Carlos Fernández-Vega
La Jornada, 11 de septiembre 2008
■ Manos llenas para amortizar la deuda pública
■ Malos manejos de Grupo México
Cada que se presenta el presupuesto de egresos de la federación surge la duda: a qué sector, a cuál dependencia pública se le destinará el mayor monto de recursos en el ejercicio en turno. Algunos suelen responder que a la educación y a la SEP (una institución que ha demostrado fehacientemente que mayores recursos no garantizan mejores resultados); otros que al desarrollo social y a la Secretaría del ramo (la de asuntos electorales del gobierno en funciones), y así por el estilo. Para 2009 se presume que las organizaciones gubernamentales encargadas de la seguridad (como oficialmente se denominan) serán las principales beneficiarias de los dineros de la nación.
Lo cierto es que, año tras año, luego de revisar la asignación de recursos, las consideraciones anteriores no pasan de meros sueños guajiros, pues la gran receptora de dineros de la nación siempre ha sido la amortización de deuda pública (interna y externa; oficial y “contingente”), que en 2009 se llevará la friolera de 305 mil millones de pesos, o lo que es lo mismo un monto 65 por ciento superior al que, de no registrarse modificaciones por parte del Congreso, se llevaría la Secretaría de Educación Pública o, ya encarrerados, más de mil por ciento por arriba de lo que el gobierno federal pretende canalizarle a la Universidad Nacional Autónoma de México, y 2 mil 500 por ciento, en números cerrados, si se compara con los dineros públicos canalizados al Instituto Politécnico Nacional.
Esa estratosférica cantidad de dinero público sólo es una pincelada de lo que sucederá de aquí al 2012 en lo que a amortización de deuda pública (la oficial, no la “contingente”) se refiere. Lo anterior, porque de 2009 al año en el que, felizmente, concluirá la “continuidad”, del erario habrá salido casi un billón de pesos para atender financieramente un lastre que en el discurso quedó “solucionado” desde el salinato (“el de la deuda ya no es un problema para las finanzas públicas”), lo que refrendó el de las botas largas y las ideas cortas (“es un asunto superado”).
A ese voluminoso costal de dinero debe agregarse otro del doble de tamaño en el periodo referido, pues hay que pagar algunas “contingencias” como lo son el Fobaproa disfrazado de IPAB, los Pidiregas, el “rescate” carretero y tantas otras gracias y platos rotos de nuestra amada cuan respetada famiglia financiera del sector público y socios privados que la acompañan, a la que le fascinan los festines, pero no el pago de facturas.
Como bien lo subraya un análisis de la Cámara de Diputados, aunque la deuda total neta del sector público aparentemente equivalga a 16.8 por ciento del PIB, no hay que desestimar otro indicador importante que es el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público (SHRFSP), que agrupa la deuda pública presupuestaria, los recursos para financiar a los sectores privado y social, los requerimientos financieros del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los proyectos de inversión pública financiada por el sector privado (Pidiregas), los requerimientos del Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC) y los Programas de Apoyo a Deudores, que al cierre del primer semestre de 2008 se ubicó por arriba de 3 billones 509 mil millones de pesos, equivalente a 28.5 por ciento del PIB, cantidad relevante e importante para la economía mexicana” (y que no incluye el débito de estados y municipios). Para 2009, esa proporción crecería a 30.5 por ciento del PIB, según se anota en el paquete económico presentado al Congreso por el inquilino de Los Pinos.
Difícilmente un presupuesto de egresos de la federación deja satisfechos y sonrientes a todos. Sin embargo, en plena crisis alimentaria no parece ser la mejor de las ideas reducir el de por sí enclenque presupuesto federal que se destina al campo; tampoco, mantener intocados los privilegios fiscales del gran capital, pero recetarle un segundo gasolinazo al hilo a los consumidores (a quienes, si el Congreso no corrige, el regalo de Los Pinos les costará alrededor de 120 mil millones de pesos, pagaderos a lo largo del próximo año) con los efectos inflacionarios consecuentes, justo en tiempos de constante alza de precios; menos aún, reducir el precio de la mezcla mexicana de exportación a su mínima expresión posible, para que el reparto del pastel petrolero con los estados de la República sea cada vez más reducido, después de un año, 2008, en el que los excedentes para esas entidades brillaron por su ausencia, en un mar de pretextos y cifras cuestionadas.
Que para 2009 el gobierno calderonista considere innecesaria modificación alguna en el aspecto fiscal, porque se siente satisfecho y realizado con la “reforma” que el Congreso le aprobó el año pasado, no resuelve el problema de fondo. Por el contrario, lo pospone en un ambiente cada vez más cargado. Lo anterior, porque a la hora de revisar las proyecciones lo primero que aparece, como en ejercicios anteriores, es que los dineros del petróleo (el asalto a Pemex) no sólo se mantienen como columna vertebral del ingreso fiscal, sino que resultan prácticamente el doble de lo que el capital aportará, si es que lo hace.
Que el de 2009 (no podía faltar la frase) es el presupuesto “más alto de la historia” (algo que, como en ejercicios anteriores, queda en duda nomás conocer que más de la mitad se destinará al pago de la abultada nómina burocrática y a la amortización de deuda, interna y externa; oficial y “contingente”), el mismo que, paradójicamente, promoverá uno de los “crecimientos” más bajos de la ídem, con la menor generación de empleo y desarrollo social.
Las rebanadas del pastel
Si de cifras multimillonarias se trata, allí están el señor de los caballos, Germán Larrea y su Grupo México, quienes fueron declarados culpables, el pasado 30 de agosto, por una corte federal de Distrito en Brownsville, Texas, de “estafa a inversionistas y acreedores de la American Smelting and Refining Company” (ASARCO). De acuerdo con la autoridad judicial estadunidense, el consorcio de Larrea “se involucró en una transferencia fraudulenta de ASARCO al Grupo México sobre las acciones de la Southern Peru Copper Company”, propietario de GM. El juez Andrew S. Hanen concluyó que “Grupo México auxilió e incitó a los directores de ASARCO para que violaran sus deberes fiduciarios de la empresa y hacia los acreedores de la misma, para el beneficio único de Grupo México y algunos de sus acreedores clave”. Larrea y su consorcio deberán pagar algo así como 8 mil millones de dólares por compensaciones.
