Hay muchos frentes abiertos hoy en el país. Parecen más de los que puede administrar el gobierno. Han pasado ya 18 meses de esta administración y aún no se advierte que se tienda una senda sostenible para superar los obstáculos y los conflictos que, según se reconoce oficialmente, se han mantenido durante tantos años.
Uno de esos frentes es la cuestión energética en torno a la reforma de Pemex. El debate que se ha entablado permite, cuando menos, plantear una serie de temas que la iniciativa enviada originalmente al Congreso presentaba como zanjados y listos para legislar.
Después de la forma en que se han decidido diversas reformas que incidieron de modo decisivo sobre los derechos de propiedad en el país, como en el caso de la televisión, la telefonía y la banca, no está mal que se ventilen en público las repercusiones de la propuesta sobre la industria petrolera.
El PAN, por supuesto, estaba firmemente alineado con la oferta presidencial. Pero los argumentos que ha desplegado en público su dirigente nacional, Germán Martínez, han sido, como acostumbra, superficiales y fuera de foco. No le ayuda mucho a su jefe en Los Pinos. También se alinearon, sin demasiada demora, los líderes de las bancadas de los senadores y los diputados del PRI, que se saben una bisagra necesaria en la capacidad de acción del gobierno. No hay, sin embargo, una línea única en la posición de ese partido.
La noción de la falta de recursos financieros para explotar los yacimientos de petróleo era la línea central de la estrategia gubernamental para impulsar dicha reforma. El asunto, como ha podido plantearse ya de modo público, está tratado de modo insuficiente y hasta engañoso en la iniciativa de ley.
Tampoco ha sido eficaz en la promoción de la reforma la actividad de la Secretaría de Energía ni de la dirección de Pemex. Su carácter marginal es llamativo. Esto dice bastante por sí solo de la forma en que se elaboró la propuesta, lo cual por supuesto no carece de relevancia política. También lo dice el hecho, que no deja de sorprender, referido a la posición del sindicato petrolero en todo este embrollo. Tan involucrado como está el sindicato en la operación de la empresa y siendo parte del problema que enfrenta Pemex, no ha mostrado oponerse a la iniciativa presidencial.
El entorno institucional de la reforma no es un asunto menor para la configuración a la que se quiere llegar de la industria petrolera en primer término, y del abasto energético para esta sociedad en general. La estructura legal que se deriva de la iniciativa del gobierno no resuelve por sí misma el ordenamiento más general de instituciones clave del modelo político mexicano, como ocurre con los sindicatos surgidos desde el Estado y del cual el petrolero es sólo uno de ellos.
En todo caso debería explicarse de modo claro cómo es que la empresa fue llevada de modo consistente y durante largo tiempo a la inanición que ahora padece. A falta de ello seguirá prevaleciendo el ambiente de impunidad y de no rendición de cuentas tan característico, no únicamente de la actividad política sino de muchos ámbitos de lo que se define como privado.
La condición de fragilidad de Pemex proviene necesariamente de la gestión interna. que es un aspecto crucial del estado de la empresa; del uso que se ha hecho de los excedentes generados por la exportación de petróleo y, sin duda, de la dependencia fiscal que los distintos gobiernos han sostenido irresponsablemente mediante la gestión de los recursos públicos que se hace desde la Secretaría de Hacienda.
El debate en curso no puede eludir la trama fiscal del desastre petrolero. La política hacendaria que ha definido la gestión pública desde hace decenios y que es el sostén del poder gubernamental, no ha sido cuestionada frontalmente por los gobiernos panistas. Ella está en el centro de cualquier cambio significativo de la manera en que se gobierna actualmente este país. La estructura hacendaria, en cuanto a la concepción, al modo en que se administran los asuntos públicos y hasta en cuanto a los personajes que la manejan está ya en un punto de agotamiento.
La hacienda pública cruza, además, de lado a lado la manera en que se elude reiteradamente proponer una reforma energético-fiscal de carácter integral. La reforma que se debate no enfrenta esta debilidad estructural de la política financiera del gobierno, y la exigencia de una impostergable política industrial que para nada sobra en un entorno global como el que predomina en la economía.
La industria petrolera en todo su esquema de integración horizontal y vertical debe ser redefinida en esta misma oportunidad. El sector energético con base en el petróleo y su amplia cadena productiva es central en una nación como México para plantear, finalmente, una estrategia viable de crecimiento productivo, del uso eficiente de los recursos, la generación de valor agregado y hasta de la reducción de la desigualdad social. Este es un tema ineludible del debate energético y de la impostergable redefinición de Pemex, que debe rebasar las limitaciones impuestas en la visión que al respecto tiene el gobierno.
