Opinión de Ilán Semo en La Jornada

El turno de las urnas

Si algo había caracterizado a la izquierda desde los pasados comicios presidenciales era la impotencia para transformar el movimiento civil del año 2006 en un efectivo afán para propiciar reformas institucionales. Aislada por su incapacidad de advertir los profundos cambios que se han operado en las mentalidades y en las prácticas de la ciudadanía (que no en sus instituciones ni en la sociedad política) –cambios que apuntan hacia un consenso cada vez mayor del principio de pluralidad–, se había confinado en la impresión de que la sociedad aguardaba una solución confrontacional, extrainstitucional, al problema de la legitimidad del actual gobierno. Nada más alejado de un cultura política (cada día más reflexiva) que hoy rechaza (y ve con extrañeza) cualquier tipo de tentación carismática como vía para rencontrar su relación con el Estado. Y nada también más distanciado de las expectativas de ese movimiento civil que, desde 2006, espera ver dividendos a la altura de su capacidad de resistencia.

La propuesta del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, de llevar a cabo una consulta popular organizada por las autoridades electorales locales para dirimir el destino de la ley Calderón en torno a las atribuciones de Pemex, pone un alto a la pendiente de la automarginación en la que se había recluido el reclamo de ampliar las vías democráticas para consolidar el reordenamiento del dominio civil. La idea no es nueva. Se remonta a los orígenes mismos de la respuesta que desató la iniciativa oficial de privatizar prerrogativas públicas que la Constitución confiere para la extracción y elaboración de los hidrocarburos. Pero de ahí precisamente su relevancia. Habla, de alguna manera, de la sensibilidad de una administración local para ofrecer una opción democrática a un dilema que los partidos políticos habían convertido en un eje de su propio protagonismo y de negociaciones que ya nadie entendía desde hace semanas.

La ocasión para promover la iniciativa de la consulta popular organizada por las autoridades que competen al caso (todas las otras “consultas populares” se habían eclipsado por su carácter engorrosa y enojosamente informal) es más que adecuada. Daría el voto a los que hoy sólo tienen una opinión (prácticamente privada), es decir, la mayoría. Y otorgaría a la ciudadanía el poder que formalmente le está reconocido por la ley: un poder por encima del propio Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, en un asunto, como el del petróleo, que demanda por una vez (ahora sí sin lisa de demagogia) el “concurso de la nación”.

Quien esté dispuesto a poner a prueba el consenso de su proyecto debe pasar por esta prueba. ¿No acaso reside en esta disyuntiva la vocación democrática?

El tema Pemex ha causado ya no una división sino una escisión en la clase política como no se había visto desde el año 2000. La pregunta ya no es cómo repararla sino cómo dirimirla. Porque en el método que se siga para hacer frente a este dilema se halla la posibilidad misma de reagrupar y consolidar un consenso que es imprescindible para el funcionamiento institucional y que se ha deteriorado a ojos vista.

Existen dos opciones: dejar que el Poder Legislativo decida o (en caso de que la consulta abarcara al país) que decida la ciudadanía.

Hasta ahora, frente a este tipo de disyuntivas, el Congreso nunca ha optado por buscar su propia legitimidad ampliando los espacios de participación y votación. En rigor, ha funcionado como un dique para impedir que “la política” salga de las manos de los políticos. Tal vez ha llegado la hora del cambio. Un cambio en el que la sociedad se apropiaría de un derecho –o del derecho– para definir el rumbo de su representación. Con ello destrabaría a la vez un proceso en el que lo democrático de la democracia ha quedado paralizado en un orden –confiscado por las maquinarias de los tres grandes partidos– que derrota cualquier concepto de representación.

Es la oportunidad para que el Congreso recapitule sobre los orígenes mismos de su legitimidad y su poder. Sería su prueba de fuego para volver la mirada por una vez y escuchar no la voz sino el voto de quienes hipotéticamente representa.

Boletín # 31

MARCELO EBRARD LE PONE EL CASCABEL AL GATO

El debate del 29 de mayo, entre dos gobernantes del PRI, dos del PAN y dos del PRD, constituye un no buscado retrato de las redes de entendimiento ilegítimo entre los que colocan los intereses de la parte por encima de los intereses del todo.

Es así como se entiende el entusiasta apoyo del gobernador panista de Guanajuato a la propuesta del gobernador priísta de Veracruz, de que las entidades federativas de la república cuyo subsuelo contiene petróleo, puedan asociarse con capital privado para explotar aproximadamente cinco mil pozos que ellos llaman marginales.

Estas posturas enfrentaron un argumentado rechazo a cargo del gobernador de Michoacán y del jefe de gobierno del Distrito Federal, siendo este último el que expresó la postura más trascendente de la discusión al anunciar la consulta popular a los ciudadanos del Distrito Federal el 27 de julio del año en curso.

Al formular esta propuesta, Marcelo les recordó que el artículo 26 constitucional faculta al ejecutivo federal para hacer una consulta al respecto, y que en veinte entidades federativas tales consultas ya forman parte del derecho local respectivo.

Otra aportación a cargo de Marcelo, es la precisión que hizo cuando aclaró "que yo no vine aquí a afirmar que el sector privado sea excluido de toda la economía, sino a señalar el desacuerdo con la intención de privatizar PEMEX a través de una ley secundaria". La aclaración es trascendente porque la propaganda calderonista trata de manipular a los integrantes del sector privado mexicano, presentando como excluyentes lo que es complementario: la empresa pública y la empresa privada, para que de esa manera la iniciativa privada no se oponga a la continuación de la extranjerización de la economía mexicana.

Ya tienen los bancos, muchas de las minas más importantes, muchos de nuestros aeropuertos y puertos, la totalidad de los ferrocarriles, ¿por qué no entregarles el petróleo de una vez? razonarán los partidarios de la privatización.

Una observación al margen

Llama la atención que los enviados del gobierno calderonista al lugar donde se celebran los debates le falten al respeto de manera tan pública a los legisladores que no son partidarios de la privatización e inclusive a ponentes, como sucedió el día de ayer, cuando les pasan tarjetas con ataques a los expositores.

Esta conducta es tan obvia, que no es descartable que esté produciendo tensiones entre los organizadores de los debates, ya que ayer Francisco Labastida, presidente de los mismos, ya no le otorgó el derecho de réplica a los legisladores que solicitaban la palabra, lo que parece ser una medida originada tras la andanada verbal que en la sesión anterior enderezaron contra Francisco Rojas (compañero de partido de Labastida), sin que este pudiera defenderse.

Atento recordatorio

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR EN FRESNILLO,

LUGAR: RINCONADA DE LA PURIFICACIÓN,

DÍA Y HORA: 7 DE JUNIO A LAS DIEZ EN PUNTO.

Se recomienda estar con media hora de anticipación.

Zacatecas, Zac., 30 de mayo de 2008

Consejo Zacatecano para la Defensa del Petróleo

Opinión de Jorge Camil en La Jornada

La burbuja petrolera

Acaba de reventarse la burbuja financiera con la crisis de las hipotecas de alto riesgo, conocidas en la banca como “hipotecas subprime”.

Ocho años antes, en 2000, había estallado la burbuja de las compañías “punto com”. Ésta arrasó con los ahorros de miles de inversionistas de clase media que confiaban en la tecnología para retirarse como millonarios a jugar golf en Miami y Palm Beach. Boom and bust (auge y estallido) le llaman los economistas al ciclo periódico de expansión y recesión que caracteriza el desarrollo de la economía global. Sólo que ahora, el vendaval ocasionado por el estallido de la burbuja de las hipotecas de alto riesgo amenaza con llevarse en su cauce a la economía mundial.

Decenas de bancos europeos y estadunidenses están al borde del colapso, y el “efecto dominó” está afectando no solamente a los bancos de inversión que colocaron los préstamos hipotecarios, sino a las compañías aseguradoras y fondos de pensiones que compraron el papel comercial generado por una inversión que se consideraba “segura”. Esta vez, predice George Soros en The new paradigm for financial markets (Nuevo paradigma para los mercados financieros), el auge fue ocasionado por una expansión inusitada del crédito, dentro de una “superburbuja” que duró más de 25 años, y al estallar nos sumió en la peor crisis financiera desde 1930.

Soros no está solo. Stephen Leeb, autor de The coming economic collapse (El colapso económico que viene), predice que el petróleo alcanzará la cifra de 200 dólares por barril en 2010, y cuestiona el nivel de las reservas petroleras mundiales. Leeb, un acucioso analista de la industria petrolera, está sorprendido de que, no obstante un declive de 30 años en las utilidades de las compañías exploradoras, y la reducción persistente en la producción petrolera en países fuera de la OPEP, las autoridades mundiales continúan asegurándonos que el aumento escandaloso en el precio del petróleo es temporal; que existen reservas ilimitadas, y que la producción continuará creciendo por encima de la demanda el resto de nuestras vidas.

“Los expertos rara vez se equivocan”, dice Leeb refiriéndose a la crisis que se avecina. El problema es que la mayoría continuamos confiados en la sabiduría y honorabilidad de nuestros gobernantes. Después se pregunta: “¿Por qué una amenaza tan grave no aparece en las primeras páginas de todos los periódicos? ¿Por qué los gobiernos y la industria no han tomado medidas inmediatas para evitar la crisis?” En ese contexto me pregunto: ¿Por qué las primeras páginas de nuestros periódicos, en vez de enfocarse en esta crisis inevitable (el inminente estallido de la burbuja petrolera) están dedicadas a reportar el golpeteo político de la supuesta “reforma energética”? ¿Y por qué, en vez de rasgarnos las vestiduras con el tema de la soberanía, no abrimos un debate público con expertos internacionales para comprobar la veracidad de las reservas mexicanas: existe en verdad el tesorito?

La historia muestra que todas las caídas estrepitosas de los mercados de valores han sido precedidas por alzas en el precio del petróleo. ¡Y el actual ha alcanzado 140 dólares por barril! (lo que indica que la predicción de 200 dólares podría cumplirse antes de que termine la década).

Desde 1973 Estados Unidos consume cada vez más petróleo extranjero que nacional. ¡He ahí el origen de la codicia por el petróleo mexicano! ¿Qué sucedería si permitimos la incursión de las voraces compañías internacionales y el tesorito resultara únicamente una realidad en la imaginación de Felipe Calderón y sus asesores? En ese supuesto, estaríamos entregando nuestras reservas probadas, que no son ilimitadas, para apaciguar la crisis coyuntural de Estados Unidos. ¡Hagámosle la vida fácil a George W. Bush como regalo de despedida!

