicales intocados, los decisorios consejeros que el socio Calderón propondrá y el senado beltrónico aprobará, los políticos verdaderamente ganadores (la cúpula del PRI, el PAN y el Perreducho) y, por supuesto, las poderosas empresas trasnacionales que ya zopilotean con sus abogados enfilados a los puntos vulnerables que cuando sean aprovechados por los privatizadores preconcebidos harán ver que las fanfarrias de presuntos lauros extremos no eran sino canto de sirenas que buscaban decirle al final de la falsa fiesta al líder opositor ya domesticado y ensalzado: ¡Lástima, Margarito!
La irritación que provocó López Obrador al eludir la farsa envenenada del “saber triunfar” es la de los grandes intereses “conciliados” que creían tener al alcance de la mano una forma distinta de seguir saqueando a la Nación y una posibilidad de aniquilar, por la vía del elogio al principal dirigente, al movimiento de resistencia a las transas petroleras. La pérdida verdadera habría sido la fotografía de la celebración conjunta de López Obrador, Guadalupe Acosta Naranjo, Carlos Navarrete, Graco Ramírez y Jesús Ortega. El camino sin retorno habría sido la aceptación lopezobradorista de que las enmiendas energéticas eran tan buenas que no quedaba sino lanzar hurras y tirarse a la hamaca a cobrar réditos de la apuesta ganada. Para desvanecer al tabasqueño, nada mejor que igualarlo en la “victoria” con los colaboracionistas y conducirlo a partir de entonces a la aceptación irreversible de los métodos chuchos de agandalle. Por ello es indispensable en estos momentos saber leer al revés (sever la reel), para tener claro que la grave “preocupación” de los adversarios de AMLO y el movimiento de resistencia cívica, “porque no saben capitalizar sus triunfos”, es una confesión de que no pudieron derrotarlo con su estrategia endulzada.
Leer al revés lleva también a dar la connotación adecuada a las críticas ácidas de la amplia franja de periodismo oficialista que se desgarra porque aquel a quien quisieran cremar no quiso agarrar las fichas de ganancia del casino petrolero. Los que alegan y agreden lo hacen desde un ámbito demostradamente faccioso, intolerante y vergonzoso, pues no proveen a su público de material informativo equitativo (privilegian la versión de las autoridades y son incapaces de ir más allá de lo que les imponen los bien avituallados jefes de prensa) ni permiten un equilibrio de voces y análisis que permita entender lo que está sucediendo, sino que se mueven a partir de listas azules, autorizadas e inducidas desde Los Pinos, de opinantes que sólo dicen lo mismo y que aparecen en todos los casilleros del tablero periodístico comprado. Si esos opinantes, esos líderes partidistas y esas autoridades fraudulentas hubieran logrado jalar a López Obrador a su carpa de mentiras, entonces ese dirigente opositor no estaría más en condiciones de vigilar lo ciertamente alcanzado ni sus seguidores mantendrían confianza en un futuro de lucha genuina.
Leer correctamente lo que hoy está sucediendo ha de llevar a entender que al gran botín petrolero se le aplicó un gatopardismo plus, pues se conserva el mismo esquema de corrupción, discrecionalidad y opacidad que ya se tenía, más las rendijas legales relacionadas con los bloques geográficos que serán asignados a empresas trasnacionales asociadas desde el principio con esa elite obsequiosa que se apresta a empacharse, reformadamente, de contratos, concesiones y negocios. Cambiar todo para que nada cambie, aunque con el agregado del regalo al extranjero de los derivados de las 12 palabras agravantes.
En ese contexto de lucha preservada, la movilización de este martes en San Lázaro no debe juzgarse en razón del éxito o fracaso que tenga en la búsqueda de que no se aprueben las reformas de privatización posdatada. Tanto es lo que está en juego, que Genaro García Luna es el comandante en jefe del Congreso tomado policialmente y los líderes del pripanismo han atropellado tiempo y formas para aprobar dictámenes y acelerar resoluciones. Por ello lo importante será ganar claridad, mantener vivo y activo el movimiento social y advertir a los rapaces en vuelo (sobre todo las grandes trasnacionales ávidas) que las tretas de las victorias envenenadas no funcionaron y la resistencia vigilante continúa.
Y, mientras Fox confiesa que para los triunfos del PAN es necesario aprovechar los recovecos de la legalidad y hacer campaña fundada en “partirle el queso” a AMLO, y Acosta Naranjo toma protesta a la dirigencia perredista oaxaqueña impuesta por Ulises Ruiz, ¡hasta mañana, en esta columna que invita a quienes tengan interés en colaborar solidariamente con astillero tv (sobre todo en cámara y edición) a escribir a juliohdz@prodigy.com.mx!
La Jornada, 27 de octubre 2008
■ Sever la reel
■ La kermés de la victoria
■ Gatopardismo plus
Los funerales políticos de López Obrador estaban disfrazados de fiesta. Sus letales adversarios políticos trataron de conducirlo a la kermés de la victoria, donde le coronarían rey de la legalidad triunfante, emperador de los acuerdos que sí se pueden, comandante supremo de los batallones de la negociación enchuchada, ideólogo y operador estrella del sistema elitista de entendimientos. De haber aceptado la entronización emponzoñada que sus antagonistas le habían fabricado, el jefe de la exitosa resistencia civil flotaría en los cuernos mediáticos de la luna de queso concertador (si fuera cortometraje, se llamaría Ingeniero Cárdenas 2), con la corte periodística, intelectual y política ensalzando su madura, racional y patriótica disposición a asumir la conquista increíble, inconmensurable e histórica, pero a partir de ese momento, en realidad, estaría convalidando las maniobras de mapachería legal que en los textos reformistas sembraron los habilidosos de siempre para hacer que más delante (con el opositor embriagado de incienso y su base social desmovilizada y recelosa) las armas de la transa acaben cubriéndose de gloria a partir de los resquicios, las lagunas y las imprecisiones intencionales que en su momento permitirán la realización de los grandes negocios preparados por los contratistas familiares mouriños, los líderes sindicales intocados, los decisorios consejeros que el socio Calderón propondrá y el senado beltrónico aprobará, los políticos verdaderamente ganadores (la cúpula del PRI, el PAN y el Perreducho) y, por supuesto, las poderosas empresas trasnacionales que ya zopilotean con sus abogados enfilados a los puntos vulnerables que cuando sean aprovechados por los privatizadores preconcebidos harán ver que las fanfarrias de presuntos lauros extremos no eran sino canto de sirenas que buscaban decirle al final de la falsa fiesta al líder opositor ya domesticado y ensalzado: ¡Lástima, Margarito!
La irritación que provocó López Obrador al eludir la farsa envenenada del “saber triunfar” es la de los grandes intereses “conciliados” que creían tener al alcance de la mano una forma distinta de seguir saqueando a la Nación y una posibilidad de aniquilar, por la vía del elogio al principal dirigente, al movimiento de resistencia a las transas petroleras. La pérdida verdadera habría sido la fotografía de la celebración conjunta de López Obrador, Guadalupe Acosta Naranjo, Carlos Navarrete, Graco Ramírez y Jesús Ortega. El camino sin retorno habría sido la aceptación lopezobradorista de que las enmiendas energéticas eran tan buenas que no quedaba sino lanzar hurras y tirarse a la hamaca a cobrar réditos de la apuesta ganada. Para desvanecer al tabasqueño, nada mejor que igualarlo en la “victoria” con los colaboracionistas y conducirlo a partir de entonces a la aceptación irreversible de los métodos chuchos de agandalle. Por ello es indispensable en estos momentos saber leer al revés (sever la reel), para tener claro que la grave “preocupación” de los adversarios de AMLO y el movimiento de resistencia cívica, “porque no saben capitalizar sus triunfos”, es una confesión de que no pudieron derrotarlo con su estrategia endulzada.
Leer al revés lleva también a dar la connotación adecuada a las críticas ácidas de la amplia franja de periodismo oficialista que se desgarra porque aquel a quien quisieran cremar no quiso agarrar las fichas de ganancia del casino petrolero. Los que alegan y agreden lo hacen desde un ámbito demostradamente faccioso, intolerante y vergonzoso, pues no proveen a su público de material informativo equitativo (privilegian la versión de las autoridades y son incapaces de ir más allá de lo que les imponen los bien avituallados jefes de prensa) ni permiten un equilibrio de voces y análisis que permita entender lo que está sucediendo, sino que se mueven a partir de listas azules, autorizadas e inducidas desde Los Pinos, de opinantes que sólo dicen lo mismo y que aparecen en todos los casilleros del tablero periodístico comprado. Si esos opinantes, esos líderes partidistas y esas autoridades fraudulentas hubieran logrado jalar a López Obrador a su carpa de mentiras, entonces ese dirigente opositor no estaría más en condiciones de vigilar lo ciertamente alcanzado ni sus seguidores mantendrían confianza en un futuro de lucha genuina.
Leer correctamente lo que hoy está sucediendo ha de llevar a entender que al gran botín petrolero se le aplicó un gatopardismo plus, pues se conserva el mismo esquema de corrupción, discrecionalidad y opacidad que ya se tenía, más las rendijas legales relacionadas con los bloques geográficos que serán asignados a empresas trasnacionales asociadas desde el principio con esa elite obsequiosa que se apresta a empacharse, reformadamente, de contratos, concesiones y negocios. Cambiar todo para que nada cambie, aunque con el agregado del regalo al extranjero de los derivados de las 12 palabras agravantes.
En ese contexto de lucha preservada, la movilización de este martes en San Lázaro no debe juzgarse en razón del éxito o fracaso que tenga en la búsqueda de que no se aprueben las reformas de privatización posdatada. Tanto es lo que está en juego, que Genaro García Luna es el comandante en jefe del Congreso tomado policialmente y los líderes del pripanismo han atropellado tiempo y formas para aprobar dictámenes y acelerar resoluciones. Por ello lo importante será ganar claridad, mantener vivo y activo el movimiento social y advertir a los rapaces en vuelo (sobre todo las grandes trasnacionales ávidas) que las tretas de las victorias envenenadas no funcionaron y la resistencia vigilante continúa.
Y, mientras Fox confiesa que para los triunfos del PAN es necesario aprovechar los recovecos de la legalidad y hacer campaña fundada en “partirle el queso” a AMLO, y Acosta Naranjo toma protesta a la dirigencia perredista oaxaqueña impuesta por Ulises Ruiz, ¡hasta mañana, en esta columna que invita a quienes tengan interés en colaborar solidariamente con astillero tv (sobre todo en cámara y edición) a escribir a juliohdz@prodigy.com.mx!
El Recreo
José L. Medina Lizalde
Imagen, Zacatecas, 27 de octubre 2008
Las “autoridades” tienen miedo
Piden narcos combate neutral a las drogas
AL PRINCIPIO
Al momento de redactar estas líneas siguen sin aparecer los 10 secuestrados de la semana pasada en Jiménez del Teul.
Se suman a la lista de los cuatro de la Colonia González Ortega, del joven de Río Grande, de Cenobio Puente de Sombrerete, de los dos de Villanueva, de los dos excustodios del Cereso, de uno de los hijos del general Anacleto López, de los dos primos de Jerez sustraídos el 10 de febrero del 2007, con los que inició este ciclo infernal.
Las familias están en la más desesperante soledad. Tienen miedo de todo, y es que ven el miedo de las “autoridades”.
Todos tenemos derecho al miedo, pero los que cobran por darnos seguridad tienen la obligación de vencerlo y actuar.
Si no, que renuncien, es más honesto.
“DONDE LOS
PALACIOS SEAN
MAGNÍFICOS, LOS CAMPOS
SERÁN POBRES Y LOS GRANEROS
ESTARÁN VACÍOS”: Proverbio chino
La decisión de construir edificios para la burocracia del estado se revela como desafortunada en la medida que avanza la crisis.
El discurso de las oficinas “dignas”, de los muebles “decorosos”, de los vehículos “presentables”, no es más que evidencia de la estulticia propia de un director de escuela que tiene una oficina a todo lujo mientras las aulas carecen de pizarrones y los pupitres están en pésimo estado.
Esta mediocre mentalidad conduce al fracaso moral de la alternancia, al multiplicar insensatamente el costo de la clase gobernante.
Es cuestionable que Zacatecas destine mil doscientos millones de pesos a un proyecto como Ciudad Gobierno en el momento en que el costo del gasoducto rondaba las cifras de 800 millones, según declaraciones oficiales.
Póngale usted que el gasoducto debe ser una inversión federal que debemos exigir como parte de la política de infraestructura. Tenemos todo el derecho.
Pero, ¿no hace falta mucho dinero para incentivar la producción de alimentos? ¿No urge un plan de salvamento para nuestras micro, pequeñas y medianas empresas? ¿No se requiere de grandes inversiones para asegurar la viabilidad financiera del sistema de agua potable?
Saldremos del atraso cuando canalicemos la más elevada cantidad posible del dinero público a propiciar la inversión productiva, una vez satisfechos los requerimientos de funcionalidad del aparato burocrático, los servicios públicos y los programas sociales que atiendan a los más pobres.
La austeridad en un gobierno democrático es un modo de ser, no una respuesta coyuntural a una situación de emergencia.
Encarnación de esa grandeza fue el modo de vivir y el modo de morir de Olof Palme, de familia acomodada y primer ministro sueco cuando fue asesinado al salir del cine, acompañado sólo de su esposa, el 28 de febrero de 1986.
Por eso Suecia es lo que es.
Creo que proyectos como Ciudad Gobierno son cuando menos tema obligado de debate previo a su implementación. Para no estar como ahora, enterándonos a pausas de que las instalaciones en cuestión se financian conforme al esquema de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), una onerosa “genialidad” foxista desechada hasta por Calderón, que solía defenderse como autofinanciable (en este caso, ni esa ilusión es argumentable)
Se sabe también que el gobierno del estado pagará durante 22 años entre cinco y seis millones al mes, cuando en este momento se desembolsa un millón 600 mil pesos mensuales por los 104 inmuebles que renta el gobierno del estado.
En Ciudad Argentum hasta ahora sólo se advierte la inversión gubernamental en lo que corresponde a vialidades y equipamiento urbano.
La descomunal crisis del sistema financiero mundial y su ya advertible impacto en la economía real, ¿no afectará al ambicioso proyecto de desarrollo inmobiliario, condenando a los próximos ocupantes de Ciudad Gobierno a funcionar, cuando menos un buen tiempo, en despoblado?
AL ÚLTIMO
Hasta los narcos están hartos de los facciosos.
Narcomantas en varias ciudades de la República –entre ellas Sombrerete, Luis Moya, Zacatecas y Guadalupe- le piden a Felipe Calderón “que abra los ojos”.
Dicen que Genaro García Luna jala con uno de los cárteles de la droga.
Piden un combate a las drogas “neutral”.
Lo cierto es que Genaro García Luna fundó y dirigió la AFI el sexenio pasado.
Un sexenio muy “permisivo” con el narcotráfico fue el foxismo.
Dejó al país convertido en un infierno y en esa historia García Luna fue, cuando menos, un inepto.
Aquí y en China poner ineptos en tareas relacionadas con la seguridad, es un modo de ayudar a la delincuencia.
Nos encontramos
el jueves en el recreo
luismedinalizalde@
gmail.com
Imagen, Zacatecas, 27 de octubre 2008
Las “autoridades” tienen miedo
Piden narcos combate neutral a las drogas
AL PRINCIPIO
Al momento de redactar estas líneas siguen sin aparecer los 10 secuestrados de la semana pasada en Jiménez del Teul.
Se suman a la lista de los cuatro de la Colonia González Ortega, del joven de Río Grande, de Cenobio Puente de Sombrerete, de los dos de Villanueva, de los dos excustodios del Cereso, de uno de los hijos del general Anacleto López, de los dos primos de Jerez sustraídos el 10 de febrero del 2007, con los que inició este ciclo infernal.
Las familias están en la más desesperante soledad. Tienen miedo de todo, y es que ven el miedo de las “autoridades”.
Todos tenemos derecho al miedo, pero los que cobran por darnos seguridad tienen la obligación de vencerlo y actuar.
Si no, que renuncien, es más honesto.
“DONDE LOS
PALACIOS SEAN
MAGNÍFICOS, LOS CAMPOS
SERÁN POBRES Y LOS GRANEROS
ESTARÁN VACÍOS”: Proverbio chino
La decisión de construir edificios para la burocracia del estado se revela como desafortunada en la medida que avanza la crisis.
El discurso de las oficinas “dignas”, de los muebles “decorosos”, de los vehículos “presentables”, no es más que evidencia de la estulticia propia de un director de escuela que tiene una oficina a todo lujo mientras las aulas carecen de pizarrones y los pupitres están en pésimo estado.
Esta mediocre mentalidad conduce al fracaso moral de la alternancia, al multiplicar insensatamente el costo de la clase gobernante.
Es cuestionable que Zacatecas destine mil doscientos millones de pesos a un proyecto como Ciudad Gobierno en el momento en que el costo del gasoducto rondaba las cifras de 800 millones, según declaraciones oficiales.
Póngale usted que el gasoducto debe ser una inversión federal que debemos exigir como parte de la política de infraestructura. Tenemos todo el derecho.
Pero, ¿no hace falta mucho dinero para incentivar la producción de alimentos? ¿No urge un plan de salvamento para nuestras micro, pequeñas y medianas empresas? ¿No se requiere de grandes inversiones para asegurar la viabilidad financiera del sistema de agua potable?
Saldremos del atraso cuando canalicemos la más elevada cantidad posible del dinero público a propiciar la inversión productiva, una vez satisfechos los requerimientos de funcionalidad del aparato burocrático, los servicios públicos y los programas sociales que atiendan a los más pobres.
La austeridad en un gobierno democrático es un modo de ser, no una respuesta coyuntural a una situación de emergencia.
Encarnación de esa grandeza fue el modo de vivir y el modo de morir de Olof Palme, de familia acomodada y primer ministro sueco cuando fue asesinado al salir del cine, acompañado sólo de su esposa, el 28 de febrero de 1986.
Por eso Suecia es lo que es.
Creo que proyectos como Ciudad Gobierno son cuando menos tema obligado de debate previo a su implementación. Para no estar como ahora, enterándonos a pausas de que las instalaciones en cuestión se financian conforme al esquema de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), una onerosa “genialidad” foxista desechada hasta por Calderón, que solía defenderse como autofinanciable (en este caso, ni esa ilusión es argumentable)
Se sabe también que el gobierno del estado pagará durante 22 años entre cinco y seis millones al mes, cuando en este momento se desembolsa un millón 600 mil pesos mensuales por los 104 inmuebles que renta el gobierno del estado.
En Ciudad Argentum hasta ahora sólo se advierte la inversión gubernamental en lo que corresponde a vialidades y equipamiento urbano.
