México S.A.

Columna de Jorge Fernández-Vega

La Jornada, 28 de febrero de 2009.

• Obamamex
• Traje a la medida
• Los consejeros, otra vez

Banamex, el otrora prestigiado Banco Nacional de México antes de la reprivatización salinista, cambia de nombre. A partir de ayer se le conoce internacionalmente como Obamamex, único banco extranjero que opera en el país propiedad mayoritaria de un gobierno foráneo, el gringo, encabezado por el joven Barack, hecho que tajantemente prohíbe la mexicanísima Ley de Instituciones de Crédito.

De nueva cuenta el inquilino de Los Pinos está metido en un berenjenal, y la banca foránea una vez más pone a parir a las autoridades financieras del país, porque para efectos mexicanos la citada ley prohíbe explícitamente el acuerdo concretado ayer entre Citigroup y la Casa Blanca, de tal suerte que el gobierno mexicano no sólo debe prohibir que se concrete, sino que está obligado a reaccionar ante una operación de esa naturaleza. ¿Cómo? La propia Ley de Instituciones de Crédito ofrece la salida en su artículo siete: la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, previo acuerdo de su Junta de Gobierno, podrá declarar la revocación de las autorizaciones correspondientes cuando las referidas oficinas (de representación de la banca extranjera) no se ajusten a las disposiciones legales.

¿Qué violación legal es atribuible al acuerdo Citigroup-Casa Blanca? La del artículo 13 de la multicitada ley, que a la letra establece: No podrán participar en forma alguna en el capital social de las instituciones de banca múltiple, personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad (léase, por ejemplo, gobierno de Estados Unidos de América). Y Banamex es filial de Citigroup.

¿Es interpretable lo que a la letra establece la Ley de Instituciones de Crédito? Todo indica que no, por ser más claro que el agua, pero Citigroup dice que sí, porque (nótese la solidez del argumento) el acuerdo con el gobierno estadunidense tiene carácter temporal, deriva de una emergencia económica y no modifica la estrategia de negocios de la trasnacional financiera. Así, con la mano en la cintura, el consorcio sostiene que existen claros argumentos para afirmar que la operación hoy anunciada no entra en conflicto con ninguna norma del marco jurídico en México.

En ninguna parte de la citada ley se establecen salvedades para casos temporales, de emergencia económica y/o relacionados con estrategias de negocios, como las citadas por Citigroup. Eso sí, simple y llanamente fija la postura del Legislativo: no podrán participar en forma alguna en el capital social de las instituciones de banca múltiple personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad, y hasta donde se sabe el gobierno estadunidense (que ahora es dueño de 36 por ciento de las acciones de Citigroup) es una persona moral extranjera que ejerce funciones de autoridad; ergo, está legalmente impedido para participar en Banamex.

En tiempos de Vicente Fox el gobierno del cambio se dijo al borde del orgasmo por la llamada venta del siglo (Banamex a Citigroup, por la friolera de 12 mil 500 millones de dólares), al tiempo que ovacionaba a Roberto Hernández, Alfredo Harp y demás integrantes de la pandilla, hasta ese momento dueños de Banamex, por evadir legalmente el pago de los impuestos respectivos, algo así como 3 mil 750 millones de dólares.

Cuando el 17 de mayo de 2001 se conoció la venta de Banamex a Citigroup, de inmediato brincó a la palestra el entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, con el fin de excusarse ante el presidente Fox de tener que tomar decisiones que competen a la dependencia bajo mi responsabilidad sobre la citada operación de compraventa. Eso sí, participó activamente para garantizar a Roberto Hernández y pandilla el cero pago de impuestos.

Pues bien, ahora que Citigroup ha metido al gobierno calderonista en un nuevo berenjenal y que de plano no sabe cómo salir de la bronca, el inquilino de Los Pinos podría argüir las mismas razones que Gil Díaz en 2001, toda vez que el michoacano alguna vez se empleó en Banamex (ahora podrá demostrar si fue o sigue siendo) y así tira el arpa y cede los trastes a terceros. Hasta donde se sabe no lo ha hecho, pero más rápidos que una saeta ejercieron esa posibilidad el partido tricolor, la Secretaría de Hacienda y el propio Citigroup, por medio de su filial en México, tercia de ases que “analizan el rescate de Citi… Senadores del PRI, la Secretaría de Hacienda y Banamex instalaron una mesa para analizar las implicaciones para el banco del rescate por parte del gobierno de Estados Unidos de Citigroup, informó el senador Carlos Lozano, (quien dijo) que el objetivo es dotar de certeza jurídica al proceso de rescate bancario estadunidense, porque la ley mexicana establece prohibiciones para los asociados de la banca. El PRI pospuso la discusión de una iniciativa de reforma del artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito, que busca dar una salida al tema. Lo bajamos porque hemos tenido comentarios tanto de la Secretaría de Hacienda como de las instituciones bancarias. Nos vamos a sentar, no queremos crear ningún conflicto. Lo que queremos es que haya transparencia en el tema y veamos cómo lo resolvemos para que no quede una laguna legal”, explicó Lozano (El Universal).

¡Maravilloso! Como la Ley de Instituciones de Crédito no cuadra con el rescate que de Citigroup ha hecho el gobierno de Obama, entonces los ágiles legisladores mexicanos, el doctor catarrito y el propio Banamex analizan la posibilidad de modificar la citada legislación, en la vieja práctica política de hacer trajes a la medida. Vamos a darle certeza jurídica a la trasnacional financiera, presume un senador de la República, cuando su chamba debe ser defender la legislación nacional y los intereses del país. ¡Y quiere ser gobernador!, mientras Calderón mantiene el discurso sobre el respeto al estado de derecho.

Qué espectáculo.

Las rebanadas del pastel

Los consejeros electorales están igual que el tipo de cambio: no salen de una cuando rápidamente ya se metieron en otra. Tras el papelón que hicieron con lo del megaumento de sueldos y conexos, ayer se apuraron a posponer la reciente sanción que, se supone, ya habían impuesto a Tv Azteca. Pues resulta que no, y ahora posponen el debate por nuevos criterios y la revisión de pruebas. Y lo posponen tanto, que no fijaron nueva fecha para pronunciarse.

cfvmexico_sa@hotmail.com

Banamex: problemática y oportunidad

Editorial de hoy en La Jornada
Sábado 28 de febrero de 2009.

La decisión, anunciada ayer por el gobierno de Estados Unidos, de aumentar hasta en 36 por ciento su participación en el capital del multinacional Citigroup –a efecto de salvarlo de la bancarrota–, pone en perspectiva distintas consideraciones que resultan inquietantes, por decir lo menos, en torno a la situación legal de Banamex, filial en México del gigante financiero.

Enajenado durante el proceso de reprivatización bancaria que emprendió Carlos Salinas de Gortari a inicios de la década de los 90; rescatado con dinero público por medio del fraudulento Fobaproa/IPAB durante el sexenio de Ernesto Zedillo, y vendido posteriormente a Citigroup, en un proceso irregular que significó eludir el pago al erario de alrededor de 3 mil 500 millones de dólares por concepto de impuestos, Banamex vuelve a colocarse en el ojo del huracán tras el anuncio realizado ayer por el gobierno de Barack Obama, por cuanto éste pudiera convertirse, así sea de manera temporal, en propietario de una de las principales instituciones financieras del país. Tal escenario, además de tener obligadas implicaciones en términos de vigencia de la soberanía nacional, está expresamente prohibido en el artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito, que regula al sistema bancario mexicano: no podrán participar en forma alguna en el capital social de las instituciones de banca múltiple personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad.

La redacción de la normativa no deja espacio para la interpretación, por más que los representantes de la institución señalada pretendan sostener que la operación no entra en conflicto con ninguna norma del marco jurídico en México, y su aplicación a la letra por parte de la autoridad imposibilitaría al grupo financiero estadunidense a operar esa filial en el país. No obstante, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dependencia encargada de regular el sistema financiero mexicano, se ha limitado a afirmar que analizará la información que al efecto se proporcione y la adecuación de las nuevas condiciones (...) a la legislación financiera mexicana, e informarán en breve acerca del resultado de dicho análisis, declaración preocupante que parece sugerir que, en el caso que se comenta, es la ley la que deberá adecuarse a los intereses de los dueños del dinero.

Por lo demás, esta problemática situación plantea, de manera inopinada, un escenario propicio para que el calderonismo avance en el reconocimiento de las necesidades del país en materia de servicios financieros confiables y de calidad –y para que actúe en consecuencia–, toda vez que, como lo advirtió ayer mismo el ex subsecretario de Hacienda Francisco Suárez Dávila, se abre la oportunidad de que Banamex regrese a manos mexicanas. Los grandes consorcios internacionales, propietarios de la mayoría de las instituciones bancarias que operan en México, han encontrado en el país un mercado de rapiña, carente de regulaciones oficiales y mucho más ventajoso, en términos de ganancias, que en sus naciones de origen. A pesar de esto, su aporte al desarrollo y su respaldo a los sectores productivos mediante el otorgamiento de crédito ha dejado mucho que desear y es obligado preguntarse si esto último no es una razón suficiente para que el Estado mexicano contribuya a la constitución de una verdadera banca nacional, orientada a atender las necesidades de los mexicanos en general y a satisfacer los requerimientos de sectores como el campo o la industria, imprescindibles para reactivar el mercado y la economía internos.

Es imprescindible, en suma, que el gobierno calderonista comience a actuar con altura de miras y en concordancia con el bienestar del país. La respuesta que dé a la problemática en que se encuentra inmerso Banamex demostrará si la presente administración está al servicio de los mexicanos o de los propietarios del capital trasnacional.

Desfiladero

Jaime Avilés
La Jornada, 28 de febrero de 2009.

Salgamos de una vez por todas de la duda. ¿Vivimos en un Estado fallido –como aseguran los expertos del Pentágono– y estamos en peligro de que nuestro sistema político se colapse de repente? A discutir la primera parte de esta pregunta invité la otra noche a un joven artista plástico y a dos intelectualas que lo acompañaban. Una de ellas dijo: el concepto de Estado fallido se deriva de la conocida afirmación de Max Weber en cuanto a que el Estado posee el monopolio de la violencia.

No hace mucho, anotó el artista plástico, Felipe Calderón dijo que él tenía el monopolio de la violencia. Pobre, ni siquiera distingue entre gobierno y Estado, se condolió la otra intelectuala. En la Libre de Derecho nadie le enseñó que el Estado posee tres componentes: territorio, población y gobierno. Sí, pero el Estado, insistió la intelectuala que llevaba la voz cantante, tiene el monopolio de la violencia y, en el caso de México, ese monopolio se convirtió en duopolio.

