En una votación dividida –de cinco contra cuatro–, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) decidió no multar a las dos principales televisoras del país por haber interrumpido hace dos fines de semana las transmisiones de distintos encuentros deportivos para difundir, en bloque y fuera de los espacios comerciales, promocionales del órgano electoral y los partidos políticos, con el falso argumento de que “así lo ordena” la legislación vigente en materia de contratación y difusión de propaganda comicial. Tal medida constituyó, a decir de un informe elaborado por la secretaría ejecutiva del propio IFE, un acto violatorio de la ley, por cuanto los consorcios mediáticos “manipularon” las pautas de difusión de espots televisivos (lo que está expresamente prohibido en el artículo 36 inciso cinco del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral); pero los funcionarios del órgano electoral adujeron, como consideraciones absolutorias, la “normalización” de las transmisiones y la “corrección” de esas “conductas atípicas”, y sobreseyeron el proceso en contra del duopolio televisivo.
La determinación del IFE resulta inaceptable pues constituye la claudicación y el sometimiento de una instancia pública, y pretendidamente autónoma, ante presiones, chantajes y actitudes abiertamente subversivas de un poder fáctico –el de los empresarios de los medios–, cuyo fin evidente en este caso fue sembrar en los ciudadanos un sentir de animadversión y descontento hacia la propia autoridad electoral, en obediencia a un espíritu de revancha tras las modificaciones aprobadas a la legislación respectiva en 2007 que, entre otras cosas, prohíben tanto a partidos políticos como a particulares la contratación de espacios para difundir propaganda comicial y lesionan, por tanto, los intereses monetarios de los concesionarios de medios electrónicos de comunicación. Los dueños de los consorcios mediáticos reiteraron así su propensión a abusar de las concesiones que detentan sobre el espacio de frecuencias electromagnéticas –un bien público, extensión del territorio nacional y propiedad de la nación– para desinformar y mentir a la ciudadanía, presionar a las instancias públicas encargadas de hacer valer la ley, y demandar para sí –con éxito, por lo que puede verse– situaciones de excepción en lo que respecta a la aplicación de las directrices legales vigentes.
Con la resolución de ayer, por lo demás, los consejeros electorales han hecho un flaco favor a la credibilidad de la institución a la que pertenecen, la cual, cabe recordarlo, enfrenta el desafío de revertir el descrédito monumental en que quedó sumida tras los desaseados comicios de julio de 2006. Dicha perspectiva, de suyo lamentable, lo es aún más a pocos meses de la celebración de unas elecciones federales para las que el propio IFE ha dispuesto la entrega de enormes recursos públicos a los partidos políticos, y en las que pretende presentarse como una autoridad renovada, justa e imparcial, imagen que difícilmente puede sostenerse ante determinaciones como la que se comenta.
Por último, es catastrófico para el conjunto de la institucionalidad del país que en dos días consecutivos se hayan producido, en el seno de la Suprema Corte de Justicia –con la injustificable exoneración del gobernador del estado de México y otros funcionarios por los abusos cometidos en Texcoco y Atenco– y del Consejo General del IFE, fallos que lesionan la vigencia de la legalidad y el estado de derecho, garantizan impunidad para quienes infringen la ley y muestran a esas instituciones, ante la opinión pública, como gestoras de los intereses de la camarilla político-empresarial que detenta el poder en el país.
