En las primeras semanas del debate sobre la reforma petrolera –no el oficial, que aún no empieza, sino el que alientan día a día foros académicos y ciudadanos y el segmento ilustrado de la prensa escrita– las miradas se han concentrado en las letras de gran tamaño. Privatizar, casi siempre en versales de 20 puntos y, con igual énfasis, defensa del petróleo, han sido las proclamas mayores. La intención privatizadora sigue negándose, frente a evidencias cada vez más abrumadoras, al tiempo que se descubre que no sólo es preciso defender la soberanía, es decir, el dominio nacional sobre los hidrocarburos, sino trabajar en favor de su restauración en las múltiples instancias en que ha sido escamoteada. Empero, al aproximarse las fechas del debate oficial, es preciso atender las letras medianas; digamos, las de 12 puntos. Son las que corresponden al contenido de las iniciativas, ése que altera, modifica, tuerce, deforma, la letra y el espíritu de las disposiciones constitucionales; ése que trata de esconder la intención privatizadora tras un lenguaje legal cuya matriz, derivada del derecho empresarial estadunidense, queda de relieve desde la primera lectura. En tipo similar aparecen los artículos transitorios, que en forma engañosa extienden o restringen, según convenga, los alcances, tiempos y formas de aplicación de las disposiciones sustantivas. Más adelante habrá que llegar a la letra pequeña, de seis u ocho puntos, con la que los proponentes de la iniciativa intentarán ocultar o disfrazar las mecánicas y modalidades de funcionamiento de la operación privatizadora, con reglamentos y otras disposiciones complementarias. Ejemplifico con un primer análisis de dos artículos, aparentemente inconexos, de la iniciativa de Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos (Pemex). Muestran a las claras por qué es indispensable examinar también la letra mediana.
Moral hazard
El artículo 24 de la iniciativa dice: “El Comité de Remuneraciones [...] tendrá a su cargo, entre otras funciones, proponer al consejo de administración el mecanismo de remuneración del director general y de los funcionarios de los tres niveles jerárquicos inferiores a éste, tomando en consideración el otorgamiento de incentivos con base [en] su desempeño y resultados medibles, dentro de los límites establecidos en el tabulador correspondiente”. Por su parte, el 27 indica: “Petróleos Mexicanos contratará en favor de los miembros del consejo de administración y del director general, los seguros, fianzas o cauciones que cubran el monto de las posibles indemnizaciones por los daños o perjuicios que llegaren a causar a dicho organismo y sus organismos subsidiarios”. Me sorprendería que la reflexión teórica que llevó a proponer este desatino haya ido mucho más allá de la siguiente: “si Ronaldinho recibe más dinero entre más goles marque, es natural que Reyes Heroles sea ‘incentivado’ si extrae más petróleo y, por otra parte, si el primero cuenta con un seguro en caso de lesiones, corresponde al segundo un seguro contra prácticas empresariales arriesgadas que, por los azares del mercado, dañen o perjudiquen a la entidad”.
Vistas en conjunto, ambas propuestas configuran un caso típico de “riesgo moral”, uno de los pecados capitales de la regulación de las actividades económicas. Es de esperarse, de entrada, que las remuneraciones se fijen a los niveles más altos, para así garantizar, se dice, el mejor desempeño. Además, si éste se consigue, se sumará el incentivo, que no será un diploma, sino una adición sustancial a aquéllas. Los casos de las empresas financieras estadunidenses y europeas rescatadas de la quiebra en los últimos meses muestra el funcionamiento perverso de estos “sistemas innovadores”. Además, si fuesen efectivos, ¿por qué no extenderlos a todos esos trabajadores que, según Calderón, “han dejado constancia de su capacidad, responsabilidad y patriotismo”? Se trata, sin decirlo, de premiar sólo a los niveles superiores, lo que acentúa la disparidad en la estructura salarial de la empresa. Además, los servidores públicos –porque se afirma que Pemex seguirá siendo una empresa pública– no requieren de incentivos adicionales, pues lo que se espera de ellos es siempre el mejor desempeño. Al menos eso prometen al rendir protesta.
El seguro contra daños y perjuicios es más difícil de explicar en forma benigna. ¿Qué acciones del consejo de administración y del director general pueden causar daños o perjuicios al organismo? Desde luego, los accidentes, pues a menudo sus causas puedan rastrearse hacia omisiones de la administración. ¿En cuánto se habría valorado el perjuicio causado por el Ixtoc? ¿Qué multa se habría impuesto a Díaz Serrano? ¿Cuál sería la prima que habría pagado Pemex para cubrirlo de tal eventualidad? Si se ampara a los directores, ¿por qué no extender la cobertura al trabajador que causa una fuga de una válvula? Ambos son casos de negligencia y suelen ser, sobre todo los primeros, producto de la corrupción.
En rigor, junto con los artículos mencionados, habría que examinar los que rigen las remuneraciones que se otorgarán a los actores privados –contratistas, prestadores de servicios, intermediarios de contratación, etcétera– a los que las iniciativas abren con generosidad las puertas de Pemex. Si se atiende al artículo 46 se encuentra que, por así decirlo, todo podrá arreglarse sobre la marcha, ya que se “podrán celebrar contratos en los que se pacte una remuneración fija o variable, determinada o determinable, con base en las obras y servicios especificados al momento de la contratación o que el desarrollo del proyecto exija con posterioridad”. Este incentivo perverso a la corrupción se basa en el argumento de que corresponde a las “mejores prácticas” de las empresas petroleras internacionales.
En un informe reciente, Transparencia Internacional calificó a seis de las siete mayores trasnacionales petroleras –precisamente ésas de las que se propone imitar sus “mejores prácticas”– como “deficientes o muy deficientes” en cuestión de transparencia de ingresos y pagos. Detalla sus prácticas de soborno a proveedores y compradores y concluye que en muchas de estas empresas la falta de transparencia es tal, que no se sabe cuánto pagan por lo que adquieren ni cuánto cobran por lo que venden. Eso sí, generan muchas utilidades. Éste es el camino por el que se propone llevar a Pemex.