La descomunal crisis del sistema financiero mundial y su ya advertible impacto en la economía real, ¿no afectará al ambicioso proyecto de desarrollo inmobiliario, condenando a los próximos ocupantes de Ciudad Gobierno a funcionar, cuando menos un buen tiempo, en despoblado?
AL ÚLTIMO
Hasta los narcos están hartos de los facciosos.
Narcomantas en varias ciudades de la República –entre ellas Sombrerete, Luis Moya, Zacatecas y Guadalupe- le piden a Felipe Calderón “que abra los ojos”.
Dicen que Genaro García Luna jala con uno de los cárteles de la droga.
Piden un combate a las drogas “neutral”.
Lo cierto es que Genaro García Luna fundó y dirigió la AFI el sexenio pasado.
Un sexenio muy “permisivo” con el narcotráfico fue el foxismo.
Dejó al país convertido en un infierno y en esa historia García Luna fue, cuando menos, un inepto.
Aquí y en China poner ineptos en tareas relacionadas con la seguridad, es un modo de ayudar a la delincuencia.
Nos encontramos
el jueves en el recreo
luismedinalizalde@
gmail.com
domingo, 26 de octubre de 2008
Opinión de Arnaldo Córdova en La Jornada de hoy
Lo que la ley no prohíbe
En memoria de ese gran diplomático defensor de su patria Gustavo Iruegas
El barullo y la confusión que han reinado en torno a la reforma petrolera han envuelto un proceso que venía siendo bastante claro. Creo que los términos exactos del problema podrían formularse así: las iniciativas de Calderón y las que presentaron los priístas han sido modificadas radicalmente en sus objetivos privatizadores y feudalizantes (hablando de las filiales de Pemex), pero se han dejado innumerables puertas (o ventanas) abiertas a posibles futuros intentos en ambos sentidos. Un tema que se volvió crucial de repente fueron los llamados “bloques” o “provincias” o “diócesis” de la geografía petrolera del país.
Vale la pena aclarar, en primer término, que dichos “bloques” no existen en ningún cuerpo de reforma de ley contenido en los dictámenes del Senado. Aparentemente no habría de qué preocuparse, pero sí hay de qué preocuparse. Como lo dejaron en claro Pablo Gómez en sus muy exactas presentaciones de los resultados (activos y pasivos) y Jorge Eduardo Navarrete en sus atinadísimos balances de los dictámenes, se ganó mucho, pero no se ganó todo. Todos concuerdan en que es una locura pretender ganarlo todo. Por eso urge una explicación puntual de lo positivo y lo negativo.
Alguien me dijo que nosotros estamos obligados a informar. Yo le pedí que, si tenía el poder suficiente, me consiguiera el Canal de “las Estrellas” por una hora (estelar) y yo podría informar de nuestras posiciones. De hecho sólo hay un periódico, éste, que nos da foro. De cualquier forma, nuestro “Canal de las Estrellas” son nuestras movilizaciones. Andrés Manuel López Obrador ha convocado a las movilizaciones, incendiando un poco la pradera, para impedir las maniobras legislativas de la derecha. Eso tiene sentido, porque es nuestro único medio informativo.
Ganamos casi todo, como bien lo resumió Jorge Eduardo. Pero quedó abierta la puerta a la corrupción en Pemex (los cinco consejeros del sindicato seguirán allí); no estarán en las leyes los “bloques”, pero nada impide que luego el gobierno, violando la Constitución, los establezca (por eso López Obrador exigió que se prohibieran expresamente); no quedarán en las leyes las filiales priístas, pero nada impide que luego se impongan, como lo señalé en otro artículo, y hay más. Por eso decimos que no hay que bajar la guardia, porque los intentos privatizadores y feudalizantes siguen ahí, vivitos y coleando.
Hay que ponernos de acuerdo: los logros fueron importantísimos; pero es necio andar cantando victorias que sólo fueron acuerdos racionales entre las diferentes fuerzas políticas. Para mí, lo inédito de esta histórica experiencia es que, por primera vez en muchísimos años, hubo un gran debate (a fondo) sobre un problema que atañe a los más importantes intereses de la nación. Se demostró que la movilización pacífica de la ciudadanía puede hacer a menos de medios informativos facciosos y corruptos para poder saber de qué se trata lo que está en contienda. Ahora casi todos los ciudadanos están enterados de lo que está en juego, independientemente de cuál sea su posición.
Veamos el asunto de los bloques: nadie niega que el mapeo de la geografía petrolera puede ser positivo (al menos para llevar un recuento de lo que nos queda y de lo que todavía podríamos descubrir). El problema es lo que se intenta con ello. No están en los cuerpos de ley, pero se vienen anunciando desde hace tiempo. Tampoco se propusieron dichos bloques en el debate legislativo, pero se habló de ellos. Y se dijo algo que llena de suspicacia: sobre todo los priístas, volvieron a hablar de “incentivar” a los inversionistas. Nada les importó que se les dijera que arbitrariamente un funcionario podría asignar tales “bloques” a los más poderosos, como Halliburton o Schulemburg.
Lo que algunos de nuestros senadores señalaron, cuando sus oponentes decían que no se trataba de eso, es que entonces lo dijeran expresamente en la ley. Pero se les respondió que “¿para qué?”, haciéndose como los tontos que no entienden qué es lo que se les plantea. En el debate salió con toda claridad que todos estaban en contra de la privatización de Pemex. Pero todo el tiempo hemos estado viendo que se abren múltiples rendijas por las que se persiste en el mismo tema con sucias maniobras para esconder el mismo y persistente propósito. ¿Por qué los derechistas del PAN y del PRI no tienen el valor de decirnos claramente que lo que desean con verdadera brama es que el petróleo se entregue a los privados?
Hay muchos problemas semejantes: los cuerpos de ley no los mencionan, pero dejan abierta la puerta para que se impongan si las movilizaciones cívicas cesan o se cansan o se decepcionan. El mérito de este movimiento es que ni se cansa ni se decepciona de lo que hace por una profunda convicción. Esa es nuestra defensa mayor. Por lo demás, debemos aprender a usar de nuestra Constitución y de nuestras leyes para luchar por otros medios contra semejantes imposiciones, porque todas van a ser ilegales y anticonstitucionales.
Rolando y Jorge Eduardo lo han señalado: si nos imponen la entrega de las “diócesis” petroleras a los privados extranjeros, como se pretende, podemos actuar constitucionalmente y con la ley en la mano, aparte de seguirnos movilizando. Eso debe estar claro. Ya hemos ganado batallas legales y constitucionales. Recordemos sólo nuestra defensa de la ley del DF sobre el aborto. Recordemos también nuestra lucha contra el absurdo del desafuero. Tenemos con qué. Los constitucionalistas y los técnicos de nuestro movimiento dejaron mudos a nuestros oponentes en los foros del Senado. ¿Por qué dudar de nuestra capacidad de debatir?
La fobia de algunos respecto de los chuchos, al final, quedó plenamente justificada y hoy está claro que siempre desearon aliarse con Calderón. De ahí su absurdo triunfalismo. Que Acosta Naranjo se “deslinde” de López Obrador sólo llama a risa. Ni siquiera se da cuenta de que todo mundo lo ve como un hombre sin cualidades para el puesto que desempeña y que en algo se parece a Calderón. Que los gobernadores que llegaron al poder por el PRD secunden a Acosta no debe extrañar. Ellos pelean por sus presupuestos y saben que a veces hay que hacer el ridículo para sacar algo.
Esta lucha queda abierta y tenemos con qué afrontarla: un líder que sabe llamar al pueblo a movilizarse y una ciudadanía informada y deseosa de actuar.
En memoria de ese gran diplomático defensor de su patria Gustavo Iruegas
El barullo y la confusión que han reinado en torno a la reforma petrolera han envuelto un proceso que venía siendo bastante claro. Creo que los términos exactos del problema podrían formularse así: las iniciativas de Calderón y las que presentaron los priístas han sido modificadas radicalmente en sus objetivos privatizadores y feudalizantes (hablando de las filiales de Pemex), pero se han dejado innumerables puertas (o ventanas) abiertas a posibles futuros intentos en ambos sentidos. Un tema que se volvió crucial de repente fueron los llamados “bloques” o “provincias” o “diócesis” de la geografía petrolera del país.
Vale la pena aclarar, en primer término, que dichos “bloques” no existen en ningún cuerpo de reforma de ley contenido en los dictámenes del Senado. Aparentemente no habría de qué preocuparse, pero sí hay de qué preocuparse. Como lo dejaron en claro Pablo Gómez en sus muy exactas presentaciones de los resultados (activos y pasivos) y Jorge Eduardo Navarrete en sus atinadísimos balances de los dictámenes, se ganó mucho, pero no se ganó todo. Todos concuerdan en que es una locura pretender ganarlo todo. Por eso urge una explicación puntual de lo positivo y lo negativo.
Alguien me dijo que nosotros estamos obligados a informar. Yo le pedí que, si tenía el poder suficiente, me consiguiera el Canal de “las Estrellas” por una hora (estelar) y yo podría informar de nuestras posiciones. De hecho sólo hay un periódico, éste, que nos da foro. De cualquier forma, nuestro “Canal de las Estrellas” son nuestras movilizaciones. Andrés Manuel López Obrador ha convocado a las movilizaciones, incendiando un poco la pradera, para impedir las maniobras legislativas de la derecha. Eso tiene sentido, porque es nuestro único medio informativo.
Ganamos casi todo, como bien lo resumió Jorge Eduardo. Pero quedó abierta la puerta a la corrupción en Pemex (los cinco consejeros del sindicato seguirán allí); no estarán en las leyes los “bloques”, pero nada impide que luego el gobierno, violando la Constitución, los establezca (por eso López Obrador exigió que se prohibieran expresamente); no quedarán en las leyes las filiales priístas, pero nada impide que luego se impongan, como lo señalé en otro artículo, y hay más. Por eso decimos que no hay que bajar la guardia, porque los intentos privatizadores y feudalizantes siguen ahí, vivitos y coleando.
Hay que ponernos de acuerdo: los logros fueron importantísimos; pero es necio andar cantando victorias que sólo fueron acuerdos racionales entre las diferentes fuerzas políticas. Para mí, lo inédito de esta histórica experiencia es que, por primera vez en muchísimos años, hubo un gran debate (a fondo) sobre un problema que atañe a los más importantes intereses de la nación. Se demostró que la movilización pacífica de la ciudadanía puede hacer a menos de medios informativos facciosos y corruptos para poder saber de qué se trata lo que está en contienda. Ahora casi todos los ciudadanos están enterados de lo que está en juego, independientemente de cuál sea su posición.
Veamos el asunto de los bloques: nadie niega que el mapeo de la geografía petrolera puede ser positivo (al menos para llevar un recuento de lo que nos queda y de lo que todavía podríamos descubrir). El problema es lo que se intenta con ello. No están en los cuerpos de ley, pero se vienen anunciando desde hace tiempo. Tampoco se propusieron dichos bloques en el debate legislativo, pero se habló de ellos. Y se dijo algo que llena de suspicacia: sobre todo los priístas, volvieron a hablar de “incentivar” a los inversionistas. Nada les importó que se les dijera que arbitrariamente un funcionario podría asignar tales “bloques” a los más poderosos, como Halliburton o Schulemburg.
Lo que algunos de nuestros senadores señalaron, cuando sus oponentes decían que no se trataba de eso, es que entonces lo dijeran expresamente en la ley. Pero se les respondió que “¿para qué?”, haciéndose como los tontos que no entienden qué es lo que se les plantea. En el debate salió con toda claridad que todos estaban en contra de la privatización de Pemex. Pero todo el tiempo hemos estado viendo que se abren múltiples rendijas por las que se persiste en el mismo tema con sucias maniobras para esconder el mismo y persistente propósito. ¿Por qué los derechistas del PAN y del PRI no tienen el valor de decirnos claramente que lo que desean con verdadera brama es que el petróleo se entregue a los privados?
Hay muchos problemas semejantes: los cuerpos de ley no los mencionan, pero dejan abierta la puerta para que se impongan si las movilizaciones cívicas cesan o se cansan o se decepcionan. El mérito de este movimiento es que ni se cansa ni se decepciona de lo que hace por una profunda convicción. Esa es nuestra defensa mayor. Por lo demás, debemos aprender a usar de nuestra Constitución y de nuestras leyes para luchar por otros medios contra semejantes imposiciones, porque todas van a ser ilegales y anticonstitucionales.
Rolando y Jorge Eduardo lo han señalado: si nos imponen la entrega de las “diócesis” petroleras a los privados extranjeros, como se pretende, podemos actuar constitucionalmente y con la ley en la mano, aparte de seguirnos movilizando. Eso debe estar claro. Ya hemos ganado batallas legales y constitucionales. Recordemos sólo nuestra defensa de la ley del DF sobre el aborto. Recordemos también nuestra lucha contra el absurdo del desafuero. Tenemos con qué. Los constitucionalistas y los técnicos de nuestro movimiento dejaron mudos a nuestros oponentes en los foros del Senado. ¿Por qué dudar de nuestra capacidad de debatir?
La fobia de algunos respecto de los chuchos, al final, quedó plenamente justificada y hoy está claro que siempre desearon aliarse con Calderón. De ahí su absurdo triunfalismo. Que Acosta Naranjo se “deslinde” de López Obrador sólo llama a risa. Ni siquiera se da cuenta de que todo mundo lo ve como un hombre sin cualidades para el puesto que desempeña y que en algo se parece a Calderón. Que los gobernadores que llegaron al poder por el PRD secunden a Acosta no debe extrañar. Ellos pelean por sus presupuestos y saben que a veces hay que hacer el ridículo para sacar algo.
Esta lucha queda abierta y tenemos con qué afrontarla: un líder que sabe llamar al pueblo a movilizarse y una ciudadanía informada y deseosa de actuar.
Opinión de Antonio Gershenson en La Jornada de hoy
La lucha continúa
Es importante que se hayan derrotado varios elementos importantes del “paquete” privatizador, anticonstitucional y protector de la corrupción que el gobierno federal anunció en abril y pretendió que se aprobara ese mismo mes. Es más, parte de ese paquete fue el centro de la campaña privatizadora desde antes, en los medios de difusión y otros escritos: era necesario, decían, que hubiera alianzas o asociaciones con empresas trasnacionales para perforar las aguas profundas en las cuales encontrarían un “tesorito”. Este intento fue el primero en naufragar, y ya ni se habla de él.
El intento de que se construyeran refinerías privadas, para que Pemex les suministrara petróleo crudo y les comprara refinados; las repeticiones de que no era posible construir refinerías de Pemex, de que no había dinero y demás, también fueron derrotadas, y ahora tenemos, por lo pronto en el presupuesto, la construcción de una nueva refinería de Pemex. También fracasó el intento de múltiples filiales. Y se limitó el papel de Hacienda en las finanzas de Pemex.
Sin embargo, quedan pendientes, en la nueva legislación, todavía en proceso, varios problemas de los cuales tal vez el principal consiste en que se pueden entregar a empresas privadas, que en este caso serían trasnacionales, por contrato, regiones de nuestro territorio o de nuestras aguas. Algo similar a los contratos de servicios múltiples, ilegales, y de los cuales ya no se firmaron más después de que quedaron en evidencia, pero los que se signaron siguen operando, en algunos casos con demandas, en proceso, en su contra.
En la situación en la que estamos, es conveniente ver lo que puede o debe seguir, no sólo en lo inmediato, sino después. Por ejemplo, hablábamos de darle seguimiento a la construcción de la refinería de Pemex. Y también de que en el presupuesto en discusión en la Cámara de Diputados se debían tener en cuenta medios de control para que de veras se haga y bien. Si no vemos esto ahora, al fin que es para el año próximo, y se nos pasa la discusión y aprobación del presupuesto, estaremos en 2009, en este asunto, en peores condiciones que si logramos algo en este proceso presupuestal.
Tomamos como punto de partida algunas afirmaciones de López Obrador, especialmente en la concentración del miércoles pasado en el Hemiciclo a Juárez. Las tres palabras que forman el título de este artículo resumen el balance: ni se trató de una victoria, ni hay que festejar cuando hay pendientes nada despreciables, ni tampoco debemos ignorar lo que se ha avanzado; consecuentemente, la lucha continúa.
Sigue, porque se debe perseguir el logro de objetivos no alcanzados, como la integración de Pemex en una sola empresa. También, porque debemos combatir medidas como la de repartir el territorio y las aguas de las regiones petroleras entre un puñado de trasnacionales. Continúa, porque debemos vigilar y presionar para que se cumplan los objetivos que sí se lograron. Se debe seguir dando, porque es preciso “estar pendientes” de las obras y contratos de Pemex. Y algo muy importante:
Debe ponerse en marcha “un plan para defender la economía popular ante la grave crisis que se está padeciendo”.
¿Acaso esto debería cambiar por las medidas más inmediatas de resistencia pacífica? Si estas medidas duran poco, en todo caso podría suceder que las medidas de fondo empezaran a perseguirse poco después. Si las medidas de resistencia duran más, es posible que se sobrepongan unas y otras en el tiempo, a medida que estas medidas de fondo se vayan haciendo más urgentes.
Mientras, tres azotones sucesivos en la Bolsa Mexicana de Valores, miércoles a viernes. Un recordatorio de que la crisis apenas empieza. Y resulta que a la reunión de noviembre del Grupo de los 20 también va a asistir el que ya será presidente electo de Estados Unidos.
Es importante que se hayan derrotado varios elementos importantes del “paquete” privatizador, anticonstitucional y protector de la corrupción que el gobierno federal anunció en abril y pretendió que se aprobara ese mismo mes. Es más, parte de ese paquete fue el centro de la campaña privatizadora desde antes, en los medios de difusión y otros escritos: era necesario, decían, que hubiera alianzas o asociaciones con empresas trasnacionales para perforar las aguas profundas en las cuales encontrarían un “tesorito”. Este intento fue el primero en naufragar, y ya ni se habla de él.
El intento de que se construyeran refinerías privadas, para que Pemex les suministrara petróleo crudo y les comprara refinados; las repeticiones de que no era posible construir refinerías de Pemex, de que no había dinero y demás, también fueron derrotadas, y ahora tenemos, por lo pronto en el presupuesto, la construcción de una nueva refinería de Pemex. También fracasó el intento de múltiples filiales. Y se limitó el papel de Hacienda en las finanzas de Pemex.
Sin embargo, quedan pendientes, en la nueva legislación, todavía en proceso, varios problemas de los cuales tal vez el principal consiste en que se pueden entregar a empresas privadas, que en este caso serían trasnacionales, por contrato, regiones de nuestro territorio o de nuestras aguas. Algo similar a los contratos de servicios múltiples, ilegales, y de los cuales ya no se firmaron más después de que quedaron en evidencia, pero los que se signaron siguen operando, en algunos casos con demandas, en proceso, en su contra.
