Las reformas enviadas al Congreso por Calderón, presidente del oficialismo, llevan como consigna compartir la renta petrolera con los personajes y entes favoritos de su tambaleante administración. Para ello, empiezan por regularizar lo que de torcidas maneras han llevado a cabo en etapas sucesivas durante los años del neoliberalismo más entreguista que ha visto la historia reciente. Del contratismo, tanto en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como en Pemex, se han ido dando numerosos pasos encaminados a introducir al capital privado (por la trastienda) para hacerlo partícipe privilegiado de la producción de energía eléctrica (productor independiente) restringida, por ahora, a los clientes de gran tamaño. O, en el campo petrolero, asociarlo a los altísimos márgenes de utilidades que genera la exploración y perforación de pozos, tanto de gas (contratos de servicios múltiples) como de crudos (servicios adicionales)
Los pretextos para abrir las puertas de par en par a las trasnacionales de la energía son variados. Los primigenios se dirigieron hacia la incapacidad de obtener y movilizar los enormes recursos financieros que exige esta compleja industria. Siguieron los tecnológicos, en específico los conocimientos e instrumental para la producción a grandes profundidades marinas. Han hecho su aparición reciente los organizativos para manejar proyectos de envergadura y dar autonomía de gestión a las paraestatales. No se tiene, afirman, capacidad para operar en ambientes de exigente profesionalización y alto riesgo. Todo lo anterior navega sobre una capa de preconcepciones que sitúan a las empresas públicas en la picota de la ineficiencia y a las privadas en la excelencia per se.
La detenida lectura de las cinco iniciativas de Calderón proyecta una imagen nítida de sus propósitos entreguistas y tramposos. Las empresas que puedan entrar a la rebatinga de los contratos futuros en Pemex, todos santiguados por modificaciones a la Constitución, podrán aspirar a integrar sendas empresas energéticas. Pemex será, según afirman con repetido entusiasmo nacionalista y de respeto a lo que es de los mexicanos en los prolegómenos de las reformas, un titular del crudo y ciertos refinados. Aquellos capitales o empresas que exploren, perforen o extraigan crudo, además de hincarle el diente a los rendimientos de estas etapas, podrán continuar las operaciones hasta llegar al consumidor. Este punto final podrá ser el de gasolinas, gas doméstico o industrias usuarias de otros muchos petrolíferos. En toda esa rentable cadena, los privados compartirán con Pemex los crecientes rendimientos que la refinación o petroquímicas aportan. Pero, eso sí, Pemex será el titular de gasolinas, gas o derivados adicionales. Los concesionarios, contratistas y demás participantes pondrán los instrumentos, los conductos, administrarán los procesos transformadores por los cuales el gas se convierte en amoniaco, en electricidad o el crudo en combustóleo, plásticos y gasolinas. La propiedad de los instrumentos conductores, transformadores, perforadores y demás palancas productoras serán de las empresas participantes. El contenido que fluye por esos tubos y trenes de refinado es de los mexicanos y nadie lo tocará, arguyen. Sólo se les otorgará una participación de acuerdo a hallazgos, producción de crudo, costos de refinación, márgenes en utilidades por ventas, etcétera. Es decir, se les invita a que les sean simpáticos a los panistas y priístas aprobadores, a ponerse en la corta fila de los privilegiados, aspirantes a darle una tarascada al mayor tesoro que todavía permanece en las desinformadas manos de mexicanos incautos.
Con las reformas propuestas se explica, ahora, la insistencia de la tecnocracia derechista por definir la renta petrolera como la diferencia entre los ingresos por la venta de un barril de crudo y los costos de su extracción (ambos términos multiplicados por los millones de barriles diarios). Los rendimientos adicionales de la vasta cadena se tratarán fuera de tal concepción y quedarán reos de la más cruda rebatinga de postores y socios. Sólo que la renta de un barril de gasolinas es bastante mayor que la de uno de crudo. Y el de petrolíferos puestos en casa o en industrias consumidoras (fertilizantes, plásticos, reactivos químicos y medicinas) es mucho mayor que los mencionados antes. Y ahí está el detalle de lo que se va acarreando a lo largo de las modificaciones pretendidas.
Se espera que en el ya próximo debate vaya quedando claro para los mexicanos de a pie lo que se trama en contra de su riqueza remanente y de su ya bastante oscurecido futuro de oportunidades para su desarrollo y bienestar. Pues por lo que toca a la organización misma de la industria petrolera, el enredo es fenomenal. Se introducen figuras superpoderosas en el consejo de administración y se plantean sendos organismos de regulación que harán más complicada la telaraña burocrática al tiempo que oscurecen las normativas de contratación y dan prerrogativas desmesuradas a sus directivos. Una sana práctica, se arguye, de este tipo de empresas. Lo cierto es que tal sanidad todavía no se conoce, menos aún entre las trasnacionales de renombre mundial.
Faltan todavía otras reformas adicionales por ser enviadas al Congreso. Son aquellas que deberán normar las relaciones de Pemex (¿y CFE?) con la hacienda pública. En estos álgidos puntos habrá de verse cómo resolver las delicadas conexiones entre la renta petrolera incautada y los privilegios otorgados, en el transcurso de las complicidades que marcan a un sistema recaudatorio profundamente injusto, por la vía fiscal a los grandes contribuyentes nacionales.
Éste es el meollo que ha puesto a Pemex en la situación en que hoy se encuentra. De la manera en que se aborde este problema, creado por sucesivas administraciones irresponsables, dependerá mucho de lo que se promete lograr: la seguridad energética nacional. Y el otro rubro todavía faltante apunta hacia los volúmenes de la plataforma petrolera. Sólo se habla de aumentar la producción sin la crítica suficiente ni la claridad necesaria de ¿a qué dedicar la producción futura? ¿Al mercado interno o para asegurar parte sustantiva de los requerimientos del aparato industrial, militar y de consumo en Estados Unidos?
