La iniciativa oficial en materia de hidrocarburos, que fue finalmente sobre el petróleo, lejos de pasar tersamente en las dos cámaras y ser aprobada dócilmente por la mayoría PRI-PAN que la tenía ya negociada, está siendo cuestionada en todo el país y abriendo otros debates sobre el futuro de México
1. El reclamo creciente para que se abra una consulta popular de carácter nacional en torno de la propuesta oficial para privatizar Pemex –de aprobarse la llamada “reforma energética” (que no es “reforma” ni es en materia “energética”)–, y crear una industria petrolera paralela en manos de las trasnacionales, tiene entrampado al gobierno espurio de Felipe Calderón, que no halla cómo salir del atolladero, pues el debate nacional está tomando otro sesgo.
2. La Constitución mexicana requiere con urgencia de dos reformas fundamentales para fortalecer el consenso social y abrir la vida democrática, antes de que se siga intentando trastocar su esencia. La primera sería establecer que hay tres principios fundamentales en el marco constitucional que no pueden ser tocados por ningún órgano revisor de la misma, en los términos previstos en el 135 constitucional, y que son: a) los derechos individuales, b) los derechos colectivos y sociales, y c) los derechos de la nación sobre sus áreas estratégicas, como es el caso del petróleo.
3. La Constitución estadunidense aprobada en Filadelfia en 1787 sentó ya precedente en esta materia, pues los constituyentes que representaban a las antiguas 13 colonias establecieron que había que defender a toda costa el pacto federal que los unía y acordaron que habría un principio que jamás podría ser tocado por el órgano revisor de la Constitución: el de la paridad de representantes de los nuevos estados en el Senado. No obstante la influencia que tuvo la Constitución estadunidense en el derecho mexicano, ninguna de las constituciones que México ha tenido a lo largo de su historia dejó jamás principio alguno a salvo de los posibles reformadores.
4. En tiempos recientes, sin embargo, se han pronunciado en este sentido algunos constitucionalistas en México, quienes sostienen que principios esenciales que entrañan valores universalmente reconocidos o decisiones fundamentales de la historia de nuestro pueblo deberían estar a salvo de cualquier intento de reformas, como Emilio Krieger, en su libro En defensa de la Constitución. Violaciones presidenciales a la Carta Magna (Grijalbo, 1994), y Alejandro del Palacio Díaz, en sus Nuevas lecciones de teoría constitucional (Compañía Editorial Impresora y Distribuidora, 2006).
5. Resulta claro, desde luego, que de haber estado vigente este principio en México hoy en día, ningún gobierno del signo que fuere podría tocar la Constitución mexicana para limitar o coartar los derechos o garantías individuales, los derechos sociales y colectivos y los derechos de la nación sobre sus áreas estratégicas.
6. Y que Calderón, desde luego, no habría podido atreverse a proponer al Congreso, como lo ha hecho de manera indecorosa y en un acto de verdadera felonía, que se privatizase la industria petrolera nacional, ya sea “a retazos”, como lo dice el economista David Ibarra, o de golpe por una contrarreforma constitucional.
7. La segunda reforma ha sido demandada con insistencia en los últimos años, y es que el régimen de México debe dejar de estar sólo sustentado en una democracia representativa y tornarse en el futuro en una democracia semidirecta, estableciéndose en la Constitución el plebiscito y el referéndum como vía necesaria para todas las modificaciones a la Constitución y a las leyes fundamentales, así como la revocación del mandato y la rendición de cuentas. El modelo constituye la entrega del petróleo.
8. El México del siglo XXI reclama cada vez más su derecho a decidir, y el destino de estas iniciativas seudolegales que pretenden privatizar la empresa más importante del país y trastocar la economía nacional, e incluso la naturaleza del régimen político, no hay duda de que desde una perspectiva democrática debería ser presentado a la consideración de todos los mexicanos en una amplia consulta popular. Nadie puede tener argumentos para oponerse a ello, pero el régimen se opone porque teme que ésta lleve a su propuesta a un destino todavía más incierto.
9. El gobierno de facto calderonista se está oponiendo sin embargo a esta consulta porque teme que cada día que pase el destino de sus iniciativas privatizadoras sea cada vez más incierto, pero lo único que está logrando con ello es abrir un nuevo debate en el país.
10. El destino de la industria petrolera nacional está, sin embargo, a pesar de lo que estiman los integrantes de la llamada “clase política”, en manos del pueblo. No hay todavía principios constitucionales a salvo del órgano reformador de la Constitución, pero los que son consecuencia de una lucha histórica como lo es la expropiación del petróleo, están a salvaguarda de toda tentativa como la actual, porque hay un pueblo que, con profunda dignidad, está sabiendo defenderlos.
