viernes, 27 de febrero de 2009

Contabilidad mañosa y oscura en el ejercicio del gasto público: ASF

Nota de la Jornada del viernes 27 de febrero de 2009.
(a la que hace referencia el editorial)

  • El gobierno se autorroba cada día y a cada instante, afirma González de Aragón
  • El auditor denuncia subejercicios presupuestales para desviar recursos hacia fines distintos a los aprobados
  • Los fondos transferidos a estados y municipios, de las áreas más turbias, dice
Juan Antonio Zúñiga

La existencia de subejercicios presupuestales en dependencias y entidades del sector público revela el exceso de trámites y burocracia, la insuficiencia de proyectos y una evidente incapacidad de ejecución, lo cual provoca que los programas públicos no se cumplan con oportunidad, afirmó Arturo González de Aragón, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Al dictar una conferencia magistral sobre las áreas sensibles de opacidad y riesgo de la gestión pública, González de Aragón apuntó que el primero de estos temas se ubica en la necesidad de instrumentar una contabilidad de carácter patrimonial con sistemas y mecanismos apropiados de registro y control, que eviten las prácticas corruptas y la desaparición constante de los activos. Cada día y a cada instante, sostuvo, el gobierno se autorroba.

Ante unos 250 integrantes del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), el auditor superior de la Federación apuntó que en los tres niveles, federal, estatal y municipal, el gobierno aprendió a aplicar sistemas contables mañosos, oscuros y discrecionales, similares a los que puso en práctica la quebrada compañía estadunidense Enron.

González de Aragón explicó la mecánica contable, utilizada por los ejecutores del presupuesto de gastos del sector público, para obtener recursos de la Tesorería de la Federación (Tesofe), simular su uso, colocarlos en fondos y utilizarlos con fines distintos para los que fueron aprobados. El Congreso de la Unión, dijo, aprueba recursos presupuestales para unas cosas que son destinados a otras por los responsables de ejercerlos.

Describió: “Siendo que los montos no aplicados se ejercen mediante la expedición de ‘Cuentas por Liquidar Certificadas’, la Cuenta Pública correspondiente registra estos importes como totalmente ejercidos, sin haberse erogado efectivamente. A través de esta práctica irregular, los montos presupuestales no ejercidos, pero sí retirados de la Tesorería de la Federación, son utilizados para incrementar las disponibilidades que, en algunos casos, son excesivas, o bien son canalizados a la creación de distintos fondos, o a incrementar el patrimonio de otros, con el propósito de destinarlos hacia fines distintos de los aprobados”.

El titular de la ASF identificó al uso de los recursos federales que se transfieren a estados y municipios, mediante los ramos generales 23 y 33 del presupuesto, como una de las áreas más oscuras en materia de transferencia y rendición de cuentas. A través de sus distintos fondos, los recursos federales transferidos por estos ramos ascienden a unos 400 mil millones de pesos, que representan 21 por ciento del total del gasto federal programable.

La Auditoría Superior, precisó, ha practicado numerosas revisiones al ejercicio presupuestal de dichos fondos, las cuales han derivado en cuantiosas y recurrentes observaciones asociadas a incumplimiento y laxitud de la norma, así como a deficiencias en el control interno.

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El auditor superior de la Federación, Arturo González de AragónFoto Francisco Olvera

Abundó: en el caso del ramo general 33, los recursos federales no ejercidos permanecen intocables en los fondos respectivos, con el riesgo de desviarlos hacia fines ajenos a los previstos. E hizo énfasis en que tanto el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación como la Ley de Coordinación Fiscal no establecen la obligación de reintegrar esos recursos a la Tesorería de la Federación ni tampoco de sujetarse a un plazo para su aplicación.

Por lo mismo, González de Aragón, quien el 12 de marzo dará a conocer los detalles de la Cuenta Pública del primer año de la administración encabezada por Felipe Calderón, manifestó que es urgente fijar un límite de tiempo para ajercer estos recursos, con el fin de inhibir la discrecionalidad que existe en su uso, y evitar los retrasos y la pérdida de oportunidades que se presentan en la ejecución de las acciones.

Abundó que también es urgente impulsar una regulación que obligue a reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos federales no ejercidos, con el fin de evitar desvíos y acumulación de disponibilidades que impiden aplicarlos en necesidades prioritarias.

El titular de la ASF resumió: hemos detectado actos de discrecionalidad en la gestión gubernamental, tales como el manejo y aplicación de excedentes petroleros; otorgamiento de donativos, estímulos fiscales, permisos y concesiones; enajenación de bienes; remuneraciones a servidores públicos; recuperación de créditos fiscales; castigo de carteras vencidas; manejo de recursos de derechos de trámite aduanero; administración y manejo de fondos y fideicomisos; así como la entrega de préstamos y donativos a sindicatos, entre otros.

Por la noche, la Secretaría de Hacienda manifestó que el ejercicio de los recursos públicos es transparente y apegado estrictamente a lo que marca la ley. Declaró que esperará a la recepción oficial del Informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública, que tiene como límite el próximo 15 de marzo, para conocer el detalle de los comentarios vertidos por el auditor, antes de documentar y aclarar lo contenido en dicho informe.

La dependencia destacó el compromiso fundamental del actual gobierno con la transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos, y recordó incluso la reforma hacendaria donde se consideró la Ley General de Contabilidad Gubernamental, cuyo objetivo –dijo Hacienda– es el establecimiento de un sistema contable armónico en los tres órdenes de gobierno y que incluye la contabilidad patrimonial para hacer más eficiente la toma de decisiones administrativas en los gobiernos y transparentar el manejo de los recursos públicos.