La situación es tan desesperada que algunos legisladores estadunidenses recomendaron la semana pasada demandar a la OPEP para obligarla a aumentar la producción. ¿Por qué se aprobó finalmente la Iniciativa Mérida? Porque las reservas de los países árabes están declinando, en un momento crucial en que la guerra de civilizaciones arrecia y los gobernantes de Arabia Saudita han comenzado a tomar conciencia de que las reservas de este valioso recurso deben ser utilizadas para crear fondos de contingencia para un futuro desarrollo económico que no dependa del petróleo.

Leeb menciona que un estudio realizado en 1998 asegura que las reservas petroleras de Arabia Saudita, así como las de Irak e Irán, están exageradas, y son altamente sospechosas. Arabia Saudita tenía reservas probadas de 110 mil millones de barriles en 1979, y desde entonces ha extraído 60 mil millones. ¿Ha visto la película Syriana de George Clooney? Ahí se revela en forma descarnada la lucha entre la codicia de algunos gobernantes árabes, empeñados en vender todo el petróleo que puedan para llenarse los bolsillos, y aquellos que favorecen una producción ordenada, y la utilización de los recursos para promover el desarrollo económico de países que no tienen otra forma de vida. ¿A qué bando pertenece México?

Opinión de Luis Javier Garrido en La Jornada

La ofensiva

¿Están siendo los legisladores mexicanos objeto de dádivas de los consorcios petroleros trasnacionales para que aprueben la contrarreforma de Felipe Calderón, como lo señalan algunos analistas, lo que reproduciría aquí una de las prácticas de corrupción que se dan impunemente en el sistema estadunidense?

1. El debate en materia energética en el Senado ha puesto al descubierto el proyecto de las trasnacionales por apoderarse de la industria petrolera de México del cual es piedra angular la iniciativa de Felipe Calderón, pero también está abriendo una reflexión tanto sobre la corrupción desenfrenada del grupo calderonista como sobre el funcionamiento del Poder Legislativo mexicano, planteándose entre otras una cuestión: ¿están siendo los legisladores mexicanos objeto de dádivas de los consorcios petroleros al igual que acontece en el sistema estadunidense?

2. El país sabe que el gobierno panista es una cloaca y que muchos de sus integrantes están asociados a corporaciones trasnacionales en el negocio que están fraguando, y por eso no sorprenden noticias como las que han generado nuevos escándalos esta semana al saberse que el gobierno ha mandado a una red de emisarios a Estados Unidos para solicitar apoyo de los grandes consorcios petroleros o que Georgina Kessel (secretaria de Energía) contrató multimillonarios servicios de espionaje privado para vigilar a los legisladores en relación con el debate energético (El Universal, 26 y 29 de mayo).

3. La actitud de algunos priístas ha llamado la atención, pues varios parecen dispuestos a avalar la privatización por móviles poco claros. Los legisladores del PRI, se supone que no tendrían en principio problema alguno para desechar, por notoriamente anticonstitucional, la propuesta de Calderón, quien les exige de manera desvergonzada le ayuden a hacerle un fraude a la Constitución, y que lo hagan además traicionando sus principios, ya que en el punto 14 de su Declaración de Principios se establece que en relación con los energéticos el PRI sostiene “el principio constitucional de propiedad de la nación”, y se pronuncia “contra de todo intento de privatización del patrimonio de los mexicanos”.

4. Las propuestas de algunos priístas resultan por ello no sólo descabelladas sino opuestas a los principios de su partido, sobre todo porque en un mediano plazo tal claudicación no podría conducir más que a acelerar la desaparición de su instituto político. El proyecto de algunos dirigentes del PRI de crear las llamadas “empresas espejo”, que se atribuye a Manlio Fabio Beltrones, no es más que una variante del presentado por Calderón y tan anticonstitucional como éste, pues supone autorizar a las trasnacionales a operar en el ámbito petrolero con todos sus recursos mientras el gobierno federal prosigue el desmantelamiento de Pemex. La propuesta del gobernador veracruzano Fidel Herrera de crear empresas mixtas en los estados donde hay enclaves petroleros es también absolutamente violatoria del orden constitucional, pues además de privatizadora se olvida de que el petróleo es materia federal.

5. El escenario nacional, marcado por la discusión sobre el petróleo, se está por otro lado enrareciendo más por la desenfrenada campaña de los medios para que se aprueben la iniciativas de Calderón, en particular porque éstas carecen de argumentos, y lo único que hacen es utilizar una serie de lemas mentirosos, tratando de negar que las iniciativas sean privatizadoras o tengan como propósito culminar el desmantelamiento de Pemex y entregar la industria petrolera mexicana a compañías extranjeras.

6. El principal argumento del gobierno de facto hacia las compañías trasnacionales es el mismo que está utilizando frente a los mexicanos, haciendo a todos creer que es posible violar impunemente la Constitución modificando la legislación secundaria, y deslizando la idea de que la Suprema Corte avalaría esta empresa, la que por el contrario claramente tipifica el delito de “traición a la patria” previsto en nuestra legislación penal, lo que puede llevar a Calderón y a sus cómplices a ser destituidos.

7. En otras palabras, lo que el gobierno de facto está sosteniendo, fuera y dentro del país, en su campaña mediática, es que el fraude a la Constitución está al alcance de la mano, y que además eso es positivo para los mexicanos, olvidándose de una cosa: que a lo que conduciría es a que la nueva industria privatizada operase en un contexto de plena ilegalidad.

8. La realidad de la situación es que la propuesta de las multinacionales y de Calderón, que en este caso actúa como lo que es, como su pelele, no sólo empobrecería a los mexicanos y dejaría al Estado sin recursos, sino que crearía en México un escenario de absoluta inseguridad jurídica. Las trasnacionales extranjeras estarían invirtiendo en un país de manera anticonstitucional, y ello le daría a los mexicanos, tanto al poder público como al pueblo, el legítimo derecho para proceder contra ellas por todos los medios, y de nada les serviría a éstas acudir a tribunales extranjeros, pues la propia Suprema Corte ha reiterado en sus últimos fallos que los acuerdos internacionales suscritos por los gobiernos mexicanos –y más todavía los suscritos por un gobierno ilegítimo y de facto como el de Calderón– están por debajo de la Constitución.

9. Los debates en la vieja casona del Senado en la calle de Xicoténcatl han conducido a una derrota completa de la posición oficial, que ha sido evidenciada como contraria a los intereses de los mexicanos y al orden constitucional del país, y en consecuencia no están produciendo más que una mayor desesperación en el gobierno, lo que hace más difícil una salida a la cuestión.

10. La salida a esta cuestión es empero muy simple y la única digna de una sociedad democrática: consultar a todos los mexicanos sobre el futuro de nuestros recursos estratégicos, para que decidan si quieren que sigan siendo manejados por los mexicanos o que abdiquemos de nuestra vocación histórica y entreguemos la industria petrolera y el futuro de la nación a las corporaciones petroleras que la codician desde hace décadas.

Cómo fabricar una crisis global**

Segunda parte del artículo de Walden Bello** en La Jornada

Agricultura africana: de la sumisión al desafío

La descampesinación se encuentra en estado avanzado en América Latina y Asia. Y si el Banco Mundial (BM) se sale con la suya, África marchará en la misma dirección. Como correctamente señalan Bryceson y sus colegas en un artículo reciente, el Informe mundial de desarrollo para 2008, que hace extensa referencia a la agricultura en África, es prácticamente un proyecto de transformación de la agricultura del continente, basada en campesinos, en una explotación agrícola comercial en gran escala. Sin embargo, como ocurre en muchos otros lugares hoy día, los pupilos del banco pasan del hosco resentimiento al abierto desafío.

En tiempos de la descolonización, en la década de 1960, África era en realidad exportadora neta de alimentos. Hoy el continente importa 25 por ciento de sus alimentos; prácticamente todos sus países son importadores netos. La hambruna se ha vuelto un fenómeno recurrente; sólo en los tres años pasados han surgido emergencias alimentarias en el cuerno de África, el Sahel y en las partes sur y centro del continente.

La agricultura en África se encuentra en profunda crisis, y las causas van desde las guerras hasta el mal gobierno, falta de tecnología agrícola y propagación del VIH/sida. Sin embargo, como en México y Filipinas, parte importante de la explicación es la cancelación de controles y mecanismos de apoyo gubernamentales conforme a los programas de ajuste estructural impuestos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el BM para apoyar en el servicio de la deuda externa.

El ajuste estructural acarreó descenso de la inversión, aumento del desempleo, reducción del gasto social, disminución del consumo y baja producción. Levantar los controles de precios a los fertilizantes y reducir al mismo tiempo los sistemas de crédito agrícola sencillamente condujo a una reducción en el uso de fertilizantes, cosechas menos abundantes y menor inversión. Además, la realidad se negó a conformarse a la expectativa doctrinaria de que el retiro del Estado abriría el camino para que el mercado dinamizara la agricultura. El sector privado, percibiendo correctamente que la reducción del gasto gubernamental crearía más riesgo, se abstuvo de entrar al quite. En un país tras otro, la partida del Estado alejó la inversión privada en vez de atraerla. Si bien los comerciantes privados sí remplazaron al Estado, indica un informe de Oxfam, “a veces lo han hecho en términos sumamente desfavorables para los campesinos pobres”, con lo cual los campesinos “han quedado en mayor inseguridad alimentaria, y los gobiernos, atenidos a los flujos de ayuda internacional, que son impredecibles”. The Economist, por lo regular inclinado hacia el sector privado, está de acuerdo, pues reconoce que “muchas de las empresas privadas llevadas para remplazar a los investigadores del Estado resultaron ser monopolistas en busca de ganancias”.