Permíteme, discrepó su colega, pero Weber habló del monopolio legítimo de la violencia. Le-gí-ti-mo. ¿Y cuál es ese monopolio legítimo?, abundó. Pues el que permite al Estado disponer de las fuerzas armadas. ¡Ahí está el detalle!, salté, evocando a Cantinflas. El Estado tiene el monopolio legítimo de la violencia, pero Calderón no es legítimo, medio México lo considera espurio. Y dos, el monopolio legítimo de la violencia, o sea, las fuerzas armadas, cívicas y militares, han perdido el control de franjas territoriales en la frontera norte y en otros estados donde el narcotráfico es el que manda. Por eso en Texas ya están las tropas del Tío Sam…

Parodiando a Weber, el Estado mexicano ha perdido asimismo el monopolio legítimo de la justicia, pues ahora el narco juzga a criminales, sospechosos e inocentes con el mismo rasero, y los castiga mediante la aplicación mecánica de la pena de muerte. Y por si lo anterior fuera poco, el Estado mexicano también ha perdido el monopolio legítimo de la recaudación fiscal, porque de manera creciente el narco está cobrando impuestos en casi todo el país, tanto a los hombres de negocios como a los pequeños vendedores de productos piratas.

De acuerdo con lo anterior, ¿vivimos en un Estado fallido o no? Manden sus puntos de vista al buzón de esta columna y el próximo sábado véanlos publicados en el blog de El Patín del Diablo. Ahora bien, ¿estamos en riesgo de que el sistema político se colapse en forma repentina?

Castidad de lujo

Nos quedan 80 mil millones de dólares en las reservas internacionales, casi mil millones menos que la semana pasada y, no obstante, el peso continúa hundiéndose. A este ritmo, dentro de 80 semanas, o menos, las arcas del Estado podrían estar vacías y el país en riesgo de quedarse, como la Argentina de Fernando de la Rúa (diciembre de 2001), sin circulante, es decir, en el corralito.

Cada 24 horas pierden su empleo 890 personas (según el Inegi, por tanto, la cifra debe ser mucho mayor). En lo que va del año, las exportaciones se redujeron en más de 30 por ciento, cayendo a su nivel histórico más bajo. Y la inflación sigue creciendo porque el diesel se mantiene a la alza, mientras las gasolinas, la luz y el gas conservan precios de escándalo. Pero el descontento popular no traza siquiera una arruga en la frente de Carstens.

Pese a la urgencia de cambiar inmediatamente de política económica, el presupuesto de egresos de 2009 contempla que más de la mitad del dinero que será ejercido servirá para pagar los sueldos de la burocracia, entre ellos las insultantes percepciones de los magistrados de la Tremenda Corte, sus bonos extras, sus vales de comida y combustible, sus viáticos en otras ciudades y países, sus gastos médicos, sus vacaciones y aguinaldos, que en suma les reditúan cerca de 10 millones de pesos por toga al año, o, en grupo, 110 millones, o 660 millones al sexenio (sin contar los salarios de magistrados y jueces de menor rango, secretarios, tinterillos y demás) que el pueblo dilapida, mediante sus impuestos o de la renta de Pemex, con la ilusa pretensión de garantizar que sus máximos jueces no se corrompan. ¿No sería más barato asignarles 11 cinturones de castidad de oro, con incrustaciones de diamantes y esmeraldas? O quizá, simplemente, dejar que se corrompan. Total, para las sentencias que dictan, en beneficio invariable de los ricos…

Carecemos de un Poder Judicial que actúe como factor de equilibrio, en un país marcado por la desigualdad extrema; el gobierno federal parece una fiesta infantil en la que todos los niños andan con los ojos vendados dándose palos unos a otros. Y el Poder Legislativo, que por su pluralidad podría abrir una salida de emergencia con el consenso de todos los partidos, está a punto de ser despojado de cualquier legitimidad por el IFE, cuyos consejeros, encabezados por Vazurita, ya echaron a perder cuatro veces la elección de julio (y eso que la gente todavía no vota): una, al castigar enérgicamente al PRD por su campaña contra el PAN, y sólo amonestar al PAN por su campaña contra el PRD; dos, al arrodillarse ante las televisoras y perdonarles las multas; tres, al arrodillarse de nuevo ante ellas, y ahora sí multarlas, debido a las burlas que provocaron con su actitud inicial y, cuatro, al subirse y de inmediato bajarse los sueldos, con una celeridad que anticipa lo que seguirán haciendo, tantas veces como sea necesario, con sus propios calzones.

Estado fallido, pérdida de control territorial, duopolio de la violencia, tropas estadunidenses en la frontera de Texas, evaporación paulatina de las reservas federales, desempleo galopante, inflación a tope, desplome histórico de exportaciones, parálisis mental en el gabinete económico, y pronto, muy pronto, crisis política después de las elecciones que se combinará, según todos los pronósticos, con una espectacular reducción del dinero circulante debido a la desaceleración prevista para el segundo semestre de 2009.

¿Colapso repentino del sistema político cualquier día de estos? Lorenzo Meyer lo dijo la otra noche en la televisión cultural con palabras más claras: no estamos en proceso de transición hacia una forma de gobierno más democrática, ni retrocediendo hacia los antiguos métodos de control priísta; no vamos a ninguna parte, nos estamos hundiendo.

El brasier de Emma

Por fortuna, por segunda semana consecutiva sigue en cartelera la nueva creación de Maryse Sistach y José Buil, El brasier de Emma, una comedia de alta calidad, ubicada en el México de 1962, cuando vino a visitarnos Marilyn Monroe con sus legendarios pechos desnudos bajo la ropa, lo que en esta cinta da pie a una reflexión feminista, sumamente humorística, sobre las glándulas mamarias, en torno de una niña (Sofía Espinosa) y su madre (Arcelia Ramírez), que sufren problemas pectorales de distinta índole, en un DF en que por las calles, con bandera de taxi, circulaban enormes cocodrilos.

jamastu@gmail.com

Contabilidad mañosa y oscura en el ejercicio del gasto público: ASF

Nota de la Jornada del viernes 27 de febrero de 2009.
(a la que hace referencia el editorial)

• El gobierno se autorroba cada día y a cada instante, afirma González de Aragón
• El auditor denuncia subejercicios presupuestales para desviar recursos hacia fines distintos a los aprobados
• Los fondos transferidos a estados y municipios, de las áreas más turbias, dice

Juan Antonio Zúñiga

La existencia de subejercicios presupuestales en dependencias y entidades del sector público revela el exceso de trámites y burocracia, la insuficiencia de proyectos y una evidente incapacidad de ejecución, lo cual provoca que los programas públicos no se cumplan con oportunidad, afirmó Arturo González de Aragón, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Al dictar una conferencia magistral sobre las áreas sensibles de opacidad y riesgo de la gestión pública, González de Aragón apuntó que el primero de estos temas se ubica en la necesidad de instrumentar una contabilidad de carácter patrimonial con sistemas y mecanismos apropiados de registro y control, que eviten las prácticas corruptas y la desaparición constante de los activos. Cada día y a cada instante, sostuvo, el gobierno se autorroba.

Ante unos 250 integrantes del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), el auditor superior de la Federación apuntó que en los tres niveles, federal, estatal y municipal, el gobierno aprendió a aplicar sistemas contables mañosos, oscuros y discrecionales, similares a los que puso en práctica la quebrada compañía estadunidense Enron.

González de Aragón explicó la mecánica contable, utilizada por los ejecutores del presupuesto de gastos del sector público, para obtener recursos de la Tesorería de la Federación (Tesofe), simular su uso, colocarlos en fondos y utilizarlos con fines distintos para los que fueron aprobados. El Congreso de la Unión, dijo, aprueba recursos presupuestales para unas cosas que son destinados a otras por los responsables de ejercerlos.

Describió: “Siendo que los montos no aplicados se ejercen mediante la expedición de ‘Cuentas por Liquidar Certificadas’, la Cuenta Pública correspondiente registra estos importes como totalmente ejercidos, sin haberse erogado efectivamente. A través de esta práctica irregular, los montos presupuestales no ejercidos, pero sí retirados de la Tesorería de la Federación, son utilizados para incrementar las disponibilidades que, en algunos casos, son excesivas, o bien son canalizados a la creación de distintos fondos, o a incrementar el patrimonio de otros, con el propósito de destinarlos hacia fines distintos de los aprobados”.

El titular de la ASF identificó al uso de los recursos federales que se transfieren a estados y municipios, mediante los ramos generales 23 y 33 del presupuesto, como una de las áreas más oscuras en materia de transferencia y rendición de cuentas. A través de sus distintos fondos, los recursos federales transferidos por estos ramos ascienden a unos 400 mil millones de pesos, que representan 21 por ciento del total del gasto federal programable.

La Auditoría Superior, precisó, ha practicado numerosas revisiones al ejercicio presupuestal de dichos fondos, las cuales han derivado en cuantiosas y recurrentes observaciones asociadas a incumplimiento y laxitud de la norma, así como a deficiencias en el control interno.

El auditor superior de la Federación, Arturo González de AragónFoto Francisco Olvera

Abundó: en el caso del ramo general 33, los recursos federales no ejercidos permanecen intocables en los fondos respectivos, con el riesgo de desviarlos hacia fines ajenos a los previstos. E hizo énfasis en que tanto el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación como la Ley de Coordinación Fiscal no establecen la obligación de reintegrar esos recursos a la Tesorería de la Federación ni tampoco de sujetarse a un plazo para su aplicación.

Por lo mismo, González de Aragón, quien el 12 de marzo dará a conocer los detalles de la Cuenta Pública del primer año de la administración encabezada por Felipe Calderón, manifestó que es urgente fijar un límite de tiempo para ajercer estos recursos, con el fin de inhibir la discrecionalidad que existe en su uso, y evitar los retrasos y la pérdida de oportunidades que se presentan en la ejecución de las acciones.

Abundó que también es urgente impulsar una regulación que obligue a reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos federales no ejercidos, con el fin de evitar desvíos y acumulación de disponibilidades que impiden aplicarlos en necesidades prioritarias.

El titular de la ASF resumió: hemos detectado actos de discrecionalidad en la gestión gubernamental, tales como el manejo y aplicación de excedentes petroleros; otorgamiento de donativos, estímulos fiscales, permisos y concesiones; enajenación de bienes; remuneraciones a servidores públicos; recuperación de créditos fiscales; castigo de carteras vencidas; manejo de recursos de derechos de trámite aduanero; administración y manejo de fondos y fideicomisos; así como la entrega de préstamos y donativos a sindicatos, entre otros.