En la situación en la que estamos, es conveniente ver lo que puede o debe seguir, no sólo en lo inmediato, sino después. Por ejemplo, hablábamos de darle seguimiento a la construcción de la refinería de Pemex. Y también de que en el presupuesto en discusión en la Cámara de Diputados se debían tener en cuenta medios de control para que de veras se haga y bien. Si no vemos esto ahora, al fin que es para el año próximo, y se nos pasa la discusión y aprobación del presupuesto, estaremos en 2009, en este asunto, en peores condiciones que si logramos algo en este proceso presupuestal.
Tomamos como punto de partida algunas afirmaciones de López Obrador, especialmente en la concentración del miércoles pasado en el Hemiciclo a Juárez. Las tres palabras que forman el título de este artículo resumen el balance: ni se trató de una victoria, ni hay que festejar cuando hay pendientes nada despreciables, ni tampoco debemos ignorar lo que se ha avanzado; consecuentemente, la lucha continúa.
Sigue, porque se debe perseguir el logro de objetivos no alcanzados, como la integración de Pemex en una sola empresa. También, porque debemos combatir medidas como la de repartir el territorio y las aguas de las regiones petroleras entre un puñado de trasnacionales. Continúa, porque debemos vigilar y presionar para que se cumplan los objetivos que sí se lograron. Se debe seguir dando, porque es preciso “estar pendientes” de las obras y contratos de Pemex. Y algo muy importante:
Debe ponerse en marcha “un plan para defender la economía popular ante la grave crisis que se está padeciendo”.
¿Acaso esto debería cambiar por las medidas más inmediatas de resistencia pacífica? Si estas medidas duran poco, en todo caso podría suceder que las medidas de fondo empezaran a perseguirse poco después. Si las medidas de resistencia duran más, es posible que se sobrepongan unas y otras en el tiempo, a medida que estas medidas de fondo se vayan haciendo más urgentes.
Mientras, tres azotones sucesivos en la Bolsa Mexicana de Valores, miércoles a viernes. Un recordatorio de que la crisis apenas empieza. Y resulta que a la reunión de noviembre del Grupo de los 20 también va a asistir el que ya será presidente electo de Estados Unidos.
Opinión de Néstor de Buen Martínez en La Jornada
La farsa del outsourcing y de los contratos a prueba
Desde hace algunos años se ha puesto de moda un sistema, propiciado por empresarios deshonestos, sindicatos corporativos y la bendición no tan remota de las autoridades laborales, mediante el cual una autodenominada “empresa de administración de personal” celebra contratos de arrendamiento con un patrón cualquiera y pone a su disposición a los trabajadores que necesite, garantizando, inclusive con fianzas, que no tendrá problemas laborales. A eso le agrega la existencia de un contrato colectivo de trabajo firmado con el dueño de un registro sindical (probablemente empleado del arrendador), en el que se borran las posibilidades de emplazamientos a huelga al arrendatario, ya que los trabajadores con que cuenta no son, supuestamente, sus trabajadores, sino del arrendador.
El “arrendatario” queda liberado, de esa manera (por lo menos eso supone), de responsabilidades laborales. Puede prescindir de los trabajadores que no le gusten y no tendrá obligación de repartir utilidades a sus empleados porque, teóricamente, no lo son.
La formulita ha tenido éxito notable y para darle cierto aire institucional, aprovechando una institución diferente, a la empresa se le denomina outsourcing, lo que quiere decir más o menos “provisión externa”. Claro está que el supuesto arrendador es insolvente por si, en algún momento, los trabajadores rentados se ponen flamencos y lo demandan.
El outsourcing es otra cosa. Se puso de moda hace poco más o menos veinte años y consiste en que una empresa de gran tamaño, por ejemplo una automotriz, prefiere comprar las piezas a diversos proveedores del extranjero, que se encargan de diseñar los vehículos, fabricar carrocerías, motores, llantas, instrumentos eléctricos, defensas, faros o lo que sea, que le envían al principal para que en su planta –tal vez en Chicago– se dedique a armar el vehículo. La idea es que esos proveedores externos sean solventes, ocupantes de mano de obra más barata, con capacidad de exportación y ganas de ganarse un dinerito por el servicio. No es imposible que la empresa proveedora no sea otra cosa que una sucursal de la principal, suficientemente disimulada desde el punto de vista jurídico, en la que en forma directa o con prestanombres las acciones son, a final de cuentas, propiedad de la empresa supuestamente arrendataria de los servicios.
En México se ha dado en llamar outsourcing a las simples proveedoras de mano de obra. Se olvida que nuestra Ley Federal del Trabajo (LFT) regula con detalles importantes la condición de los intermediarios que no excluyen las responsabilidades laborales de los beneficiarios de los servicios, salvo que los proveedores no sean solventes.
Otra formulita es la que constituyen los “grupos de empresa”, en los cuales la existencia de diversas sociedades supuestamente independientes trabajan alrededor de una empresa principal. Ésta les encarga los trabajos: obtención de materia prima, transformación, montaje, etcétera, y esas empresas cuentan con trabajadores y contratos colectivos de trabajo de protección y mediante mecanismos contables diabólicos sus ingresos son parejos a los gastos y no tienen utilidades, aparentemente. Entregan sus productos a la principal, con precios a modo, y ésta, habitualmente denominada holding (tenedora de las acciones) recibe a precio muy conveniente el producto, lo vende con utilidad notable y, a fin de cuentas, como no tiene trabajadores, aparentemente, no tiene por qué repartir utilidades.
Es obvio que ese sistema se olvida de que una empresa laboral no es un concepto jurídico sino una estructura económica que puede estar integrada por un propietario o varios propietarios individuales o una o varias sociedades mercantiles (artículo 16 de la LFT) y, por tanto, la responsabilidad laboral es conjunta. Hay antecedentes claros sobre el particular, en especial una resolución de la Suprema Corte en un amparo promovido por Marcos Than Clemente en un juicio laboral contra Radio Cadena Nacional, en el que se indica que los empresarios son libres para utilizar las formas jurídicas que les convengan, pero que eso no puede afectar los derechos de los trabajadores.
Ahora, lo que está de moda, gracias al impulso que le está dando la Secretaría del Trabajo, es la posibilidad de celebrar contratos de trabajo a prueba, que el patrón puede dar por terminados sin problemas. Eso requeriría una reforma de la LFT, que esperamos no se produzca.
Es España se siguió ese sistema que acabó en rotundo fracaso porque los trabajadores no asumían el espíritu de empresa, ni eran capacitados (el patrón se ahorraba ese gasto) y en su condición precaria, eran frecuentes los accidentes de trabajo. La fórmula no funcionó y fue sustituida en el Estatuto de los Trabajadores por la posibilidad de despidos de menor costo.
Todo esto conduce a una evolución negativa del derecho del trabajo. Las tendencias conservadoras, vigentes en México desde hace muchos años, inclinan las disposiciones de la ley hacia el beneficio del capital. La existencia intolerable de sindicatos corporativos y de contratos colectivos de trabajo de protección favorecen las formulitas. Por ello mismo, los especialistas con sentido social se inclinan, nos inclinamos, por el rechazo rotundo a esas soluciones, que no es difícil que alguno de estos días se presenten como iniciativa de reformas a la LFT. Habrá que tener cuidado.
Desde hace algunos años se ha puesto de moda un sistema, propiciado por empresarios deshonestos, sindicatos corporativos y la bendición no tan remota de las autoridades laborales, mediante el cual una autodenominada “empresa de administración de personal” celebra contratos de arrendamiento con un patrón cualquiera y pone a su disposición a los trabajadores que necesite, garantizando, inclusive con fianzas, que no tendrá problemas laborales. A eso le agrega la existencia de un contrato colectivo de trabajo firmado con el dueño de un registro sindical (probablemente empleado del arrendador), en el que se borran las posibilidades de emplazamientos a huelga al arrendatario, ya que los trabajadores con que cuenta no son, supuestamente, sus trabajadores, sino del arrendador.
El “arrendatario” queda liberado, de esa manera (por lo menos eso supone), de responsabilidades laborales. Puede prescindir de los trabajadores que no le gusten y no tendrá obligación de repartir utilidades a sus empleados porque, teóricamente, no lo son.
La formulita ha tenido éxito notable y para darle cierto aire institucional, aprovechando una institución diferente, a la empresa se le denomina outsourcing, lo que quiere decir más o menos “provisión externa”. Claro está que el supuesto arrendador es insolvente por si, en algún momento, los trabajadores rentados se ponen flamencos y lo demandan.
El outsourcing es otra cosa. Se puso de moda hace poco más o menos veinte años y consiste en que una empresa de gran tamaño, por ejemplo una automotriz, prefiere comprar las piezas a diversos proveedores del extranjero, que se encargan de diseñar los vehículos, fabricar carrocerías, motores, llantas, instrumentos eléctricos, defensas, faros o lo que sea, que le envían al principal para que en su planta –tal vez en Chicago– se dedique a armar el vehículo. La idea es que esos proveedores externos sean solventes, ocupantes de mano de obra más barata, con capacidad de exportación y ganas de ganarse un dinerito por el servicio. No es imposible que la empresa proveedora no sea otra cosa que una sucursal de la principal, suficientemente disimulada desde el punto de vista jurídico, en la que en forma directa o con prestanombres las acciones son, a final de cuentas, propiedad de la empresa supuestamente arrendataria de los servicios.
En México se ha dado en llamar outsourcing a las simples proveedoras de mano de obra. Se olvida que nuestra Ley Federal del Trabajo (LFT) regula con detalles importantes la condición de los intermediarios que no excluyen las responsabilidades laborales de los beneficiarios de los servicios, salvo que los proveedores no sean solventes.
Otra formulita es la que constituyen los “grupos de empresa”, en los cuales la existencia de diversas sociedades supuestamente independientes trabajan alrededor de una empresa principal. Ésta les encarga los trabajos: obtención de materia prima, transformación, montaje, etcétera, y esas empresas cuentan con trabajadores y contratos colectivos de trabajo de protección y mediante mecanismos contables diabólicos sus ingresos son parejos a los gastos y no tienen utilidades, aparentemente. Entregan sus productos a la principal, con precios a modo, y ésta, habitualmente denominada holding (tenedora de las acciones) recibe a precio muy conveniente el producto, lo vende con utilidad notable y, a fin de cuentas, como no tiene trabajadores, aparentemente, no tiene por qué repartir utilidades.
Es obvio que ese sistema se olvida de que una empresa laboral no es un concepto jurídico sino una estructura económica que puede estar integrada por un propietario o varios propietarios individuales o una o varias sociedades mercantiles (artículo 16 de la LFT) y, por tanto, la responsabilidad laboral es conjunta. Hay antecedentes claros sobre el particular, en especial una resolución de la Suprema Corte en un amparo promovido por Marcos Than Clemente en un juicio laboral contra Radio Cadena Nacional, en el que se indica que los empresarios son libres para utilizar las formas jurídicas que les convengan, pero que eso no puede afectar los derechos de los trabajadores.
Ahora, lo que está de moda, gracias al impulso que le está dando la Secretaría del Trabajo, es la posibilidad de celebrar contratos de trabajo a prueba, que el patrón puede dar por terminados sin problemas. Eso requeriría una reforma de la LFT, que esperamos no se produzca.
Es España se siguió ese sistema que acabó en rotundo fracaso porque los trabajadores no asumían el espíritu de empresa, ni eran capacitados (el patrón se ahorraba ese gasto) y en su condición precaria, eran frecuentes los accidentes de trabajo. La fórmula no funcionó y fue sustituida en el Estatuto de los Trabajadores por la posibilidad de despidos de menor costo.
Todo esto conduce a una evolución negativa del derecho del trabajo. Las tendencias conservadoras, vigentes en México desde hace muchos años, inclinan las disposiciones de la ley hacia el beneficio del capital. La existencia intolerable de sindicatos corporativos y de contratos colectivos de trabajo de protección favorecen las formulitas. Por ello mismo, los especialistas con sentido social se inclinan, nos inclinamos, por el rechazo rotundo a esas soluciones, que no es difícil que alguno de estos días se presenten como iniciativa de reformas a la LFT. Habrá que tener cuidado.
Opinión de Guillermo Almeyra en La Jornada
Dos por el precio de uno
Puesto que todo, desde el peso hasta las materias primas, se devalúa, ofrezco hoy dos artículos al precio de uno. Aquí van.
En primer lugar, quiero subrayar que Evo Morales logró una gran victoria sobre la derecha y la dividió aún más, pero al precio de abandonar la idea de que la nueva Constitución debería servir para refundar el Estado boliviano. En efecto, con gran realismo político el gobierno consiguió desplazar la lucha del terreno del enfrentamiento social frontal, donde seguramente habría ganado pero con un alto costo en vidas, para llevarlo al del choque entre las fracciones parlamentarias, reforzando así, de paso, al Congreso como institución y a la Constitución como expresión política del consenso, cosas ambas que los prefectos de la Media Luna rechazaban. Dado que algunos partidos de la oposición derechista, como Podemos, aunque son racistas no pueden proclamarlo pues tienen base en el occidente indígena y mestizo, el gobierno amplió la brecha que ya existía entre esos partidos y los prefectos fascistoides y negoció con los primeros, dentro de una sede legal y en la legalidad, la aprobación del referendo aprobatorio del nuevo texto constitucional que, sin embargo, tuvo que recortar o modificar de modo importante.
Los medios (todos de derecha) presentan como triunfo de los partidos opositores que Evo Morales sólo pueda relegirse una vez y, en consecuencia, si es relegido el año próximo sólo pueda gobernar hasta 2014. Pero de aquí a ese entonces habrá pasado mucha agua bajo los puentes y la actual crisis boliviana y mundial, de un modo u otro, tendrá otras características. Además, “hartos Evos hay en Bolivia” y bastarán para profundizar la revolución. Esa no fue, pues, una concesión importante. Sí lo es, y muy grande, la ambigua defensa de la propiedad privada como intocable y también la estipulación de que cuando se vote cuál será la dimensión máxima de los latifundios –si 5 mil o 10 mil hectáreas– los latifundios actualmente existentes no serán afectados y, además, no se tocarán las tierras que no sean absolutamente improductivas, de modo que bastará tener en un enorme latifundio diez vacas pastando y un boyero para que aquél cumpla una “función social” y no pueda ser dividido para dar tierra a los campesinos.
El acuerdo saca el conflicto del terreno del enfrentamiento entre los movimientos sociales y las clases dominantes y lo lleva al del conflicto entre los partidos, en las instituciones, al del conflicto interburgués. Es cierto que el mismo fue posible por la presión enorme de los movimientos sociales, incluso de los que, como la COB, critican por la izquerda o la ultraizquierda al gobierno, y por el cerco de todos ellos al Parlamento, pero fue éste el que decidió y no una victoria de los movimientos sobre los prefectos semifascistas ni de una de éstos sobre aquéllos. Es temprano para gritar que la revolución se institucionaliza, pero no para advertir que la Constitución no refunda Bolivia y no es más que un paso importante en ese largo camino.
* * *
En Argentina, el gobierno estatizó las Afore locales (las AFJP). Los bancos españoles (Santander, BBVA, sobre todo) y de otros países que lucraban a costa de los fondos de pensiones, chillan como cerdos desollados. Además, como en un mercado chico como el argentino esas Afore eran fuertes operadoras, la bolsa se derrumbó y, como después de la estatización de Aerolíneas Argentinas y de las AFJP, podría venir la restatización de grandes negocios dados a los privados, como la telefonía o el petróleo, también chillan y se asustan los capitalistas españoles de Repsol y de Telefónica. Hay por eso una enorme campaña de prensa internacional, con la CNN a la cabeza, contra la decisión correcta del gobierno argentino de acabar con el modelo impuesto a Chile tras el golpe sangriento de Pinochet e imitado por todos los neoliberales.
Es que el gobierno argentino defiende a los jubilados y considera que la jubilación –como la escuela o la sanidad– es un derecho, el derecho a una vejez digna, y no algo que sólo puede conseguir en el mercado quien pueda pagársela. Las AFJP, que movían 30 mil millones de dólares y cobraron 13 mil millones en comisiones, están siendo sometidas a investigación judicial por presuntas estafas y, además, tienen prohibido jugar en bolsa. No sólo el gobierno defiende un derecho sino que pone fin a un racket, a un grupo de delincuentes que se forran en España con sus ingresos ilegítimos y para nada bancarios en Argentina y en otros países latinoamericanos. Hasta aquí no hay nada que objetar y la brutal campaña mediática y de la oposición no hace pie. Pero habrá que controlar de cerca el uso de los fondos estatales de pensiones y de los cinco mil millones de dólares anuales que dejan de ganancia. Porque la caída del precio del petróleo dará menor disponibilidad a Venezuela para comprar bonos argentinos, que además se devalúan, Argentina recaudará menos impuestos y sus ingresos por exportaciones serán menores, los subsidios a los servicios públicos serán más caros y los planes para dar trabajo exigirán grandes sumas, de modo que el gobierno se podría ver tentado a echar mano a esta nueva caja para pagar vencimientos de la deuda externa o para fines sociales justos pero sospechosos, porque toda obra pública en un periodo prelectoral lo es. Los trabajadores en actividad y los jubilados, y no sólo las oficinas estatales, deberían, por tanto, controlar que los fondos para las jubilaciones ni se jueguen en la especulación bursátil ni vayan al bolsillo del gobierno como si fueran una caja chica del mismo.
Puesto que todo, desde el peso hasta las materias primas, se devalúa, ofrezco hoy dos artículos al precio de uno. Aquí van.
En primer lugar, quiero subrayar que Evo Morales logró una gran victoria sobre la derecha y la dividió aún más, pero al precio de abandonar la idea de que la nueva Constitución debería servir para refundar el Estado boliviano. En efecto, con gran realismo político el gobierno consiguió desplazar la lucha del terreno del enfrentamiento social frontal, donde seguramente habría ganado pero con un alto costo en vidas, para llevarlo al del choque entre las fracciones parlamentarias, reforzando así, de paso, al Congreso como institución y a la Constitución como expresión política del consenso, cosas ambas que los prefectos de la Media Luna rechazaban. Dado que algunos partidos de la oposición derechista, como Podemos, aunque son racistas no pueden proclamarlo pues tienen base en el occidente indígena y mestizo, el gobierno amplió la brecha que ya existía entre esos partidos y los prefectos fascistoides y negoció con los primeros, dentro de una sede legal y en la legalidad, la aprobación del referendo aprobatorio del nuevo texto constitucional que, sin embargo, tuvo que recortar o modificar de modo importante.
Los medios (todos de derecha) presentan como triunfo de los partidos opositores que Evo Morales sólo pueda relegirse una vez y, en consecuencia, si es relegido el año próximo sólo pueda gobernar hasta 2014. Pero de aquí a ese entonces habrá pasado mucha agua bajo los puentes y la actual crisis boliviana y mundial, de un modo u otro, tendrá otras características. Además, “hartos Evos hay en Bolivia” y bastarán para profundizar la revolución. Esa no fue, pues, una concesión importante. Sí lo es, y muy grande, la ambigua defensa de la propiedad privada como intocable y también la estipulación de que cuando se vote cuál será la dimensión máxima de los latifundios –si 5 mil o 10 mil hectáreas– los latifundios actualmente existentes no serán afectados y, además, no se tocarán las tierras que no sean absolutamente improductivas, de modo que bastará tener en un enorme latifundio diez vacas pastando y un boyero para que aquél cumpla una “función social” y no pueda ser dividido para dar tierra a los campesinos.
