El tema de la seguridad energética –definida como la capacidad de un país para satisfacer la demanda nacional de energía con suficiencia, oportunidad, sustentabilidad y precios adecuados, en el presente y hacia un futuro, que suele medirse por lustros y decenios más que por años– apenas se menciona en las iniciativas de reforma petrolera que ahora se discuten. El diagnóstico en que se fundamentan le dedica cierta atención. Ahí se considera que “la reducción de las reservas pone en riesgo la seguridad energética del país” (p. 14); se afirma que debería llegarse a una tasa de reposición de reservas de “cuando menos el 100 por ciento e incluso más si se desea fortalecer la seguridad energética del país” (p. 15), y finalmente se asegura que es necesario “atacar todos los frentes [de extracción] posibles de manera simultánea para garantizar la seguridad energética del país en el mediano plazo” (p. 49). En suma, se considera que “fortalecer” o “garantizar” la seguridad energética en el mediano plazo exige mantener o aumentar el actual nivel de producción del orden de tres millones de barriles por día. Por su parte, sólo una de las propuestas de modificación legal, la de la Ley Reglamentaria del 27 Constitucional, alude al tema. En el artículo 41 propuesto se maneja el concepto de asegurar el suministro eficiente de los productos que se obtengan del petróleo, de gas y de petroquímicos básicos. Esta enmienda obedece, como tantas otras, al propósito de permitir que agentes privados, foráneos o nacionales, sean los que tomen a su cargo ese suministro eficiente, ya que se considera que Pemex carece de la capacidad para garantizarlo. De esta suerte, al analizar las iniciativas desde el punto de vista de la seguridad energética, cabe preguntarse: ¿para quién?
La seguridad energética es indisociable de la racionalidad y sustentabilidad del consumo. No puede pretenderse que cubra demandas dispendiosas o notoriamente ineficientes. Situarse a la vanguardia de la eficiencia energética es una de las mejores vías para satisfacer la demanda actual y contar con seguridad frente a las exigencias de largo plazo del desarrollo nacional. Sin embargo, se ha puesto de moda un falso concepto de seguridad energética que la asocia con la satisfacción instantánea de cualquier demanda: gasolina suficiente para llenar los tanques de todos los vehículos sin importar la distancia que recorran por litro; electricidad suficiente para mantener los edificios iluminados y “ambientalizados” durante 24 horas 365 días. Se trata de una noción “comprada” al mayor consumidor de energía del mundo, que ha impuesto este tipo de paradigmas depredadores. Más que ser imitados, como por desgracia ocurre, deberían ser combatidos mediante políticas públicas eficaces. La verdadera inseguridad en materia de energía, y en especial de petróleo, proviene de depender de suministros, inversiones, tecnologías y prácticas administrativas foráneas. Esta dependencia se acentuaría si las iniciativas bajo examen –“digo, es un decir”– fuesen aprobadas.
En lo que va del siglo se ha deteriorado la seguridad energética de la nación. La satisfacción de importantes demandas de energía depende, de manera creciente, de suministros foráneos. Esta dependencia, especialmente manifiesta en el carbón y el gas natural, ha estado en buena medida determinada por decisiones erróneas en materia de generación eléctrica, que priorizaron las plantas carboeléctricas y, sobre todo, los ciclos combinados de gas natural. Éstos han sido instalados por los generadores privados, cuya capacidad instalada efectiva equivale ya a casi un tercio de la de las empresas estatales. En otras palabras, desde que se autorizó la generación independiente de energía, CFE y LFC han dejado de invertir en generación. Cabe preguntar si, de manera similar, Pemex suspenderá todas sus inversiones en refinación si se autoriza –“digo, es un decir”– la instalación en el país de refinerías privadas.
Por otra parte, si al proponer que se mantenga o incremente la actual plataforma petrolera se espera conservar o incluso acentuar el actual sesgo exportador –como algunas declaraciones oficiales sugieren– no se estará fortaleciendo o garantizando la seguridad energética de México. En todo caso, se estaría contribuyendo a fortalecer o garantizar la seguridad energética de las naciones a las que exportamos el crudo.
Así como con las reformas planteadas se pretende alterar lo esencial modificando lo secundario, en las relaciones exteriores se han adoptado acuerdos que corresponden más bien a la figura de tratados, a fin de evitar someterlos a la ratificación del Senado. Tal es el caso del Acuerdo Trilateral sobre Cooperación en Ciencia y Tecnología Energéticas, adoptado en Montebello, Canadá, en agosto de 2007. Persigue el objetivo de fomentar “la investigación y el desarrollo energéticos, a escala bilateral o trilateral, para el desarrollo de tecnologías de energía avanzadas, para usos pacíficos, sobre la base del beneficio mutuo, la igualdad y la reciprocidad”. En su artículo 3º, entre los campos de aplicación del acuerdo –que incluyen las energías renovables, la eficiencia energética, la energía nuclear, los combustibles fósiles y la electricidad– se cita, como numeral V, “los instrumentos de planificación de la seguridad energética”.
Quizá este documento poco conocido, que sólo aparece en la página web en inglés de la ASPAN, explica la importancia apenas marginal que en la reforma petrolera propuesta se otorga al tema de seguridad energética. Parece que la actual administración lo considera un asunto trilateral y no una cuestión crucial de interés nacional. Se entiende así la insistencia en mantener e incluso ampliar la plataforma de producción petrolera y de preservar y aun acentuar el sesgo exportador de la explotación de los yacimientos petrolíferos mexicanos: contribuir a garantizar la seguridad energética de América del Norte. Como la de Canadá está más que garantizada, se trata, en una palabra, de ayudar a la seguridad energética del consumidor de energía más dispendioso del planeta.
En suma, si las iniciativas se abordan desde el punto de vista de la seguridad energética, cabe concluir que no sirven a los intereses nacionales en la materia y, por tanto, merecerían ser rechazadas. Forman parte de un esquema que subordina la seguridad energética del país a la de Estados Unidos.