El poco apoyo que se permitió acopiar a los gobiernos africanos fue canalizado por el Banco Mundial a la agricultura de exportación con el fin de generar divisas necesarias para el pago de la deuda. Pero, como en Etiopía durante la hambruna de la década de 1980, esto condujo a dedicar tierra buena a cultivos de exportación, y los de alimentos se desplazaron a suelo menos apropiado, lo cual exacerbó la inseguridad alimentaria. Además, como el BM alentó a varias economías a enfocarse en los mismos cultivos de exportación, con frecuencia el resultado fue la sobreproducción, que generó caídas de precios en los mercados internacionales. Por ejemplo, el éxito mismo de la expansión de la producción de cacao en Ghana provocó un descenso de 48 por ciento en el precio internacional entre 1986 y 1989. En 2002-03, un colapso de los precios del café contribuyó a otra emergencia alimentaria en Etiopía.

Como en México y Filipinas, el ajuste estructural en África no se refirió sólo a la baja inversión estatal, sino también al desvío de esa inversión. Pero hubo una importante diferencia: en África el BM y el FMI ejercieron una microadministración, tomando decisiones referentes a con qué rapidez cancelar los subsidios, cuántos empleados públicos despedir y hasta, como en el caso de Malawi, cuántas de las reservas de granos del país había que vender y a quién. En otras palabras, los procónsules del banco y el FMI penetraron en la entraña misma de la participación estatal en la agricultura para desmantelarla.

En el impacto negativo del ajuste tuvieron parte las injustas prácticas comerciales de Estados Unidos y la Unión Europea. La liberalización permitió que carne de res subsidiada de la UE arruinara a los ganaderos de Sudáfrica. Con subsidios legitimados por la OMC, productores estadunidenses saturaron los mercados mundiales de algodón a entre 20 y 55 por ciento del costo de producción, lo que llevó a la bancarrota a campesinos de África occidental y central.

Según Oxfam, el número de africanos subsaharianos que viven con menos de un dólar al día casi se duplicó, a 313 millones, entre 1981 y 2001: 46 por ciento del continente. El papel del ajuste estructural en crear pobreza era difícil de negar. Como reconoció el economista en jefe del BM: “No creímos que los costos humanos de estos programas pudieran ser tan grandes, y que las ganancias económicas tardaran tanto en llegar”.

Malawi representa la tragedia africana desencadenada por el FMI y el BM. En 1999 el gobierno de ese país lanzó un programa para dar a cada familia de pequeños propietarios un paquete inicial de fertilizantes y semillas. El resultado fue un superávit nacional de maíz. Lo que vino después es una historia que debería ser consagrada como un clásico estudio de caso de una de las mayores metidas de pata de la economía neoliberal.

El Banco Mundial y otros donadores obligaron a reducir y a la larga eliminar el programa, alegando que el subsidio distorsionaba el comercio. Sin los paquetes gratuitos, la producción decayó. Entre tanto, el FMI insistió en que el gobierno vendiera gran parte de sus reservas de granos para permitir que la dependencia encargada de las reservas pagara sus deudas comerciales. El gobierno cedió. Cuando la crisis alimentaria dio lugar a la hambruna de 2001-02, ya no quedaban reservas. Unas mil 500 personas perecieron. El FMI no mostró arrepentimiento; de hecho, suspendió sus desembolsos de un programa de ajuste sobre la base de que “el sector paraestatal continuará representando riesgos a la exitosa aplicación del presupuesto 2002-03. Las intervenciones gubernamentales en los alimentos y otros mercados agrícolas desalientan otras inversiones más productivas”.

Para cuando se desarrolló una crisis aún peor, en 2005, el gobierno había tenido suficiente de la estupidez del BM y el FMI. Un nuevo presidente reanudó el subsidio para fertilizantes, permitiendo a 2 millones de familias comprarlo a la tercera parte de su precio al menudeo, y adquirir semillas con descuento. El resultado: cosechas abundantes durante dos años, un superávit de un millón de toneladas de maíz y la transformación del país en proveedor de grano al sur de África.

Hace 10 años, el desafío de Malawi al BM habría sido un acto de resistencia heroico, pero inútil. Hoy el entorno es diferente, porque el ajuste estructural ha ganado descrédito en toda África. Incluso algunos gobiernos y ONG donantes que solían apoyarlo se han distanciado del banco. Tal vez la motivación sea prevenir que su influencia en el continente se vea más erosionada al asociarlo con un enfoque fallido e instituciones impopulares en momentos en que la ayuda china fluye como alternativa al Banco Mundial, el FMI y los programas de ayuda de los gobiernos occidentales.

Soberanía alimentaria: ¿paradigma alternativo?

No sólo el desafío de gobiernos como el de Malawi y el disenso de antiguos aliados socavan al FMI y al BM. Organizaciones campesinas de todo el planeta se han vuelto cada vez más militantes en su resistencia a la globalización de la agricultura industrial. De hecho, la presión de los grupos campesinos ha llevado a los gobiernos del Sur a negarse a otorgar mayor acceso a sus mercados agrícolas y a exigir un cuantioso recorte a los subsidios agrícolas de Estados Unidos y la Unión Europea, lo cual condujo al estancamiento de las negociaciones de la ronda de Doha de la OMC.

Los grupos campesinos tienen ahora redes internacionales; una de las más dinámicas que han surgido es Vía Campesina, que no sólo busca “sacar a la OMC de la agricultura” y se opone al paradigma de una agricultura industrial globalizada, sino también propone la soberanía alimentaria como alternativa.

La soberanía alimentaria significa, en primer lugar, el derecho de una nación a determinar su producción y consumo de alimentos y la exclusión de la agricultura de regímenes de comercio global como el de la OMC. También significa consolidar una agricultura centrada en los pequeños productores protegiendo al mercado doméstico contra las importaciones baratas, fijando precios competitivos para campesinos y pescadores, suprimiendo todos los subsidios directos e indirectos y suspendiendo las subvenciones domésticas que promuevan una agricultura no sustentable. La plataforma de Vía también demanda poner fin al régimen de derechos de propiedad intelectual relativos al comercio (TRIP, por sus siglas en inglés), que permite a las corporaciones patentar semillas; se opone a la agrotecnología basada en la ingeniería genética, y demanda una reforma agraria. En contraste con un monocultivo integrado global, Vía ofrece la visión de una economía agrícola internacional compuesta de diversas economías agrícolas nacionales que comercien entre sí, pero enfocadas sobre todo a la producción doméstica.

Alguna vez considerados reliquias de una era preindustrial, los campesinos encabezan ahora la oposición a una agricultura capitalista industrial que los enviaría al basurero de la historia. Se han vuelto lo que Karl Marx describió como una “clase para sí misma”, políticamente consciente, lo cual contradice sus predicciones de extinción. Con la crisis global de alimentos, se han colocado en el centro del escenario y cuentan con aliados y partidarios. Porque a la vez que los campesinos se niegan a desaparecer y luchan contra la descampesinación, los sucesos del siglo XXI revelan que la panacea de la agricultura industrial capitalista globalizada es una pesadilla. Conforme se multiplican las crisis ambientales, se acumulan las disfunciones sociales de la vida urbana industrial y la agricultura industrializada crea mayor inseguridad alimentaria, el movimiento campesino cobra mayor relevancia no sólo para ese sector, sino para todos los que se ven amenazados por las consecuencias catastróficas de la visión capitalista global de organizar la producción, la comunidad y la vida misma.

* Este artículo aparece en la edición de The Nation (Nueva York) del 2 de junio. Se reproduce con permiso del autor.

** Walden Bello es analista y ex director ejecutivo del instituto de investigación y activismo Enfoque en el Sur Global, con sede en Bangkok.

Opinión de Orlando Delgado Selley en La Jornada

Planes y realidades

En medio de la discusión sobre la reforma de Pemex, el gobierno federal presentó un plan para detener el incremento de precios de los alimentos y un programa para financiar el desarrollo. Responden a necesidades coyunturales y a un planteo estratégico. En ambos, pese a proponerse reforzar su política, se expresan las graves carencias de la economía y, en consecuencia, los problemas estructurales derivados de más de 25 años de funcionamiento del patrón neoliberal.

Las medidas para tratar de frenar el alza de los precios consisten en retirar los aranceles a la importación de granos básicos y leche en polvo. Al eliminar impuestos naturalmente se beneficia a los importadores y se perjudica a los productores locales, sin que ello signifique necesariamente reducciones de precios o siquiera interrupción de su escalada. Se trata, además, de un sacrificio fiscal que sólo es posible explicarlo por la magnitud de los excedentes petroleros. De modo que, otra vez, se usan ingresos por la venta de recursos no renovables para subsidiar a los exportadores extranjeros y a las grandes cadenas comerciales.

El otro anuncio fue el del Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo (Pronafide) que dice buscar un crecimiento mayor a 5 por ciento anual, la creación de 800 mil empleos anuales y una reducción de 30 por ciento de la pobreza alimentaria. Para lograr estas metas el Pronafide reforzará la estrategia para mejorar “los determinantes transversales de la competitividad de la economía mexicana”, lo que quiere decir que se cumpla el estado de derecho, que haya seguridad física y patrimonial, que se mantenga la estabilidad macroeconómica, la oferta de bienes públicos –en particular los energéticos–, la calidad de las normas y prácticas regulatorias. Si esto se cumpliera –lo que está lejos de la realidad– es difícil aceptar que el crecimiento se dinamizaría.

Estos planes y medidas, como siempre dicen, “sólo son posibles gracias a que México cuenta con una economía fuerte y estable”. La economía fuerte no parece existir y el propio Pronafide lo reconoce al señalar que con la implantación de las nuevas estrategias el crecimiento económico se disparará, pasando de 3.2 por ciento en 2007, 2.8 en 2008 y llegando a 5.2 en 2012. De modo que la fortaleza económica nacional, en condiciones excepcionales en las que los precios por la exportación de crudo alcanzan niveles que duplican el presupuesto es llegar en cuatro años a un crecimiento de 5 por ciento.

Con ventajas relativamente similares otros países latinoamericanos están ya creciendo por arriba de 5 por ciento anual y, pese a la recesión estadunidense mantienen ese ritmo. México se mantiene atado a los ciclos de la mayor economía del mundo, mientras que otros países similares han diversificado sus mercados aprovechando las también excepcionales condiciones de los mercados de bienes primarios y metales.

