Despetrolizar las finanzas públicas
Ante la incertidumbre suscitada por una posible baja en el consumo mundial de hidrocarburos, los precios internacionales del crudo sufrieron ayer una nueva caída: el del West Texas International cerró en 70.89 dólares por barril, una baja de más de 4 por ciento con respecto a su cotización anterior; en tanto que el del crudo Brent del Mar del Norte bajó 2.31 dólares, a 69.72 por barril. A pesar de que la mezcla mexicana de exportación inició con una ligera alza, acabó perdiendo y cerró en 58.92 dólares por barril, con lo que se mantiene por debajo de la cifra prevista en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 (70 dólares).
Los niveles actuales de cotización contrastan, ciertamente, con los alcanzados hasta hace apenas unos meses, cuando el crudo llegó a rondar los 150 dólares por barril. Tales precios, sin embargo, carecían de sustento real en la producción y en el consumo, y fueron interpretados como producto de impactos subjetivos y de la enorme burbuja especulativa que precedió a la gran caída financiera. Desde esa perspectiva, y si se toma en cuenta que los altos precios internacionales de crudo constituyen un factor nocivo para las economías de los países consumidores –sobre todo para las menos desarrolladas–, el hecho de que ahora se reduzcan esos niveles no debiera ser visto como una mala noticia; cabe hacer votos, incluso, porque las cotizaciones se estabilicen en una banda razonable situada, en todo caso, por debajo de los 100 dólares.
Por lo que hace a México, este episodio confirma la necesidad de reorientar y diversificar las fuentes de las que el Estado obtiene sus ingresos, a fin de contrarrestar la dependencia de las finanzas públicas con respecto a los recursos obtenidos por las exportaciones de crudo. En la actualidad, Petróleos Mexicanos (Pemex) padece la confiscación de la mayoría de sus ganancias por concepto de impuestos y derechos, circunstancia que, aunada a la enorme corrupción imperante, impide que la paraestatal se recapitalice, se modernice y se fortalezca. Estos recursos, para colmo, no son empleados para impulsar el desarrollo del país, ni para atender cabalmente las responsabilidades del gobierno en materia de educación, salud, empleo, infraestructura y bienestar social, sino que se destinan, en su mayoría, para pagar el gasto corriente de la burocracia estatal, incluso los elevados sueldos con que se regalan los altos funcionarios públicos, y aun para patrocinar obsequios onerosos, frívolos e inmorales, como el que había decidido hacer a sus incondicionales la dirigente vitalicia del magisterio, Elba Esther Gordillo.
La despetrolización de las finanzas públicas es una asignatura pendiente desde los tiempos de José López Portillo, cuando el país se hundió en una profunda crisis de sobrendeudamiento. De entonces a la fecha, sin embargo, las sucesivas administraciones no han podido o no han querido avanzar hacia una reforma fiscal eficiente que permita al país obtener básicamente sus recursos del cobro de impuestos, como se hace en los estados modernos. En contraste, al día de hoy prevalece un régimen fiscal que se ensaña con los pequeños contribuyentes y beneficia, en cambio, a los grandes capitales financieros y a los propietarios de las grandes fortunas nacionales; baste con recordar que en la venta de Banamex al trasnacional Citigroup –realizada mediante una operación en el mercado bursátil, en tiempos de Francisco Gil Díaz al frente de la Secretaría de Hacienda– no se pagó un centavo de gravámenes por una transacción de 3 mil 500 millones de dólares, y que las directrices fiscales seguidas durante el foxismo permitieron que, tan sólo en el último año de la pasada administración, las grandes compañías del país difirieran impuestos por un monto de 105 mil millones de pesos.
Por añadidura, la manutención de un aparato estatal con los ingresos petroleros conlleva una inestabilidad intrínseca, pues la ejecución de los programas gubernamentales queda supeditada a los vaivenes de los precios internacionales de los hidrocarburos. En la circunstancia fiscal actual, si las cotizaciones petroleras internacionales mantuvieran su caída por otro tanto de lo que ya han perdido, el país se encarrilaría a una catástrofe. En cambio, si tal circunstancia se presentara en un entorno fiscal sano, en que el Estado se sostuviera con el cobro de impuestos, las autoridades tendrían recursos suficientes para proseguir sin grandes variaciones la tarea gubernamental e incluso para evitar un eventual colapso de la industria petrolera.
En suma, ante la crisis económica que se vive y de cara a la votación de los dictámenes de reforma petrolera, es imprescindible que el Legislativo preserve en forma inequívoca el estatuto público de Pemex, pero también que establezca la obligación del Ejecutivo de fortalecer sus ingresos de origen fiscal.
