El Universal, 26 de febrero de 2009.
Entre las conclusiones del foro “México ante la crisis: ¿qué hacer para crecer?”, destaca la realización de reformas legislativas “en materia de comisiones y márgenes de intermediación” (http://comunicacion.senado.gob.mx). Previamente, en el Senado de la República habían sido formalmente presentadas (el 10/II/09) dos iniciativas de reformas en esta materia: una, por 23 senadores del PRI, incluidos Manlio Fabio Beltrones y Heladio Ramírez; y otra por el senador Tomás Torres, del PRD.
Particularidades aparte, ambas iniciativas proponen otorgar facultades al Banco de México para regular las tasas de interés (poniendo límites a los márgenes de intermediación), así como las comisiones por servicios bancarios.
Dos semanas antes (el 27/I/09), la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo —a iniciativa del diputado Martín Malagón, del PAN— en el cual se “exhorta a las instituciones financieras a sensibilizarse ante el entorno financiero adverso y a reducir las tasas de interés que cobran por los créditos”. En sus “consideraciones”, el acuerdo presenta cifras comparativas internacionales que prueban el elevado diferencial entre las tasas de interés de depósito y las de préstamo en nuestro país, afirmando que “este elevado diferencial deja al descubierto que en México realmente hay pocos incentivos para ahorrar y el financiamiento resulta muy costoso”.
Por su parte, en la exposición de motivos de su iniciativa, los senadores del PRI argumentan que “el sistema bancario conlleva una estructura no competitiva”, que redunda “en los excesos de la banca comercial”; y subrayan que el tratamiento de este “punto neural pasa necesariamente por el establecimiento de topes máximos y mínimos a las tasas de interés, comisiones, cargos o penalizaciones”, “toda vez que el marco vigente ha probado que a través del libre mercado in genere, las instituciones financieras mantienen un nivel de cobros relativos por encima del mercado internacional”.
Este es el punto: la causa primordial de los extravagantes márgenes de intermediación y de los abusivos cobros por servicios bancarios radica en que el supuesto básico del fundamentalismo financiero del libre mercado —a saber: la existencia de competencia perfecta en el sistema bancario, donde todos los bancos son tomadores de precios y ninguno es capaz de influir decisivamente sobre ellos— es sólo un dogma y no una realidad.
Lo que verdaderamente ocurre en nuestro sistema financiero es la presencia de una importante falla de mercado, derivada de la elevada concentración de recursos en unos cuantos bancos de carácter oligopólico. “Esta concentración oligopólica —advirtió hace tiempo el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, en su clásico Reflexiones sobre las reformas financieras, de 1996— ha de tomarse muy en consideración antes de dejarse al libre juego del mercado la determinación de las tasas de interés, ya que ello puede conducir a una ampliación de los diferenciales de tasas de interés”.
Por eso, es necesario desechar el fundamentalismo de mercado y someter a regulaciones prudenciales los márgenes de intermediación, favoreciendo así el ahorro, la inversión productiva y la solidez del propio sistema bancario.
No se trata de suprimir la libre competencia. Al contrario, como observó el fundador teórico-práctico de la economía social de mercado y conductor económico del “milagro alemán”, Ludwing Erhard: “Los precios establecidos por grupos oligopólicos, al amparo de una economía de mercado a ultranza, distorsionan y lesionan la auténtica libre competencia”. Por ello, “cuando el mecanismo del mercado no opera en competencia perfecta, es necesario que el Estado establezca el precio justo”, cuyas características son: “que no sea gravoso para el consumidor, que no sea de ‘usura’ y que permita a la empresa seguir operando con eficacia”.
Desde luego, las ideas de Erhard continúan vigentes y constituyen uno de los principios básicos de cualquier buen regulador.
Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM
