10 de mayo 2008, El Universal
Es reconfortante que el tema del petróleo y la seguridad energética haya penetrado en la conciencia social y ya forme parte de nuestra identidad nacional. Así lo demostró la nutrida concurrencia al simposio Petróleo y Seguridad Energética organizado por el Frente Amplio Progresista (6 y 7 de mayo de 2008) en ocho sesiones a cargo de reconocidos expertos en derecho constitucional, desarrollo industrial, transformación institucional de Pemex, destino de la renta petrolera y política de Estado en la transición energética que se lleva a cabo a nivel mundial. El evento tuvo lugar en el auditorio del espectacular e histórico edificio colonial que ocupó la Escuela de Medicina de la UNAM y que nos fue gentilmente facilitado por la Rectoría.
El simposio inició con el análisis jurídico de las cinco iniciativas enviadas por el Ejecutivo al Congreso, que probablemente sean completadas con una o dos más pues es notoria la ausencia de temas importantes como el fiscal y el de las transacciones internacionales de Pemex. En seguida se abordaron tres aspectos: la contribución de Pemex en el desarrollo e industrialización del país; su desintegración corporativa para darle preferencia a la exportación de crudo, y el abandono de su industrialización, convirtiendo al país en importador de gasolina, refinados y productos petroquímicos.
Un adecuado aprovechamiento del hidrocarburo y del gas forman parte de una política de Estado, y no de una simple política de mercado que trata de maximizar ingresos sin medir las consecuencias sobre la seguridad energética y el desarrollo incluyente del país en un entorno globalizador, pues se trata de la vida de la República en un horizonte de largo plazo y no de maximizar la renta petrolera del gobierno en turno.
Con gran previsión, la Constitución de 1917 le otorgó a la nación la propiedad originaria de los recursos naturales, el manejo exclusivo del agua y los hidrocarburos y posteriormente de la energía eléctrica, la industria petrolera y la petroquímica básica. Sus beneficios por tanto corresponden a la nación para el disfrute de todos, y la recuperación de sus costos requiere una estructura de precios y tarifas que considere la capacidad de pago de los mexicanos. La renta petrolera debe reinvertirse en el propio sector o en otros relacionados para fortalecer el aparato productivo del país y contribuir a la formación de capital y a la generación de empleo.
A partir de 1994, cuando entra en vigor el Tratado el Libre Comercio, se desintegra Pemex. Con el alza espectacular en el precio del petróleo los llamados derechos fiscales se elevan hasta el grado de llegar a la confiscación hacendaría de la renta petrolera. En un entorno deliberado de restricción financiera, sus inversiones quedan muy por debajo de lo requerido para su expansión y los financiamientos indispensables se hacen con Pidiregas, con el resultado de tener ahora un Pemex endeudado en cerca de 50 mil millones de dólares sólo por ese concepto.
Los principios del manejo estatal de los sectores estratégicos están claramente marcados en la Constitución, y la legislación secundaría que resulte violatoria de los mismos puede dar lugar a que sus autores sean sujetos de juicio político. De acuerdo con los juristas y académicos que participaron en el simposio, la Constitución contiene los principios para defender a la nación de actos que intenten enajenar el recurso a intereses privados nacionales o extranjeros. Ellos coincidieron en opinar en contra de las iniciativas. Incluso llegaron a afirmar que si bien no se puede someter a juicio político al Presidente, sí se puede hacerlo con los legisladores que aprueben una iniciativa inconstitucional.
El FAP publicará en fecha próxima las ponencias de este importante evento.
Directora del Consejo Consultivo del Frente Amplio Progresista