Por la noche, la Secretaría de Hacienda manifestó que el ejercicio de los recursos públicos es transparente y apegado estrictamente a lo que marca la ley. Declaró que esperará a la recepción oficial del Informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública, que tiene como límite el próximo 15 de marzo, para conocer el detalle de los comentarios vertidos por el auditor, antes de documentar y aclarar lo contenido en dicho informe.

La dependencia destacó el compromiso fundamental del actual gobierno con la transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos, y recordó incluso la reforma hacendaria donde se consideró la Ley General de Contabilidad Gubernamental, cuyo objetivo –dijo Hacienda– es el establecimiento de un sistema contable armónico en los tres órdenes de gobierno y que incluye la contabilidad patrimonial para hacer más eficiente la toma de decisiones administrativas en los gobiernos y transparentar el manejo de los recursos públicos.

Corrupción y delincuencia

Editorial de hoy en La Jornada

Viernes 27 de febrero de 2009.

El señalamiento formulado ayer por el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Arturo González de Aragón, en el sentido de que el gobierno realiza una contabilidad mañosa para usar y abusar con discrecionalidad –y muchas veces en forma inescrupulosa– de los recursos públicos puestos a su disposición, es, más que una revelación, confirmación documentada de hechos que se conocen de antiguo. En efecto, desde los tiempos de las presidencias priístas eran prácticas comunes manipular el presupuesto, desviar partidas a usos distintos para los que habían sido destinadas y cubrir los huecos resultantes con otros recursos públicos, desviados, a su vez, de otros programas, o justificarlos con erogaciones inventadas. Esta suerte de alquimia contable se ha servido desde hace décadas de fideicomisos opacos, subejercicios furtivos y, para emplear la expresión del auditor federal, otros recursos mañosos.

Sería improcedente, pues, atribuir toda la responsabilidad del desaseo administrativo imperante al gobierno calderonista; es preciso señalar, sin embargo, que este desaseo se ha venido incrementando sexenio tras sexenio, independientemente del relevo de siglas y colores que tuvo lugar en el Ejecutivo federal en 2000, y que al fin de cada administración la sociedad ha podido descubrir, exasperada e impotente, indicios de una corrupción monumental e inocultable; por norma, tales hallazgos van seguidos de la ubicación, por parte del gobierno siguiente, de algunos chivos expiatorios que son procesados penalmente en el contexto de una política de control de daños y por la exoneración de la mayor parte de las corruptelas e irregularidades.

La actual administración federal es ejemplo claro de este comportamiento: desde mediados del sexenio foxista surgieron pistas que hacían presumir una vasta suciedad administrativa en el entorno presidencial, que hacía imperativa una investigación a fondo; sin embargo, el calderonismo optó por hacerse de la vista gorda ante las masivas sospechas y por abstenerse de cumplir con su obligación de emprender una pesquisa de oficio; con ello, quedó inexorablemente vinculado a su antecesor y amplios sectores de la opinión pública piensan que entre el guanajuatense y el michoacano se estableció un intercambio ilegítimo de favores: la indebida injerencia presidencial en el proceso electoral para favorecer al candidato oficial y perjudicar a su competidor principal, a cambio de que el sucesor se abstuviera, una vez asumido el cargo, de hurgar en las irregularidades del foxismo.

Los señalamientos expresados ayer por González de Aragón indican claramente que nada ha cambiado en materia de corrupción oficial en lo que va del presente régimen. El auditor dispone de la información requerida para fundamentar una apreciación compartida por muchos, dentro y fuera del país, y coincide con lo asentado en el reciente informe sobre derechos humanos del gobierno estadunidense, en el sentido de que existe una corrupción generalizada en todos los niveles de la administración pública de nuestro país.

El desaseo administrativo, expresado en la privatización ilegal de bienes públicos, es una de las principales rémoras nacionales, una inaceptable manifestación de atraso cívico y político, una carga exasperante para la economía y un motivo justificadísimo de descontento social y de ingobernabilidad potencial. Combatir este flagelo tendría que ser, por ello, una de las prioridades centrales de cualquier gobernante dispuesto a ejercer el poder en beneficio de la nación y no de su grupo faccioso.

Pero, en las circunstancias actuales, la persistencia de la corrupción en las oficinas públicas es un problema particularmente grave por dos razones: la primera es que el país enfrenta una gravísima crisis económica en la que los recursos escasean y su desvío, dilapidación o robo, resulta particularmente lacerante para una población a la que los gobiernos neoliberales han sumido, por décadas, en una aguda estrechez material, si no es que en franca miseria; la otra, igualmente grave, es que cualquier propósito oficial de combatir a la delincuencia y restablecer el estado de derecho se vuelve insostenible e inverosímil en la medida en que son los mismos equipos de gobierno los que dan ejemplo de conductas ilícitas o simplemente inmorales. Por lo demás, es claro que la criminalidad organizada que degrada la seguridad pública y la confianza de los ciudadanos en las instituciones, no puede subsistir y desenvolverse sin un entorno gubernamental descompuesto y minado por la corrupción.

Recreo

J. Luis Medina Lizalde
Publicado en Imagen, Zacatecas el 26 de febrero de 2009.

“Tiempo de farsantes”

En Río Grande los delincuentes actúan con total impunidad

Al principio
Los consejeros del IFE dan otra nota de escándalo al decidir aumentarse sus ingresos más de un cien por ciento. Ganarán más de cuatro millones de pesos al año porque el artículo 41 de la constitución dice que deben ganar lo mismo que los ministros de la Suprema Corte. La sensatez republicana sería que mejor los ministros de la corte rebajaran sus ingresos al nivel de los consejeros del IFE para cumplir con la Constitución.
Una decisión así de insensible y provocadora sólo es posible cuando la democracia es sólo una apariencia, cuando la gente está mal informada por los medios al servicio del que paga y cuando los partidos abandonan los elevados propósitos que les dieron origen.
Antes de que la crisis se hiciera presente, la contemporánea y plural clase gobernante derrochó dinero a manos llenas porque en vez de proyectos, tiene fantasías. En vez de rumbo, corazonadas.
Lilian Helman bautizó en celebrado libro la infamia Macartista como “tiempo de canallas”, supongo que si le hubiese tocado retratar nuestro momento político lo llamaría: “tiempo de farsantes”.

fox hizo escuela
El pasado martes anduve por Río Grande justo cuando sus habitantes se disponían a presenciar el tradicional desfile del carnaval.
El domingo anterior se realizó el tercer operativo de seguridad en el mismo hotel Plaza Real y con los mismos nulos resultados.
El sistema de información de los delincuentes es más eficaz que el del gobierno. Y tan lo saben “los perseguidos de la ley”, que éstos continuaron como si nada en los “arrancones” que en esos momentos se celebraban a no mucha distancia, según respetables voces de intimidados riograndenses.
En Río Grande sucede lo mismo que en los otros municipios: la población identifica sus vehículos, sabe donde viven y con quien conviven, y ya hasta se dan los “buenos días” con los criminales, seguramente persuadidos por tantas historias de fraternal interacción entre estos y algunos agentes de la ley.
Los delincuentes cuando cometen un secuestro, ni siquiera se toman la molestia de cubrirse el rostro. Saben que el miedo de la gente se combina con la extrema carencia del deber que muestran los responsables de investigar los delitos.
He podido hablar con testigos presenciales de los más sonados secuestros y todavía no conozco a alguien que sea citado para que describa los rasgos de los malhechores, como si ya supieran quienes son.
Pero fingir que no pasa nada no impide que el drama continúe, tengo en mi poder la copia del escrito en la que ministeriales, que piden reservar su identidad le hacen saber a la gobernadora que:
“Necesitamos, pedimos, exigimos, imploramos una respuesta, una razón (sic) del paradero de nuestro compañero, amigo, hermano miguel angel cervantez palacios (sic), adscrito al distrito judicial de villanueva zacatecas (sic), ya que el dia 17 de febrero del año en curso nos enteramos por gente ejena (sic) a nuestra institucion(sic), que fue levantado por un comando de gente fuertemente armada sin existir razon (sic), aparente, tambien(sic), sabemos que ya hubo comunicacion (sic), por parte de los plagiarios con la familia de nuestro amigo y que piden una fuerte cantidad de dinero…”
Hasta el momento de redactar estas líneas sigue sin aparecer el agente ministerial, lo que no impide la retórica hueca en torno a nuestras imaginarias fortalezas frente a la delincuencia organizada, retórica que en nada comparten los agentes ministeriales que se expresan en el citado escrito.

Al último
El mismo día que los gringos dicen haber capturado en su territorio a 755 miembros del cártel de Sinaloa, el informe anual sobre derechos humanos en el mundo que rinde el departamento de estado, pone a nuestro país como escenario, de abusos, torturas y asesinatos cometidos por los cuerpos policiacos y por el Ejército con motivo del combate al crimen organizado.
Nada que los mexicanos no sepamos a pesar del ominoso silencio de muchos medios de comunicación.
Aquí lo grave es que sean los gringos quienes lo digan, porque a nuestros representantes populares les “queda grande” el tema y nuestros actores políticos prefieren asuntos más cómodos.
En círculos habitualmente bien informados se habla de que están identificados ocho gobernadores vinculados al narcotráfico. De ser cierto, no se vale esperar a que los gringos tengan más pretextos para intervenir en nuestros asuntos persiguiendo y aniquilando solamente a la “carne de cañón”, totalmente reemplazable gracias a la política económica.
Nos encontramos el lunes en el recreo

Regulación bancaria

José Luis Calva
El Universal, 26 de febrero de 2009.

Entre las conclusiones del foro “México ante la crisis: ¿qué hacer para crecer?”, destaca la realización de reformas legislativas “en materia de comisiones y márgenes de intermediación” (http://comunicacion.senado.gob.mx). Previamente, en el Senado de la República habían sido formalmente presentadas (el 10/II/09) dos iniciativas de reformas en esta materia: una, por 23 senadores del PRI, incluidos Manlio Fabio Beltrones y Heladio Ramírez; y otra por el senador Tomás Torres, del PRD.

Particularidades aparte, ambas iniciativas proponen otorgar facultades al Banco de México para regular las tasas de interés (poniendo límites a los márgenes de intermediación), así como las comisiones por servicios bancarios.

Dos semanas antes (el 27/I/09), la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo —a iniciativa del diputado Martín Malagón, del PAN— en el cual se “exhorta a las instituciones financieras a sensibilizarse ante el entorno financiero adverso y a reducir las tasas de interés que cobran por los créditos”. En sus “consideraciones”, el acuerdo presenta cifras comparativas internacionales que prueban el elevado diferencial entre las tasas de interés de depósito y las de préstamo en nuestro país, afirmando que “este elevado diferencial deja al descubierto que en México realmente hay pocos incentivos para ahorrar y el financiamiento resulta muy costoso”.