El acuerdo saca el conflicto del terreno del enfrentamiento entre los movimientos sociales y las clases dominantes y lo lleva al del conflicto entre los partidos, en las instituciones, al del conflicto interburgués. Es cierto que el mismo fue posible por la presión enorme de los movimientos sociales, incluso de los que, como la COB, critican por la izquerda o la ultraizquierda al gobierno, y por el cerco de todos ellos al Parlamento, pero fue éste el que decidió y no una victoria de los movimientos sobre los prefectos semifascistas ni de una de éstos sobre aquéllos. Es temprano para gritar que la revolución se institucionaliza, pero no para advertir que la Constitución no refunda Bolivia y no es más que un paso importante en ese largo camino.
* * *
En Argentina, el gobierno estatizó las Afore locales (las AFJP). Los bancos españoles (Santander, BBVA, sobre todo) y de otros países que lucraban a costa de los fondos de pensiones, chillan como cerdos desollados. Además, como en un mercado chico como el argentino esas Afore eran fuertes operadoras, la bolsa se derrumbó y, como después de la estatización de Aerolíneas Argentinas y de las AFJP, podría venir la restatización de grandes negocios dados a los privados, como la telefonía o el petróleo, también chillan y se asustan los capitalistas españoles de Repsol y de Telefónica. Hay por eso una enorme campaña de prensa internacional, con la CNN a la cabeza, contra la decisión correcta del gobierno argentino de acabar con el modelo impuesto a Chile tras el golpe sangriento de Pinochet e imitado por todos los neoliberales.
Es que el gobierno argentino defiende a los jubilados y considera que la jubilación –como la escuela o la sanidad– es un derecho, el derecho a una vejez digna, y no algo que sólo puede conseguir en el mercado quien pueda pagársela. Las AFJP, que movían 30 mil millones de dólares y cobraron 13 mil millones en comisiones, están siendo sometidas a investigación judicial por presuntas estafas y, además, tienen prohibido jugar en bolsa. No sólo el gobierno defiende un derecho sino que pone fin a un racket, a un grupo de delincuentes que se forran en España con sus ingresos ilegítimos y para nada bancarios en Argentina y en otros países latinoamericanos. Hasta aquí no hay nada que objetar y la brutal campaña mediática y de la oposición no hace pie. Pero habrá que controlar de cerca el uso de los fondos estatales de pensiones y de los cinco mil millones de dólares anuales que dejan de ganancia. Porque la caída del precio del petróleo dará menor disponibilidad a Venezuela para comprar bonos argentinos, que además se devalúan, Argentina recaudará menos impuestos y sus ingresos por exportaciones serán menores, los subsidios a los servicios públicos serán más caros y los planes para dar trabajo exigirán grandes sumas, de modo que el gobierno se podría ver tentado a echar mano a esta nueva caja para pagar vencimientos de la deuda externa o para fines sociales justos pero sospechosos, porque toda obra pública en un periodo prelectoral lo es. Los trabajadores en actividad y los jubilados, y no sólo las oficinas estatales, deberían, por tanto, controlar que los fondos para las jubilaciones ni se jueguen en la especulación bursátil ni vayan al bolsillo del gobierno como si fueran una caja chica del mismo.
sábado, 25 de octubre de 2008
Boletín # 71
¡QUÉ RÁPIDO AFLORÓ LA REALIDAD!
Una posición se promueve con eficacia cuando se sustenta en argumentos.
Los que piensan de buena fe que nuestro reclamo por perfeccionar la reforma petrolera con el añadido que proponemos es una manifestación de intransigencia, tendrán la oportunidad de revisar su criterio a partir de un texto dirigido a los mexicanos suscrito por Andrés Manuel López Obrador (adjunto).
¡Qué rápido afloró la realidad!
Zacatecas, Zac. 25 de octubre de 2008
Consejo Zacatecano para la Defensa del Petróleo
Una posición se promueve con eficacia cuando se sustenta en argumentos.
Los que piensan de buena fe que nuestro reclamo por perfeccionar la reforma petrolera con el añadido que proponemos es una manifestación de intransigencia, tendrán la oportunidad de revisar su criterio a partir de un texto dirigido a los mexicanos suscrito por Andrés Manuel López Obrador (adjunto).
¡Qué rápido afloró la realidad!
Zacatecas, Zac. 25 de octubre de 2008
Consejo Zacatecano para la Defensa del Petróleo
Al Pueblo de México.
A todos los defensores del petróleo:
Amigas y amigos:
El día de ayer, en la columna Capitanes, de la sección Negocios del periódico Reforma, bajo la responsabilidad editorial de ese diario, se da a conocer una información que deja al descubierto la gran trampa “escondida” en la reforma petrolera aprobada en el Senado de la República.
El texto es el siguiente:
“PETROLERAS PENDIENTES
“Calladas, pero cabildeando. Así andan las huestes de grandes petroleras, como Shell, Exxon Mobil, Petrobras, Statoil Hydro y hasta Chevron.
“Aunque no han fijado una postura abiertamente, está claro que no descartaron de facto su posible intervención en la producción de hidrocarburos bajo las reglas de la reformita petrolera que ya pasó el Senado.
“La primera tarea que encargaron a su equipo en México está en manos de firmas de abogados locales, agremiados en la Asociación Mexicana de Derecho Energético, que preside Tomás Mueller Gastell.
“Su misión: interpretar los esquemas contractuales que detonarán los cambios realizados a la Ley Reglamentaria del 27 constitucional en el ramo petrolero.
“La segunda tarea está en manos de las áreas de desarrollo de negocios.
“Estas analizan la conveniencia de entrar a las nuevas opciones que dará Pemex, bajo la modalidad legal de contratos de servicio.
“Antes de eso falta un último paso.
“Ahora que las leyes están casi planchadas, sigue el reglamento de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
“Esta decidirá sobre la asignación de bloques para la exploración y producción de hidrocarburos, el tiempo de adjudicación mediante contratos de servicios y las medidas para la asignación de incentivos económicos.
“Así que las extranjeras no pierden de vista el proceso, pues no descartan que pese a la “reforma chiquita” al final todavía puede salir algún negocio interesante.”
Ante esta evidencia, ¿qué dirán ahora nuestros detractores?; ¿se atreverán a reconocer con honestidad que nos asiste la razón? Digan lo que digan, actúen como actúen, lo cierto es que la verdad, como la esperanza, es una fuerza muy poderosa.
Andrés Manuel López Obrador
Presidente Legítimo de México
viernes, 24 de octubre de 2008
Opinión de Luis Javier Garrido en La Jornada
La contrarreforma
La crisis general del país se está agravando notablemente al iniciarse la aprobación de la contrarreforma petrolera que busca despojar a la nación del principal de sus recursos estratégicos.
1. La contrarreforma privatizadora en materia energética de Felipe Calderón y los priístas salinistas, que ayer se empezó a aprobar en fast track en una sesión ilegal del Senado de la República que se llevó a cabo en una Torre del Caballito resguardada por las fuerzas armadas del Ejecutivo de facto, que amedrentaron y sometieron a los senadores de oposición como en cualquier régimen dictatorial latinoamericano, es anticonstitucional y contraria a los intereses de México, pues pretende “legalizar”, en contra del mandato de la Constitución, los contratos con las multinacionales y conferirle a Pemex un régimen de excepción y al Ejecutivo atribuciones metaconstitucionales y al margen de cualquier control, para poder desmantelar la industria petrolera mexicana y entregar el control de la principal riqueza de México al capital extranjero.
2. La forma en materia parlamentaria es también fondo, y la aprobación al vapor y a ciegas que hicieron los senadores en una sesión ignominiosa efectuada en un local alterno y en estado de sitio, de una contrarreforma que la mayoría desconocía, pues no tuvo manera de conocerla con anticipación, deslegitima por completo la intentona entreguista. Los siete dictámenes fueron votados con una premura que sólo refleja la prisa de Calderón por rendirle cuentas a la agonizante administración de Bush, que envió a México a su secretaria de Estado, Condoleezza Rice, a exigirle cuentas. A nadie puede extrañar, por lo mismo, que en menos de cinco horas los senadores aprobaran cuerpos legales que no se leyeron y sin que mediara discusión alguna, cuyo único fin es echar atrás la expropiación petrolera decretada en 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas.
3. En un país que atraviesa por una grave crisis política y social, agravada por la crisis internacional derivada del fracaso del modelo neoliberal, la “clase política” mexicana y su pelele han impulsado con profunda miopía una contrarreforma histórica que busca desmantelar a la nación, ignorando que hay una sociedad en movimiento que va a seguir tratando de impedirles en los próximos meses que hagan el negocio del siglo.
4. El paquete de adiciones y enmiendas legales no entraña únicamente un peligro grave para México, que es el de autorizar al gobierno la licitación de áreas completas a empresas extranjeras para realizar trabajos de exploración y producción (como han exigido para las aguas profundas del Golfo), punto que suscitó la iniciación ayer mismo del Movimiento de Resistencia Pacífica encabezado por Andrés Manuel López Obrador, sino que en su conjunto es atentatorio para México. Todas estas leyes, por la vía de las lagunas o de las vaguedades, abren mañosamente más la vía para el contratismo y la penetración de las trasnacionales en un marco permisivo sustentado en el principio, que también contradice a la Constitución, de que “hay áreas que no son estratégicas en materia de hidrocarburos”.
5. Una reforma legal debe entenderse por sus orientaciones fundamentales y enmiendas en materia petrolera de 2008, que el régimen espurio pretende imponer. Buscan a) ampliar las vías en la legislación secundaria para que las multinacionales se apoderen con menores obstáculos de recursos estratégicos de México, y b) otorgar al Ejecutivo atribuciones metaconstitucionales para dividir y desmantelar a Pemex otorgando los contratos ilegales sin fiscalización alguna.
6. La mecánica entreguista es muy burda, pues supone permitir en la legislación secundaria lo que está expresamente prohibido en la Constitución General de la República: los contratos con las multinacionales. El párrafo sexto del artículo 27 establece que “tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado”, y las leyes que ayer aprobaron los senadores no hacen más que reglamentar un sinnúmero de contratos (a pesar de que éstos son anticonstitucionales), en la mira de fortalecer una situación de facto que ya existe.
7. En la historia legislativa de México ningún paquete de iniciativas legales ha sido tan debatido como el intento de contrarreforma petrolera de Felipe Calderón de 2008, secundado por el PRI, que determinó más de seis meses de mesas en el Senado y de debates en el país y, por lo mismo, resulta una burla a los mexicanos que, de espaldas y contra la nación, las cámaras legislativas aprueben ahora con un mecanismo de fast track un proyecto distinto, que ayer ni siquiera se había terminado de redactar, y en el que se mantienen los mecanismos privatizadores contrarios a la Constitución, que determinaron en abril el surgimiento de la inconformidad, fundamentalmente los contratos y la discrecionalidad e impunidad del Ejecutivo para desmantelar la paraestatal, todo ello encubierto con una propaganda descomunal tendiente a engañar a los mexicanos, y que ha sido el aspecto más despreciable de esta nueva contrarreforma.
8. La principal mentira que se ha repetido hasta la saciedad es que esta versión de la contrarreforma petrolera, que maldisfraza sus objetivos, es menos lesiva y/o privatizadora que las iniciativas burdamente privatizadoras de Calderón del 8 de abril o de Beltrones del 23 de julio, pues las tres conducen a lo mismo: a abrir vías seudolegales (y anticonstitucionales) para entregar lo que resta de ese recurso estratégico de México a las trasnacionales.
9. Los acuerdos de las cúpulas partidistas de estos meses no trajeron más que un profundo malestar ciudadano, al constatar el nivel de corrupción tanto de muchos académicos e intelectuales como de los legisladores de todos los partidos, y en particular de buen número de senadores del PRD, que por turbias maquinaciones prefirieron crear un escenario de simulación antes que defender los intereses de la nación.
10. La legislación aprobada aún no entra en vigor, pues falta que sea aprobada por los diputados, y es evidente que será impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero desde ahora resulta claro que ha abierto aún más la brecha entre la “clase política” y los mexicanos, y que esto va a tener consecuencias determinantes para el país.
La crisis general del país se está agravando notablemente al iniciarse la aprobación de la contrarreforma petrolera que busca despojar a la nación del principal de sus recursos estratégicos.
1. La contrarreforma privatizadora en materia energética de Felipe Calderón y los priístas salinistas, que ayer se empezó a aprobar en fast track en una sesión ilegal del Senado de la República que se llevó a cabo en una Torre del Caballito resguardada por las fuerzas armadas del Ejecutivo de facto, que amedrentaron y sometieron a los senadores de oposición como en cualquier régimen dictatorial latinoamericano, es anticonstitucional y contraria a los intereses de México, pues pretende “legalizar”, en contra del mandato de la Constitución, los contratos con las multinacionales y conferirle a Pemex un régimen de excepción y al Ejecutivo atribuciones metaconstitucionales y al margen de cualquier control, para poder desmantelar la industria petrolera mexicana y entregar el control de la principal riqueza de México al capital extranjero.
2. La forma en materia parlamentaria es también fondo, y la aprobación al vapor y a ciegas que hicieron los senadores en una sesión ignominiosa efectuada en un local alterno y en estado de sitio, de una contrarreforma que la mayoría desconocía, pues no tuvo manera de conocerla con anticipación, deslegitima por completo la intentona entreguista. Los siete dictámenes fueron votados con una premura que sólo refleja la prisa de Calderón por rendirle cuentas a la agonizante administración de Bush, que envió a México a su secretaria de Estado, Condoleezza Rice, a exigirle cuentas. A nadie puede extrañar, por lo mismo, que en menos de cinco horas los senadores aprobaran cuerpos legales que no se leyeron y sin que mediara discusión alguna, cuyo único fin es echar atrás la expropiación petrolera decretada en 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas.
3. En un país que atraviesa por una grave crisis política y social, agravada por la crisis internacional derivada del fracaso del modelo neoliberal, la “clase política” mexicana y su pelele han impulsado con profunda miopía una contrarreforma histórica que busca desmantelar a la nación, ignorando que hay una sociedad en movimiento que va a seguir tratando de impedirles en los próximos meses que hagan el negocio del siglo.
4. El paquete de adiciones y enmiendas legales no entraña únicamente un peligro grave para México, que es el de autorizar al gobierno la licitación de áreas completas a empresas extranjeras para realizar trabajos de exploración y producción (como han exigido para las aguas profundas del Golfo), punto que suscitó la iniciación ayer mismo del Movimiento de Resistencia Pacífica encabezado por Andrés Manuel López Obrador, sino que en su conjunto es atentatorio para México. Todas estas leyes, por la vía de las lagunas o de las vaguedades, abren mañosamente más la vía para el contratismo y la penetración de las trasnacionales en un marco permisivo sustentado en el principio, que también contradice a la Constitución, de que “hay áreas que no son estratégicas en materia de hidrocarburos”.
5. Una reforma legal debe entenderse por sus orientaciones fundamentales y enmiendas en materia petrolera de 2008, que el régimen espurio pretende imponer. Buscan a) ampliar las vías en la legislación secundaria para que las multinacionales se apoderen con menores obstáculos de recursos estratégicos de México, y b) otorgar al Ejecutivo atribuciones metaconstitucionales para dividir y desmantelar a Pemex otorgando los contratos ilegales sin fiscalización alguna.
6. La mecánica entreguista es muy burda, pues supone permitir en la legislación secundaria lo que está expresamente prohibido en la Constitución General de la República: los contratos con las multinacionales. El párrafo sexto del artículo 27 establece que “tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado”, y las leyes que ayer aprobaron los senadores no hacen más que reglamentar un sinnúmero de contratos (a pesar de que éstos son anticonstitucionales), en la mira de fortalecer una situación de facto que ya existe.
7. En la historia legislativa de México ningún paquete de iniciativas legales ha sido tan debatido como el intento de contrarreforma petrolera de Felipe Calderón de 2008, secundado por el PRI, que determinó más de seis meses de mesas en el Senado y de debates en el país y, por lo mismo, resulta una burla a los mexicanos que, de espaldas y contra la nación, las cámaras legislativas aprueben ahora con un mecanismo de fast track un proyecto distinto, que ayer ni siquiera se había terminado de redactar, y en el que se mantienen los mecanismos privatizadores contrarios a la Constitución, que determinaron en abril el surgimiento de la inconformidad, fundamentalmente los contratos y la discrecionalidad e impunidad del Ejecutivo para desmantelar la paraestatal, todo ello encubierto con una propaganda descomunal tendiente a engañar a los mexicanos, y que ha sido el aspecto más despreciable de esta nueva contrarreforma.
8. La principal mentira que se ha repetido hasta la saciedad es que esta versión de la contrarreforma petrolera, que maldisfraza sus objetivos, es menos lesiva y/o privatizadora que las iniciativas burdamente privatizadoras de Calderón del 8 de abril o de Beltrones del 23 de julio, pues las tres conducen a lo mismo: a abrir vías seudolegales (y anticonstitucionales) para entregar lo que resta de ese recurso estratégico de México a las trasnacionales.
9. Los acuerdos de las cúpulas partidistas de estos meses no trajeron más que un profundo malestar ciudadano, al constatar el nivel de corrupción tanto de muchos académicos e intelectuales como de los legisladores de todos los partidos, y en particular de buen número de senadores del PRD, que por turbias maquinaciones prefirieron crear un escenario de simulación antes que defender los intereses de la nación.
10. La legislación aprobada aún no entra en vigor, pues falta que sea aprobada por los diputados, y es evidente que será impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero desde ahora resulta claro que ha abierto aún más la brecha entre la “clase política” y los mexicanos, y que esto va a tener consecuencias determinantes para el país.
Boletín # 70
CON MÁS ÁNIMO QUE NUNCA LA LUCHA CONTINUA
Durante la jornada legislativa de ayer en el Senado de la República, nuestro movimiento hizo patente la inconformidad con el artículo cinco de la Ley Reglamentaria del 27 constitucional.
Nuestra propuesta para salvar la diferencia era un añadido de unas cuantas palabras: "las contrataciones de obras y servicios de explotación y exploración que realice PEMEX con particulares no podrán otorgar áreas exclusivas para el desarrollo de los trabajos a un mismo proveedor".
