Hace ya varios meses, en un debate que tuvo lugar sobre la llamada reforma judicial, en el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), uno de los defensores de los proyectos que estaban ya circulando en las cámaras dijo, en defensa de la posición oficialista y en un arranque de sinceridad, que en realidad lo que pretendían era “mano dura”.
Se hablaba por supuesto de los juicios orales, de la transparencia y de la sustitución de los procesos inquisitorios por procesos controversiales en los que cada parte se encuentre en igualdad de situaciones, derechos y recursos frente a un juez imparcial; las objeciones que hacíamos entonces siguen siendo válidas para la oralidad no se necesitaba reforma constitucional, los juicios en buena medida ya eran orales en los careos, en las audiencias, en los interrogatorios a testigos y comparecencias de peritos; los juicios ya son controversiales desde las reformas impulsadas por Carranza en la Constitución de 1917, lo único que faltaba era experimentar a fondo el procedimiento y limpiarlo de corruptelas e ineptitudes.
Señalábamos también que lo que se buscaba en el fondo era justificar la “mano dura”, como se aceptó expresamente, dándoles como se hizo al reformar el artículo 21 constitucional, más facultades y fuerza a las policías, restándoselas en la misma proporción a la institución del Ministerio Público. El nuevo texto del artículo 21 constitucional equipara en cuanto a la posibilidad de investigar delitos a la policía con el Ministerio Público y estamos viviendo ya las consecuencias de esa apertura no bien meditada, apresurada y justificada en apariencia por el aumento de los delitos violentos y por la campaña, que tendrá que explicarse un día, tendiente a meter miedo a la población.
Se multiplican los cateos ordenados por jueces especializados, algunas veces, otras sin orden especial; los retenes se vuelven cotidianos y no es remoto que se dispare a quienes consciente o inconscientemente los desobedecen, pensando quizá que las garantías individuales siguen vigentes; la Universidad Autónoma Metropolitana, sus alumnos y profesores reclaman en un desplegado la muerte del joven investigador y estudiante Luis Eduardo Cisneros, detenido indebidamente por policías de Chalco, golpeado y robado por ellos, a quienes denunció ante el Ministerio Público.
Su denuncia, en lugar de haber sido el detonante de un proceso para sancionar a los policías arbitrarios, fue el inicio de un calvario para el joven universitario y su familia; recibió amenazas, tuvo que abandonar la averiguación previa, pero, a pesar de todo, finalmente fue secuestrado de nueva cuenta y durante varias semanas no se supo de él hasta que apareció su cadáver en el Semefo del municipio de Chalco, con múltiples contusiones y signos de violencia.
Los culpables son sin duda los policías que actuaron directamente en los dos atropellos al universitario, pero también lo son los funcionarios que no actuaron con imparcialidad y eficacia ante la primera denuncia, así como quienes durante 15 días conservaron el cuerpo del joven en la gaveta del servicio forense, sin dar aviso a la familia, sin colaborar con quienes buscaban a un hijo y en franca complicidad con quienes cometieron inicialmente los delitos, pero, además, dando muestras de una insensibilidad total, falta de humanidad y una carencia de ética inaceptable en un servidor público.
Otros excesos de los que nos enteramos por noticias recientes de los medios de comunicación son los verdaderos saqueos que se cometieron al catear las propiedades del defenestrado Mariano Herrán Salvatti y la muerte de un campesino en Guanajuato durante el interrogatorio y tortura a que fue sometido por los policías que investigaban un robo de ganado.
Siempre han existido, lamentablemente, abusos policiacos; sin embargo, estamos viviendo un incremento de casos en los que no sólo se produce el atropello, sino que se trata de ocultar y proteger a quienes lo cometen; estamos ante la presencia de los que los entusiasmados reformadores buscaban: “mano dura”, con objeto de dar la impresión de mayor seguridad a la población, pero con el costoso pago de la violación sistemática a los derechos humanos. La verdad es que, en efecto, queremos seguridad y justicia, pero no a ese costo.