La tan presumida estabilidad macroeconómica es bastante discutible. En relación con el equilibrio fiscal, por ejemplo, es claro que si se incorporan al gasto los Pidiregas, es decir, las inversiones realizadas por empresas privadas sustituyendo gasto público y que debieran ser contabilizadas como deuda, tenemos un déficit fiscal superior a tres puntos porcentuales del producto. La inflación, pese a la persistencia de una política monetaria restrictiva ha rebasado ya los límites establecidos por el Banco de México y vigilados por ellos mismos. El déficit en la cuenta corriente pasó de 2 mil 220 millones de dólares en 2006 a 7 mil 281 millones en 2007.

Así que la realidad es contundente: ni fortaleza, ni estabilidad. Nuestra situación económica es crítica: la capacidad de producción agropecuaria está prácticamente perdida, el vaciamiento industrial es generalizado, la industria petrolera está completamente trunca. La consecuencia inmediata será que los niveles de pobreza aumentarán, tanto porque las familias más necesitadas recibirán menores recursos de sus migrantes, como por la inminente elevación de los precios de los alimentos. Los planes y las medidas del gobierno no servirán, son simplemente retóricos.

Opinión del embajador José Eduardo Navarrete (muy recomendable)

Seguridad energética, ¿para quién?

El tema de la seguridad energética –definida como la capacidad de un país para satisfacer la demanda nacional de energía con suficiencia, oportunidad, sustentabilidad y precios adecuados, en el presente y hacia un futuro, que suele medirse por lustros y decenios más que por años– apenas se menciona en las iniciativas de reforma petrolera que ahora se discuten. El diagnóstico en que se fundamentan le dedica cierta atención. Ahí se considera que “la reducción de las reservas pone en riesgo la seguridad energética del país” (p. 14); se afirma que debería llegarse a una tasa de reposición de reservas de “cuando menos el 100 por ciento e incluso más si se desea fortalecer la seguridad energética del país” (p. 15), y finalmente se asegura que es necesario “atacar todos los frentes [de extracción] posibles de manera simultánea para garantizar la seguridad energética del país en el mediano plazo” (p. 49). En suma, se considera que “fortalecer” o “garantizar” la seguridad energética en el mediano plazo exige mantener o aumentar el actual nivel de producción del orden de tres millones de barriles por día. Por su parte, sólo una de las propuestas de modificación legal, la de la Ley Reglamentaria del 27 Constitucional, alude al tema. En el artículo 41 propuesto se maneja el concepto de asegurar el suministro eficiente de los productos que se obtengan del petróleo, de gas y de petroquímicos básicos. Esta enmienda obedece, como tantas otras, al propósito de permitir que agentes privados, foráneos o nacionales, sean los que tomen a su cargo ese suministro eficiente, ya que se considera que Pemex carece de la capacidad para garantizarlo. De esta suerte, al analizar las iniciativas desde el punto de vista de la seguridad energética, cabe preguntarse: ¿para quién?

La seguridad energética es indisociable de la racionalidad y sustentabilidad del consumo. No puede pretenderse que cubra demandas dispendiosas o notoriamente ineficientes. Situarse a la vanguardia de la eficiencia energética es una de las mejores vías para satisfacer la demanda actual y contar con seguridad frente a las exigencias de largo plazo del desarrollo nacional. Sin embargo, se ha puesto de moda un falso concepto de seguridad energética que la asocia con la satisfacción instantánea de cualquier demanda: gasolina suficiente para llenar los tanques de todos los vehículos sin importar la distancia que recorran por litro; electricidad suficiente para mantener los edificios iluminados y “ambientalizados” durante 24 horas 365 días. Se trata de una noción “comprada” al mayor consumidor de energía del mundo, que ha impuesto este tipo de paradigmas depredadores. Más que ser imitados, como por desgracia ocurre, deberían ser combatidos mediante políticas públicas eficaces. La verdadera inseguridad en materia de energía, y en especial de petróleo, proviene de depender de suministros, inversiones, tecnologías y prácticas administrativas foráneas. Esta dependencia se acentuaría si las iniciativas bajo examen –“digo, es un decir”– fuesen aprobadas.

En lo que va del siglo se ha deteriorado la seguridad energética de la nación. La satisfacción de importantes demandas de energía depende, de manera creciente, de suministros foráneos. Esta dependencia, especialmente manifiesta en el carbón y el gas natural, ha estado en buena medida determinada por decisiones erróneas en materia de generación eléctrica, que priorizaron las plantas carboeléctricas y, sobre todo, los ciclos combinados de gas natural. Éstos han sido instalados por los generadores privados, cuya capacidad instalada efectiva equivale ya a casi un tercio de la de las empresas estatales. En otras palabras, desde que se autorizó la generación independiente de energía, CFE y LFC han dejado de invertir en generación. Cabe preguntar si, de manera similar, Pemex suspenderá todas sus inversiones en refinación si se autoriza –“digo, es un decir”– la instalación en el país de refinerías privadas.

Por otra parte, si al proponer que se mantenga o incremente la actual plataforma petrolera se espera conservar o incluso acentuar el actual sesgo exportador –como algunas declaraciones oficiales sugieren– no se estará fortaleciendo o garantizando la seguridad energética de México. En todo caso, se estaría contribuyendo a fortalecer o garantizar la seguridad energética de las naciones a las que exportamos el crudo.

Así como con las reformas planteadas se pretende alterar lo esencial modificando lo secundario, en las relaciones exteriores se han adoptado acuerdos que corresponden más bien a la figura de tratados, a fin de evitar someterlos a la ratificación del Senado. Tal es el caso del Acuerdo Trilateral sobre Cooperación en Ciencia y Tecnología Energéticas, adoptado en Montebello, Canadá, en agosto de 2007. Persigue el objetivo de fomentar “la investigación y el desarrollo energéticos, a escala bilateral o trilateral, para el desarrollo de tecnologías de energía avanzadas, para usos pacíficos, sobre la base del beneficio mutuo, la igualdad y la reciprocidad”. En su artículo 3º, entre los campos de aplicación del acuerdo –que incluyen las energías renovables, la eficiencia energética, la energía nuclear, los combustibles fósiles y la electricidad– se cita, como numeral V, “los instrumentos de planificación de la seguridad energética”.

Quizá este documento poco conocido, que sólo aparece en la página web en inglés de la ASPAN, explica la importancia apenas marginal que en la reforma petrolera propuesta se otorga al tema de seguridad energética. Parece que la actual administración lo considera un asunto trilateral y no una cuestión crucial de interés nacional. Se entiende así la insistencia en mantener e incluso ampliar la plataforma de producción petrolera y de preservar y aun acentuar el sesgo exportador de la explotación de los yacimientos petrolíferos mexicanos: contribuir a garantizar la seguridad energética de América del Norte. Como la de Canadá está más que garantizada, se trata, en una palabra, de ayudar a la seguridad energética del consumidor de energía más dispendioso del planeta.

En suma, si las iniciativas se abordan desde el punto de vista de la seguridad energética, cabe concluir que no sirven a los intereses nacionales en la materia y, por tanto, merecerían ser rechazadas. Forman parte de un esquema que subordina la seguridad energética del país a la de Estados Unidos.

Opinión de Adolfo Sánchez Rebolledo en La Jornada

Pacto político, identidad nacional

Idealmente se piensa que toda modificación del texto constitucional viene a ser una suerte de “perfeccionamiento”, una adaptación a necesidades nuevas, inexistentes en el momento de su redacción original. Pero hay de cambios a cambios. Que en el pasado algunos de éstos se hayan realizado sin consideración alguna hacia la coherencia interna de la Carta Magna (o en apego a la sintaxis), sea por capricho de los gobernantes o para favorecer y consolidar una determinada correlación de fuerzas entre los distintos grupos que forman la nación, no debería abrir las compuertas a las ocurrencias supuestamente modernizadoras que sólo ven en el texto mera “confusión”, anacronismo, trabas, teología jurídica o quimeras nacionalistas. Nada se opone a modificar la Constitución, pero existe un camino establecido que debe respetarse.

No hace mucho, observamos con estupor cómo un presidente tan descuidado e ignorante como Vicente Fox planteaba la urgencia de elaborar una Constitución completamente nuevecita para el México que según él nacía de la alternancia. Desde el flanco opuesto también suelen escucharse voces favorables a un proceso constituyente, capaz de remodelar el orden vigente y establecer las bases del futuro, esto es, para culminar la transición iniciada hace ya varias décadas. En ambos casos, cualquiera que sea la opinión que les merezca la carta constitucional vigente a los partidarios de una y otra opción, es obvio que se piensa en ella como un pacto político, como acertadamente la definió Arnaldo Córdova en su clara comparecencia en el Senado de la República. Claro que hay algunos vanguardistas locales para los cuales el único ejemplo digno de tomarse en cuenta es el que proviene de la Constitución estadunidense y sus leyes, aunque la realidad se obstine en contradecirlos.

Por eso valoro el comentario de don Juventino Castro y Castro publicado ayer en este diario, insistiendo en la premisa mayor de que el texto constitucional es el fundamento de la identidad nacional, tema cuya sola mención saca ronchas en ciertos círculos.Y cita para acreditar su aserto los artículos constitucionales donde, a su modo de ver, cristaliza dicho pacto “identitario”. En primer lugar, el artículo 2, que reconoce la pluralidad étnica y cultural de la nación y el papel que en ella cabe a los pueblos indígenas; el artículo 3, que norma los principios de la educación, asunto clave si los hay, pues en él se establece que “la educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa”; el artículo 12, que desconoce los “títulos de nobleza, ni prerrogativas y honores hereditarios, ni se dará efecto alguno a los otorgados por cualquier otro país”. El 89 precisa las facultades y las obligaciones del presidente, pues en la fracción X le ordena dirigir la política exterior, cumplimentando los siguientes principios normativos mexicanos: “La autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”.

Pero el artículo constitucional que mayores críticas e incomprensiones recibe es, justamente, el 27, el cual, sin confusión posible, establece que: “La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación…” El mismo que en su párrafo cuarto precisa: “Corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas… el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos…” Finalmente, Castro y Castro cita el 28 constitucional, donde se afirma: “No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: (...) petróleo y los demás hidrocarburos, petroquímica básica…”

No es descabellado suponer que el objetivo final de la ofensiva contra el tabú petrolero sea, justamente, desnaturalizar el sentido de este artículo, al que sus críticos confieren, en efecto, la mayor trascendencia, pues sobre él descansa una forma de entender la propiedad privada siempre a través de la óptica del “interés público”. Esa es la cuestión decisiva, pues lejos de ser expresión de la simple continuidad del viejo derecho colonial español, tales conceptos constituyen uno de los pilares del reformismo revolucionario mexicano, al que tan vehementemente se opusieron ayer y se oponen hoy los panistas (un eco del lenguaje rudo de la derecha se puede leer en las alocuciones y escritos del líder blanquiazul, don Germán Martínez). Si el gobierno no se lanzó a reformar el 27, como le piden sus valedores, no es por respeto al texto sino por temor a las consecuencias. Antes tendrían que probar que el pacto fundacional que lo hizo posible se ha extinguido y ya no se requiere en el mundo globalizado de hoy. Pero eso está por verse.