Una vez aprobados los dictámenes en la Cámara de Senadores, es menester expresar puntualmente nuestra postura:
a) La reforma contenida en los siete dictámenes tiene nuestro apoyo genérico, pero no nuestro apoyo absoluto.
b) No estamos en una posición de todo o nada. Prueba de ello es que, muy a nuestro pesar, y concientes de que en eso la inmensa mayoría está de acuerdo con nosotros, esta reforma incrementa la desmesurada participación en PEMEX de uno de los liderazgos sindicales más repudiados del país: el liderazgo petrolero, a quien se le conceden cinco lugares en el consejo directivo. Aún así avalamos la reforma.
c) La reforma incluye los bonos ciudadanos también contrarios a la visión que tenemos de lo que debe ser el financiamiento de la actividad petrolera, aún así avalamos la reforma. No sólo reconocemos que en dicha reforma se recogen muchas propuestas importantes de nuestro movimiento, y nos sentimos profundamente satisfechos porque ello es fruto del esfuerzo de miles y miles de mexicanos que repartieron volantes, mandaron correos electrónicos, organizaron foros de análisis, acudieron a ejidos y comunidades lejanas llevando su mensaje esclarecedor, y participaron en las diferentes modalidades de movilización que se produjeron a lo largo y ancho del país.
d) También son frutos de la ética periodista de los que durante el proceso de resistencia han informado a la opinión pública con profesionalismo y veracidad.
e) No creemos en la auto exaltación, ni en la glorificación de lo logrado si esto implica engañar a la sociedad haciéndole creer que ya no hay riesgos, y que ya vacunamos a la empresa contra la corrupción.
Lo hasta aquí expuesto, sirve de fundamento para convocar a los mexicanos a continuar en la lucha por transformar este país en un país con soberanía sobre sus recursos naturales, con justicia social, y con democracia de a de veras en la toma de las decisiones de interés público.
Convocamos a seguir desarrollando nuestra capacidad de análisis para dejar de ser público cautivo de quienes desde los medios de comunicación, Injurian a una parte para ensalzar a la otra, sin siquiera tomarse el trabajo de leer los dictámenes en cuestión.
Es impresionante escuchar o leer juicios de individuos que ni leyeron los dictámenes, ni siguieron el curso de los debates. Pero que se atreven a opinar como si supieran de lo que hablan.
Convocamos a todos los zacatecanos que les sea posible, a concentrarse el próximo domingo en el zócalo de la Ciudad de México a las once de la mañana, y a los que quieren ir, pero no pueden, los convocamos para que sigan luchando palmo a palmo porque la batalla es en todo el territorio nacional, batalla de ideas que debe hacerse presente en todos los ámbitos sociales.
Equipados con el optimismo que proviene de los avances logrados, continuemos nuestra lucha.
Exhortamos a todos los integrantes de nuestras redes informativas a hacer un esfuerzo por la ampliación de las mismas; su eficacia va en aumento.
Zacatecas, Zac. 24 de octubre de 2008
Consejo Zacatecano para la Defensa del Petróleo
Durante la jornada legislativa de ayer en el Senado de la República, nuestro movimiento hizo patente la inconformidad con el artículo cinco de la Ley Reglamentaria del 27 constitucional.
Nuestra propuesta para salvar la diferencia era un añadido de unas cuantas palabras: "las contrataciones de obras y servicios de explotación y exploración que realice PEMEX con particulares no podrán otorgar áreas exclusivas para el desarrollo de los trabajos a un mismo proveedor".
Una vez aprobados los dictámenes en la Cámara de Senadores, es menester expresar puntualmente nuestra postura:
a) La reforma contenida en los siete dictámenes tiene nuestro apoyo genérico, pero no nuestro apoyo absoluto.
b) No estamos en una posición de todo o nada. Prueba de ello es que, muy a nuestro pesar, y concientes de que en eso la inmensa mayoría está de acuerdo con nosotros, esta reforma incrementa la desmesurada participación en PEMEX de uno de los liderazgos sindicales más repudiados del país: el liderazgo petrolero, a quien se le conceden cinco lugares en el consejo directivo. Aún así avalamos la reforma.
c) La reforma incluye los bonos ciudadanos también contrarios a la visión que tenemos de lo que debe ser el financiamiento de la actividad petrolera, aún así avalamos la reforma. No sólo reconocemos que en dicha reforma se recogen muchas propuestas importantes de nuestro movimiento, y nos sentimos profundamente satisfechos porque ello es fruto del esfuerzo de miles y miles de mexicanos que repartieron volantes, mandaron correos electrónicos, organizaron foros de análisis, acudieron a ejidos y comunidades lejanas llevando su mensaje esclarecedor, y participaron en las diferentes modalidades de movilización que se produjeron a lo largo y ancho del país.
d) También son frutos de la ética periodista de los que durante el proceso de resistencia han informado a la opinión pública con profesionalismo y veracidad.
e) No creemos en la auto exaltación, ni en la glorificación de lo logrado si esto implica engañar a la sociedad haciéndole creer que ya no hay riesgos, y que ya vacunamos a la empresa contra la corrupción.
Lo hasta aquí expuesto, sirve de fundamento para convocar a los mexicanos a continuar en la lucha por transformar este país en un país con soberanía sobre sus recursos naturales, con justicia social, y con democracia de a de veras en la toma de las decisiones de interés público.
Convocamos a seguir desarrollando nuestra capacidad de análisis para dejar de ser público cautivo de quienes desde los medios de comunicación, Injurian a una parte para ensalzar a la otra, sin siquiera tomarse el trabajo de leer los dictámenes en cuestión.
Es impresionante escuchar o leer juicios de individuos que ni leyeron los dictámenes, ni siguieron el curso de los debates. Pero que se atreven a opinar como si supieran de lo que hablan.
Convocamos a todos los zacatecanos que les sea posible, a concentrarse el próximo domingo en el zócalo de la Ciudad de México a las once de la mañana, y a los que quieren ir, pero no pueden, los convocamos para que sigan luchando palmo a palmo porque la batalla es en todo el territorio nacional, batalla de ideas que debe hacerse presente en todos los ámbitos sociales.
Equipados con el optimismo que proviene de los avances logrados, continuemos nuestra lucha.
Exhortamos a todos los integrantes de nuestras redes informativas a hacer un esfuerzo por la ampliación de las mismas; su eficacia va en aumento.
Zacatecas, Zac. 24 de octubre de 2008
Consejo Zacatecano para la Defensa del Petróleo
jueves, 23 de octubre de 2008
Opinión de Manuel Bartlett en El Universal
Freno a la privatización
La “reforma energética” iniciada por Felipe Calderón está por concluir. Siete dictámenes serán sometidos al pleno del Senado. Después de dos meses de debate en el que se analizó exhaustivamente, por primera vez, la industria petrolera, la discusión se continuó a puerta cerrada en comisiones y después a gran velocidad dictaminaron en sesiones públicas. En las últimas horas se han sucedido nuevas versiones de dichos dictámenes: ¿cuál es el resultado?
El objetivo explícito de la iniciativa del Ejecutivo fue abrir, a través de contratos, la industria petrolera a la inversión extranjera. Frente a esta pretensión se levantó un movimiento popular. Se realizaron foros en universidades, organizaciones sociales, grupos diversos. Participamos en eventos en toda la República ante la avidez de información sobre este tema fundamental para los mexicanos. En todos lados encontramos un indignado rechazo a la entrega del petróleo.
La demanda de información ha sido el producto de la falta deliberada de información; más aún, de la desinformación a través de publicidad y spots engañosos. La prensa internacional anuncia desde hace dos años su añorada apertura a la inversión de las petroleras transnacionales en México. El Grupo de los Ocho, los grandes consumidores, lo reclaman. El hoy vapuleado Fondo Monetario Internacional nos urge a abrir para combatir la crisis, ¿en favor de quién? Así llegamos al desenlace. Quien ganó se pregunta: ¿“minirreforma”, freno a la privatización, cesión mal intencionada?
El senador panista Camarillo afirma que no sabe qué tanto quedó de la iniciativa de Calderón; el senador Labastida protesta por la aprobación silenciosa en la Cámara de Diputados de la Ley Federal de Presupuesto que anula todo lo que en materia de autonomía financiera apunta la reforma energética.
A vuelo de pájaro, encontramos diferencias en lo planteado por Calderón y los dictámenes: se reconoce el mandato constitucional que establece la exclusividad de Pemex en las áreas estratégicas, se mantiene el artículo tercero de la Ley Reglamentaria que define la explotación reservada al Estado en el sentido amplio, desde la extracción hasta la gasolinera; se establecen candados a los contratos.
Por otro lado permanecen, entre otros, los inconstitucionales “bonos ciudadanos”, franca privatización, los consejeros profesionales en el Consejo de Administración de Pemex con facultades exorbitantes. Sin embargo, todos los actores afirman que se frenó el intento privatizador calderonista. ¿Metamorfosis? ¿Y sus compromisos?
Destaca en esta riesgosa coyuntura la respuesta popular, que no existió en otras ocasiones y dejó pasar privatizaciones lesivas. Lo determinante han sido las movilizaciones, la expresión nacionalista, que resistió a la manipulación antinacional, al adoctrinamiento mediático. El pueblo está pendiente, sabe de las apetencias externas, de las prácticas ilegales, su presencia alerta es y será el verdadero freno a la privatización.
mbartlett_diaz@hotmail.com
Ex secretario de Estado
La “reforma energética” iniciada por Felipe Calderón está por concluir. Siete dictámenes serán sometidos al pleno del Senado. Después de dos meses de debate en el que se analizó exhaustivamente, por primera vez, la industria petrolera, la discusión se continuó a puerta cerrada en comisiones y después a gran velocidad dictaminaron en sesiones públicas. En las últimas horas se han sucedido nuevas versiones de dichos dictámenes: ¿cuál es el resultado?
El objetivo explícito de la iniciativa del Ejecutivo fue abrir, a través de contratos, la industria petrolera a la inversión extranjera. Frente a esta pretensión se levantó un movimiento popular. Se realizaron foros en universidades, organizaciones sociales, grupos diversos. Participamos en eventos en toda la República ante la avidez de información sobre este tema fundamental para los mexicanos. En todos lados encontramos un indignado rechazo a la entrega del petróleo.
La demanda de información ha sido el producto de la falta deliberada de información; más aún, de la desinformación a través de publicidad y spots engañosos. La prensa internacional anuncia desde hace dos años su añorada apertura a la inversión de las petroleras transnacionales en México. El Grupo de los Ocho, los grandes consumidores, lo reclaman. El hoy vapuleado Fondo Monetario Internacional nos urge a abrir para combatir la crisis, ¿en favor de quién? Así llegamos al desenlace. Quien ganó se pregunta: ¿“minirreforma”, freno a la privatización, cesión mal intencionada?
El senador panista Camarillo afirma que no sabe qué tanto quedó de la iniciativa de Calderón; el senador Labastida protesta por la aprobación silenciosa en la Cámara de Diputados de la Ley Federal de Presupuesto que anula todo lo que en materia de autonomía financiera apunta la reforma energética.
A vuelo de pájaro, encontramos diferencias en lo planteado por Calderón y los dictámenes: se reconoce el mandato constitucional que establece la exclusividad de Pemex en las áreas estratégicas, se mantiene el artículo tercero de la Ley Reglamentaria que define la explotación reservada al Estado en el sentido amplio, desde la extracción hasta la gasolinera; se establecen candados a los contratos.
Por otro lado permanecen, entre otros, los inconstitucionales “bonos ciudadanos”, franca privatización, los consejeros profesionales en el Consejo de Administración de Pemex con facultades exorbitantes. Sin embargo, todos los actores afirman que se frenó el intento privatizador calderonista. ¿Metamorfosis? ¿Y sus compromisos?
Destaca en esta riesgosa coyuntura la respuesta popular, que no existió en otras ocasiones y dejó pasar privatizaciones lesivas. Lo determinante han sido las movilizaciones, la expresión nacionalista, que resistió a la manipulación antinacional, al adoctrinamiento mediático. El pueblo está pendiente, sabe de las apetencias externas, de las prácticas ilegales, su presencia alerta es y será el verdadero freno a la privatización.
mbartlett_diaz@hotmail.com
Ex secretario de Estado
El Recreo
J. Luis Medina Lizalde
Imagen, Zacatecas
AL PRINCIPIO
El martes por la mañana Tlaltenango se asustó, un operativo del Ejército culminó con algunas detenciones.
Hubo unos cuantos balazos, pero afortunadamente no pasó a mayores a pesar de que los hechos tuvieron lugar en pleno centro de Tlaltenango y en las inmediaciones de una escuela repleta de niños.
El fin de semana en Ojocaliente también hubo nervios.
Los pobladores vieron broncas, líos, escucharon balazos, y las autoridades siguen sin idea de lo que hay que hacer, ya no para dar soluciones, sino para dar explicaciones.
El silencio es su refugio.
UN CALDO MUCHO MÁS CARO QUE LAS ALBÓNDIGAS
Tiene razón Cuauhtémoc Calderón Galván al enojarse por la filtración de los resultados de la auditoría practicada por el órgano fiscalizador dependiente de la Legislatura.
Mientras no concluya el procedimiento, lo ampara la presunción de inocencia a él y a su equipo.
Pero el documento es demoledor.
Y más le conviene a Calderón y a su equipo concentrarse en responder a las observaciones dentro del plazo fatal de 20 días a partir de la notificación.
La Auditoría Superior del Estado le da la razón en todo al grupo de regidores que denunció el caso de las luminarias.
Según los auditores, el arrendamiento resultó infinitamente más costoso (mucho más del doble) que la adquisición en propiedad de dichas luminarias.
Debió haber y no hubo licitación pública.
Se firmó dicho contrato un 7 de febrero del año en curso, y el 15 de este mismo mes y año arranca el proceso formal con la reunión del Comité de adquisiciones para lograr la autorización de un contrato que para ese momento ya estaba firmado.
Se firmó un acta de entrega-recepción de los materiales para alumbrado público depositándolos en un domicilio que a la hora de ser inspeccionado resultó ser una casa deshabitada en Tlalnepantla, Estado de México.
Si quedan en pie éstas y otras irregularidades -que por falta de espacio no consignamos-, una vez transcurridos los 20 días que la ley le otorga a los funcionarios involucrados, hay elementos que conducen el caso al Ministerio Público, sobre todo para aclarar el papel que en esto juegan los empresarios que suscribieron un contrato de arrendamiento en donde se despachan con la cuchara grande en perjuicio de las finanzas públicas del ayuntamiento capitalino.
¿JUVENTUD
EMPRENDEDORA?
Según el documento que obra en nuestro poder, les resulta responsabilidad, en distinto grado al presidente municipal, al secretario de Gobierno municipal, al tesorero, al director de Obras y Servicios Públicos municipales, al jefe de Departamento de Alumbrado Público, a la síndico municipal y al contralor.
Todos jóvenes, y unos en el PAN, otros en el PRI, uno en el PRD y otro más en el PANAL.
Buen trabajo de la auditoría y de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.
A simple vista, pareciera que las instituciones sí funcionan, y que los ciudadanos de la capital somos beneficiarios, en este caso concreto, de la pluralidad y la alternancia.
Pero lo que ha sido visible es que la lucha del grupo plural de regidores ha sido a contra-corriente y que, gracias a que han apretado, el caso avanza.
Cuando uno se acuerda del pemexgate y la impunidad de Romero Deschamps y compañía, no tiene más opción que desconfiar.
Y cuando recordamos el tratamiento al caso de los uniformes piratas -mucho menos complejo que el que nos ocupa-, aparece el fantasma de la neutralización política de la ley.
Ojalá que este grupo de jóvenes servidores públicos al final resulte más inexperto que voraz.
Ojalá que la sociedad sea satisfecha con un puntual deslinde de responsabilidades y una impecable aplicación de la ley.
Lo peor del sistema político no es que sea corrupto, lo peor de todo es que es corruptor.
AL ÚLTIMO
Mi comentario sobre la legalización de la marihuana me acarreó una airada réplica de un entrañable amigo, de ésos que sostienen que la marihuana no genera adicción, y qué mejor prueba que él mismo -dice-, que tiene 35 años fumándola y no se le ha hecho vicio.
Invocó la prohibición del alcohol en los Estados Unidos y su progenie delincuencial.
En contraste con Holanda, país que no tiene delincuencia organizada gracias, según su convicción, a que está legalizada la marihuana.
Yo reitero mis reservas, pero convengo con mi amigo en la pertinencia de un debate a fondo.
Imagen, Zacatecas
AL PRINCIPIO
El martes por la mañana Tlaltenango se asustó, un operativo del Ejército culminó con algunas detenciones.
Hubo unos cuantos balazos, pero afortunadamente no pasó a mayores a pesar de que los hechos tuvieron lugar en pleno centro de Tlaltenango y en las inmediaciones de una escuela repleta de niños.
El fin de semana en Ojocaliente también hubo nervios.
Los pobladores vieron broncas, líos, escucharon balazos, y las autoridades siguen sin idea de lo que hay que hacer, ya no para dar soluciones, sino para dar explicaciones.
El silencio es su refugio.
UN CALDO MUCHO MÁS CARO QUE LAS ALBÓNDIGAS
Tiene razón Cuauhtémoc Calderón Galván al enojarse por la filtración de los resultados de la auditoría practicada por el órgano fiscalizador dependiente de la Legislatura.
Mientras no concluya el procedimiento, lo ampara la presunción de inocencia a él y a su equipo.
Pero el documento es demoledor.
Y más le conviene a Calderón y a su equipo concentrarse en responder a las observaciones dentro del plazo fatal de 20 días a partir de la notificación.
La Auditoría Superior del Estado le da la razón en todo al grupo de regidores que denunció el caso de las luminarias.
Según los auditores, el arrendamiento resultó infinitamente más costoso (mucho más del doble) que la adquisición en propiedad de dichas luminarias.
Debió haber y no hubo licitación pública.
Se firmó dicho contrato un 7 de febrero del año en curso, y el 15 de este mismo mes y año arranca el proceso formal con la reunión del Comité de adquisiciones para lograr la autorización de un contrato que para ese momento ya estaba firmado.
Se firmó un acta de entrega-recepción de los materiales para alumbrado público depositándolos en un domicilio que a la hora de ser inspeccionado resultó ser una casa deshabitada en Tlalnepantla, Estado de México.
Si quedan en pie éstas y otras irregularidades -que por falta de espacio no consignamos-, una vez transcurridos los 20 días que la ley le otorga a los funcionarios involucrados, hay elementos que conducen el caso al Ministerio Público, sobre todo para aclarar el papel que en esto juegan los empresarios que suscribieron un contrato de arrendamiento en donde se despachan con la cuchara grande en perjuicio de las finanzas públicas del ayuntamiento capitalino.
¿JUVENTUD
EMPRENDEDORA?
Según el documento que obra en nuestro poder, les resulta responsabilidad, en distinto grado al presidente municipal, al secretario de Gobierno municipal, al tesorero, al director de Obras y Servicios Públicos municipales, al jefe de Departamento de Alumbrado Público, a la síndico municipal y al contralor.