Por su parte, en la exposición de motivos de su iniciativa, los senadores del PRI argumentan que “el sistema bancario conlleva una estructura no competitiva”, que redunda “en los excesos de la banca comercial”; y subrayan que el tratamiento de este “punto neural pasa necesariamente por el establecimiento de topes máximos y mínimos a las tasas de interés, comisiones, cargos o penalizaciones”, “toda vez que el marco vigente ha probado que a través del libre mercado in genere, las instituciones financieras mantienen un nivel de cobros relativos por encima del mercado internacional”.

Este es el punto: la causa primordial de los extravagantes márgenes de intermediación y de los abusivos cobros por servicios bancarios radica en que el supuesto básico del fundamentalismo financiero del libre mercado —a saber: la existencia de competencia perfecta en el sistema bancario, donde todos los bancos son tomadores de precios y ninguno es capaz de influir decisivamente sobre ellos— es sólo un dogma y no una realidad.

Lo que verdaderamente ocurre en nuestro sistema financiero es la presencia de una importante falla de mercado, derivada de la elevada concentración de recursos en unos cuantos bancos de carácter oligopólico. “Esta concentración oligopólica —advirtió hace tiempo el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, en su clásico Reflexiones sobre las reformas financieras, de 1996— ha de tomarse muy en consideración antes de dejarse al libre juego del mercado la determinación de las tasas de interés, ya que ello puede conducir a una ampliación de los diferenciales de tasas de interés”.

Por eso, es necesario desechar el fundamentalismo de mercado y someter a regulaciones prudenciales los márgenes de intermediación, favoreciendo así el ahorro, la inversión productiva y la solidez del propio sistema bancario.

No se trata de suprimir la libre competencia. Al contrario, como observó el fundador teórico-práctico de la economía social de mercado y conductor económico del “milagro alemán”, Ludwing Erhard: “Los precios establecidos por grupos oligopólicos, al amparo de una economía de mercado a ultranza, distorsionan y lesionan la auténtica libre competencia”. Por ello, “cuando el mecanismo del mercado no opera en competencia perfecta, es necesario que el Estado establezca el precio justo”, cuyas características son: “que no sea gravoso para el consumidor, que no sea de ‘usura’ y que permita a la empresa seguir operando con eficacia”.

Desde luego, las ideas de Erhard continúan vigentes y constituyen uno de los principios básicos de cualquier buen regulador.

Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM

El pastel consensuado

Manuel Bartlett Díaz.
El Universal, 26 de febrero de 2009.

La lista de consejeros profesionales propuestos por el Ejecutivo al Senado, con un mes de retraso, es el inicio de la transformación de Pemex de acuerdo con el modelo privatizador aprobado por el Congreso.

Uno de los cambios que presumen los promotores de la reforma energética es el supuesto fortalecimiento del Consejo de Administración, al que se le faculta en la nueva legislación para conducir a Pemex conforme a las “mejores prácticas corporativas”, o sea, prácticas de las empresas privadas petroleras; con objetivos explícitos de operar un laxo sistema de contratación —prohibido por el artículo 27 constitucional— con empresas extranjeras para localizar y extraer lo más rápido posible las mayores cantidades de petróleo para la seguridad energética extranjera. O sea, Pemex, empresa nacional garante del aprovechamiento nacional y salvaguardia de nuestro patrimonio energético, transformada en una empresa extractiva y enajenadora de hidrocarburos homologada a las empresas petroleras privadas.

Para conferirle el carácter de “gobierno corporativo”, concepto correspondiente a empresas comerciales, se decreta una nueva composición del consejo con un papel preponderante de cuatro consejeros profesionales, que se suman a otros seis nombrados por el Ejecutivo. No podrá sesionar el consejo sin al menos dos de estos consejeros profesionales y sus decisiones tendrán que contar con el voto aprobatorio de dos de ellos.

Estos consejeros durarán seis años con derecho a reelección hasta 12, no podrán ser removidos sino por una decisión del propio consejo y, de acuerdo con la nueva ley, no la que se aplica a todos los funcionarios, serán prácticamente inamovibles.

Los consejeros todos actuarán “de acuerdo a su leal saber y entender”, así nada más, y Pemex pagará seguros y fianzas para protegerlos, a costa de la empresa, por si incurren en responsabilidades. La Secretaría de la Función Pública mantiene sus funciones pero no podrá evaluar el desempeño del consejo; para eso se crea un Comité de Auditoría, Evaluación y Desempeño, integrado en su totalidad por tres consejeros profesionales, o sea, se cuidarán ellos mismos, autorregulables, amparados en una legislación especial; tendrán autonomía de gestión para evitar “interferencias políticas”, una inverosímil privatización de la operación de nuestra empresa nacional.

El Consejo de Administración y sus derivaciones podrán contratar todo, desde la explotación hasta la distribución, pasando por la industria petrolera. El consejo definirá los tipos de contratos, los pagos y sus numerosos mecanismos de incrementos y bonificaciones, contratos de riesgo disfrazados; tendría incluso facultad de adjudicación directa sin licitación.

Obviamente, el feliz cuarteto propuesto al Senado para estas funciones exorbitantes es una consensuada distribución del pastel: los nombres son lo de menos, lo importante son los compromisos. Calderón se reserva formalmente dos, panistas, ex funcionarios foxistas-calderonistas que permanecerán más allá de Calderón; el PRI obtiene uno, ya desde antes un convencido de las privatizaciones energéticas; y a la “izquierda”, la que validó finalmente el modelo desnacionalizador, se le retribuye con uno. Alegre y prometedora privatización; apenas empiezan.

mbartlett_diaz@hotmail.com

Ex secretario de Estado

México S.A.

Columna de Carlos Fernández-Vega
La Jornada, 26 de febrero de 2009

• Crisis y sueldos
• Ley y cara dura
• Clase política y saqueo

En estos tiempos de crisis aguda, que provoca el desplome de prácticamente todo, ¿qué aumenta 46 por ciento o más en este heroico país? Muy pocas cosas. Por ejemplo, los precios de los alimentos, la inflación, el tipo de cambio peso-dólar, la tasa oficial de desempleo abierto, el número de discursos del inquilino de Los Pinos… y el ingreso de los consejeros electorales del IFE, que ya supera los 333 mil pesos mensuales por cabeza.

Así es. En este México lindo y querido, en el que los recursos públicos brillan por su ausencia (versión oficial), en el que el dinero no alcanza para nada (ídem), en el que la cancelación de puestos de trabajo es feroz, y en el que por cada minuto de gobierno calderonista han quedado desempleados 855 mexicanos (hasta enero pasado), los consejeros electorales dan una muestra de sensibilidad política al incrementarse 46 por ciento sus de por sí elevadas percepciones hasta hacerlas llegar a 333 mil 179.81 pesos mensuales, llevando hasta el exceso la barbarie que en igual sentido y por idéntica ruta han cometido un buen número de presidentes municipales, diputados, senadores y demás fauna de la clase política nacional, sin olvidar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante quienes el grupo jerárquico del IFE ya puede presumir igualdad de ingreso, o, en el peor de los casos, que ya merito.

No saben contar los votos, se hacen bolas con las actas, no les cuadra el PREP, fingen demencia ante las violaciones legales del duopolio televisivo, se doblan ante los poderes fácticos, entre otras gracias, pero a la hora de cuidar sus intereses y de elevar su ingreso hasta el Nirvana referido, los consejeros electorales son ágiles y cumplidores, pues aseguran sin sonrojarse que lo hacen porque así lo marca la ley; es una decisión abierta, transparente y apegada a la Constitución. Que ganarían más en la iniciativa privada, arguyen. Podría ser, pero ¿no lo sabían cuando se lanzaron en pos del hueso? ¿Querían ser consejeros o ganar dinero a manos llenas?

En aras de la igualdad y el equilibrio que debe imperar en la nación, cada uno de los susodichos consejeros obtendrá lo mismo que en otras latitudes de este mismo país ganan mensualmente 6 mil 170 trabajadores de salario mínimo, que deben repartir sus 54 enormes pesos diarios entre su normalmente abundante familia y cubrir todas las necesidades normales, como también lo establece la Constitución, aunque en este caso la violación legal a todas luces es brutal (el 123 señala textualmente: “los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos…”, lo que no pasa de ser un cuento).

La Constitución también garantiza el derecho a la vivienda, a la salud, al empleo, a la educación, etcétera, y hay que ver cuál es el déficit en estos renglones. Que no salgan los consejeros electorales con el clásico “nosotros no fuimos… fue la Constitución”. En un ejercicio ético –si saben de qué se trata– fácilmente el grupo jerárquico del IFE podría declinar tal exigencia legal, porque, además, los resultados por él ofrecidos son desastrosos. Si nos atenemos a lo que decide la Constitución, entonces México sería un país del primer mundo.

No son precisamente representativos de la alta calidad moral requerida en estos casos para criticar el elevadísimo cuan injustificable ingreso del grupo jerárquico del IFE, pero hasta los propios legisladores –que de este tema saben un rato– se ruborizaron al conocer la citada información. Así, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados envió una carta a los consejeros electorales del IFE, por medio de la cual les solicita reconsiderar el aumento salarial que se otorgaron, por imprudente, insensible y con una falta de solidaridad hacia la población afectada por la crisis económica (es decir, la mayoría de los mexicanos).

Bien por el exhorto, pero diputados y senadores anualmente hacen lo mismo –y si es posible en un periodo menor, también–, aunque cierto es que no en la proporción de los consejeros electorales. Habría que recordar cómo la jerarquía en el Senado de la República corrió enloquecida a Palacio Legislativo de San Lázaro para que, también en tiempos de crisis, los diputados fueran tan amables y gentiles de recortarles el presupuesto para su nuevo edificio, como si ello marcara la diferencia entre un Congreso de excelencia y al servicio de los ciudadanos y el que realmente tienen los mexicanos.

Por la misma senda han transitado, transitan, presidentes municipales de localidades depauperadas, en las que se autorizan sueldos de 400 mil pesos mensuales, por mucho que en esas comunidades miserables no exista agua potable, alcantarillado, alumbrado público o, lo más elemental, empleo. Incluso, este país de pobres que votó por un partido de ricos tuvo el privilegio, el lujo, de contar con un presidente municipal panista que se autodesignó esos emolumentos, al tiempo que era integrante destacado de la farándula nacional y filmaba películas de aventuras con su nombre artístico de Johnny Rivers.