PD. Los diputados y políticos se harían un favor –y nos lo harían a todos– si leyeran los argumentos de Rafael Galván y los electricistas democráticos en favor de una industria energética –electricidad, petróleo, nuclear– nacionalizada. Se vería cuánto hemos retrocedido, que también ocurre.

Boletín # 30

LA CÚPULA DEL PAN PERDIÓ LA FE EN EL PRI

Debate petrolero del 27 de mayo de 2008

La táctica del golpeteo a los ponentes estrenada ayer por los defensores de la propuesta calderonista de privatización del petróleo, habla de una valoración pesimista de parte de Calderón de la correlación de fuerzas al interior del PRI.

En el pasado, el salinismo contó con la colaboración del PAN para reformar la Constitución en sentido regresivo (el campo, relaciones iglesia-estado, eliminación del requisito de ser mexicanos de nacimiento para ser presidente de la república, etc) El PAN fue un decidido apoyador del FOBAPROA, de la extranjerización de los bancos, de los ferrocarriles, de los puertos y aeropuertos, de las carreteras, etc.

Quizá por eso Calderón espera reciprocidad en su política de entregar a intereses extranjeros la renta petrolera, y justo es decirlo, hay una porción del PRI (representada por Beltrones y Emilio Gamboa) que sí quiere devolverle los favores al gobierno calderonista.

El golpeteo a cargo de un diputado y un senador panistas en contra del Presidente de la Fundación Colosio Francisco Rojas y de Jorge Navarrete, embajador y exsubsecretario, implican su convicción de que el priísmo contrario a la privatización de PEMEX es mayoritario respecto al priísmo colaboracionista.

No obstante esa "novedad táctica", los críticos de la propuesta calderonista Jorge Eduardo Navarrete, Francisco Rojas, y el líder del Sindicato de electricistas Martín Esparza, dejaron claro que también para México es inseparable el tema de los energéticos con la seguridad nacional, como lo es para los Estados Unidos que prohibieron a los dueños de una trasnacional petrolera vendérsela a los chinos de la misma manera como lo hace Rusia, Arabia Saudita, Venezuela, Irán y demás países productores. Inclusive quedó claro en el debate que aún países que sólo son compradores como Japón y China también asocian su política energética a su seguridad nacional.

Mención especial merece la fundamentada denuncia que hizo el líder de los electricistas cuando relató la manera tramposa y enumeró las grandes mentiras con que se manipuló a la escena pública a la hora de entregarle la generación eléctrica a las compañías extranjeras (ASHMORE Energy International) de capital británico, AES de Estados Unidos y las españolas IBERDOLA y Unión FENOSA principalmente).

Andrés Manuel López Obrador presente en Fresnillo el 7 de junio en la Rinconada de la Purísima

En virtud de que ya esperábamos el comportamiento de los grandes medios de comunicación respecto a los debates organizados en el Senado de la República, y transmitidos al público por el Canal del Congreso en todo el país, se están celebrando esfuerzos por informar todo lo relacionado con esta lucha de tanta trascendencia.

En ese contexto, Andrés Manuel López Obrador recorre el país, tocándole a Fresnillo Zacatecas recibirlo el 7 de junio del presente para iniciar el encuentro en punto de las diez de la mañana. Estamos convocando a todos los interesados en actualizar su información sobre la defensa del petróleo, a estar presentes en la Rinconada de la Purísima alrededor de las 9:30 am, para poder celebrar el acto con toda puntualidad, ya que como es de dominio público, la agenda de Andrés Manuel está sobrecargada de actos de esta naturaleza, razón por la cual los retrasos se convierten en un gran inconveniente.

Les reiteramos que los debates continúan hasta el 22 de julio y que éstos tienen lugar los martes y los jueves y que al final de los mismos, habremos de demandar, como lo hacen los intelectuales como Carlos Monsiváis, Sergio Pitol, Elena Poniatowska y muchos otros que se le pregunte a los mexicanos qué hacer con la industria petrolera que el Presidente Lázaro Cárdenas rescató para todos los mexicanos.

Zacatecas, Zac., 28 de mayo de 2008

Consejo Zacatecano para la Defensa del Petróleo

Opinión de Luis Linares Zapata en La Jornada de hoy

Estigmas de la privatización

Los estigmas que acarrean las múltiples y variadas privatizaciones de empresas, o de los servicios sociales que antes estaban a cargo del sector público, se han arraigado en la conciencia colectiva de la mayoría de los ciudadanos. El fenómeno de rechazo no ha sido gratuito ni, tampoco, inesperado. Se fue labrando con inusitada constancia por las desbocadas ambiciones de los participantes en esas decisiones, muy en boga durante la década de los 90. La retórica empleada para azuzar la conveniencia de las privatizaciones fue estructurada de acuerdo con los cánones de las empresas trasnacionales, divulgados por las corredurías y medios financieros en general. Recibieron, también, fuertes apoyos tanto de los grupos de presión internos como por parte de agencias multilaterales. Organismos éstos, bien se sabe, que responden y difunden las crudas pretensiones de los negocios masivos o de sendos núcleos estratégicos de poder hegemónico mundial.

A las privatizaciones se les achaca, además del tráfico de influencias para conseguir privilegios indebidos, una visión reduccionista. Revelan, a las claras, una acendrada actitud compulsiva de funcionarios y políticos para entregar empresas y recursos al capital externo. En otras ocasiones se les acusa de amarrar intereses individuales de los que participaron en ellas y de fomentar generalizada corrupción, ofensiva para la ética colectiva. Al final, dichas experiencias terminan por ser disolventes perversos para la vida organizada de la sociedad que corroen la confianza en casi todas las instituciones. Desgraciadamente, los procesos privatizadores, llamados reformas estructurales (o de segunda y hasta tercera generación), escaparon a la debida vigilancia de segmentos sociales que bien pudieron resistir los cambios autoritarios que, por cierto, han causado numerosos males a la mayoría de la población.

Están tan arraigados los estigmas de las privatizaciones que, en este nuevo intento por parte de Calderón, presidente del oficialismo, lo obliga a embarcarse en múltiples falsedades y exageraciones flagrantes en los beneficios que el proceso provocaría. El gobierno y sus aliados han desatado sendas campañas mediáticas reforzadoras de una realidad inexistente y que descubre su fondo de intenciones malsanas: la entrega, esta vez, de la industria petrolera nacional a los grandes intereses de dentro, pero sobre todo a los de fuera del país.

Hay, por tanto, necesidad, en estas horas cruciales para el desarrollo nacional, de recordar algunos de los procesos privatizadores que se han dado en épocas recientes. En todos se difundieron razones y promesas similares, todas truncas. Ya fuera en las inversiones prometidas, desbocadas en sus beneficios o, finalmente, como causales directas de las desigualdades económicas entre los mexicanos (recuérdese, en este punto, a Telmex). Los bancos, por ejemplo, fueron puestos en manos de irresponsables que los llevaron a la insolvencia, pero cuyos accionistas salieron, todos ellos, (aún los encarcelados), enriquecidos hasta la insensatez. Después de rescatar los bancos más grandes (Fobaproa), se vendieron, sin pagar impuestos, a consorcios estadunidenses, canadienses, ingleses o españoles. En muy poco han contribuido a lo que se prometió: nueva tecnología, financiamiento del desarrollo y crédito barato al consumidor o las empresas. Otro caso fueron las acererías, industrias vitales y de gran importancia en la historia de los materiales básicos. Altos Hornos, una de ellas, pasa, casi regalada, a manos de plutócratas mexicanos de muy cuestionada reputación, entre ellos la misma ex esposa de Carlos Salinas. Las Truchas, después de un breve interinato, terminó en poder de un empresario indio. La ruta de las aerolíneas, carreteras o los ingenios, varias veces rescatados y vueltos a entregar a empresarios afines a los distintos regímenes en turno. Revista similar puede hacerse con los ferrocarriles, o la intermediación agroalimentaria,

Quizá la más importante privatización, por el monto de los recursos en juego y su impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos, sea la entrega a los grupos financieros, que se ha hecho de la seguridad social de los trabajadores. Porción sustantiva de la cual ha quedado entre los agentes del exterior. Sin el menor prurito, se pretende continuar, sin dejo de paciencia, con los empleados de las grandes empresas estatales, con las universidades y gobiernos de estados y municipios. El bonche completo. Una inmensa masa de recursos en manos llenas de avaricia que, primero que todo, se han retribuido ellos mismos con abusiva largueza. A los ahorradores, poco les quedará de este saqueo. Sus ahorros han terminado engordando las utilidades de los bancos que, no está de más repetirlo, son controlados por, y al servicio de, sus matrices extranjeras.

Por ésta y otras razones valederas, el gobierno se aleja y encubre sus verdaderas pretensiones privatizadoras de la industria petrolera. El punto neurálgico del debate actual se centra en considerar el término explotación como sinónimo de extracción de crudo y nada más. Los abogados locales en favor de la versión oficial, siguiendo las líneas de razonamiento legaloide de los despachos estadunidenses y demás asesores del Banco Mundial o del FMI que descubrieron estos atajos desde los años 90, repiten sin real convencimiento tales alegatos. Para ellos no existe industria petrolera en la Constitución, sólo partes aisladas (no estratégicas) que bien pueden ser entregadas, sin penas de ilegalidad, al capital, en especial al internacional. Es este intento, como dijeron algunos de los ponentes en el debate (Carrancá y Ramírez), abrir una puerta que después no se podrá cerrar para mal de la soberanía e independencia de México. Pero a ellos eso poco les importa; lo útil son los contratos que por ahí se conseguirán para trasladarlos, como los bancos o las acererías, a los de fuera que tanto los han ambicionado desde que fueron expropiadas las originales empresas petroleras.

