La contrarreforma
La crisis general del país se está agravando notablemente al iniciarse la aprobación de la contrarreforma petrolera que busca despojar a la nación del principal de sus recursos estratégicos.
1. La contrarreforma privatizadora en materia energética de Felipe Calderón y los priístas salinistas, que ayer se empezó a aprobar en fast track en una sesión ilegal del Senado de la República que se llevó a cabo en una Torre del Caballito resguardada por las fuerzas armadas del Ejecutivo de facto, que amedrentaron y sometieron a los senadores de oposición como en cualquier régimen dictatorial latinoamericano, es anticonstitucional y contraria a los intereses de México, pues pretende “legalizar”, en contra del mandato de la Constitución, los contratos con las multinacionales y conferirle a Pemex un régimen de excepción y al Ejecutivo atribuciones metaconstitucionales y al margen de cualquier control, para poder desmantelar la industria petrolera mexicana y entregar el control de la principal riqueza de México al capital extranjero.
2. La forma en materia parlamentaria es también fondo, y la aprobación al vapor y a ciegas que hicieron los senadores en una sesión ignominiosa efectuada en un local alterno y en estado de sitio, de una contrarreforma que la mayoría desconocía, pues no tuvo manera de conocerla con anticipación, deslegitima por completo la intentona entreguista. Los siete dictámenes fueron votados con una premura que sólo refleja la prisa de Calderón por rendirle cuentas a la agonizante administración de Bush, que envió a México a su secretaria de Estado, Condoleezza Rice, a exigirle cuentas. A nadie puede extrañar, por lo mismo, que en menos de cinco horas los senadores aprobaran cuerpos legales que no se leyeron y sin que mediara discusión alguna, cuyo único fin es echar atrás la expropiación petrolera decretada en 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas.
3. En un país que atraviesa por una grave crisis política y social, agravada por la crisis internacional derivada del fracaso del modelo neoliberal, la “clase política” mexicana y su pelele han impulsado con profunda miopía una contrarreforma histórica que busca desmantelar a la nación, ignorando que hay una sociedad en movimiento que va a seguir tratando de impedirles en los próximos meses que hagan el negocio del siglo.
4. El paquete de adiciones y enmiendas legales no entraña únicamente un peligro grave para México, que es el de autorizar al gobierno la licitación de áreas completas a empresas extranjeras para realizar trabajos de exploración y producción (como han exigido para las aguas profundas del Golfo), punto que suscitó la iniciación ayer mismo del Movimiento de Resistencia Pacífica encabezado por Andrés Manuel López Obrador, sino que en su conjunto es atentatorio para México. Todas estas leyes, por la vía de las lagunas o de las vaguedades, abren mañosamente más la vía para el contratismo y la penetración de las trasnacionales en un marco permisivo sustentado en el principio, que también contradice a la Constitución, de que “hay áreas que no son estratégicas en materia de hidrocarburos”.
5. Una reforma legal debe entenderse por sus orientaciones fundamentales y enmiendas en materia petrolera de 2008, que el régimen espurio pretende imponer. Buscan a) ampliar las vías en la legislación secundaria para que las multinacionales se apoderen con menores obstáculos de recursos estratégicos de México, y b) otorgar al Ejecutivo atribuciones metaconstitucionales para dividir y desmantelar a Pemex otorgando los contratos ilegales sin fiscalización alguna.
6. La mecánica entreguista es muy burda, pues supone permitir en la legislación secundaria lo que está expresamente prohibido en la Constitución General de la República: los contratos con las multinacionales. El párrafo sexto del artículo 27 establece que “tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado”, y las leyes que ayer aprobaron los senadores no hacen más que reglamentar un sinnúmero de contratos (a pesar de que éstos son anticonstitucionales), en la mira de fortalecer una situación de facto que ya existe.
7. En la historia legislativa de México ningún paquete de iniciativas legales ha sido tan debatido como el intento de contrarreforma petrolera de Felipe Calderón de 2008, secundado por el PRI, que determinó más de seis meses de mesas en el Senado y de debates en el país y, por lo mismo, resulta una burla a los mexicanos que, de espaldas y contra la nación, las cámaras legislativas aprueben ahora con un mecanismo de fast track un proyecto distinto, que ayer ni siquiera se había terminado de redactar, y en el que se mantienen los mecanismos privatizadores contrarios a la Constitución, que determinaron en abril el surgimiento de la inconformidad, fundamentalmente los contratos y la discrecionalidad e impunidad del Ejecutivo para desmantelar la paraestatal, todo ello encubierto con una propaganda descomunal tendiente a engañar a los mexicanos, y que ha sido el aspecto más despreciable de esta nueva contrarreforma.
8. La principal mentira que se ha repetido hasta la saciedad es que esta versión de la contrarreforma petrolera, que maldisfraza sus objetivos, es menos lesiva y/o privatizadora que las iniciativas burdamente privatizadoras de Calderón del 8 de abril o de Beltrones del 23 de julio, pues las tres conducen a lo mismo: a abrir vías seudolegales (y anticonstitucionales) para entregar lo que resta de ese recurso estratégico de México a las trasnacionales.
9. Los acuerdos de las cúpulas partidistas de estos meses no trajeron más que un profundo malestar ciudadano, al constatar el nivel de corrupción tanto de muchos académicos e intelectuales como de los legisladores de todos los partidos, y en particular de buen número de senadores del PRD, que por turbias maquinaciones prefirieron crear un escenario de simulación antes que defender los intereses de la nación.
10. La legislación aprobada aún no entra en vigor, pues falta que sea aprobada por los diputados, y es evidente que será impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero desde ahora resulta claro que ha abierto aún más la brecha entre la “clase política” y los mexicanos, y que esto va a tener consecuencias determinantes para el país.
