Los foros públicos organizados con motivo de la reforma energética van dejando claro que la razón fundamental de la postración de Pemex deriva de la sangría de que es objeto por cubrir con sus ingresos casi la mitad del presupuesto federal; esta carga es producto de una inadecuada política fiscal, que exime y otorga privilegios a los grandes capitales y corporaciones.
Más allá de este factor, es necesario revisar las debilidades internas de Pemex, donde el tema laboral es un elemento clave. Son del dominio público los vicios y prácticas corruptas que han caracterizado su modelo de relaciones de trabajo, desde la compraventa de plazas, el tráfico de influencias para decidir adquisiciones de bienes y servicios, el robo de combustibles, hasta los escándalos protagonizados por el sindicato. Los personajes que enriquecen su patrimonio a costa de sus “contactos” con Pemex son parte del paisaje común, ¿quién no conoce a uno de estos privilegiados? Los vicios se han acrecentado a pesar del cambio de régimen político. Durante algún tiempo se pensó, con cierta ingenuidad, que la alternancia política generaría un camino diferente. Por el contrario, cada sexenio surgen nuevos beneficiarios, que se agregan a los que hicieron su negocio desde hace muchos años.
Uno de los grandes desfalcos, al menos de los descubiertos, fue el Pemexgate I en el año 2000, que desvió 500 millones de pesos de la empresa vía el sindicato, para apoyar la campaña del candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Francisco Labastida Ochoa, hoy flamante moderador de los debates en el foro. Este atraco quedo prácticamente impune a pesar de las multas impuestas al entonces director de la paraestatal, Rogelio Montemayor, y a tres de sus colaboradores cercanos. El Pemexgate II se derivó de un convenio suscrito también con el sindicato, esta vez con el siguiente director, Raúl Muñoz Leos. En una reunión casi secreta, se dispuso de más de 8 mil millones de pesos supuestamente para prestaciones sindicales: vivienda, festejos, gastos de revisión del contrato colectivo y otros renglones que fueron descubriéndose poco a poco. El capítulo sexto de este convenio obligó incluso a la empresa a legalizar actos cuestionados por la propia Secretaría de la Controloría y Desarrollo Administrativo (Secodam). A pesar de todos los pesares, en agosto de 2005 surge el Pemexgate III. El director en turno, Luis Ramírez Corzo, dispuso en negociación con el sindicato de mil 724 millones, cuyo destino tampoco ha sido aclarado. Estos abusos generan en la opinión pública un sentimiento de impotencia e impunidad y confirman que los distintos gobiernos se han sometido siempre a una lógica de complicidad con toda clase de prácticas corruptas, alegando en su defensa que es un mal necesario para mantener el control de los trabajadores. Un producto de esta connivencia es el silencio del sindicato por la celebración de los contratos de servicios múltiples, mediante los cuales Pemex desplazó áreas estratégicas en favor del sector privado. Gracias a la controversia legal planteada por los miembros de la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera, AC, encabezada por la ingeniera Silvia Ramos Luna, se ha obligado a Pemex y a la empresa española Repsol a rendir cuentas ante un juzgado federal.
Pemex ha desarrollado un modelo cada vez más degradante en sus relaciones laborales. Una de sus últimas iniciativas, el Proyecto Suma, planea separar 30 mil trabajadores para abrir espacio a empresas subcontratistas. En esta estrategia se han utilizado muchos medios: convenios especiales, jubilaciones anticipadas, despidos de personal altamente calificado, todo ello sobre un equivocado concepto de que cualquier trabajador externo es mejor que el propio.
La lista de agravios es inagotable; incluye despidos inmediatos a cualquier intento legítimo de organización, “para evitar que el sindicato se enoje”. Así lo han sufrido cientos de trabajadores de base, como personal técnico y profesional cuya asociación es altamente positiva para el desarrollo de la empresa, en razón de su perfil experto en los temas fundamentales de la operación de esta industria. Precisamente hoy en día está en trámite ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el registro de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros. En el contexto del debate sobre el futuro de Pemex, otorgar este reconocimiento sería un paso favorable para que la opinión de sus integrantes sea tomada en cuenta.
Lograr un modelo laboral adecuado a los cambios que requiere esta empresa supone suprimir viejos vicios corporativos, simulaciones improductivas y toda forma de corrupción. Para ello, será necesario otorgar un papel activo a los trabajadores en el proceso de transformación, sin menoscabo de sus derechos y en pleno cumplimiento de sus obligaciones. Este cambio no puede reducirse a intenciones genéricas o simples buenos propósitos, supone instrumentar políticas concretas que favorezcan un cambio de rumbo. En el terreno gremial, se requiere superar la cultura del control respetando la libre organización de los trabajadores, así como promover la democracia, la transparencia (por ejemplo, en los renglones originados en recursos públicos entregados al sindicato) y la rendición de cuentas en todos los procesos. En el plano profesional, reconocer el valor de los trabajadores, para construir con su participación las nuevas metas de eficiencia y racionalidad productiva. En este inventario de recursos humanos se cuenta con 150 mil trabajadores, 92 mil de base, 30 mil transitorios y 28 mil denominados de confianza.
Abrir a los trabajadores de Pemex un espacio adecuado en los foros de consulta sería el primer paso para construir un modelo laboral diferente, orientado a potenciar la competitividad de la industria y, al mismo tiempo, darle viabilidad a los derechos laborales adquiridos.