Opinión de Don Juventino V. Castro y Castro

La Constitució

En el periódico Reforma del sábado 24 aparece un artículo de Jaime Sánchez Susarrey, a quien no tengo el gusto de conocer –aunque él sí muestra el disgusto de conocer de mí–, que denomina: “Barbaridades…” aunque en el texto aclara que el título completo es: “Barbaridades, mitos y falsedades”, y en el cual, inusitadamente para mí, se refiere a algunas afirmaciones que hice durante mi asistencia al Senado de la República para expresar conceptos (todos de muy buena fe) sobre lo que se ha dado en llamar la “reforma energética”.

De inicio dice una verdad e incurre en una confusión. La verdad es que sí soy un anciano (estoy próximo a cumplir los 90 años), pero invierte el articulista sus apreciaciones sobre mis ubicaciones. Sí soy juarista (me confieso profundamente juarista), pero no jurista, ya que este término lo reservo para especialistas en derecho con una alta calidad de excelencia, de la cual carezco infortunadamente.

¡Ah! No soy asesor de don Andrés Manuel López Obrador. Lo fui, por gentil invitación que me hizo durante la campaña presidencial. Tengo mucho tiempo de no hablar con él. Lo extraño. No pertenezco a partido alguno; creo que los partidos políticos –tal como actualmente están estructurados en México– limitan al ciudadano al imponerles únicos candidatos a votar. Mi ponencia ante el Senado es mía. Bastaría con comprobar los innumerables errores que contiene.

La razón del título (y de su complemento), según su autor, es porque aprecia don Jaime que en mi intervención en el texto manifesté una barbaridad cuando dije que nuestra Constitución Política, además de ser Ley Suprema, contiene las bases de nuestra identidad. Copio a don Jaime textualmente: “Señalaré, primero la barbaridad. Ninguna Constitución de ninguna república democrática (o no) puede ser la base y el sustento de la identidad nacional. Los órdenes jurídicos sirven para ordenar (bien o mal) la vida política, económica y social de un pueblo, pero no otorgan ni mucho menos imponen una identidad cultural o nacional. Mientras las constituciones van y vienen, los pueblos y las naciones permanecen. Si no fuera así, el colapso de la Unión Soviética se habría traducido en la desaparición de Rusia. Y más cerca de nosotros, la predecible caída del régimen castrista anunciaría el fin de la identidad cubana.”

Lo dije, y ahora lo ratifico y lo razono. La cultura de las naciones se plasma debido a la existencia de una especificidad colectiva que identifica a los componentes de esas naciones y une a sus pueblos dentro de una patria común, distinta de otras patrias, porque éstas son el producto de sus propias culturas. La nuestra no es ni indígena ni española, sino la que hemos conformado a través de la lucha por nuestras mejores causas y los idearios que adoptamos dentro de ellas.

A su vez esos idearios se redactan en pactos. El discurso nacional se incorpora a él como constancia de los principios esenciales de la nación.

Ejemplifico: dice el segundo párrafo del artículo 2°: “La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos, indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual al iniciarse la colonización…”

El artículo 3° (en su segundo párrafo) dice textualmente que: “La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y a la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia”.

En la fracción I que “la educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa”.

En el inciso a) de la fracción VI (no hemos salido aún del artículo 3° constitucional) se ordena que la educación primaria, secundaria y normal de las escuelas particulares deben “impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el segundo párrafo y la fracción II”. Principios que ya transcribí.

Sigo con el artículo 3°. Su fracción VI ordena que las universidades y las demás instituciones de educación superior “realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo (el tan mencionado 3°), respetando la libertad de cátedra e investigación y el libre examen y discusión de las ideas…”

En el artículo 12 que “en los Estados Unidos Mexicanos no se concederán títulos de nobleza, ni prerrogativas y honores hereditarios, ni se dará efecto alguno a los otorgados por cualquier otro país.”

En el 15 que no se autorizan tratados para “la extradición de reos políticos ni para la de aquellos delincuentes… que hayan tenido en el país en donde cometieron el delito la condición de esclavos…”

El 26, en su apartado A, que “el Estado originará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación.”

El 89 precisa las facultades y las obligaciones del presidente. En la fracción X le ordena dirigir la política exterior, cumplimentando los siguientes principios normativos mexicanos: “La autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la prescripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”.

Son algunos de los tantos principios mexicanos que nos distinguen y nos integran como una identidad nacional dentro del concierto internacional.

Pero llamo especialmente la atención de lo que dispone el artículo 27, en su párrafo tercero, que usted considera confuso en su totalidad. Se lo transcribo como respetuosa cortesía para usted:

“La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación…”

Y en su párrafo cuarto: “Corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas… el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos…”

El 28 lo complementa con rotundez: “No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: (...) petróleo y los demás hidrocarburos, petroquímica básica…”

Advierta, don Jaime, que creo no haber incurrido en el barbárico atrevimiento de interpretar en cualquier forma el texto constitucional bajo el uso de falsedades, de traducir míticamente, o de evaluar falsamente los claros mandatos que la Constitución ordena a los nacionales e impone a los extranjeros como signo distintivo de la especial identidad mexicana.

Con el mayor de los respetos, le confirmo: ¡La Constitución mexicana identifica obligadamente a los mexicanos!

Nota del Diario PorEsto!

Otra encuesta derrumba a Calderón
miércoles, 28 de mayo de 2008

Lilia Arellano
Romero, Labastida y el Pemexgate
Tacos elaborados con maíz gringo
Con anuncios apoyan venta de Pemex



ESTADO DE LOS ESTADOS

Cuatro de cada 10 mexicanos están inconformes con el gobierno fecalista (SUN)
Hay hombres que no suben
después de caer: Arthur Miller


México, DF., 27 de mayo (LA JORNADA) Hace unos días la encuestadora que maneja Ulises Beltrán dio a conocer los porcentajes que revelan la estrepitosa caída de Felipe Calderón. Veinticuatro horas más tarde la misma empresa se retractó de tal derrumbe y habló de que solamente la imagen del michoacano se había derrumbado en un 4 por ciento. Sin embargo, la encuesta de María de las Heras revela que el 39 por ciento de los ciudadanos advierten que su situación económica es mucho peor que la del año pasado. Así se puede afirmar que cuatro de cada 10 mexicanos están
inconformes con el gobierno calderonista. Un 60 por ciento señala que no se ha visto gran cosa durante los casi 2 años de mandato y es en este punto en donde empiezan las verdades para don Felipe ya que el 75 por ciento de los encuestados opina que Calderón no ha logrado mejorar nada en relación a la capacidad adquisitiva de las familias, la generación de empleos y el combate a la pobreza. Así, de esta manera, se revela que sólo un 15 por ciento considera que Felipe Calderón ha manejado el gobierno “muy bien”.Y vaya que no se tocó en esta encuesta el renglón energético ni el referente al pago de impuestos, porque de ser así, la revelación sería mucho más estremecedora para el grupo –¿musical?- “Los Babys” que conforman el cuarto de guerra calderonista. En este punto parecen coincidir en la estrepitosa caída Ulises Beltrán y María de las Heras. ¿También la cónyuge de César Augusto Santiago se desmentirá?

Los errores son continuos pero eso no parece importarle a ninguno de los miembros del gabinete. A cada tema le dedican tres palabras y todas ellas se refieren a “todo va bien”, así se trate del combate al narcotráfico o de la crisis alimentaria o del IETU o de la Ley del ISSSTE o de la Reforma Energética o de la autoridad moral y permanencia de Juan Camilo Mouriño en Gobernación, de quien agregan “es un gran gobernante”. De esta forma puede explicarse la tranquilidad –o cinismo- con el que hacen sus declaraciones, nos llenan de mentiras y están siempre prestos a la fabricación de cortinas de humo.

ENTRE LADRONES TE VEAS
Un gran escándalo se ha levantado ante el “descubrimiento” del departamento y el yate propiedad de Carlos Romero Deschamps en Cancún, Quintana Roo. Tal parece que con un escándalo al que le han dado una gran difusión intentan desviar el verdadero fondo de la discusión que debe existir sobre la reforma energética con la participación del sindicato petrolero y, más aún, la referencia que existe sobre el tan sonado caso Pemexgate.
El edificio en el que se encuentra el departamento propiedad de Romero Deschamps está colapsado. Residencial del Mar, como se conoce al inmueble, presenta serios daños en sus estructuras y esto debido a que los arreglos realizados por Romero Deschamps modificaron la estructura original y con ello demolieron muros, vigas y columnas. Ahí viven también Hugo Sánchez, Ricardo Salinas Pliego y Gilberto Garza García, mejor conocido como “el güero Gil”, o sea que es ésta una bonita vecindad en la que han convivido un delincuente, presuntos responsables de peculado electoral y peculado en agravio de Pemex por mil 500 millones de pesos, un narcotraficante, un pentapichichi y el dueño de una televisora cuya propiedad no ha quedado muy clara ya que Raúl Salinas nunca ha declarado si Ricardo ya le pagó.

El tan mentado departamento en su tiempo fue, en efecto, de los más lujosos, sin embargo hoy hay otros conjuntos mucho más modernos y, obviamente, de mayores dimensiones y costos más elevados. Por lo que hace al yate, tampoco es de los que arrancan un suspiro. “El indomable” si bien es de la misma marca inglesa que posee Luis Miguel, ni de chiste se le parece, habrá de ser porque Romero no canta ni las rancheras, lo que si es de apuntarse es que fue registrado en las Islas Caimán, el paraíso fiscal en el que se ocultan todas las fortunas mal habidas de los gobernantes y líderes sindicales.

Hemos visto cómo se le descubrieron propiedades y propiedades a la dirigente del magisterio y no pasó nada. En el caso de Romero Deschamps las cosas no tienen porqué ser distintas sobre todo si ha demostrado una total y absoluta entrega del sindicato petrolero a manos primero del foxismo y luego del calderonismo, exactamente igual que lo ha hecho Elba Esther Gordillo.