Todos jóvenes, y unos en el PAN, otros en el PRI, uno en el PRD y otro más en el PANAL.
Buen trabajo de la auditoría y de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.
A simple vista, pareciera que las instituciones sí funcionan, y que los ciudadanos de la capital somos beneficiarios, en este caso concreto, de la pluralidad y la alternancia.
Pero lo que ha sido visible es que la lucha del grupo plural de regidores ha sido a contra-corriente y que, gracias a que han apretado, el caso avanza.
Cuando uno se acuerda del pemexgate y la impunidad de Romero Deschamps y compañía, no tiene más opción que desconfiar.
Y cuando recordamos el tratamiento al caso de los uniformes piratas -mucho menos complejo que el que nos ocupa-, aparece el fantasma de la neutralización política de la ley.
Ojalá que este grupo de jóvenes servidores públicos al final resulte más inexperto que voraz.
Ojalá que la sociedad sea satisfecha con un puntual deslinde de responsabilidades y una impecable aplicación de la ley.
Lo peor del sistema político no es que sea corrupto, lo peor de todo es que es corruptor.
AL ÚLTIMO
Mi comentario sobre la legalización de la marihuana me acarreó una airada réplica de un entrañable amigo, de ésos que sostienen que la marihuana no genera adicción, y qué mejor prueba que él mismo -dice-, que tiene 35 años fumándola y no se le ha hecho vicio.
Invocó la prohibición del alcohol en los Estados Unidos y su progenie delincuencial.
En contraste con Holanda, país que no tiene delincuencia organizada gracias, según su convicción, a que está legalizada la marihuana.
Yo reitero mis reservas, pero convengo con mi amigo en la pertinencia de un debate a fondo.
Astillero
Julio Hernández López
La Jornada
■ Riesgos claros
■ Interpretaciones futuras
■ Privatizaciones sesgadas
No había razones para hablar de victoria desbordada. Las enmiendas petroleras en ruta de aprobación legislativa contienen las suficientes lagunas, imprecisiones y ambigüedades como para que en el momento deseado se produzcan interpretaciones a conveniencia, privatizaciones disfrazadas (menores a las pretendidas por Calderón-Mouriño), y negocios de alta corrupción a cargo de un Pemex al que ciertamente se salvaguardó de los originales propósitos de magna apertura a los capitales privados, sobre todo al extranjero, pero que seguirá estando disponible como pastel fiscalmente fortalecido para que la intocada dirigencia sindical petrolera siga haciendo fortuna sin castigo y para que los operadores formales de ese negocio energético continúen repartiendo tajadas que en su momento sabrán acomodar jurídica y administrativamente al nuevo marco legal “triunfador”.
De las muy serias dudas y reticencias dieron cuenta algunos asistentes a la reunión nocturna que en presencia de López Obrador realizaron el martes en un salón hotelero de la ciudad de México los intelectuales y técnicos que apoyan la lucha defensora del petróleo. Profundamente conocedores de la manera en que “el sistema” puede retorcer la letra legal para acomodarla a los propósitos supuestamente vetados por esas normas, Manuel Bartlett y Porfirio Muñoz Ledo llamaron a no echar campanas al vuelo. Otras objeciones fueron planteadas por el constitucionalista Jaime Cárdenas, y la ingeniera María Fernanda Campa también hizo observaciones interesantes. Otros miembros del grupo se quedaron con reticencias luego desahogadas en privado.
El globo de victoria extrema que algunos interesados habían inflado con propósitos tóxicos en horas anteriores también vio disminuir su tamaño y brillo a la hora del acto público de ayer, en el Hemiciclo a Juárez. A pesar del asomo optimista expresado el martes por algunos de los miembros del comité asesor del FAP para la reforma petrolera (texto que no será firmado por otros de ellos, por considerar que el tono rebasa los logros alcanzados), la lectura hecha ayer por el embajador Navarrete (Jorge Eduardo, no el senatorial representante diplomático del gobierno de Calderón) dejó también constancia de las insuficiencias y riesgos contenidos en las propuestas de “reforma”. El ingeniero Rodolfo Ocampo, uno de los especialistas en petróleo que asesoraron al movimiento de resistencia, advirtió de riesgos y recordó las muchas promesas incumplidas por el nuevo innombrable en asambleas públicas, el licenciado F.C. Luego, el senador Pablo Gómez, al dar cuenta de lo mucho que se consiguió, cerró su discurso mencionando que el movimiento debe seguir “alerta y en pie de lucha para frustrar los intentos privatizadores que pueden manifestarse tanto en las etapas restantes del proceso legislativo (…) como más adelante”.
Frente a un panorama de logros indudables pero también de riesgos bien claros, López Obrador recurrió a la instalación de 100 urnas en algunos pasillos de la Alameda Central capitalina, para que todo aquel que así lo quisiera, sin requisito alguno de identificación personal o política, manifestara su deseo de quedarse con lo conseguido o dar un paso al frente para presionar por más. El tabasqueño hizo promesa pública de respetar los resultados y asumirlos sinceramente. Antes había relatado con sobriedad lo que se había logrado, habló de la necesidad de que el movimiento continúe, sobre todo para ejercer una especie de contraloría ciudadana (del voto por voto, ahora se pasaría a la supervisión de “contrato por contrato, obra por obra”), y derivó una parte de su intervención a lo que debe entenderse como la siguiente fase de ese movimiento: la lucha por la defensa de la economía popular. El ex candidato presidencial exigió que sean congelados los precios de varios productos básicos y advirtió que ante la debacle calderonista, “nosotros tenemos que seguir gobernando, desde abajo y con el pueblo”.
El dilema de parar o seguir fue transferido por AMLO a la colectividad. A la hora de redactar esta columna formaban filas, para votar, los asistentes a la reunión decisoria del movimiento de defensa del petróleo realizada en el Hemiciclo a Juárez. El resultado de esas voluntades, que se expresarían en 100 urnas, bajo la coordinación de Octavio Romero y los responsables de diversas brigadas y comités, sería tomado por Andrés Manuel López Obrador para continuar el discurso que había interrumpido para declarar un peculiar receso electoral. Nada se escribe aquí hoy sobre ese tramo porque la columna fue redactada justamente durante esa pausa.
Por lo pronto, más allá de lo que haya decidido la votación nocturna, ha de señalarse que ayer mismo cedió el envenenado triunfalismo y se asumió lo conseguido en la defensa del petróleo como un paso adelante, con logros ciertos y un genérico freno a los apetitos privatizadores, pero al mismo tiempo, como un terreno sembrado de riesgos previsibles de interpretación, es decir, una victoria parcial, condicionada y reversible si en el entramado legal por aprobarse legislativamente se mantienen las parcelas de la letra chiquita tramposa e incluso de las imprecisiones, lagunas y frases tendenciosas que, sin duda, abren el camino a venideras decisiones “esclarecedoras”, a cargo de un consejo de administración de Pemex donde la corrupta dirigencia sindical petrolera seguirá haciendo negocios particulares y donde los poderes fácticos tendrán facultades para definir el camino por donde corran los dineros petroleros. Nada de triunfo para salir a festejar a las calles y declarar día de fiesta nacional: contratismo y corrupción seguirán bajo etiquetas distintas, el PRI tendrá cauces para configurar más adelante alguna variante de las empresas filiales supuestamente rechazadas, habrá sujeción de ciertas operaciones mercantiles a jurisdicciones internacionales y se mantendrán opciones interpretativas para que Pemex siga siendo negocio privado en rubros importantes. ¡Hasta mañana!
La Jornada
■ Riesgos claros
■ Interpretaciones futuras
■ Privatizaciones sesgadas
No había razones para hablar de victoria desbordada. Las enmiendas petroleras en ruta de aprobación legislativa contienen las suficientes lagunas, imprecisiones y ambigüedades como para que en el momento deseado se produzcan interpretaciones a conveniencia, privatizaciones disfrazadas (menores a las pretendidas por Calderón-Mouriño), y negocios de alta corrupción a cargo de un Pemex al que ciertamente se salvaguardó de los originales propósitos de magna apertura a los capitales privados, sobre todo al extranjero, pero que seguirá estando disponible como pastel fiscalmente fortalecido para que la intocada dirigencia sindical petrolera siga haciendo fortuna sin castigo y para que los operadores formales de ese negocio energético continúen repartiendo tajadas que en su momento sabrán acomodar jurídica y administrativamente al nuevo marco legal “triunfador”.
De las muy serias dudas y reticencias dieron cuenta algunos asistentes a la reunión nocturna que en presencia de López Obrador realizaron el martes en un salón hotelero de la ciudad de México los intelectuales y técnicos que apoyan la lucha defensora del petróleo. Profundamente conocedores de la manera en que “el sistema” puede retorcer la letra legal para acomodarla a los propósitos supuestamente vetados por esas normas, Manuel Bartlett y Porfirio Muñoz Ledo llamaron a no echar campanas al vuelo. Otras objeciones fueron planteadas por el constitucionalista Jaime Cárdenas, y la ingeniera María Fernanda Campa también hizo observaciones interesantes. Otros miembros del grupo se quedaron con reticencias luego desahogadas en privado.
El globo de victoria extrema que algunos interesados habían inflado con propósitos tóxicos en horas anteriores también vio disminuir su tamaño y brillo a la hora del acto público de ayer, en el Hemiciclo a Juárez. A pesar del asomo optimista expresado el martes por algunos de los miembros del comité asesor del FAP para la reforma petrolera (texto que no será firmado por otros de ellos, por considerar que el tono rebasa los logros alcanzados), la lectura hecha ayer por el embajador Navarrete (Jorge Eduardo, no el senatorial representante diplomático del gobierno de Calderón) dejó también constancia de las insuficiencias y riesgos contenidos en las propuestas de “reforma”. El ingeniero Rodolfo Ocampo, uno de los especialistas en petróleo que asesoraron al movimiento de resistencia, advirtió de riesgos y recordó las muchas promesas incumplidas por el nuevo innombrable en asambleas públicas, el licenciado F.C. Luego, el senador Pablo Gómez, al dar cuenta de lo mucho que se consiguió, cerró su discurso mencionando que el movimiento debe seguir “alerta y en pie de lucha para frustrar los intentos privatizadores que pueden manifestarse tanto en las etapas restantes del proceso legislativo (…) como más adelante”.
Frente a un panorama de logros indudables pero también de riesgos bien claros, López Obrador recurrió a la instalación de 100 urnas en algunos pasillos de la Alameda Central capitalina, para que todo aquel que así lo quisiera, sin requisito alguno de identificación personal o política, manifestara su deseo de quedarse con lo conseguido o dar un paso al frente para presionar por más. El tabasqueño hizo promesa pública de respetar los resultados y asumirlos sinceramente. Antes había relatado con sobriedad lo que se había logrado, habló de la necesidad de que el movimiento continúe, sobre todo para ejercer una especie de contraloría ciudadana (del voto por voto, ahora se pasaría a la supervisión de “contrato por contrato, obra por obra”), y derivó una parte de su intervención a lo que debe entenderse como la siguiente fase de ese movimiento: la lucha por la defensa de la economía popular. El ex candidato presidencial exigió que sean congelados los precios de varios productos básicos y advirtió que ante la debacle calderonista, “nosotros tenemos que seguir gobernando, desde abajo y con el pueblo”.
El dilema de parar o seguir fue transferido por AMLO a la colectividad. A la hora de redactar esta columna formaban filas, para votar, los asistentes a la reunión decisoria del movimiento de defensa del petróleo realizada en el Hemiciclo a Juárez. El resultado de esas voluntades, que se expresarían en 100 urnas, bajo la coordinación de Octavio Romero y los responsables de diversas brigadas y comités, sería tomado por Andrés Manuel López Obrador para continuar el discurso que había interrumpido para declarar un peculiar receso electoral. Nada se escribe aquí hoy sobre ese tramo porque la columna fue redactada justamente durante esa pausa.
Por lo pronto, más allá de lo que haya decidido la votación nocturna, ha de señalarse que ayer mismo cedió el envenenado triunfalismo y se asumió lo conseguido en la defensa del petróleo como un paso adelante, con logros ciertos y un genérico freno a los apetitos privatizadores, pero al mismo tiempo, como un terreno sembrado de riesgos previsibles de interpretación, es decir, una victoria parcial, condicionada y reversible si en el entramado legal por aprobarse legislativamente se mantienen las parcelas de la letra chiquita tramposa e incluso de las imprecisiones, lagunas y frases tendenciosas que, sin duda, abren el camino a venideras decisiones “esclarecedoras”, a cargo de un consejo de administración de Pemex donde la corrupta dirigencia sindical petrolera seguirá haciendo negocios particulares y donde los poderes fácticos tendrán facultades para definir el camino por donde corran los dineros petroleros. Nada de triunfo para salir a festejar a las calles y declarar día de fiesta nacional: contratismo y corrupción seguirán bajo etiquetas distintas, el PRI tendrá cauces para configurar más adelante alguna variante de las empresas filiales supuestamente rechazadas, habrá sujeción de ciertas operaciones mercantiles a jurisdicciones internacionales y se mantendrán opciones interpretativas para que Pemex siga siendo negocio privado en rubros importantes. ¡Hasta mañana!
Boletín # 69
NOS QUISIERON METER GOL EN EL ÚLTIMO MINUTO, PERO REACCIONÓ EL PORTERO
No seremos nosotros los que desconozcamos lo logrado, las pretensiones privatizadoras han sido significativamente neutralizadas, la conversión de los pidiriegas en deuda pública constituye un gran alivio para las finanzas de PEMEX, pero los privatizadores se defienden como gatos boca arriba.
La discrepancia está en el artículo cinco de la nueva ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en donde la redacción del dictamen contiene el riesgo de que se le entregue un bloque o porción territorial para exploración y explotación de crudo a una sola empresa privada.
Para conjurar ese peligro, los legisladores identificados con nuestro movimiento propusieron un añadido que reza: "las contrataciones de obras y servicios de explotación y exploración que realice PEMEX con particulares no podrán otorgar áreas exclusivas para el desarrollo de los trabajos a un mismo proveedor".
Hasta ayer por la noche todo iba bien, todo el mundo aceptaba que esta propuesta es razonable, pero todo se vino abajo cuando el coordinador de los senadores panistas se reunió con Mouriño, Cartens, Georina Kessels y Jesús Reyes Heroles hijo. Después de esa reunión, el líder de los panistas regresó con una postura inflexible cancelando toda posibilidad de diálogo a ese respecto.
El riesgo de que por ese camino entren las trasnacionales ha sido puesto de relieve por diversos analistas. Ayer mismo el Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas nos prevenía sobre lo inconveniente de lo que el llamó una omisión, refiriéndose exactamente a lo mismo que ha motivado la decisión de manifestarse contra la reforma hasta que se precise la redacción en el sentido que demandamos.
En el momento de tomar la decisión, en el Hemiciclo a Juárez estaban congregadas alrededor de veinte mil personas a las cuales se les pidió votar en torno a dos opciones impresas en una papeleta. La primera dice: "aceptar lo hasta ahora logrado, vigilar que se cumpla los compromisos y seguir luchando para evitar cualquier retroceso que signifique violar la constitución, privatizar o que continué la corrupción en PEMEX". Y la segunda: "iniciar desde mañana mismo, antes de la aprobación de las reformas en materia del petróleo en el Senado, las acciones de resistencia civil pacífica hasta lograr que se incluyan las demandas pendientes".
El resultado fue el siguiente: once mil novecientos noventa y nueve brigadistas optaron por la segunda opción (69.2 % de los votantes) y por la primera, cuatro mil setecientos trece (27.2 %) habiéndose anulado seiscientos veinticinco, dando un total de votantes de diecisiete mil trescientos treinta y siete personas.
Es muy importante no empezar a vernos a nosotros mismos con los anteojos de las grandes empresas de la comunicación. El papel de ellos es más que claro: deslegitimar nuestra lucha.
Ya es hora de entender que no hay lucha que culmine con la victoria si el que lucha piensa posible la aprobación de su adversario.
Ante la tormenta de descalificaciones que se avecinan, mantengámonos informados buscando fuentes fidedignas.
Zacatecas, Zac. 23 de octubre de 2008
Consejo Zacatecano para la Defensa del Petróleo
No seremos nosotros los que desconozcamos lo logrado, las pretensiones privatizadoras han sido significativamente neutralizadas, la conversión de los pidiriegas en deuda pública constituye un gran alivio para las finanzas de PEMEX, pero los privatizadores se defienden como gatos boca arriba.
La discrepancia está en el artículo cinco de la nueva ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en donde la redacción del dictamen contiene el riesgo de que se le entregue un bloque o porción territorial para exploración y explotación de crudo a una sola empresa privada.
Para conjurar ese peligro, los legisladores identificados con nuestro movimiento propusieron un añadido que reza: "las contrataciones de obras y servicios de explotación y exploración que realice PEMEX con particulares no podrán otorgar áreas exclusivas para el desarrollo de los trabajos a un mismo proveedor".
Hasta ayer por la noche todo iba bien, todo el mundo aceptaba que esta propuesta es razonable, pero todo se vino abajo cuando el coordinador de los senadores panistas se reunió con Mouriño, Cartens, Georina Kessels y Jesús Reyes Heroles hijo. Después de esa reunión, el líder de los panistas regresó con una postura inflexible cancelando toda posibilidad de diálogo a ese respecto.
El riesgo de que por ese camino entren las trasnacionales ha sido puesto de relieve por diversos analistas. Ayer mismo el Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas nos prevenía sobre lo inconveniente de lo que el llamó una omisión, refiriéndose exactamente a lo mismo que ha motivado la decisión de manifestarse contra la reforma hasta que se precise la redacción en el sentido que demandamos.
En el momento de tomar la decisión, en el Hemiciclo a Juárez estaban congregadas alrededor de veinte mil personas a las cuales se les pidió votar en torno a dos opciones impresas en una papeleta. La primera dice: "aceptar lo hasta ahora logrado, vigilar que se cumpla los compromisos y seguir luchando para evitar cualquier retroceso que signifique violar la constitución, privatizar o que continué la corrupción en PEMEX". Y la segunda: "iniciar desde mañana mismo, antes de la aprobación de las reformas en materia del petróleo en el Senado, las acciones de resistencia civil pacífica hasta lograr que se incluyan las demandas pendientes".
El resultado fue el siguiente: once mil novecientos noventa y nueve brigadistas optaron por la segunda opción (69.2 % de los votantes) y por la primera, cuatro mil setecientos trece (27.2 %) habiéndose anulado seiscientos veinticinco, dando un total de votantes de diecisiete mil trescientos treinta y siete personas.
Es muy importante no empezar a vernos a nosotros mismos con los anteojos de las grandes empresas de la comunicación. El papel de ellos es más que claro: deslegitimar nuestra lucha.
Ya es hora de entender que no hay lucha que culmine con la victoria si el que lucha piensa posible la aprobación de su adversario.
