Hay en realidad, alrededor del tema del petróleo y el intento de reprivatizarlo, dos debates diferentes y en ámbitos distintos. Uno se da en el patio del viejo convento donde se encuentra la sede del Senado, y el otro, en los medios de comunicación, en las calles, en las reuniones de brigadistas, en las pláticas de cafés y en todas partes.
El primero, bajo reglas de cierta equidad; se concede la palabra en forma alternada a los defensores del pro o del contra, y quienes escuchan en los pocos lugares destinados para ello en el propio patio, o quienes pueden ver en televisión por cable los debates, verifican que los limpios y los rudos tienen tiempos similares para hablar y exponer, y la contienda de ideas se desarrolla sin ventajas para unos o para otros. En este ámbito, quienes han seguido con atención lo que se ha dicho ahí dan, casi por unanimidad, el triunfo a los que se oponen a la privatización y por ello a las reformas propuestas.
Especialmente en el tema crucial de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las propuestas, ha quedado bien claro de qué lado está la razón; los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, leídos de buena fe, son lo suficientemente nítidos, expresan con precisión lo que el legislador quiso ordenar y su interpretación debe ser, por tanto, la interpretación literal, la del sentido común, porque sus palabras no dan lugar a dudas. Por ejemplo, cuando el 27 dice: “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva”. ¿Hay alguna duda? En realidad no, el texto dice con precisión qué es lo que no se puede hacer en esa materia, otorgar concesiones o contratos, y aclara la intención del constituyente: la nación llevará a cabo la explotación de esos productos.
Por ello, si mediante una ley secundaria se pretende dar concesiones o celebrar contratos para la explotación de petróleo o de gas o de otros hidrocarburos, el conflicto de esa ley inferior con la Constitución debe resolverse en favor de ésta; es evidente que la que debe prevalecer es la que se encuentra, como dicen los formalistas siguiendo a Kelsen, en el vértice de la pirámide normativa; nada puede oponerse a un precepto constitucional.
Cabe aclarar también que no es cierto, como afirmó un jurista de gabinete, que no estén bien definidas las áreas estratégicas respecto de las cuales el Estado debe tener la “propiedad y el control”. Sí están bien definidas, sólo que, según la norma constitucional, la lista puede incrementarse, mas nunca excluir alguna de las ya establecidas en la Carta Magna. En efecto, el 28 constitucional (léanlo, abogados), en su cuarto párrafo, dice cuáles son las áreas estratégicas, a saber: “correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; electricidad y (ojo) las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión”.
Como se ve, las áreas estratégicas ya están bien definidas y basta saber leer para conocer cuáles son; sólo que al final de la lista el legislador constitucional consideró abrir la puerta para que la enumeración pudiera ser incrementada por el Congreso de la Unión, quien puede agregar algunas áreas estratégicas, pero de ninguna manera disminuir o segregar las que ya están en el precepto de la Carta Magna.
En ese debate ordenado y entre cuatro paredes, pero poco difundido, hay, como repito, alguna equidad y cierto equilibrio, pero en el otro, el que se da afuera del recinto parlamentario, no hay sujeción a reglas ni hay árbitros que impongan, equidad y mesura; ahí se debate con armas desiguales, David contra Goliat: por un lado, las grandes televisoras con sus andanadas de espots y con todo su arsenal de programas al servicio de la privatización; muchos medios escritos, muchos comentaristas con tribunas privilegiadas y mucho dinero. Enfrente, quienes se oponen a la privatización, sin acceso a los grandes medios, sin recursos cuantiosos y con sólo su convicción, su palabra y su trabajo.
Pero ellos serán quienes derroten a sus contrincantes; en reuniones, en parques y jardines, en pequeños recintos prestados, de boca en boca, con volantes modestos repartiéndose de casa en casa y en reuniones de brigadistas ávidos de oír, entender y comunicar a su vez. David contra Goliat otra vez, pero, en la honda, la contundencia de razones, argumentos y patriotismo.
Otro sí digo: Mi amigo Miguel Ángel Velázquez, en Ciudad Perdida de hace unos días, reveló una parte de una conversación sobre la Comisión de Garantías y Vigilancia del PRD, pero omitió una razón más que le di; se la recuerdo: Nueva Izquierda no puede garantizar una magistratura en el Distrito Federal al comisionado Renato Sales Heredia, porque quien propone a los magistrados es el jefe de Gobierno, que no milita en esa “expresión”.