Qué decir del señor de Los Pinos, que en plena crisis duplica el de por sí grueso presupuesto para atender su costosísimo aparato propagandístico que no convence a nadie; qué de los senadores que corretean a los diputados para que no les quiten el juguete del nuevo edificio; qué de éstos, ocultando incrementos salariales con comisiones, dineros para atención ciudadana y asistencia legislativa, mientras se reparten presupuestos sobrantes del ejercicio. Y lo señores ministros de la SCJN, y los del Trife, y los gobernadores, y los diputados locales, y, en fin, la clase política en su conjunto.

Lo importante, les recomendará algún asesor a los consejeros electorales, es aguantar vara; que soporten la andanada, que finjan demencia frente a las críticas y que esperen el siguiente escándalo en otras áreas de la vida política y económica del país, que se dan seguido, para que los reflectores se alejen. ¡Y a gozar la chuleta!

Las rebanadas del pastel

Cese la política del saqueo y, probablemente, algún día este país saldrá del hoyo… Y el famélico bailarín se mantiene en lo suyo: ayer, 15.08 pesos por dólar.

cfvmexico_sa@hotmail.com

México S.A.

Columna de Carlos Fernández-Vega en La Jornada
Miércoles, 25 de febrero de 2009

• Abominable resultado de la presidencia del empleo
• Oficialmente hay cerca de 2 millones 260 mil mexicanos desocupados

Eeen materia laboral, para no abordar otros temas, el balance de 26 meses de presidencia del empleo resulta verdaderamente abominable: a lo largo de ese periodo, en promedio, 855 mexicanos por día han sido forzados a ingresar a las filas del desempleo abierto en el país, hasta acumular cerca de 677 mil al cierre de enero pasado, al tiempo que, en las grandes ciudades, se registran tasas de desocupación muy por encima de las reportadas en enero de 1995, el año de la mayor crisis económico-financiera conocida por el país (hasta ese momento).

Así, en plena presidencia del empleo, oficialmente en el país existen cerca de 2 millones 260 mil mexicanos en el desempleo abierto, monto nunca antes reportado, o lo que es lo mismo 5 por ciento de la población económicamente activa, la mayor proporción desde que en enero de 2005 el INEGI estrenó metodología para medir el empleo en el país de acuerdo con los estándares de la OCDE, fecha en la que dicha tasa se ubicó en 4.1 por ciento de la PEA.

Alrededor de 677 mil mexicanos desempleados a lo largo de la continuidad, lo que arroja un promedio mensual de 26 mil 38 por mes, o, como citamos al principio, 855 cada 24 horas de estadía calderonista en Los Pinos. Cuando Felipe Calderón, el presidente del empleo, se instaló en Los Pinos, oficialmente se reconocía un millón 582 mil mexicanos en el desempleo abierto; 26 meses después, al cierre de enero pasado, el saldo se había incrementado a 2 millones 259 mil (los expulsados de su tierra no son contabilizados).

Lo anterior, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondiente a enero de 2009, ayer divulgada por el INEGI, la cual revela que la tasa oficial de desempleo abierto en el primer mes del año llegó a 5 por ciento de la población económicamente activa, contra 4.04 por ciento de un año atrás, afectando más al empleo de las mujeres (5.26 por ciento de desocupación) que a los hombres (4.84 por ciento).

El 23 de febrero de 2005, el INEGI divulgó su nueva ENOE, levantada a nivel nacional entre la población mayor a 14 años), con información a enero de ese año, la cual sustituyó a la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU, levantada en las principales ciudades del país y considerando a la población de 12 años en adelante), de allí que la comparación de porcentajes se limite a un plazo de cuatro años, aunque de cualquier suerte el 5 por ciento de enero de 2009 resulta la mayor tasa de ese periodo.

Lo que sí es comparable, en un periodo mucho más amplio, es el desempleo urbano, medido en las grandes ciudades mexicanas (aquellas con más de 100 mil habitantes) por el propio INEGI por medio de la ENEU. Así, en enero de 1995, en el año de la gran crisis y con el gobierno del bienestar para la familia, la tasa oficial de desempleo urbano afectó a 4.5 por ciento de la PEA; en igual mes, pero de 2009 y con el presidente del empleo, ese indicador alcanzó a 6.09 por ciento de la población en edad y condición de laborar.

Esos son los indicadores oficiales que documentan los floridos discursos que sobre las cifras históricas de empleo en mi gobierno presume Felipe Calderón, pero también los números que, más allá del fatuo discurso gubernamental, de tiempo atrás encendieron las señales de alarma, del ya basta que exige la sociedad.

Sólo para mantener aceitada la memoria, retomó algunos pasajes de lo aquí publicado a principios de año: aventajado representante de la farándula política mexicana, en tiempos de la campaña electoral el actual inquilino de Los Pinos pronunció una frase que, vista a casi tres años de distancia, ya no provoca carcajadas entre sus correligionarios, como lo hizo en aquel entonces. Con una enorme sonrisa, en mayo de 2006 dijo al colega Jorge Ramos, de Univisión: la diferencia entre él y yo es muy sencilla, yo voy a ser el presidente del empleo y él es el matachambas de los mexicanos. Felipe Calderón se refería, obvio es, al peligro para México, pero, ¡oh!, las vueltas que da la vida: casi un trienio después de tan jocoso comparativo, el autodenominado presidente del empleo resultó ser no sólo un fracaso, sino un destacado matachambas de los mexicanos.

Muchas son las frases de ocasión que el michoacano ha pronunciado desde la campaña electoral hasta la fecha, pero las referentes al empleo, comparadas con la realidad, se han convertido en un lamentable muestrario del humor negro que lo caracteriza. Botones: he dicho que voy a ser el presidente del empleo porque toda la política pública del nuevo gobierno que iniciaré el primero de diciembre de este año estará orientada a garantizar que los mexicanos tengan empleos dignos, estables, bien remunerados… Yo me comprometo a preservar la estabilidad económica de México. En mi gobierno, el patrimonio de todos los mexicanos será un patrimonio asegurado por un gobierno responsable… a satisfacer básicamente tres principales demandas de los mexicanos: primero, la seguridad pública y el estado de derecho; segundo, el combate a la pobreza y, tercero, la generación de empleos… estamos cumpliendo un compromiso claro que tuve con los mexicanos, el ser el presidente del empleo, lo voy hacer y este es un paso decidido en ese sentido. Lo anterior, para redondear en cada oportunidad que desde su instalación en el ex Hacienda de La Hormiga sólo cifras históricas en materia de empleo.

Y la terca realidad siempre tirándole el discurso: 5 por ciento de la población económicamente activa oficialmente en el desempleo abierto; 6.09 por ciento de la PEA urbana en idéntica circunstancia, indicadores mucho más peligrosos que los reportados en 1995, el año de la gran crisis.

Las rebanadas del pastel

Calmaos, mexicanos iracundos, que el inquilino de Los Pinos ya prometió poner punto final a las acciones del crimen organizado. Confiad, como lo hicieron, con las cifras históricas de empleo, el catarrito y la gripa, el tipo de cambio firme, y, sobre todo, el nunca más una crisis en México… Y la vapuleada moneda nacional de plano ya no sabe para dónde hacerse ni con qué cubrirse, mientras la Comisión de Cambios (Banco de México-Secretaría de Hacienda) no deja de alimentar a las hordas especulativas.

cfvmexico_sa@hotmail.com

Círculo López-Obradorista

Círculo López-Obradorista
Estudiantes de “Prepa 1”

“Lo que un día fue no será”, y con esta frase empiezo esta columna, y hago referencia con la misma a la decisión que tomó Miguel Alonso de separase del PRD, sus motivos son ciertos y negarlo sería no ver la realidad, aunque creo que fue una decisión desatinada y desmesurada, que ha generado en las bases un descontento generalizado ante la permisividad en los ideales, por este motivo. Lo que un día pudo ser un fenómeno social y político que transformara zacatecas, ante esta obvia permisividad creo que no será así.

“Castillos en el aire”, y como es del conocimiento de todos durante varias décadas, así como dice nuestra frase principal, se han construido las finanzas de la república, que nos deja en una situación difícil ante la crisis procedente del vecino país del norte, es verdad que la crisis no fue provocada en México, pero lo que hará la diferencia en cada país es lo que su gobierno haga para que su pueblo salga lo menos posible afectado, siendo la sensibilidad de los gobernantes, y la cual se puede medir según su capacidad para comprender lo que necesita su pueblo, cosa que les hace falta a la clase gobernante de nuestro país, siendo este factor determinante para el éxito o el fracaso de las políticas que cada administración aplique respectivamente.

Y como ya es costumbre, México desentona en la gran orquesta internacional, ya que vivimos un capitalismo fallido o como diría Denise Dresser en su discurso en los foros del senado “Capitalismo de cuates y gobierno de cómplices” lo cual nos impide enfrentar la crisis, con un gobierno oligárquico y entregado a intereses totalmente distintos a los del pueblo, se ha construido este sistema económico en el aire y, corre el riesgo de un gran colapso de escala inimaginable.

“Guerras perdidas”, es lamentable que se use en tiempos electorales la pena de muerte como “solución milagrosa” para la inseguridad que impera en nuestro país, y así tratar de conseguir a base de clientelismos el voto de los ciudadanos, que algunos en su mayoría están pocamente informados, y su único alimento intelectual es la televisión, pero la solución está en el cambio de rumbo del sistema político y económico que reina en nuestro país, un cambio de este tipo implicaría que se perdieran los privilegios que tiene los oligarcas que se ostentan en el poder, y ellos se resisten al cambio, por lo cómodo que este mismo sistema implica, pero los cambios siempre se han dado y se darán, son ineludibles, y gracias al movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador que nos invita al cambio, para bien de nuestro país, tenemos una cita con la historia y tenemos la oportunidad de tener un país mejor, por eso los invito a unirse al movimiento y tenemos que salvar a México.

Nos vemos el próximo Miércoles

En concreto

Catastrofista

Laura Itzel Castillo

El universal gráfico 25 de febrero de 2009

México lleva más de 25 años siendo el laboratorio de las medidas económicas propagadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. A pesar de haber insistido hasta la saciedad en los supuestos beneficios, los resultados están a la vista.

El desempeño de nuestra economía, y con ello el desarrollo nacional, ha estado supeditado al comportamiento de la economía de Estados Unidos, sobre todo en su aspecto más negativo.

En el 2007, en ese país se produjo lo que se conoce como el rompimiento de la burbuja hipotecaria. Es decir, se trata de una crisis que afectó al sector inmobiliario y bancario, desatada a raíz de un diseño financiero irresponsable en el que se otorgan créditos hipotecarios indiscriminadamente a la población que no puede pagarlos a mediano y largo plazos.

