El otro informe
La abolición del rito del informe presidencial era una reivindicación democratizadora cuando el peso del presidencialismo priísta asfixiaba al conjunto de la vida política del país. La ceremonia era doblemente agraviante porque no sólo servía para exhibir el uncimiento de los poderes Legislativo y Judicial al Ejecutivo, sino que abría la máxima tribuna –parlamentaria y mediática– a las mentiras urdidas por los asesores del Presidente y el país entero tenía que hacer como que las creía. Y es que desde tiempos remotos los informes presidenciales y los “mensajes políticos” con que se rubricaba la entrega del mamotreto al Congreso, han sido colecciones de mentiras cosidas entre sí con mayor o menor fortuna: “se ha invertido más (en el rubro que sea) en lo que va de mi gobierno que en los últimos 40 años”, es uno de los lugares comunes más socorridos. El primero de septiembre y el día posterior, la visión oficial aplastaba al país real, el cual iba emergiendo poco a poco en los siguientes 12 meses, en ciclos que requerían de un ajuste mayor cada seis años.
Varios presidentes resistieron con brío los intentos por acotarles su momento propagandístico estelar. Ahora, la modificación del formato y la desaparición del rito constituyen una bendición para un Ejecutivo federal sin gran cosa que decir. Las mentiras que otros incrustaban en un entramado oratorio más o menos complejo, Felipe Calderón puede soltarlas, aisladas, en espots televisivos ante los cuales el único recurso de interpelación es apagar el aparato televisivo. Para qué molestarse en ir a San Lázaro a ver malas caras y a escuchar peores palabras si se puede acudir directamente a la fuente de la que dimana la soberanía presidencial, que es la tele.
El debate petrolero demostró la extrema pobreza discursiva de este régimen, que subsiste con menos de un argumento al día y que funciona de facto. “Hechos y no palabras”, podrá ufanarse el calderonato, por tener muy sólidos los primeros y muy débiles las segundas. Además, las acciones no son de las que puedan presumirse en público, sino las que se reportan, en corto, a los verdaderos amos del poder. “La privatización del petróleo se nos atoró en un inicio, pero ahora estamos negociándola así y asado”, explicará Calderón a sus representados de Repsol, la Coparmex y demás cúmulos de dinero. “Ya logramos movilizar a chorro mil personas en apoyo a la pena de muerte”, rendirá cuentas, en lo oscuro, a quienes lo pusieron en el cargo para que implante en el país el estado de derecho de la jungla. “Este año hemos logrado transferir tantos miles de millones del erario a cuentas privadas”, se justificará ante la voracidad insaciable de los que invirtieron en la financiación de su encumbramiento.
Así transcurrirá el otro informe, el de los hechos reales, que son los que verdaderamente le importan al consejo de administración de facto que manda en el país y al que Calderón debe obediencia: en reuniones y audiencias de bajo perfil agendadas en Los Pinos, tras las bambalinas de inauguraciones de proyectos magníficos que generarán equis puestos de trabajo, al calor de cónclaves familiares repletos de Zavalas, de Mouriños y en una de ésas, hasta de Bribiescas. Las cifras sobre educación, salud y carreteras serán tan inverosímiles que más valdrá no pronunciarlas, y menos en un recinto lleno de cámaras y micrófonos (“y de bombas molotov”, se apresuraría a agregar Ruth Zavaleta, quien por estos días se estrena como calumniadora oficiosa del calderonato). Los dueños reales del gobierno serán indulgentes con su delegado, considerarán que las cosas van mal pero no tanto, que el auge de los secuestros es grave pero puede esperar un rato, que lo fundamental es que no se detengan los subsidios públicos a los capitales privados y decidirán darle otro poco de tiempo al informante. Eso bastará para que en Los Pinos impere la satisfacción por el deber cumplido.
