Carlos Fernández-Vega
La jornada, 13 de septiembre 2008
■ Política extremadamente suave para las grandes empresas
■ Severidad fiscal para los ciudadanos de a pie
Cada que alguna autoridad “desnuda” las evasivas prácticas fiscales de los grandes corporativos (nacionales y extranjeros) que operan en el país, es inevitable recordar aquella pública cuan virulenta reacción de la cúpula empresarial, apenas unos días antes de los comicios de 2006: “los empresarios no hacemos otra cosa que pagar impuestos; estamos indignados con esa acusación sin fundamento”.
La queja se produjo luego que el candidato con apodo de pez denunció que “los de arriba no pagan impuestos”, ante lo cual los representantes del gran capital se rasgaron las vestiduras y gritaron a todo pulmón que “los empresarios aportamos a la Secretaría de Hacienda el 62 por ciento de lo recaudado por el fisco el año pasado” (Consejo Coordinador Empresarial) y que “en el caso de México lo que se está generando como impuestos es lo que pagan los empresarios, es lo único que se está gastando; exigiríamos que nos reconozcan como generadores de empleos y (pagadores) de impuesto. En caso contrario haríamos una huelga fiscal para que se nos con reconozca ese papel” (Coparmex).
Han transcurrido dos años desde aquella denuncia de Andrés Manuel López Obrador y de la consecuente “reivindicación” mediática del corporativismo empresarial, y según corre el tiempo crece el número de casos documentados que demuestran un par de cosas: que el candidato con apodo de pez sólo habló con la verdad, y que allí está el fisco cada día más deteriorado y sin elementos para desmentirlo.
Dos años, pues, a lo largo de los cuales se ha documentado la sangría que para las finanzas nacionales significa no sólo una política impositiva extremadamente suave para el gran capital, pero severísima con los de a pie, y una Secretaría de Hacienda que pierde el 60 por ciento de las demandas fiscales interpuestas por los mismos grandes corporativos que tienen manga ancha en materia tributaria, sino una legislación con cientos de puertas de salida de emergencia para que la evasión y elusión de los monstruos sagrados de la iniciativa privada sin más se concrete en las narices de la “autoridad”, obvio es que en detrimento del erario.
La Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo, ha denunciado cualquier cantidad de casos relativos a la evasión y elusión fiscales del gran capital, así como el festín de los llamados créditos fiscales (con garantía de borrón y cuenta nueva), e incluso la práctica, digna de ciencia ficción, de algunas grandes empresas que no pagan impuestos, pero sí reciben devoluciones por parte del SAT.
Pues bien, ya le salió otra raya al tigre. Resulta, como lo denunció La Jornada en su edición de ayer, que dos vacas sagradas de los monopolios privado que operan en el país (Cemex y Televisa, y algunas de sus subsidiarias) exigieron la protección de la ley e intentaron ampararse no sólo para mantener su estatus de evasores “legales” del fisco, sino para que la autoridad en este renglón “les devolviera cientos de millones de dólares que les cobró la Secretaría de Hacienda por invertir en los llamados paraísos fiscales de 2003 a 2005”.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, felizmente, negó los amparos exigidos por Televisa (Emilio Azcárraga Jean), Cemex (Lorenzo Zambrano) y amigos que los acompañaron en el periplo judicial, al tiempo que validó la constitucionalidad de los artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2005, impugnados por dichos consorcios y relativos a las inversiones efectuadas por empresas mexicanas en paraísos fiscales. Se les negó, porque “son trasnacionales que buscan eludir el principio más básico que sustenta nuestro sistema impositivo, el cual se fundamenta en la solidaridad y el principio de la equitativa distribución de la riqueza a través del gasto público” (ministro Genaro Góngora Pimentel dixit).
De hecho, Cemex lo acepta con toda frescura (se respeta sintaxis original): “nuestra estrategia general es estructurar nuestras operaciones mundiales para minimizar o diferir el pago de los impuestos sobre la renta sobre una base consolidada. Muchas de las actividades que llevamos a cabo para alcanzar dicha estrategia de reducción de impuestos son altamente complejas e involucran interpretaciones de leyes y normatividad en múltiples jurisdicciones, y están sujetas a revisión por las autoridades fiscales correspondientes. Es posible que las autoridades fiscales cuestionen nuestra aplicación de la normatividad a nuestras operaciones. Las autoridades fiscales, en el pasado, han cuestionado las interpretaciones que hemos hecho y han determinado impuestos adicionales. Aunque hemos pagado algunos de dichos impuestos adicionales, en general creemos que dichas determinaciones no han sido significativas y que hemos tenido éxito en mantener nuestras posturas. Sin embargo, no podemos asegurar que continuaremos teniendo éxito como lo hemos tenido en el pasado o que las apelaciones pendientes de las determinaciones existentes serán resueltas en nuestro favor” (Informes 2005 a 2007).
Desde luego, no es el único caso, aunque Cemex es emblemático. La mayoría de los informes que, por ley, divulgan los consorcios que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores reconocen que sus utilidades en tal o cual periodo resultaron mayores a las previstas porque pagaron menos impuestos, producto de trucos contables y el uso de alguna de las cientos de puertas que la ley respectiva deja abiertas, o, en su defecto, porque las devoluciones fiscales fueron mayores a las originalmente planeadas. En algunos casos, por las dos causas.
Sin duda, la SCJN anota un buen tanto con su decisión, mientras en Los Pinos sonríen y son felices, porque para 2009 consideran “innecesaria” modificación alguna en el aspecto fiscal, pues se dicen satisfechos y realizados con la “reforma tributaria” que el Congreso aprobó el año pasado, o lo que es lo mismo se aferran a que las cosas no muevan un milímetro en el plano tributario para el gran capital, cuando a todas luces por allí debe iniciar el trabajo para reflotar el navío.
Las rebanadas del pastel
Congruencia, ante todo: mientras el inquilino de Los Pinos anunciaba “sacrificios presupuestales para resolver el problema de la inseguridad”, los senadores priístas Carlos Lozano y Fernando Castro denunciaban a Calderón por gastar, vía Servicio Postal Mexicano, “240 millones de pesos en el envío de propaganda política con motivo de su segundo informe, y con un sesgo político-electoral a favor del PAN”. De ser correcta esa cifra, de una sola mordida el michoacano se “comió” el 5 por ciento del presupuesto anual (2008) de Sepomex. Si esas son las “manos limpias”, ¿cómo estarán las sucias?