El problema tuvo alcances nacionales graves, debido a que el sector inmobiliario ocupa el cuarto lugar como palanca de la economía norteamericana, según información proporcionada por el especialista norteamericano, James Galbraith.

El auge inmobiliario en aquél país tiene sus orígenes en 1986, cuando el Congreso aprobó una reforma fiscal que estableció incentivos para la adquisición de inmuebles e introdujo ventajas fiscales en los créditos hipotecarios. Con ese impulso, la evolución del sector rápidamente produjo excedentes financieros para la administración de Bill Clinton. Fue tal el desarrollo de esta industria que los intereses generados desplazaron a los bienes de consumo como factor de crecimiento nacional.

George Bush llegó al poder en medio de un clima político adverso, debido al cuestionamiento de su legitimidad, pues asumió el mandato gracias al fallo de la corte y no por medio del voto popular (cualquier semejanza con Calderón, no es mera coincidencia). Esta condición, que implicaba un compromiso tácito con los grandes capitales, llevó a Bush a garantizar impunidad a los distintos sectores privilegiados, entre ellos el inmobiliario. Al igual que en México, el gobierno abandonó el interés público para ponerse al servicio de intereses privados.

Esta licencia de impunidad abrió la puerta para que bancos e inmobiliarias ofertaran millones de créditos con tasas bajas en los primeros años para la gente que históricamente no era sujeta de estas políticas, pero con tasas impagables al paso del tiempo. Galbraith los llamó “préstamos neutrones” pues destruyen a las familias.

El resultado de esto fue que millones de personas cayeron en cartera vencida y los bancos se quedaron sin liquidez, debido a esta ilusión monetarista. Al año se generaban un cuarto de millón de notificaciones judiciales de desalojo. Galbraith concluyó su análisis pronosticando una recesión en Estados Unidos y un conflicto social de grandes dimensiones. ¿Catastrofista?

Raúl Lucas: siembra de odio, cosecha de ira

Publicado en La Jornada el 24 de febrero de 2009

Luis Hernández Navarro

La quinta fue la vencida. Cuatro ocasiones anteriores, Raúl Lucas Lucía se había librado de la muerte. Pero el pasado 13 de febrero ya no pudo escapársele. Ese día fue detenido y desaparecido con violencia. Tres días más tarde fue asesinado. Sus restos aparecieron ocho días después. Su cuerpo tenía huellas de tortura y tiro de gracia. La misma suerte sufrió su compañero Manuel Ponce Rosas.

Insumiso, desde hace 10 años Raúl vivía acosado por el poder. En 1999, poco después de la matanza de El Charco, el Ejército Mexicano lo torturó y amenazó. En septiembre de 2001 nuevamente fue torturado por militares en su comunidad, junto a sus hermanos y cuñado. El 18 de octubre de 2006, después del paso de la otra campaña por la comunidad mixteca de El Charco, recibió amenazas de los soldados. El 15 de febrero de 2007 fue herido de bala en el cuello durante una emboscada que casi le costó la vida.

La quinta fue la vencida. El pasado 13 de febrero, Raúl y Manuel participaban en un acto oficial para inaugurar la construcción de edificios escolares en la ciudad de Ayutla de los Libres, Guerrero, junto con otras 35 personas. Recién acababa de pasar la una y media de la tarde cuando tres sujetos con armas largas llegaron, gritando “policía”. Los golpearon en la cabeza, los sacaron de la reunión a rastras para meterlos en una camioneta Liberty negra que los esperaba con el motor encendido y se los llevaron con rumbo desconocido.

Media hora después, Guadalupe Castro Morales, esposa de Manuel, recibió una llamada a su celular proveniente del teléfono de su marido. Cuando ella respondió, una voz masculina le advirtió: “No empieces a chingar. Quédate calladita o jodemos a tu esposo. Esto les pasa por defender indios”. No se supo más de ellos, hasta el 21 de febrero en que sus restos fueron encontrados.

Raúl Lucas García y Manuel Ponce Ríos eran indígenas, mixtecos, guerrerenses y pobres. Raúl era presidente de la Organización Independente de Pueblos Mixtecos (OIPM) y Manuel el secretario. La organización, nacida en 2002 de las comunidades sembradas entre profundas barrancas y grandes cerros, tiene su base en la cabecera municipal de Ayutla de los Libres. Se dedica a defender los derechos de los pueblos indios de la región, a denunciar las violaciones de los derechos humanos que sufren y a gestionar proyectos productivos y de bienestar social para los nu’saavi.

La OIPM proviene de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT), fundada en 1994. De esta última surgió, también, la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, que actualmente tiene a cinco de sus integrantes recluidos en el penal de Ayutla, y que han sido adoptados como presos de conciencia por Amnistía Internacional. Ambas uniones indígenas trabajan de manera coordinada con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Raúl era oriundo de la comunidad de Roca Colorada, en la región mixteca de Ayutla de los Libres. Durante muchos años luchó por el beneficio de las comunidades indígenas. Cuando fue nombrado presidente del comisariado de Coapinola defendió los bosques contra la tala ilegal de la madera que llevaban a cabo empresas que saqueaban la riqueza forestal sin permiso del comisariado. Con éxito, encabezó la lucha de las comunidades mixtecas de su municipio en contra del Programa de Certificación de Derechos Ejidales-Comunales (Procede).

El asesinato de Raúl y Manuel es el más reciente episodio de la cosecha represiva de El Charco. Ellos son las dos últimas víctimas de una saga macabra que se remonta casi 11 años atrás. En la madrugada del 7 de junio de 1998, mientras dormían en la escuela primaria Catarino Maldonado, 10 indígenas mixtecos y un estudiante de la UNAM fueron ejecutados –algunos sumariamente– por soldados. Los campesinos pertenecían a la OIPMT. El general Juan Alfredo Oropeza Garnica, jefe de la 27 zona militar, estuvo al mando del operativo. Ernesto Zedillo era presidente de la República. El gobierno quiso presentar la matanza como un “enfrentamiento” entre el Ejército y guerrilleros.

La lista de dirigentes indígenas regionales muertos violentamente desde entonces es larga. Entre muchos otros forman parte de ella Galdino Sierra Francisco, tlapaneco de Barranca de Guadalupe, miembro de las Comunidades Eclesiales de Base, asesinado en abril de 2000. Donaciano González Lorenzo, ejecutado en enero de 2001. Y Andrés Marcelino Petrona, dirigente mixteco de El Charco e integrante del Comité de Defensa de los Derechos Humanos, baleado el 26 de agosto de ese mismo año.

En una de muchas otras denuncias hechas en los últimos años, Raúl Lucas explicó cómo militares y policías han entrado en al menos 20 de las 28 comunidades mixtecas de Ayutla. Contó que en los pueblos La Fátima y Vista Hermosa “los soldados llevan dulces a los niños, pero luego les preguntan si han visto a guerrilleros o a narcos”. Explicó cómo en esas incursiones cerca de 100 uniformados “a unos les robaron cultivos de caña y a otros los quisieron vincular con organizaciones guerrilleras como el ERPI o el EPR y, en el peor de los casos, con narcotráfico”.

Como presidente de la OFPM, Raúl documentó en 2008 cuatro casos de violaciones a los derechos humanos consistentes en allanamientos, robo, daños, retenciones e interrogatorios ilegales efectuados por militares en poblaciones mixtecas y tlapanecas. Estos casos ameritaron la interposición de cinco quejas ante la CNDH y denuncias penales. Los abusos no cesaron.

Los homicidios de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Ríos son un paso adelante en la guerra de intimidación en contra de las comunidades indígenas de la Montaña y la Costa Chica. Dos hombres, dignos y valientes, defensores de los derechos de los pueblos indios, fueron salvajemente eliminados. En la región, los militares han sembrado odio, violencia, muerte, robo de cosechas, abusos. Le han echado gasolina al fuego. Que nadie se extrañe cuando se levante una cosecha de ira.

La otra crisis

Néstor Martínez Cristo
La Jornada, 23 de febrero de 2009.

No hay duda de que aunada a la lacerante crisis económica global, México enfrenta hoy otra crisis que comienza a reportar enormes costos no sólo económicos, sino también políticos y sociales: su imagen en el exterior se desmorona.

Las señales que México ha dado al mundo a través de los medios de comunicación nacionales y extranjeros, desde hace años tienen el común denominador de la inestabilidad.

Si bien durante poco más de una década los indicadores económicos del país habían mostrado un comportamiento más o menos estable, que se tradujo en confianza en los mercados y en las inversiones, los resultados que reportaban otros sectores, de manera paralela, no eran tan halagüeños.

Secuelas de levantamientos armados, guerrillas, homicidios que no se esclarecen, impunidad, elecciones cuestionadas, seguidas de prolongados conflictos poselectorales; escándalos de corrupción, así como el más reciente recrudecimiento de la inseguridad y de la violencia generada por el narcotráfico y el secuestro, se han convertido en los mensajes que el mundo recibe de nuestro país desde hace años.

Y es que hoy, cuando la economía nacional es arrastrada por la llamada crisis global, los muy escasos indicadores que daban pie a una precaria estabilidad han terminado por desaparecer y sólo quedan al desnudo, ante los ojos del mundo entero, los horrores que arroja cotidianamente la lucha contra la delincuencia organizada.

El gobierno de Felipe Calderón ya sabe de los enormes costos que esta realidad comienza a arrojar al país. Ya lo detectó, lo midió y está sumamente preocupado.

Quizás sea por esta razón que, durante la semana pasada, al menos tres miembros del gabinete saltaron a la palestra para tratar de contrarrestar los efectos negativos de la lucha contra el narcotráfico.

Cada uno por su parte, carentes de una estrategia, sin un mensaje claro ni argumentos bien definidos, hicieron algunos señalamientos temerarios que, lejos de cumplir con el propósito de enviar un mensaje positivo, provocaron una serie de enredos, de dimes y diretes, que orillaron a la intervención de gobernadores, legisladores e, incluso, del propio secretario de Gobernación.

Las declaraciones de los secretarios de Turismo, Rodolfo Elizondo; de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, y de Energía, Gerardo Ruiz, abrieron innecesariamente tres frentes distintos en un debate que nada abona a la confianza que el gobierno calderonista ahora busca construir.

El responsable del sector turismo manifestó, el 16 de febrero, su preocupación por el “deterioro de la imagen de México en el exterior, por la insistencia de algunos medios de comunicación –dijo– de destacar todo lo que sucede en materia de crimen organizado”.

Resulta comprensible la preocupación de Elizondo, ante la difícil realidad que enfrenta ese sector a partir de la innegable caída del turismo extranjero al país producto de las señales de inestabilidad. Lo que parece un despropósito es que, quien fuera el encargado de la comunicación del gobierno federal durante el primer tramo del sexenio anterior, culpe a los medios de ser los responsables del acelerado deterioro de la imagen de México más allá de las fronteras.