Ante la tormenta de descalificaciones que se avecinan, mantengámonos informados buscando fuentes fidedignas.
Zacatecas, Zac. 23 de octubre de 2008
Consejo Zacatecano para la Defensa del Petróleo
miércoles, 22 de octubre de 2008
opiniòn de José Steinsleger en La Jornada
México: la gran estafa de las Afore
En angustiada misiva a El Correo Ilustrado, la señora Diana Velázquez Ortiz escribe: “Quiero saber si alguien me puede aclarar o adónde debo recurrir para saber cómo operan las Afore, pues en mis fondos de pensión existe un déficit de casi 40 mil pesos… el 6 de octubre mi fondo total era de 343 mil pesos y para el día 17 de ese mes la cifra es de 306 mil pesos” (La Jornada, 19/10/08).
Mi estimada señora: me solidarizo con su situación porque es la mía, y la de aproximadamente 15 millones de trabajadores que fueron obligados a “escoger” una de las 20 administradoras de fondos para el retiro (Afore). Así es que los 40 mil pesos que le andan faltando forman parte de las llamadas “minusvalías” que de enero a junio pasado “desaparecieron” de nuestros fondos de retiro: 50 mil millones de pesos, según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).
Usted se preguntará por qué. Bueno… ¡porque nos obligaron a ser “modernos”! Recuerde que hacia 1989, Carlos Salinas de Gortari erigió en la Plaza Mayor el nuevo altar del sacrificio global (pero esta vez en masa), haciendo del Estado una eficiente empresa de demolición del sector público. Recuerde aquella campaña de propaganda y pragmatismo encefalocraneano que se puso a especular con la fragilidad natural de las personas frente a la salud y la jubilación.
“¡Como hicieron en Chile!”, dijeron. En efecto, el modelo de las Afore empezó por allá con represión, tortura y muerte. Y luego, en relativa paz, el llamado “régimen de capitalización individual” fue copiado en Perú (1993), Argentina y Colombia (1994), Uruguay (1996), Bolivia y México (1997), El Salvador (1998), Costa Rica (2001) y República Dominicana (2003). Hasta diciembre de 2007, eran 76 millones los afiliados en América Latina. En México, 51 por ciento.
Entonces, los fondos de retiro de los países latinoamericanos pasaron a ser controlados por grupos empresariales cuya mayoría de acciones, al calor de las privatizaciones, quedaron en manos de consorcios financieros extranjeros. En México: Afore Banamex (Citigroup de Estados Unidos, con 5.9 millones de afiliados), Afore ING (Holanda, 5.3 millones), Afore Bancomer (España, 5.1 millones).
Gente que “sabe” y “piensa en nosotros”: si los valores suben, la pensión sube. ¿Y si hay pánico financiero, eso que los “especialistas” llaman “turbulencias”? Lo siento: los fondos acumulados durante la vida activa “desaparecen” en fracción de segundos. Por esto, a raíz de las últimas “turbulencias”, el Consar recomienda a usuarios mantener su Afore: “Hay que esperar a que se recuperen las inversiones y regrese la curva de rendimientos”. Pero, ¿y si no se recuperan, y si no regresa? Mi señora: seamos optimistas.
¿Quién determina los rendimientos y cobro de comisiones? Los propios bancos, faltaba más. ¿Y la Consar? Nada. La Consar se encarga del “diseño de portafolios de inversión” (¿?) y la propaganda: “Las inversiones que realizan los fondos son a largo plazo y las crisis coyunturales pueden ser compensadas con periodos de bonanza a lo largo del tiempo”.
En una excelente y reveladora investigación, la periodista Alba Martínez sostiene que las Afore de México registraron las más altas comisiones en el cobro por manejo de cuentas individuales. En contraste, los rendimientos para los trabajadores bajaron aún más de lo que presentaron a partir de 1997, cuando se “modernizó” el esquema de pensiones con la promesa que los asalariados serían “los principales beneficiados” (Contralínea, No.101, 1/5/08).
“En los recientes seis años –dice Martínez– las Afore incorporaron a sus ganancias 25 por ciento de los ahorros de los asegurados. Y es que los trabajadores tienen que pagar unas de las cuotas más altas del mundo para que las Afore les ‘administren’ sus fondos de pensión.”
Los “administradores”, en tanto, obtuvieron ganancias por 2 mil 664 millones de pesos (2006) y 2 mil 283 (2007). Y, en algunos casos, esas ganancias son producto de la sustracción de casi 30 por ciento de los ahorros de los trabajadores. Más del doble de lo que sus pares latinoamericanos pagan a sus respectivas Afore. Un buen “retiro”… para ellos.
“El monto total acumulado de las Afore mexicanas rebasa las reservas del Banco de México”, afirma Martínez. Esto representa 9 por ciento del PIB del país. Seis años atrás, en 2002, representaban 5.3 por ciento. Y en una de las fuentes consultadas por la periodista de la revista Contralínea (Boletín estadístico 18, emitido por la Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones) supimos que las administradoras del país obtuvieron mil 330.6 millones de dólares por… ¡cobro de comisiones!
¿Qué hacer? Al momento de redactar estas líneas nos enteramos de que Argentina dará por terminado el sistema de pensiones privadas. El gobierno de Cristina Fernández teme que con la actual crisis global de crédito desaparezcan totalmente los fondos de pensión. El Estado argentino absorberá el sistema de pensiones privado. ¿Seguirá México el ejemplo?
En angustiada misiva a El Correo Ilustrado, la señora Diana Velázquez Ortiz escribe: “Quiero saber si alguien me puede aclarar o adónde debo recurrir para saber cómo operan las Afore, pues en mis fondos de pensión existe un déficit de casi 40 mil pesos… el 6 de octubre mi fondo total era de 343 mil pesos y para el día 17 de ese mes la cifra es de 306 mil pesos” (La Jornada, 19/10/08).
Mi estimada señora: me solidarizo con su situación porque es la mía, y la de aproximadamente 15 millones de trabajadores que fueron obligados a “escoger” una de las 20 administradoras de fondos para el retiro (Afore). Así es que los 40 mil pesos que le andan faltando forman parte de las llamadas “minusvalías” que de enero a junio pasado “desaparecieron” de nuestros fondos de retiro: 50 mil millones de pesos, según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).
Usted se preguntará por qué. Bueno… ¡porque nos obligaron a ser “modernos”! Recuerde que hacia 1989, Carlos Salinas de Gortari erigió en la Plaza Mayor el nuevo altar del sacrificio global (pero esta vez en masa), haciendo del Estado una eficiente empresa de demolición del sector público. Recuerde aquella campaña de propaganda y pragmatismo encefalocraneano que se puso a especular con la fragilidad natural de las personas frente a la salud y la jubilación.
“¡Como hicieron en Chile!”, dijeron. En efecto, el modelo de las Afore empezó por allá con represión, tortura y muerte. Y luego, en relativa paz, el llamado “régimen de capitalización individual” fue copiado en Perú (1993), Argentina y Colombia (1994), Uruguay (1996), Bolivia y México (1997), El Salvador (1998), Costa Rica (2001) y República Dominicana (2003). Hasta diciembre de 2007, eran 76 millones los afiliados en América Latina. En México, 51 por ciento.
Entonces, los fondos de retiro de los países latinoamericanos pasaron a ser controlados por grupos empresariales cuya mayoría de acciones, al calor de las privatizaciones, quedaron en manos de consorcios financieros extranjeros. En México: Afore Banamex (Citigroup de Estados Unidos, con 5.9 millones de afiliados), Afore ING (Holanda, 5.3 millones), Afore Bancomer (España, 5.1 millones).
Gente que “sabe” y “piensa en nosotros”: si los valores suben, la pensión sube. ¿Y si hay pánico financiero, eso que los “especialistas” llaman “turbulencias”? Lo siento: los fondos acumulados durante la vida activa “desaparecen” en fracción de segundos. Por esto, a raíz de las últimas “turbulencias”, el Consar recomienda a usuarios mantener su Afore: “Hay que esperar a que se recuperen las inversiones y regrese la curva de rendimientos”. Pero, ¿y si no se recuperan, y si no regresa? Mi señora: seamos optimistas.
¿Quién determina los rendimientos y cobro de comisiones? Los propios bancos, faltaba más. ¿Y la Consar? Nada. La Consar se encarga del “diseño de portafolios de inversión” (¿?) y la propaganda: “Las inversiones que realizan los fondos son a largo plazo y las crisis coyunturales pueden ser compensadas con periodos de bonanza a lo largo del tiempo”.
En una excelente y reveladora investigación, la periodista Alba Martínez sostiene que las Afore de México registraron las más altas comisiones en el cobro por manejo de cuentas individuales. En contraste, los rendimientos para los trabajadores bajaron aún más de lo que presentaron a partir de 1997, cuando se “modernizó” el esquema de pensiones con la promesa que los asalariados serían “los principales beneficiados” (Contralínea, No.101, 1/5/08).
“En los recientes seis años –dice Martínez– las Afore incorporaron a sus ganancias 25 por ciento de los ahorros de los asegurados. Y es que los trabajadores tienen que pagar unas de las cuotas más altas del mundo para que las Afore les ‘administren’ sus fondos de pensión.”
Los “administradores”, en tanto, obtuvieron ganancias por 2 mil 664 millones de pesos (2006) y 2 mil 283 (2007). Y, en algunos casos, esas ganancias son producto de la sustracción de casi 30 por ciento de los ahorros de los trabajadores. Más del doble de lo que sus pares latinoamericanos pagan a sus respectivas Afore. Un buen “retiro”… para ellos.
“El monto total acumulado de las Afore mexicanas rebasa las reservas del Banco de México”, afirma Martínez. Esto representa 9 por ciento del PIB del país. Seis años atrás, en 2002, representaban 5.3 por ciento. Y en una de las fuentes consultadas por la periodista de la revista Contralínea (Boletín estadístico 18, emitido por la Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones) supimos que las administradoras del país obtuvieron mil 330.6 millones de dólares por… ¡cobro de comisiones!
¿Qué hacer? Al momento de redactar estas líneas nos enteramos de que Argentina dará por terminado el sistema de pensiones privadas. El gobierno de Cristina Fernández teme que con la actual crisis global de crédito desaparezcan totalmente los fondos de pensión. El Estado argentino absorberá el sistema de pensiones privado. ¿Seguirá México el ejemplo?
Opinión de Cuauhtémoc Cárdenas en La Jornada
La reforma en Pemex: riesgos de omisiones
El próximo jueves el Senado de la República estará aprobando una reforma de gran trascendencia a la legislación petrolera. Se trata de un conjunto de seis leyes que es posible sintetizar en tres dimensiones: otorga a Petróleos Mexicanos (Pemex) una mayor autonomía presupuestal y de gestión; moderniza su diseño institucional y flexibiliza su sistema de contratación de adquisiciones y de obra pública. Es una legislación que quizás no sea todo lo profunda que se hubiese deseado, según cada visión política, pero es, sin duda, de gran amplitud.
Con la promulgación de las nuevas disposiciones, Pemex podrá hacer uso creciente de sus excedentes de operación y realizar modificaciones a su presupuesto sin requerir autorización de la Secretaría de Hacienda, y desaparece la obligación de contratar deuda en el oneroso esquema de Pidiregas.
El diseño institucional de Pemex se modifica porque su consejo de administración se verá reforzado por la presencia de consejeros independientes propuestos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado para un periodo de seis años; las actividades del consejo se organizan en siete comités especializados; las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos serán reguladas por una comisión nacional de hidrocarburos, y, en general, sus actividades tendrán que estar planeadas dentro de un programa nacional de energía a cargo del consejo nacional en la materia, que deberá pasar por el Congreso de la Unión para su ratificación como decreto.
También debe destacarse que se prevé la posibilidad de explotación conjunta de yacimientos transfronterizos de acuerdo con los tratados internacionales que México pudiera establecer al respecto.
Las líneas de reforma anteriormente enunciadas requieren de un análisis específico que seguramente será abordado en los meses por venir. Sin embargo, presentan puntualmente la magnitud de la tarea realizada por el Congreso. Queda pendiente un balance de los problemas atendidos y de aquellos otros que pudieran tomar una significación relevante por insuficiencias de la legislación adoptada.
No quiero dejar de señalar una omisión importante en los dictámenes que llegarán al pleno del Senado: el tema de los “bloques” o áreas exclusivas para un solo contratista, asignados mediante alguna variante de los contratos de servicios múltiples que no está considerado en los dictámenes que este martes se dieron a conocer a la opinión pública, lo que pudiera significar que se excluyera a Pemex del control de las decisiones sobre esos trabajos de exploración y extracción. El asunto está implícito, y si el gobierno opta por este sistema en los próximos meses rencenderá el debate sobre su constitucionalidad, se abrirá una franja de riesgo para las actividades de exploración y producción que son de vital importancia para recuperar la capacidad petrolera del país.
Creo que aún es posible resolver positivamente este problema, acotando con toda claridad la duración de los contratos y que Pemex fortalezca su capacidad de ejecución directa, sobre todo pensando en la complejidad de los retos futuros tanto en las áreas marinas como en el territorio. No debe quedar ninguna duda sobre el control que Pemex debe mantener sobre la explotación de los hidrocarburos del país.
Es indispensable destacar que esta reforma a la legislación petrolera metió al Congreso, particularmente al Senado de la República, a un trabajo de análisis y negociación que ha durado más de ocho meses, que incluyó la realización de foros en los que participaron más de un centenar de especialistas y, finalmente, se ha llegado en los dictámenes a un acuerdo general de todos los partidos políticos con representación legislativa. Es quizás una de las experiencias de negociación más complejas y trascendentes que ha llevado a cabo el Congreso mexicano.
El próximo jueves el Senado de la República estará aprobando una reforma de gran trascendencia a la legislación petrolera. Se trata de un conjunto de seis leyes que es posible sintetizar en tres dimensiones: otorga a Petróleos Mexicanos (Pemex) una mayor autonomía presupuestal y de gestión; moderniza su diseño institucional y flexibiliza su sistema de contratación de adquisiciones y de obra pública. Es una legislación que quizás no sea todo lo profunda que se hubiese deseado, según cada visión política, pero es, sin duda, de gran amplitud.
Con la promulgación de las nuevas disposiciones, Pemex podrá hacer uso creciente de sus excedentes de operación y realizar modificaciones a su presupuesto sin requerir autorización de la Secretaría de Hacienda, y desaparece la obligación de contratar deuda en el oneroso esquema de Pidiregas.
El diseño institucional de Pemex se modifica porque su consejo de administración se verá reforzado por la presencia de consejeros independientes propuestos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado para un periodo de seis años; las actividades del consejo se organizan en siete comités especializados; las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos serán reguladas por una comisión nacional de hidrocarburos, y, en general, sus actividades tendrán que estar planeadas dentro de un programa nacional de energía a cargo del consejo nacional en la materia, que deberá pasar por el Congreso de la Unión para su ratificación como decreto.
También debe destacarse que se prevé la posibilidad de explotación conjunta de yacimientos transfronterizos de acuerdo con los tratados internacionales que México pudiera establecer al respecto.
Las líneas de reforma anteriormente enunciadas requieren de un análisis específico que seguramente será abordado en los meses por venir. Sin embargo, presentan puntualmente la magnitud de la tarea realizada por el Congreso. Queda pendiente un balance de los problemas atendidos y de aquellos otros que pudieran tomar una significación relevante por insuficiencias de la legislación adoptada.
No quiero dejar de señalar una omisión importante en los dictámenes que llegarán al pleno del Senado: el tema de los “bloques” o áreas exclusivas para un solo contratista, asignados mediante alguna variante de los contratos de servicios múltiples que no está considerado en los dictámenes que este martes se dieron a conocer a la opinión pública, lo que pudiera significar que se excluyera a Pemex del control de las decisiones sobre esos trabajos de exploración y extracción. El asunto está implícito, y si el gobierno opta por este sistema en los próximos meses rencenderá el debate sobre su constitucionalidad, se abrirá una franja de riesgo para las actividades de exploración y producción que son de vital importancia para recuperar la capacidad petrolera del país.
Creo que aún es posible resolver positivamente este problema, acotando con toda claridad la duración de los contratos y que Pemex fortalezca su capacidad de ejecución directa, sobre todo pensando en la complejidad de los retos futuros tanto en las áreas marinas como en el territorio. No debe quedar ninguna duda sobre el control que Pemex debe mantener sobre la explotación de los hidrocarburos del país.
Es indispensable destacar que esta reforma a la legislación petrolera metió al Congreso, particularmente al Senado de la República, a un trabajo de análisis y negociación que ha durado más de ocho meses, que incluyó la realización de foros en los que participaron más de un centenar de especialistas y, finalmente, se ha llegado en los dictámenes a un acuerdo general de todos los partidos políticos con representación legislativa. Es quizás una de las experiencias de negociación más complejas y trascendentes que ha llevado a cabo el Congreso mexicano.
Editorial de La Jornada de hoy:
Despetrolizar las finanzas públicas
Ante la incertidumbre suscitada por una posible baja en el consumo mundial de hidrocarburos, los precios internacionales del crudo sufrieron ayer una nueva caída: el del West Texas International cerró en 70.89 dólares por barril, una baja de más de 4 por ciento con respecto a su cotización anterior; en tanto que el del crudo Brent del Mar del Norte bajó 2.31 dólares, a 69.72 por barril. A pesar de que la mezcla mexicana de exportación inició con una ligera alza, acabó perdiendo y cerró en 58.92 dólares por barril, con lo que se mantiene por debajo de la cifra prevista en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 (70 dólares).
Los niveles actuales de cotización contrastan, ciertamente, con los alcanzados hasta hace apenas unos meses, cuando el crudo llegó a rondar los 150 dólares por barril. Tales precios, sin embargo, carecían de sustento real en la producción y en el consumo, y fueron interpretados como producto de impactos subjetivos y de la enorme burbuja especulativa que precedió a la gran caída financiera. Desde esa perspectiva, y si se toma en cuenta que los altos precios internacionales de crudo constituyen un factor nocivo para las economías de los países consumidores –sobre todo para las menos desarrolladas–, el hecho de que ahora se reduzcan esos niveles no debiera ser visto como una mala noticia; cabe hacer votos, incluso, porque las cotizaciones se estabilicen en una banda razonable situada, en todo caso, por debajo de los 100 dólares.
Por lo que hace a México, este episodio confirma la necesidad de reorientar y diversificar las fuentes de las que el Estado obtiene sus ingresos, a fin de contrarrestar la dependencia de las finanzas públicas con respecto a los recursos obtenidos por las exportaciones de crudo. En la actualidad, Petróleos Mexicanos (Pemex) padece la confiscación de la mayoría de sus ganancias por concepto de impuestos y derechos, circunstancia que, aunada a la enorme corrupción imperante, impide que la paraestatal se recapitalice, se modernice y se fortalezca. Estos recursos, para colmo, no son empleados para impulsar el desarrollo del país, ni para atender cabalmente las responsabilidades del gobierno en materia de educación, salud, empleo, infraestructura y bienestar social, sino que se destinan, en su mayoría, para pagar el gasto corriente de la burocracia estatal, incluso los elevados sueldos con que se regalan los altos funcionarios públicos, y aun para patrocinar obsequios onerosos, frívolos e inmorales, como el que había decidido hacer a sus incondicionales la dirigente vitalicia del magisterio, Elba Esther Gordillo.