Este departamento y este yate son propiedades ridículas frente a las que tiene registradas Romero Deschamps en el extranjero, son adquisiciones de canasta básica si las comparamos con la cuantiosa fortuna que ha logrado amasar. Es ridículo señalar a Romero Deschamps por estos hechos, habría que sacarlo a él y al propio Labastida Ochoa de cualquier tema o terreno que tenga que ver con el petróleo y la energía, ya que fueron los principales protagonistas del Pemexgate, del megafraude de principios de siglo, no por su cantidad en pesos sino por todo el daño provocado.
Habrá quienes caigan en esta cortina de humo y desvíen su mirada de los temas verdaderamente importantes en las discusiones de las iniciativas sobre la reforma energética, de la reforma petrolera, sobre todo si observamos que ni el sindicato oficialista y la disidencia han lanzado a la calle a un solo trabajador que proteste por lo que se ve llegar si Pemex se entrega a la iniciativa privada extranjera. ¿Quién de ellos se ha puesto a analizar o se ha preguntado cómo es posible que empresas quebradas y que ocupan lugares mucho más bajos compren a un gigante como lo es Pemex que está en los primeros diez?

El propio Romero Deschamps no sabe que está cavando su tumba porque ¿cómo reaccionaría la Shell o Halliburton ante los robos y los atracos que este personaje ha efectuado sobre Pemex? No cabe duda que de que la perra es brava hasta a los de la casa muerde y el mejor ejemplo es lo que le pasará a este sui géneris líder sindical cuando sus movimientos económicos se vean frenados y la red de protección desaparezca.

ATOLE CON EL DEDO, UNA REALIDAD
Antaño se utilizaban frases como: “cuando hay para carne, es vigilia”; “a quién le dan pan que llore”; “al pan, pan y al vino, vino”; “come cuando hay”; “pan con pan, comida de tontos”, pero lo cierto es que hoy por hoy lo que tenemos es: “atole con el dedo”, y muy pronto muchos dedos y nada de atole. Y vea usted si no: Hasta hace un par de décadas, México exportaba trigo, arroz, maíz, sorgo y hasta en la zona conurbada Estado de México-Distrito Federal se encontraban instaladas grandes plantas lecheras. Hoy, le compramos el 56 por ciento de trigo a Estados Unidos y el 44% a Canadá. El 100 por ciento de las importaciones de arroz provienen del vecino del norte.

Igual sucede con el maíz blanco y con el sorgo, nuestra dependencia en estos tres productos es del 100 por ciento. En el caso del maíz amarillo el 89.6 por ciento se le compra a gringolandia, el 7.6 a Sudáfrica y el 2.8 a Mozambique; es decir, a estos dos últimos lugares que se encontraban muy por debajo del potencial alimenticio mexicano hoy les tenemos que comprar su maíz amarillo. De la leche, ni se diga, empezaron por regalarla –como sucede con la droga- para que ahora tengamos que importar el 54.3 por ciento de leche en polvo de los Estados Unidos. Se le compra a Nueva Zelanda el 34.4 por ciento, el 8.1 por ciento a Argentina, y a cualquier otro que nos la pueda mandar hasta contaminada, el resto. Si estas cifras no nos hacen ver hasta qué punto ha llegado nuestra dependencia del vecino del norte, ya no sabemos que más puede esperarse porque, dicho claramente, ya están en la cocina y en la barriga.
DE LOS PASILLOS
Felipe Calderón sigue empujando solo su reforma energética. Ahora urgió “a dar un paso adicional” para conseguir el fortalecimiento de Pemex y prometió ante todos los dioses del Olimpo que de aprobarse se podrá eliminar la dependencia del extranjero en gasolina, petrolíferos y fertilizantes. Seguramente pensará el michoacano que esto se va a lograr porque las empresas trasnacionales, particularmente estadounidenses, que van a manejar los “business” se instalarán en territorio nacional y que por eso el negocio será mexicano, pues ya no tendremos que importar los energéticos con valor agregado pues serán “made in México”, claro, con etiqueta de las petroleras gringas. Mientras tanto y entre la bruma que se desprende de las cortinas de humo creadas ex profeso para cubrir los foros sobre la reforma energética, el economista y diplomático Jorge Eduardo Navarrete López, aseguró que con la propuesta calderonista “no se fortalece ni se garantiza la seguridad energética de México, sino que se fortalece y garantiza la seguridad energética de los países a los que se exporta” el petróleo, particularmente a Estados Unidos. Agregó que esa iniciativa fomenta la dependencia estructural respecto de suministro energético y renuncia al dominio y control nacionales del petróleo, es decir, que la dependencia externa y el riesgo de seguridad aumentarían si fuese aprobada.

Por su parte, Francisco Rojas, el presidente de la Fundación Colosio, sostuvo que las iniciativas de Calderón lejos de fortalecer a Petróleos Mexicanos lo debilitan y son propuestas inconstitucionales. El ex director de Pemex se pronunció por maximizar la vida útil de los yacimientos, priorizar la explotación petrolera en las aguas someras del sureste y aprovechar la riqueza que pudiera haber en aguas profundas, pero a ritmo y conveniencia de México. Asimismo, destacó la necesidad de construir dos refinerías, duplicar el monto actual de reservas e incorporar al sindicato en el proceso de renovación de la empresa. La corrupción en Pemex ha llegado a tal nivel que hasta el Premio Nobel de Química, Mario Molina, considera a este cáncer como el principal responsable de que la petrolera no alcance sus metas de desarrollo, por lo que propuso poner en marcha medidas eficaces para evitar el desvío de recursos. Molina consideró que la iniciativa calderonista carece de una propuesta integral a largo plazo tal y como se requiere para superar los desafíos no sólo energéticos, sino también ambientales. También advirtió a los legisladores federales sobre la necesidad de pensar en energías alternativas que permitan reducir los índices de contaminación y el cambio climático.

Martín Esparza, dirigente de los electricistas, advirtió que se pretende entregar a Pemex al capital financiero y se quejó de que se ha implementado una campaña para desacreditar a los petroleros. El secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) recordó que en 1938, cuando se hizo la expropiación, las empresas extranjeras argumentaron que los mexicanos no serían capaces de explotar y hacer rentable la industria petrolera, tal y como se hace ahora que nos quieren espantar con el petate del muerto. Y para que no nos quede ninguna duda de lo anterior, Pemex confirmó que en la primera semana de lanzamiento de spots en torno a la reforma energética, del 4 al 11 de marzo, transmitió 10 mil 101 en 678 radiodifusoras y 794 en 66 canales de televisión. Parece que al “líder moral” del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, no le gustó nada la “felicitación”º que le dio Andrés Manuel López Obrador por el “apoyo” que le brindó al Movimiento en Defensa del Petróleo, pues la calificó de “desubicada, excluyente y limitativa” porque, dijo, esta lucha rebasa a individuos y organizaciones.

Para destacar el “excelente” trabajo que se realiza en el país en materia de administración y procuración de justicia, Amnistía Internacional aseguró en su informe anual que las violaciones de derechos humanos fueron “generalizadas” en México y en algunos estados “sistemáticas”, mientras que la mayor parte de los responsables eludieron la justicia.
Esa organización también denunció que las autoridades de diversos estados mexicanos hicieron “un uso indebido” del sistema judicial lo que hizo que activistas políticos y sociales fueron objeto de “procesos injustos”.

La ola de violencia en el país continúa sin freno. En Culiacán, Sinaloa, un enfrentamiento entre elementos de la Policía Federal y sicarios dejó un saldo de siete efectivos y un delincuente muertos además de cuatro agentes heridos… En Nayarit, el ex diputado Rigoberto Jiménez Gómez fue ejecutado de cuatro balazos en su negocio ubicado en el poblado de “Peñas”, municipio de Tuxpan… En Chihuahua, un agente ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) fue asesinado a balazos por un comando que abrió fuego con armas de alto poder… En Tlalnepantla, Estado de México, fue encontrado el cadáver de un hombre maniatado, torturado y ejecutado en un vehículo particular localizado en el fraccionamiento Bellavista… Y en Puerto Vallarta, Jalisco, el alcalde Javier Bravo, solicitó la intervención del Ejercito ante la violencia que se ha registrado en esa localidad. lilia_arellano@yahoo.com

Nota Del Por Esto

Pura demagogia
miércoles, 28 de mayo de 2008

Así califica Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México, el programa de apoyo de Felipe Calderón Hinojosa / No va a frenar la carestía / El gobierno espurio perjudicará a la economía nacional, porque apuesta a la compra de alimentos del extranjero, puntualiza


Al reunirse con brigadistas en defensa del petróleo de Sinaloa, López Obrador afirmó que la violencia y la inseguridad son fruto del neoliberalismo

Los Mochis, Sinaloa, 27 de mayo (DE LA REDACCION) - Andrés Manuel López Obrador aseguró que el programa de apoyo anunciado por el presidente pelele, Felipe Calderón, es demagógico “es más de lo mismo, es más de lo que hemos escuchado en otras ocasiones” y no frenará la carestía, porque sólo apuesta a la compra de alimentos en el extranjero.

En lugar de ayudar, las medidas dadas a conocer por Calderón van a perjudicar a la economía nacional, por el hecho de que en el mercado mundial hay una tendencia a la alza en todos los granos básicos y porque el presidente usurpador “es un inepto, es un cero a la izquierda, no sirve para nada” y no puede resolver los problemas nacionales, porque lo impusieron en la Presidencia de la República y, en consecuencia, está atado de pies y manos, puntualizó.
En contraste el presidente legítimo de México propuso el otorgamiento de apoyos a las actividades productivas, en particular a los ejidatarios y pequeños propietarios, la entrega de subsidios al campo y alcanzar la autosuficiencia en granos básicos, para dejar de depender del extranjero y para superar la actual crisis alimentaria a nivel mundial.

Al reunirse con brigadistas en defensa del petróleo de esta entidad, afirmó que la violencia y la inseguridad son fruto de la aplicación de la política económica neoliberal, impuesta desde hace 25 años, que dejó en el abandono al agro y no ofrece oportunidades de empleo y de estudio a miles de jóvenes, y Calderón Hinojosa “está atado de pies y manos, y no se puede zafar de la mafia política, porque se comprometió con ella”.

