La Jornada, 15 de febrero de 2009
Con el inexcusable e ilegal indulto a las televisoras, queda claro que los consejeros electorales no toman las decisiones en el Instituto Federal Electoral (IFE). Aquel IFE que representaba una voz ciudadana, plural y valiente, comprometida con la defensa del espacio público y la democracia, ya es historia. La entidad que organizará las elecciones de 2009 se encuentra al servicio de Felipe Calderón y Manlio Fabio Beltrones, y sus respectivos partidos políticos, quienes fungen como mayordomos del duopolio televisivo.
De la misma forma en que el IFE antes se subordinaba a los mandatos de Carlos Salinas y Diego Fernández de Cevallos, hoy el organismo electoral se ha convertido de nuevo en un terreno para dirimir negociaciones y pactos entre las cúpulas del gobierno y los personajes más oscuros de la “oposición”. Tal como el IFE de Luis Carlos Ugalde se doblegara ante los poderes fácticos y se negara a ejercer sus facultades legales, el instituto de Leonardo Valdés hoy negocia la ley de manera vergonzosa y sacrifica su autonomía constitucional.
Lo que une a los cinco consejeros que votaron en favor del “sobreseimiento” del proceso sancionador en contra de Televisa y Tv Azteca es su irrestricta lealtad a personajes políticos del PRI y el PAN. Recordemos que Marco Baños y Benito Nacif son incondicionales de Manlio Fabio Beltrones y Felipe Calderón, respectivamente. Francisco Guerrero mantiene esa misma relación de complicidad con Emilio Gamboa. Arturo Sánchez pertenece al “equipo” de Juan Molinar Horcasitas, actual director general del IMSS. Marco Gómez, el consejero “verde”, le ofreció la luna y las estrellas al PRI y al PAN con tal de no ser incluido en la lista de consejeros despedidos el año pasado.
Los cinco personajes que conforman este nuevo pentágono de la impunidad deben sus puestos actuales y su futuro político de manera directa a los políticos que los nombraron. Por ello, a nadie debe sorprenderle que el viernes pasado hubieran fungido como simples correas de transmisión del pacto que sus verdaderos jefes y las televisoras acordaron el día anterior. Todavía el jueves, los consejeros Sánchez y Gómez declararon que el nuevo convenio entre la CIRT y el IFE no tenía relación con los procedimientos sancionadores ya iniciados. Menos de 24 horas después, justificarían su voto en favor del indulto precisamente porque este convenio supuestamente garantizaba el cumplimiento de las televisoras con la ley. Salvo que los consejeros sufran de algún grave trastorno mental, un viraje tan evidente solamente se puede explicar por evidentes variables políticas.
Al desechar el proceso iniciado contra las televisoras, los consejeros cometieron una franca violación de la ley. El proyecto aprobado, presentado de manera sorpresiva ni más ni menos que por el consejero Baños, alfil de Beltrones, recurre a un artículo de la norma electoral que simplemente no aplica al procedimiento que estaba en curso. El artículo 263 se encuentra dentro del capítulo del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) que regula los procedimientos sancionadores ordinarios, no los procedimientos sancionadores extraordinarios, como era el caso. Asimismo es absurdo afirmar que las quejas se habían quedado sin materia. Aun si nos creyéramos el cuento de que de aquí en adelante Televisa y Tv Azteca acatarán la ley, la evidente manipulación y distorsión de la propaganda electoral ya ocurrió y el daño es irreparable.
El proyecto de Baños no es otra cosa que un engendro legal cuyo único propósito fue congraciarse con los poderes fácticos. Incluso la consejera Macarita Elizondo, quien de forma abierta se había pronunciado en contra de sancionar a las televisoras, tuvo la dignidad de votar en contra del proyecto de sobreseimiento. Ya veremos si algún partido tiene las agallas para impugnar la resolución. Veremos también si la ex socia de Baños, María del Carmen Alanís, y sus colegas del tribunal electoral se atreven a rectificar esta flagrante ilegalidad.
También es notorio el doble rasero del IFE. A la hora de multar al PRD por los bloqueos de Reforma y los intentos de impedir el informe de Vicente Fox y la toma de posesión de Calderón, los consejeros presumían ser implacables con la imposición de sanciones ejemplares que pudieran prevenir este tipo de acciones en el futuro. Hoy en cambio, las televisoras han encontrado de buenas a los señores consejeros, quienes ya se cansaron de dar castigos ejemplares y se conforman con la “buena voluntad” de los medios electrónicos de comunicación y un convenio que no cuenta con ninguna fuerza legal. Tal como ocurrió en 2006, la autoridad electoral demuestra su fiel compromiso con la máxima de Porfirio Díaz y Getulio Vargas: “Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley”.
Paradójicamente, uno de los responsables principales de esta situación es el PRD y su grupo parlamentario en la Cámara de Diputados. En el contexto de la renovación de los consejeros electorales del año pasado, el PRD tuvo la oportunidad de transformar de manera integral el perfil del Consejo General. El gobierno necesitaba forzosamente incorporar a la izquierda en las negociaciones para evitar la repetición de un escenario como el de 2003 en que de entrada el árbitro estuviera deslegitimado. Sin embargo, en vez de apalancar esta posición de fuerza, el PRD simplemente abdicó. El resultado es un Consejo General carente de una visión plural, ciudadana o independiente.