Al día siguiente, el 17, la canciller expresó ante su similar de Irlanda que la violencia generada por la lucha contra el crimen organizado de ninguna manera se da en varios sitios de la República, sino que ésta se circunscribe exclusivamente a tres entidades federativas. Mencionó Baja California, Chihuahua y Sinaloa.

El señalamiento de Espinosa causó revuelo e indignación entre legisladores, pero también en los tres estados sobre los que puso el dedo.

El gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, reprochó a la canciller, a través de un desplegado publicado en medios impresos, la ligereza de sus aseveraciones; la acusó de querer minimizar un problema que se extiende a muchos otros estados, y le exigió una rectificación. Y es que apuntar de esa manera, en un tema tan sensible, pudiera fácilmente provocar brotes de mayor inestabilidad en esas entidades fronterizas.

En París, el 18 de febrero, el secretario de Energía soltó una declaración que, por lo aventurada, dejó perplejos a sus interlocutores y pronto se regó por todo nuestro país.

Palabras más, palabras menos, Gerardo Ruiz dijo que México tuvo que entrar a la lucha contra la delincuencia organizada porque, de no hacerlo, el próximo presidente de la República podría ser un narcotraficante.

Los yerros concatenados de los tres miembros del gabinete calderonista llegaron hasta el Congreso. En el Senado, institución encargada de sancionar la política exterior de México, quieren prohibir a los secretarios de Estado que opinen en materia de seguridad. El país queda peor parado, argumentan los legisladores.

Por delicado, el asunto del deterioro de la imagen en el exterior ya forma parte de la agenda de Felipe Calderón. Es preciso atenderlo con prontitud y eficacia, pues de lo contrario el daño que cause ésta, la otra crisis, será incuantificable.

México S.A.

Columna de Carlos Fernández-Vega en La Jornada
Lunes, 23 de febrero de 2009.

• Tercermundistas excluidos
• Los poderosos encargan al FMI el diseño de un nuevo orden económico

Ante la espeluznante sacudida que vive el planeta, los países más poderosos del mundo –cuando menos así se autodefinían antes del estallido de la crisis–, han decidido diseñar un nuevo sistema financiero internacional, y para lograr tal propósito no encontraron mejor diseñador ni ejecutor que el organismo creador de una buena cantidad de estrategias que condujeron a millones de habitantes a la miseria más atroz, es decir, el Fondo Monetario Internacional, el azote de los pueblos.

Se ha reiterado hasta el cansancio –más como justificación que como explicación– que la crisis es mundial y que, por lo mismo, su solución sólo será posible con la plena participación de la comunidad de naciones. Sin embargo, tal solución es ahora democráticamente decidida por un grupúsculo de países que, como siempre, piensan por el resto del planeta.

Muestra de lo anterior es el encuentro realizado este fin de semana en Berlín, durante el cual los ocho gobiernos congregados acordaron comisionar al Fondo Monetario Internacional y al Fondo Financiero de Estabilidad la aplicación de las recomendaciones para poner en marcha el plan de acción así como su vigilancia, es decir, el diseño y ejecución de la nueva arquitectura financiera internacional –como la calificó la canciller alemana, Angela Merkel–, la cual deberá aplicarse de manera consecuente.

Merkel, en voz de las naciones europeas participantes en el encuentro de Berlín, subrayó que “todos los mercados financieros del mundo, todos los productos financieros y los actores de los mercados, independientemente del lugar de su sede, deberán someterse a la vigilancia y regulación, y esto regirá tanto para sociedades accionarias como para los fondos de inversión libre… se pretende evitar que esos actores asuman riesgos excesivos”. Bien en el discurso, pero en el lenguaje de la canciller todos quiere decir lo que nosotros, los países más poderosos, decidamos, les guste o no a los demás, que no fueron invitados al sepelio del viejo orden económico internacional.

En este contexto, le encargan al FMI –un organismo de control creado por los vencedores de la segunda Guerra Mundial– la refundación del orden económico y financiero internacional que reventó, entre otras causas, por las políticas, las estrategias y las imposiciones de ese mismo organismo, no sin la anuencia y aplauso de los que hoy deciden la nueva arquitectura.

La crisis es mundial, dicen, pero las decisiones se siguen tomando en petit comité. Lo dijo el primer ministro británico, Gordon Brown: “hubo consenso en que es necesario establecer un New Deal, un nuevo pacto económico y financiero, que abarque a todo el mundo y funde de nuevo esos sistemas para confrontar la crisis actual y evitar otras en el futuro”. Le hizo segunda el presidente francés, Nicolás Sarkozy: todos están decididos al éxito; no hay camino de retorno; no nos podemos permitir un fracaso en la refundación del sistema financiero internacional.

¿En qué momento se logró el consenso mundial? ¿Cuándo se pronunciaron los países tercermundistas? Sólo ellos sabrán, pero obvio es que el grueso de naciones ni siquiera fueron tomadas en cuenta, y al enterarnos de que los poderosos han decidido encargar al FMI el nuevo diseño, fácil es conocer de dónde vienen tan democráticas instrucciones.

Angela Merkel detalló que la reunión de Berlín da continuidad a los esfuerzos internacionales que pactó el G-20 el pasado 15 de noviembre en Washington, y dijo que será prioritario mantener la presión en la cumbre del 2 de abril en Londres para que las medidas acordadas se apliquen en forma consecuente. En efecto, el citado encuentro en la capital estadunidense reunió a los representantes del Grupo de los 20 países más poderosos del planeta (G-7, más Rusia, las naciones emergentes más destacadas y la representación de la Unión Europea) para encontrar soluciones a la crisis, las cuales, por lo visto, no aparecieron.

El G-20 ordenó al FMI el citado diseño. Bien, pero los países que dan cuerpo a ese grupo concentran poco más de 65 por ciento del poder de voto en el seno del Fondo Monetario Internacional. Así, alrededor de 190 naciones no tendrán ni voz ni voto –de hecho, muchas de ellas ni siquiera serán mencionadas– y quedarán totalmente excluidas de esta democrática solución con la plena participación de la comunidad internacional.

Pero la concentración del G-20 aguanta otra criba. En este contexto, el G-7 lleva la voz (y el voto) cantante. Sólo Estados Unidos concentra casi 17 por ciento del poder total de voto en el FMI; el resto de las naciones integrantes del G-7 (Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá) acaparan en conjunto el 27.7 por ciento, y si se le suma Rusia (G-8) el 30.39 por ciento, para sumar, con Estados Unidos, 47.39 por ciento del total. China y su creciente cuan decisivo poderío económico-financiero, sólo tiene 3.36 por ciento del voto, y ha sido excluida del consenso.

Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, China, India, Indonesia, México, Corea del Sur, Sudáfrica y Turquía (todas naciones integrantes del G-20, como economías emergentes) apenas reúnen el 17.64 por ciento de ese poder de voto en el FMI. México (que no pertenece al G-7 ni al G-8) sólo tiene el 1.47 por ciento de ese mismo poder de voto. Entonces, ¿quiénes, en esta democrática cuan consensuada solución de la crisis internacional, tomarán las decisiones y definirán qué sí y qué no en la nueva arquitectura y su respectivo diseño?

Los viejos arquitectos disfrazados de nuevos diseñadores, para que al modificar todo en los hechos no cambien nada, en espera de la siguiente crisis.

Las rebanadas del pastel

En pleno terror cambiario, dice el gobernador del Banco de México que los bancos extranjeros que operan en el país no son los responsables del desplome del peso, pues tienen amplia disponibilidad de dólares, incluso más allá de lo imaginable, de tal suerte que no están repatriando dólares a sus matrices. ¿Quién, entonces? ¿Serán los mexicanos de salario mínimo? ¿Acaso las micro y pequeñas empresas que revientan como palomitas de maíz?

cfvmexico_sa@hotmail.com

RECREO

Por J. Luis Medina Lizalde

Publicado el 23 de febrero de 2009 en el periódico IMAGEN

La clase gobernante actual comparte las mismas flaquezas

No obstante, en algunos asuntos los partidos tienen posiciones diametralmente opuestas

Al principio

Manuel Buendía “se metía entre las patas de los caballos”, por eso lo mataron. Su columna “red privada” abordaba temas que otros periodistas rehuían. 

Cuando fue asesinado, la droga era básicamente producto de exportación y por ende, vital fuente de divisas en medio de la crisis de los años 80.

Gobernaba el país Miguel De la Madrid y el estado, el Lic. Cervantes Corona cuando la tolerancia oficial al cultivo y comercialización de la marihuana era tan obvia, que muchos se convencieron de que a la endémica corrupción gubernamental, se había sumado una razón de Estado para que no se perdieran los empleos directos e indirectos generados por los narcos y para que no se afectara la casi única fuente de dólares.

Por ejemplo en Zacatecas, y muy especialmente el municipio de Villa de Cos formó parte de la “agricultura protegida” de Rafael Caro Quintero hasta que años después cayó en desgracia y la Secretaría de la Defensa Nacional trasladó de plano a todo el batallón al que tantas veces se le observó custodiando sembradíos.

En todo eso hurgaba Manuel Buendía cuando cae aquel 30 de mayo de 1984. Asesinado por agentes del estado que acaban de obtener su libertad. 

La UAZ tomó la iniciativa de sumarse a la exigencia de justicia en lo que se consideró un grave atentado a la libertad de expresión mediante la creación del “Premio Manuel Buendía a la trayectoria periodística” a la que se sumó la Universidad de Puebla, entregándose por primera vez a don Alejandro Gómez Arias, quien lo recibió en el exTemplo de San Agustín, iniciándose con ello una etapa de rico contacto universitario con lo más prestigiado del periodismo nacional mediante cursos, diplomados y conferencias.

Los universitarios pensábamos que la auténtica democracia exige la develación de los muchos “misterios de Estado”, uno de los cuales lo constituye el crimen contra el periodismo de investigación que cometió el régimen en la persona de Manuel Buendía.

¿Partidos sin candidatos y candidatos sin partidos?

Al declararse independiente y anunciar la creación de un movimiento ciudadano, el grupo de diputados locales encabezados por Miguel Alonso pone de relieve la profunda crisis del sistema de partidos en México.

El descrédito de los mismos en nuestro país es abrumador si le hacemos caso a las encuestas que establecen que 7 de cada 10 otorgan su voto fijándose en la persona y no en el partido que la postula. 

Pero eso no significa que dé lo mismo “Juana que Chana”, pues aunque la clase gobernante actual comparte las mismas flaquezas, no obstante su pluralidad, hay una lista de asuntos en la agenda contemporánea en donde los partidos tienen posiciones diametralmente opuestas, citemos sólo algunos casos.

La reforma a la ley federal del trabajo se divide en dos grandes bandos: uno busca preservar lo que se ha dado en llamar conquistas históricas de los trabajadores y otro busca la “flexibilización” al gusto de las cúpulas patronales.

Si usted está de acuerdo en la despenalización del aborto y pretende ser candidato de un partido de derecha, o si estando en contra busca la candidatura de la izquierda, está jugando a engañar. 

Temas como la pena de muerte, la legalización de la marihuana, la revisión del Tratado de Libre Comercio, la regulación de la actividad bancaria o la continuación de su libertinaje, soberanía alimentaria o acentuación de la dependencia, no permiten “nadar de muertito”

Es perfectamente posible que un político no sea progresista o conservador químicamente puro. Inclusive, creo que es lo más frecuente, pero eso no significa indefinición en torno a los grandes asuntos sociales.

Por ello cada alianza, cada cambio de partido de los actores políticos, es motivo de la más severa evaluación social, evaluación de la que algunos salen bien librados, aunque son los menos.

Eso de que “lo que cuenta es la persona y no el partido” depende de cómo se interprete, los ciudadanos no acostumbran otorgar cheques en blanco.

Si el paso dado por Miguel fue un acierto o un error, se sabrá pronto.

Al último

Felipe Calderón pierde aliados. Primero fue Carlos Slim el que echó abajo su discurso sobre la crisis, después Lorenzo Servitje lo llama “presidente de facto”. 

Irrita a los hombres del dinero la notoria incompetencia de un gabinete de “allegados”.

Aquí y en China un gobernante es del tamaño de los que con él gobiernan. 

Nos encontramos el jueves en El recreo.

Países con un bajo nivel de producción agrícola serán los más afectados por la crisis: experto

Publicado en La Jornada el 22 de febrero de 2009

Fundamental, buscar el equilibrio entre lo que se produce internamente y lo que se importa

Países con un bajo nivel de producción agrícola serán los más afectados por la crisis: experto

Propone subsidios directos a la alimentación, financiar la tecnología e incrementar infraestructura
Carolina Gómez Mena
 

Las crisis alimentaria y económica golpearán con mayor fuerza a aquellos países que tienen un “muy bajo nivel de producción agrícola y que no son capaces de surtir con su producción una buena parte de la alimentación interna” de sus naciones, aseguró Gino Buzetti, representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), quien hizo hincapié en que esto no quiere decir que cada país tiene, obligadamente, que producir todo lo que consume, porque hay ocasiones en que si esto se intenta resulta ineficiente. Lo que se debe hacer es buscar un “equilibrio”, refirió.

“Si se tiene un buen equilibrio entre lo que se importa y lo que se produce no hay problema. La seguridad alimentaria no significa cerrar las fronteras, porque hay quienes son más eficientes produciendo determinados artículos. Es un castigo para la gente que se le dé un producto más caro porque no se quiere comprar donde es más barato. Cerrar fronteras ocasiona ineficiencia, suponer que la soberanía alimentaria es ‘yo produzco todos mis alimentos’ hace ser ineficiente. La clave es el equilibrio entre lo que se produce y lo que se importa, y qué se produce y qué se importa”, señaló el funcionario del organismo interamericano.

En entrevista, Gino Buzetti mencionó que los países más golpeados serán aquellos que no tienen recursos para comprar alimentos y que los producen de manera muy escasa; en cambio, sostuvo que aquellas naciones que aunque no alcanzan a cubrir toda su demanda en alimentaria sí cuentan con dinero para adquirir en el exterior los productos que requiere no se verán tan afectadas.

“El problema de la crisis alimentaria o de la seguridad alimentaria es un dilema de si uno tiene los alimentos o tiene los recursos para comprarlos; si hubiese un país que no tuviese alimentos pero tiene dinero para comprarlos, no tendrá dificultades. Varios países del Caribe van a tener estas dificultades, pero las naciones que han logrado juntar reservas y tienen un volumen de producción interesante no van a tener mayores dificultades.”

No obstante, insistió en que cuando hay crisis globales como la que actualmente padecemos, todos salen finalmente afectados, en mayor o menor medida. “Cuando hay crisis, nadie sale bien librado; cuando llueve todos se mojan. Claro que el que tiene mejor paraguas se moja menos”.

De acuerdo con Gino Buzetti, México “es uno de los países que está en buenas condiciones y por tanto no se verá tan afectado”, aunque hizo hincapié en que cuando hay estas debacles económicas y financieras nadie sale indemne. “México no va a resultar tan afectado, pero sin duda la crisis va a golpear a todos”.

Resaltó que entre las medidas que se deben tomar para aminorar la afectación en el campo está el “adelanto del gasto fiscal, fortalecer el apoyo al sector agrícola y los subsidios directos a la alimentación, así como financiar la tecnología e incrementar la infraestructura agrícola”, entre otros aspectos.

A su parecer, México ha dado “pasos correctos”, pero hizo hincapié en que “hay que poner más fuerza en empujar la ley de desarrollo rural sustentable” vigente en el país, la cual calificó de “muy moderna”.

Antes muerto que vendido

Mario di Costanzo Armenta
La Jornada, 22 de febrero de 2009.

Más rápido que pronto, los directivos de Citigroup aclararon los rumores que surgieron sobre la posible venta de Banamex haciendo énfasis en que su subsidiaria en México por ningún motivo será vendida, ya que sigue siendo considerada un elemento central en las futuras operaciones de este banco estadunidense.

Y es que nadie, absolutamente nadie en su sano juicio se desprendería de un banco que opera y ha operado en nuestro país con toda clase de apoyos gubernamentales, legales e ilegales, que le han permitido obtener durante los últimos siete años utilidades por aproximadamente 80 mil millones de pesos, cifra que representa entre 15 y 20 por ciento de las utilidades mundiales de Citigroup (que tan sólo en nuestro país controla 22 por ciento del mercado).

Para corroborar lo anterior basta mencionar que en mayo de 2001 quedó registrado en la historia financiera del país como la fecha en que las autoridades financieras mexicanas permitieron la ilegal e inmoral venta de uno de los bancos más grandes de lo que alguna vez fue el sistema bancario nacional.

Así, la venta de Banamex fue la síntesis del costoso fracaso de la estrategia implementada en 1995 por el gobierno federal para rescatar a los bancos. La negligencia, la corrupción, los conflictos de intereses y el costo fiscal generado a los contribuyentes mexicanos como resultado de las acciones llevadas a cabo por el Fobaproa estuvieron presentes en la multimillonaria operación, por medio de la cual el gigante estadunidense Citigroup adquirió el Banco Nacional de México (Banamex).

La ilegalidad en el rescate de Banamex parte del hecho de que el propio trabajo de investigación ordenado por el Congreso mexicano en 1998 y conocido como Informe Mackey revela que el banco no requería de los apoyos financieros otorgados por el Fobaproa, en virtud de que su índice de capitalización (situación financiera) era aceptable de acuerdo con los estándares establecidos por las normas de esa época.

Este diagnóstico fue confirmado años más tarde por el órgano interno de control del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que inclusive manifestó la necesidad de descontar 9 mil 600 millones de pesos de la deuda que el gobierno tenía con Banamex, en virtud de haber sido producto de operaciones consideradas ilegales.

Lo anterior provocó que Vicente Fox interpusiera una controversia constitucional contra la ASF para evitar que dicha suma le fuera descontada al banco. En este punto, por cierto, cabe señalar que la elaboración de esta controversia a favor de Banamex le fue encargada a Luis Mancera Arrigunaga, ex procurador fiscal y primo de quien fuera director del Fobaproa, Javier Arrigunaga.

Y es que entre 1995 y 1997 el Fobaproa le otorgó apoyos a Banamex mediante la compra de cartera (créditos chatarra), por aproximadamente 50 mil millones de pesos a valor histórico, que para mayo de 2001 ascendían a casi 80 mil millones de pesos.

Estos ilegales apoyos fueron aprobados en su momento por los integrantes del Comité Técnico del Fobaproa, entre los que se encontraban Javier Arrigunaga, entonces director del Fobaproa y quien después se convertiría en director de Operaciones de Banamex; Francisco Gil Díaz, quien años después se desempeñaría como director general de Avantel y posteriormente como secretario de Hacienda de Vicente Fox; y Jonathan Davis, quien a la postre sería designado presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y quien durante el rescate bancario fungió como tesorero de la Federación y en tal carácter, con su firma, avaló la ilegal deuda adquirida por el gobierno.

Así, ante la pasividad y complacencia de las autoridades financieras, que sólo se limitaron a señalar que nada podían hacer en virtud de que se trataba de un asunto entre particulares, el 17 de mayo de 2001 Roberto Hernández anunció la decisión de vender Banamex al gigante financiero Citigroup en 125 mil millones de pesos, mediante una operación que se llevaría a cabo a través de la Bolsa de Valores y, por lo tanto, estaría exenta del pago de impuestos.

La realidad es que a todas luces fue ilegal considerar a la operación como un asunto entre particulares, pues el gobierno había rescatado a Banamex con dinero público: luego entonces, el banco existía debido a los apoyos otorgados por el gobierno.

De hecho, al momento de su venta Banamex tenía pagarés del Fobaproa registrados en su Activo Contable por 73 mil millones de pesos (pagarés a cargo del gobierno federal y los contribuyentes). Esta cantidad representaba 58 por ciento del valor total de la venta, lo que significa que sin los pagarés del Fobaproa el grupo financiero Banamex no hubiese podido ser vendido en ese precio. O bien, que ese 58 por ciento de lo que Roberto Hernández recibió por la venta del banco debió ser para el gobierno federal y para los contribuyentes.

Sin embargo, como resultado de la operación ni siquiera se pagaron impuestos. Por ello, la venta de Banamex a Citigroup se puede considerar como el crimen perfecto, ya que los acusados (es decir, los que permitieron su ilegal rescate) se convirtieron a la postre en los jueces que debieron intervenir en la sanción de su venta. Y los asesinados, como siempre, fueron millones de mexicanos.

Vale recordar que Agustín Carstens, quien entonces se desempeñaba como subsecretario de Hacienda, fue quien tuvo la última palabra que permitió la inmoral e ilegal venta de Banamex.

Por ello, y en virtud de contar con todas las complacencias del gobierno mexicano que se ha empeñado en continuar como rehén de cuatro instituciones bancarias extranjeras, entre ellas Banamex, los directivos de Citigroup han señalado con respecto de su subsidiaria en México antes muerto que vendido.