Acompañado por legisladores locales y dirigentes del PRD, PT y Convergencia, López Obrador expresó: ¡Miren nada más como está Felipe Calderón! ¿qué puede resolver en materia de inseguridad y violencia, si lo tienen agarrado, atados de pies y manos y mantiene acuerdos con gobernadores del PRI? Nada, precisó.
Luego lanzó otras interrogantes ¿cómo va a poner orden en la educación, si sostiene un acuerdo con Elba Esther Gordillo –la lidereza del SNTE— a quien le entregó el manejo de la Secretaría de la Educación Pública? ¿cómo va a sacar adelante al sector energético, si Calderón tiene compromisos con empresas petroleras extranjeras y acuerdos con el líder petrolero Carlos Romero Deschamps?

Entonces, nuevamente preguntó, ¿para qué está ahí Calderón, usurpando la Presidencia de la República? Para nada, si es un gran inepto, aseguró.
Antes, en una entrevista radiofónica calificó de inexplicable, absurda y cínica la afirmación de Felipe Calderón y de su secretario de Hacienda, Agustín Carstens, de que este año no habrá recursos excedentes por los altos precios del petróleo, porque aparentemente el dinero se usará para la importación de gasolinas y para financiar la compra de alimentos en el extranjero.
Ante los micrófonos del noticiero “Línea Directa” y bajo la conducción de Luis Alberto Díaz, hizo énfasis en que el consejo de administración de Petróleos Mexicanos debe de estar integrado por representantes de la sociedad civil y no ser nombrados por Calderón y el sindicato de la paraestatal, si se quiere combatir la corrupción y cancelar la posibilidad de que el presidente pelele y su secretario de Gobernación, el delincuente confeso, Juan Camilo Mouriño, sigan haciendo negocios al amparo del poder público.

Sin embargo, aclaró a los micrófonos del grupo radiofónico RSN que transmite por el 101.3 de FM, Calderón quiere designar a 10 de los 15 miembros del consejo, con la deliberada intención de legalizar y garantizar una total impunidad a los traficantes de influencias y a quienes lucran con el patrimonio de la Nación.
En las asambleas informativas que sostuvo con los brigadistas de Los Mochis y Guasave, López Obrador informó que los legisladores del Frente Amplio Progresista, integrados por el PRD, PT y Convergencia, presentarán una propuesta ante el Senado de la República, en razón de que el PRI y el PAN rompieron un acuerdo parlamentario y redujeron de ocho a dos el número de expositores en el debate que se realiza sobre la denominada reforma energética.
Pero, precisó, “se van a fregar, porque no vamos a dejar que privaticen la industria petrolera”.

Resaltó que hasta el momento los legisladores y la cúpula del PRI se han mantenido callados, han asumido un aparente posición de neutralidad, dicen que no están ni a la derecha, ni a la izquierda, que asumen una postura sensata, cuando en realidad los dirigentes del partido tricolor están negociando a espaldas de sus militantes, en perjuicio de la Nación.
Posteriormente, en su encuentro con los representantes de los comités en defensa del petróleo de Culiacán, el presidente legítimo de los mexicanos afirmó que la reforma energética no beneficiará a la iniciativa privada de nuestro país, como alega Calderón, sino se beneficiará directamente a las grandes compañías petroleras, a las multinacionales.

En términos beisbolísticos, manifestó que el equipo defensor del petróleo aventaja 5 carreras a 0 a su oponente privatizador y anunció que hacia finales del próximo mes se convocará a una consulta pública, para que sea el pueblo el que decida sobre el futuro del petróleo.

Al comunicar que el próximo 29 de junio se realizará una asamblea nacional en el Zócalo de la Ciudad de México, para evaluar las acciones de resistencia civil pacífica y los trabajos que realizan los brigadistas en defensa del petróleo, López Obrador envió un mensaje al senador priista y principal promotor de la iniciativa calderonista, Francisco Labastida Ochoa, quien estuvo involucrado en el llamado Pemexgate: “anda muy afanosito, anda muy cercano a Felipe Calderón, son la misma cosa, pero le digo que no vamos a permitir que entreguen el patrimonio de los mexicanos a particulares. No vamos a permitir ninguna simulación”.
Antes de reunirse con el pueblo de la capital sinaloense, López Obrador concedió una entrevista a los micrófonos de “Encrucijada”, espacio informativo de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Señaló que los procesos de privatización en México son sinónimo de corrupción y puso de ejemplo los casos de los bancos, las minas, los aeropuertos, las aerolíneas y ahora el petróleo.

Dijo que Calderón quiere entregar a particulares aéreas estratégicas de Pemex, como la refinación, la transportación y el almacenamiento y reiteró que el movimiento de resistencia civil se mantendrá por la vía pacífica, pero con mucha firmeza, con mucha decisión y con la participación de millones de mexicanos.
Hasta el momento, los enviados del “grupo privatizador” y del gobierno usurpador no han presentado un solo argumento que sustente su tesis, porque no se puede justificar un robo, un saqueo a la Nación.
Para el miércoles, 28 de mayo, el presidente legítimo de los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador se reunirá con los brigadistas de Mazatlán, Sinaloa y Tepic, Nayarit.

El Recreo

J. Luis Medina Lizalde
26 de mayo de 2008

AL PRINCIPIO

Los dolorosos sucesos de Villa de Cos, acaecidos el 6 de mayo del presente, aún darán mucho de qué hablar. El Ministerio Público Federal, Subsede Fresnillo, que inició la averiguación, declinó su competencia y ahora será el fuero militar el responsable de impartir justicia.
Los peritos coinciden con la versión de que a los jóvenes Edwin Castañeda, de 17 años, y su novia Leslie Alejandra Pérez cayeron por el fuego de los soldados, es más, así lo reconoce el parte militar firmado por Geminiano Ciro Cervantes Ruiz, Jesús Luciano Galván Robledo y Milton Gil Flores A.
En dicho informe, al que tuvo acceso quien esto escribe, hay una monstruosidad: se acusa a los adolescentes asesinados de disparar contra el Ejército y herir al teniente Cándido Carrasco y al cabo Gabriel Ceja Julián.
Según la versión de los militares que obra en el expediente, Leslie Alejandra disparó a los soldados con una pistola 380 y Edwin con un AK 47.
El parte militar es increíble, la determinación del Ministerio Público es más que justificada, la justicia militar tiene la responsabilidad de reivindicar a la institución castrense obrando conforme a derecho no sólo respecto a los homicidios, sino también respecto a los probables delitos cometidos en aras de eludir
responsabilidades.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá que ser ejemplarmente eficaz.
La estrategia contra el narcotráfico mantiene a la población bajo fuego cruzado. Ni la histeria ni la cobardía son buenos consejeros, se requiere de la valentía prudente.

POR CARAVANEAR CON SOMBRERO AJENO

La suspensión ordenada por Profepa de las obras de Ciudad Argentum, muestra cómo en el México de hoy la clase gobernante es incapaz de asumir la distinción entre lo público y lo privado, y muestra también cómo esa confusión termina por deformar la visión de la sociedad.
El incumplimiento en lo relacionado al cambio de uso de suelo y de impacto ambiental es una omisión de particulares que, sin embargo, se convierte en tropezón gubernamental. Los críticos enderezan sus dardos contra el gobierno y los apologistas de Argentum denuncian trasfondo político.
Tanto el gobierno del Estado como el presidente de la capital resultaron “balconeados” y desinformados, por decir lo menos, puesto que antes de la suspensión juraban y perjuraban que todo estaba en orden.
Ya declararon funcionarios de los tres niveles de gobierno, legisladores y líderes partidistas, y los particulares responsables de la omisión ni se inmutan, como si no fuera su problema, ¿o no es su problema?

SIEMPRE HAY UNOS MÁS IGUALES QUE OTROS

Un buen amigo mío pasó un tiempo en prisión por hacer más o menos lo mismo en un predio de su propiedad. Su acción fue considerada delito ambiental, según el artículo 418 del Código Penal Federal.
¿Tienen las autoridades federales dos varas y dos medidas para las mismas conductas?
¿Por qué en el caso de Ciudad Argentum se responsabiliza al gobierno de una conducta de particulares?
Porque no se ha comunicado con claridad que rumbo a la salida hacia Fresnillo, una gran superficie del ejido de La Pimienta fue adquirida por el gobierno en el sexenio de Romo Gutiérrez para construir vivienda social y, de paso, regular la situación del Hotel Parador.
Y que en vez de eso, se proyectan “dos ciudades”.
Proyecto privado
a) Ciudad Argentum (hoteles de cinco estrellas, campo de golf, hospitales privados, tiendas departamentales, etc).
Este proyecto es un desarrollo inmobiliario privado, su concreción es lenta, la obra suspendida se refiere a trabajos de una vialidad que incluye un puente sobre el arroyo.
Proyecto público
b) Ciudad de Gobierno, la cual sí lleva velocidad en su construcción, pues ya están en uso las instalaciones del Palacio de Justicia y de la Secretaría de Finanzas, y están en acelerada construcción el Palacio de Convenciones, la Procuraduría General de Justicia y otros dos, además de que en cualquier momento se inicia la edificación, en 4 mil metros cuadrados, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Hasta donde entendemos, el gobierno estaría en entredicho si la suspensión de las obras fueran las de Ciudad de Gobierno, que no es el caso.
Las críticas que por lo de Argentum recibe, es por la desatinada forma como pretenden hacer de las inversiones privadas mérito gubernamental, llegando al extremo de fungir como voceros de los hombres de negocios.
Lo que es de interés público transparentar, es la manera como una enorme superficie adquirida por el gobierno a un ejido para un fin determinado termina destinada a algo distinto.
Y procede también transparentar las razones de los inversionistas para omitir trámites tan básicos: ¿negligencia o falta de idoneidad dadas la características del terreno en donde se incrusta la emblemática mina El Bote?
Establecer las fronteras en la acción y en el discurso, entre lo público y lo privado, no es asunto de izquierda o de derecha. La distinción es consustancial al estado de derecho.

AL ÚLTIMO

El SPAUAZ, junto con el STUAZ, significó un aliento a la conciencia sindicalista de los zacatecanos a partir de la década de los 70.
Se integró de manera creativa al sindicalismo que buscaba ser una alternativa frente a los sindicatos controlados desde el gobierno (“charros”) y a los controlados por los patrones (“blancos”).
En alguna época, la asamblea general resolvía aportar un día de salario para evitar que mediante el hambre se derrotara a una huelga minera.
Hoy, los mineros de Sombrerete no reciben del SPAUAZ ni un manifiesto solidario.