La despetrolización de las finanzas públicas es una asignatura pendiente desde los tiempos de José López Portillo, cuando el país se hundió en una profunda crisis de sobrendeudamiento. De entonces a la fecha, sin embargo, las sucesivas administraciones no han podido o no han querido avanzar hacia una reforma fiscal eficiente que permita al país obtener básicamente sus recursos del cobro de impuestos, como se hace en los estados modernos. En contraste, al día de hoy prevalece un régimen fiscal que se ensaña con los pequeños contribuyentes y beneficia, en cambio, a los grandes capitales financieros y a los propietarios de las grandes fortunas nacionales; baste con recordar que en la venta de Banamex al trasnacional Citigroup –realizada mediante una operación en el mercado bursátil, en tiempos de Francisco Gil Díaz al frente de la Secretaría de Hacienda– no se pagó un centavo de gravámenes por una transacción de 3 mil 500 millones de dólares, y que las directrices fiscales seguidas durante el foxismo permitieron que, tan sólo en el último año de la pasada administración, las grandes compañías del país difirieran impuestos por un monto de 105 mil millones de pesos.
Por añadidura, la manutención de un aparato estatal con los ingresos petroleros conlleva una inestabilidad intrínseca, pues la ejecución de los programas gubernamentales queda supeditada a los vaivenes de los precios internacionales de los hidrocarburos. En la circunstancia fiscal actual, si las cotizaciones petroleras internacionales mantuvieran su caída por otro tanto de lo que ya han perdido, el país se encarrilaría a una catástrofe. En cambio, si tal circunstancia se presentara en un entorno fiscal sano, en que el Estado se sostuviera con el cobro de impuestos, las autoridades tendrían recursos suficientes para proseguir sin grandes variaciones la tarea gubernamental e incluso para evitar un eventual colapso de la industria petrolera.
En suma, ante la crisis económica que se vive y de cara a la votación de los dictámenes de reforma petrolera, es imprescindible que el Legislativo preserve en forma inequívoca el estatuto público de Pemex, pero también que establezca la obligación del Ejecutivo de fortalecer sus ingresos de origen fiscal.
Ante la incertidumbre suscitada por una posible baja en el consumo mundial de hidrocarburos, los precios internacionales del crudo sufrieron ayer una nueva caída: el del West Texas International cerró en 70.89 dólares por barril, una baja de más de 4 por ciento con respecto a su cotización anterior; en tanto que el del crudo Brent del Mar del Norte bajó 2.31 dólares, a 69.72 por barril. A pesar de que la mezcla mexicana de exportación inició con una ligera alza, acabó perdiendo y cerró en 58.92 dólares por barril, con lo que se mantiene por debajo de la cifra prevista en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 (70 dólares).
Los niveles actuales de cotización contrastan, ciertamente, con los alcanzados hasta hace apenas unos meses, cuando el crudo llegó a rondar los 150 dólares por barril. Tales precios, sin embargo, carecían de sustento real en la producción y en el consumo, y fueron interpretados como producto de impactos subjetivos y de la enorme burbuja especulativa que precedió a la gran caída financiera. Desde esa perspectiva, y si se toma en cuenta que los altos precios internacionales de crudo constituyen un factor nocivo para las economías de los países consumidores –sobre todo para las menos desarrolladas–, el hecho de que ahora se reduzcan esos niveles no debiera ser visto como una mala noticia; cabe hacer votos, incluso, porque las cotizaciones se estabilicen en una banda razonable situada, en todo caso, por debajo de los 100 dólares.
Por lo que hace a México, este episodio confirma la necesidad de reorientar y diversificar las fuentes de las que el Estado obtiene sus ingresos, a fin de contrarrestar la dependencia de las finanzas públicas con respecto a los recursos obtenidos por las exportaciones de crudo. En la actualidad, Petróleos Mexicanos (Pemex) padece la confiscación de la mayoría de sus ganancias por concepto de impuestos y derechos, circunstancia que, aunada a la enorme corrupción imperante, impide que la paraestatal se recapitalice, se modernice y se fortalezca. Estos recursos, para colmo, no son empleados para impulsar el desarrollo del país, ni para atender cabalmente las responsabilidades del gobierno en materia de educación, salud, empleo, infraestructura y bienestar social, sino que se destinan, en su mayoría, para pagar el gasto corriente de la burocracia estatal, incluso los elevados sueldos con que se regalan los altos funcionarios públicos, y aun para patrocinar obsequios onerosos, frívolos e inmorales, como el que había decidido hacer a sus incondicionales la dirigente vitalicia del magisterio, Elba Esther Gordillo.
La despetrolización de las finanzas públicas es una asignatura pendiente desde los tiempos de José López Portillo, cuando el país se hundió en una profunda crisis de sobrendeudamiento. De entonces a la fecha, sin embargo, las sucesivas administraciones no han podido o no han querido avanzar hacia una reforma fiscal eficiente que permita al país obtener básicamente sus recursos del cobro de impuestos, como se hace en los estados modernos. En contraste, al día de hoy prevalece un régimen fiscal que se ensaña con los pequeños contribuyentes y beneficia, en cambio, a los grandes capitales financieros y a los propietarios de las grandes fortunas nacionales; baste con recordar que en la venta de Banamex al trasnacional Citigroup –realizada mediante una operación en el mercado bursátil, en tiempos de Francisco Gil Díaz al frente de la Secretaría de Hacienda– no se pagó un centavo de gravámenes por una transacción de 3 mil 500 millones de dólares, y que las directrices fiscales seguidas durante el foxismo permitieron que, tan sólo en el último año de la pasada administración, las grandes compañías del país difirieran impuestos por un monto de 105 mil millones de pesos.
Por añadidura, la manutención de un aparato estatal con los ingresos petroleros conlleva una inestabilidad intrínseca, pues la ejecución de los programas gubernamentales queda supeditada a los vaivenes de los precios internacionales de los hidrocarburos. En la circunstancia fiscal actual, si las cotizaciones petroleras internacionales mantuvieran su caída por otro tanto de lo que ya han perdido, el país se encarrilaría a una catástrofe. En cambio, si tal circunstancia se presentara en un entorno fiscal sano, en que el Estado se sostuviera con el cobro de impuestos, las autoridades tendrían recursos suficientes para proseguir sin grandes variaciones la tarea gubernamental e incluso para evitar un eventual colapso de la industria petrolera.
En suma, ante la crisis económica que se vive y de cara a la votación de los dictámenes de reforma petrolera, es imprescindible que el Legislativo preserve en forma inequívoca el estatuto público de Pemex, pero también que establezca la obligación del Ejecutivo de fortalecer sus ingresos de origen fiscal.
martes, 21 de octubre de 2008
Astillero
Julio Hernández López
La Jornada, 21 de octubre 2008
■ ¡A festejar!
■ Triunfó el bien
■ Chuchos épicos
■ AMLO y la congruencia
Una clase política terriblemente corrupta, que históricamente sólo ha defendido sus intereses facciosos y que usualmente disfraza sus actos depredadores con seda oratoria, está a punto de dar a luz una reforma petrolera que será una magna gesta patria, según los adelantos informativos que han hecho algunos voceros legislativos, sobre todo el vehemente senador chuchista Carlos Navarrete. Los criminales apetitos privatizadores de la derecha llegada con trampa al poder, y del priísmo vendedor de apoyos legislativos a cambio de partes crecientes del botín, habrían desaparecido providencialmente, gracias no tanto o no sólo a la presión social y política ejercida por un movimiento nacional de defensa del petróleo, sino al abnegado trabajo que durante seis meses realizaron los legisladores perredistas, sobre todo los heroicos senadores identificados con la corriente o el código de comercio político de los llamados Chuchos, quienes habrían logrado, a base de paciencia, conven- cimiento, buenas razones y el uso inteligente del diálogo, que las malas intenciones originales se transmutaran en bellos sentimientos patrios expresados en letra chiquita legislativa que, en demostración de cuánto se puede lograr cuando los mexicanos trabajan unidos, movidos por claros y nobles pensamientos, han sido aprobados ayer en comisiones de trabajo y probablemente hoy serán presentados a consideración del pleno senatorial, que no podrá sino prorrumpir en exclamaciones que primero serán de asombro y luego de excelso reconocimiento que de inmediato comenzará su natural camino rumbo a los muros de letras doradas que junto a las hazañas de otros héroes colocarán lo hecho ahora por los próceres de apellidos Labastida, Beltrones, Gamboa, Larios, Madero, (Graco) Ramírez, Navarrete y los no menos insignes Paredes, (Germán) Martínez, Acosta y (Jesús) Ortega.
Tan conmovedora página de la historia nacional ha sido amplia y especialmente publicitada por el antes citado Navarrete, quien ha fungido como entusiasta arcángel anunciador de advenimientos milagrosos que deben ser celebrados por la izquierda mexicana sin pudor ni remilgos. Entrevistado con amplitud y amabilidad por los medios –sobre todo los electrónicos que, como es sabido, son edenes de libertad y pluralidad, espacios ajenos a cualquier compromiso con los poderes fácticos del país–, el heraldo guanajuatense ha ido soltando abundantes parrafadas épicas, virtuales fanfarrias declarativas, para que los mexicanos se vayan preparando para administrar la abundancia de buenos propósitos petroleros hechos ley. Nuevo pastor de izquierdas recuperadas, Rubencito Aguilar sustituto, Navarrete se desvive por convencer a todos de que lo logrado en las negociaciones privadas obliga a la unidad nacional, a la conciliación y el diálogo, al cese de ánimos críticos o protestantes, al abandono de ideas relacionadas con la resistencia civil o la manifestación pública. Por el contrario, quienes temían lo peor y estaban listos para batallas cerradas han de deponer las armas políticas y, relajados (flojitos y cooperando), aceptar sin suspicacias ni remordimiento que ¡han triunfado!, que sus tesis han sido coronadas y que la victoria les pertenece, así es que, ¡a festejar!
Frente a esa teatralidad, impulsada por actores tan dignos de desconfiar, hay una franja de legisladores y un movimiento cívico prestos para entrar en acción, los primeros en sus respectivas cámaras, previsiblemente mediante tomas de tribuna y otros mecanismos de obstrucción del proceso que pretendería dar por aprobadas las modificaciones en mención, y el otro en las calles, con un plan de resistencia civil cuya fase aplicable al momento significaría actos más fuertes que el mero cerco a las sedes legislativas. Convocados en diversas ocasiones a mítines y marchas de contenido reiterativo, a cuyo término algunos de ellos se quedaban con una sensación de vacío o inconsecuencia, pues a fin de cuentas sólo se les conminaba a estar en alerta, razón para la cual no necesitaban hacer esfuerzos presenciales, los brigadistas defensores del petróleo han llegado ya al momento de la plena definición, aunque ésta, en razón del carácter personalista que ha tenido la dirección del movimiento, dependerá de las valoraciones y consideraciones que en su momento haga Andrés Manuel López Obrador, único diseñador del curso que finalmente tomará el mencionado movimiento. A diferencia de todos los lances políticos poselectorales, en esta ocasión estará presente el fantasma de la negociación propuesta expresamente por el tabasqueño y de cuya aceptación o rechazo, o de cuyo desarrollo (avances, trampas, nudos, riesgos, por citar rubros de un parte mínimo) no se ha informado más que en términos muy generales, dando por buenas y casi realizadas las promesas recibidas (¿de verdad se construirá una refinería?; esa construcción, ¿acabará siendo un negocio más de corrupción oficial?; ¿más dinero a Pemex quiere decir más posibilidades de saqueo de los Romero Deschamps y de negocios de cuello blanco?).
Los aromas que se perciben en el ambiente de la elite legislativa, partidista y política apuntan a que se ha dado un proceso de negociación que estaría tumbando las letras mayúsculas de la privatización, con lo que se concedería un triunfo público a la izquierda opositora (de allí el convite insistente a festejos de presunta victoria por parte del senador Navarrete), pero que deja letras minúsculas a un juego de futuras interpretaciones y aplicaciones por las cuales se colarían los apetitos e intereses de quienes hoy se dan por derrotados a sabiendas de que el que ríe al último privatiza mejor. Ante ese cuadro tan delicado, López Obrador deberá definir hoy, ante fuerzas sociales largamente convocadas y contenidas, si el esfuerzo de congruencia del que habló ayer le lleva a aceptar los términos optimistas de los acuerdos convenidos por representantes pluripartidistas de la clase política descrita en el primer párrafo de este texto, o si se enfrenta a las minas sembradas de la discrecionalidad manejable a futuro que en letra chiquita encierran los mencionados acuerdos. ¡Hasta mañana!
La Jornada, 21 de octubre 2008
■ ¡A festejar!
■ Triunfó el bien
■ Chuchos épicos
■ AMLO y la congruencia
Una clase política terriblemente corrupta, que históricamente sólo ha defendido sus intereses facciosos y que usualmente disfraza sus actos depredadores con seda oratoria, está a punto de dar a luz una reforma petrolera que será una magna gesta patria, según los adelantos informativos que han hecho algunos voceros legislativos, sobre todo el vehemente senador chuchista Carlos Navarrete. Los criminales apetitos privatizadores de la derecha llegada con trampa al poder, y del priísmo vendedor de apoyos legislativos a cambio de partes crecientes del botín, habrían desaparecido providencialmente, gracias no tanto o no sólo a la presión social y política ejercida por un movimiento nacional de defensa del petróleo, sino al abnegado trabajo que durante seis meses realizaron los legisladores perredistas, sobre todo los heroicos senadores identificados con la corriente o el código de comercio político de los llamados Chuchos, quienes habrían logrado, a base de paciencia, conven- cimiento, buenas razones y el uso inteligente del diálogo, que las malas intenciones originales se transmutaran en bellos sentimientos patrios expresados en letra chiquita legislativa que, en demostración de cuánto se puede lograr cuando los mexicanos trabajan unidos, movidos por claros y nobles pensamientos, han sido aprobados ayer en comisiones de trabajo y probablemente hoy serán presentados a consideración del pleno senatorial, que no podrá sino prorrumpir en exclamaciones que primero serán de asombro y luego de excelso reconocimiento que de inmediato comenzará su natural camino rumbo a los muros de letras doradas que junto a las hazañas de otros héroes colocarán lo hecho ahora por los próceres de apellidos Labastida, Beltrones, Gamboa, Larios, Madero, (Graco) Ramírez, Navarrete y los no menos insignes Paredes, (Germán) Martínez, Acosta y (Jesús) Ortega.
Tan conmovedora página de la historia nacional ha sido amplia y especialmente publicitada por el antes citado Navarrete, quien ha fungido como entusiasta arcángel anunciador de advenimientos milagrosos que deben ser celebrados por la izquierda mexicana sin pudor ni remilgos. Entrevistado con amplitud y amabilidad por los medios –sobre todo los electrónicos que, como es sabido, son edenes de libertad y pluralidad, espacios ajenos a cualquier compromiso con los poderes fácticos del país–, el heraldo guanajuatense ha ido soltando abundantes parrafadas épicas, virtuales fanfarrias declarativas, para que los mexicanos se vayan preparando para administrar la abundancia de buenos propósitos petroleros hechos ley. Nuevo pastor de izquierdas recuperadas, Rubencito Aguilar sustituto, Navarrete se desvive por convencer a todos de que lo logrado en las negociaciones privadas obliga a la unidad nacional, a la conciliación y el diálogo, al cese de ánimos críticos o protestantes, al abandono de ideas relacionadas con la resistencia civil o la manifestación pública. Por el contrario, quienes temían lo peor y estaban listos para batallas cerradas han de deponer las armas políticas y, relajados (flojitos y cooperando), aceptar sin suspicacias ni remordimiento que ¡han triunfado!, que sus tesis han sido coronadas y que la victoria les pertenece, así es que, ¡a festejar!
Frente a esa teatralidad, impulsada por actores tan dignos de desconfiar, hay una franja de legisladores y un movimiento cívico prestos para entrar en acción, los primeros en sus respectivas cámaras, previsiblemente mediante tomas de tribuna y otros mecanismos de obstrucción del proceso que pretendería dar por aprobadas las modificaciones en mención, y el otro en las calles, con un plan de resistencia civil cuya fase aplicable al momento significaría actos más fuertes que el mero cerco a las sedes legislativas. Convocados en diversas ocasiones a mítines y marchas de contenido reiterativo, a cuyo término algunos de ellos se quedaban con una sensación de vacío o inconsecuencia, pues a fin de cuentas sólo se les conminaba a estar en alerta, razón para la cual no necesitaban hacer esfuerzos presenciales, los brigadistas defensores del petróleo han llegado ya al momento de la plena definición, aunque ésta, en razón del carácter personalista que ha tenido la dirección del movimiento, dependerá de las valoraciones y consideraciones que en su momento haga Andrés Manuel López Obrador, único diseñador del curso que finalmente tomará el mencionado movimiento. A diferencia de todos los lances políticos poselectorales, en esta ocasión estará presente el fantasma de la negociación propuesta expresamente por el tabasqueño y de cuya aceptación o rechazo, o de cuyo desarrollo (avances, trampas, nudos, riesgos, por citar rubros de un parte mínimo) no se ha informado más que en términos muy generales, dando por buenas y casi realizadas las promesas recibidas (¿de verdad se construirá una refinería?; esa construcción, ¿acabará siendo un negocio más de corrupción oficial?; ¿más dinero a Pemex quiere decir más posibilidades de saqueo de los Romero Deschamps y de negocios de cuello blanco?).
Los aromas que se perciben en el ambiente de la elite legislativa, partidista y política apuntan a que se ha dado un proceso de negociación que estaría tumbando las letras mayúsculas de la privatización, con lo que se concedería un triunfo público a la izquierda opositora (de allí el convite insistente a festejos de presunta victoria por parte del senador Navarrete), pero que deja letras minúsculas a un juego de futuras interpretaciones y aplicaciones por las cuales se colarían los apetitos e intereses de quienes hoy se dan por derrotados a sabiendas de que el que ríe al último privatiza mejor. Ante ese cuadro tan delicado, López Obrador deberá definir hoy, ante fuerzas sociales largamente convocadas y contenidas, si el esfuerzo de congruencia del que habló ayer le lleva a aceptar los términos optimistas de los acuerdos convenidos por representantes pluripartidistas de la clase política descrita en el primer párrafo de este texto, o si se enfrenta a las minas sembradas de la discrecionalidad manejable a futuro que en letra chiquita encierran los mencionados acuerdos. ¡Hasta mañana!
Suscribirse a:
Entradas (Atom)