26 de mayo de 2008
AL PRINCIPIO
Los dolorosos sucesos de Villa de Cos, acaecidos el 6 de mayo del presente, aún darán mucho de qué hablar. El Ministerio Público Federal, Subsede Fresnillo, que inició la averiguación, declinó su competencia y ahora será el fuero militar el responsable de impartir justicia.
Los peritos coinciden con la versión de que a los jóvenes Edwin Castañeda, de 17 años, y su novia Leslie Alejandra Pérez cayeron por el fuego de los soldados, es más, así lo reconoce el parte militar firmado por Geminiano Ciro Cervantes Ruiz, Jesús Luciano Galván Robledo y Milton Gil Flores A.
En dicho informe, al que tuvo acceso quien esto escribe, hay una monstruosidad: se acusa a los adolescentes asesinados de disparar contra el Ejército y herir al teniente Cándido Carrasco y al cabo Gabriel Ceja Julián.
Según la versión de los militares que obra en el expediente, Leslie Alejandra disparó a los soldados con una pistola 380 y Edwin con un AK 47.
El parte militar es increíble, la determinación del Ministerio Público es más que justificada, la justicia militar tiene la responsabilidad de reivindicar a la institución castrense obrando conforme a derecho no sólo respecto a los homicidios, sino también respecto a los probables delitos cometidos en aras de eludir
responsabilidades.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá que ser ejemplarmente eficaz.
La estrategia contra el narcotráfico mantiene a la población bajo fuego cruzado. Ni la histeria ni la cobardía son buenos consejeros, se requiere de la valentía prudente.
POR CARAVANEAR CON SOMBRERO AJENO
La suspensión ordenada por Profepa de las obras de Ciudad Argentum, muestra cómo en el México de hoy la clase gobernante es incapaz de asumir la distinción entre lo público y lo privado, y muestra también cómo esa confusión termina por deformar la visión de la sociedad.
El incumplimiento en lo relacionado al cambio de uso de suelo y de impacto ambiental es una omisión de particulares que, sin embargo, se convierte en tropezón gubernamental. Los críticos enderezan sus dardos contra el gobierno y los apologistas de Argentum denuncian trasfondo político.
Tanto el gobierno del Estado como el presidente de la capital resultaron “balconeados” y desinformados, por decir lo menos, puesto que antes de la suspensión juraban y perjuraban que todo estaba en orden.
Ya declararon funcionarios de los tres niveles de gobierno, legisladores y líderes partidistas, y los particulares responsables de la omisión ni se inmutan, como si no fuera su problema, ¿o no es su problema?
SIEMPRE HAY UNOS MÁS IGUALES QUE OTROS
Un buen amigo mío pasó un tiempo en prisión por hacer más o menos lo mismo en un predio de su propiedad. Su acción fue considerada delito ambiental, según el artículo 418 del Código Penal Federal.
¿Tienen las autoridades federales dos varas y dos medidas para las mismas conductas?
¿Por qué en el caso de Ciudad Argentum se responsabiliza al gobierno de una conducta de particulares?
Porque no se ha comunicado con claridad que rumbo a la salida hacia Fresnillo, una gran superficie del ejido de La Pimienta fue adquirida por el gobierno en el sexenio de Romo Gutiérrez para construir vivienda social y, de paso, regular la situación del Hotel Parador.
Y que en vez de eso, se proyectan “dos ciudades”.
Proyecto privado
a) Ciudad Argentum (hoteles de cinco estrellas, campo de golf, hospitales privados, tiendas departamentales, etc).
Este proyecto es un desarrollo inmobiliario privado, su concreción es lenta, la obra suspendida se refiere a trabajos de una vialidad que incluye un puente sobre el arroyo.
Proyecto público
b) Ciudad de Gobierno, la cual sí lleva velocidad en su construcción, pues ya están en uso las instalaciones del Palacio de Justicia y de la Secretaría de Finanzas, y están en acelerada construcción el Palacio de Convenciones, la Procuraduría General de Justicia y otros dos, además de que en cualquier momento se inicia la edificación, en 4 mil metros cuadrados, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Hasta donde entendemos, el gobierno estaría en entredicho si la suspensión de las obras fueran las de Ciudad de Gobierno, que no es el caso.
Las críticas que por lo de Argentum recibe, es por la desatinada forma como pretenden hacer de las inversiones privadas mérito gubernamental, llegando al extremo de fungir como voceros de los hombres de negocios.
Lo que es de interés público transparentar, es la manera como una enorme superficie adquirida por el gobierno a un ejido para un fin determinado termina destinada a algo distinto.
Y procede también transparentar las razones de los inversionistas para omitir trámites tan básicos: ¿negligencia o falta de idoneidad dadas la características del terreno en donde se incrusta la emblemática mina El Bote?
Establecer las fronteras en la acción y en el discurso, entre lo público y lo privado, no es asunto de izquierda o de derecha. La distinción es consustancial al estado de derecho.
AL ÚLTIMO
El SPAUAZ, junto con el STUAZ, significó un aliento a la conciencia sindicalista de los zacatecanos a partir de la década de los 70.
Se integró de manera creativa al sindicalismo que buscaba ser una alternativa frente a los sindicatos controlados desde el gobierno (“charros”) y a los controlados por los patrones (“blancos”).
En alguna época, la asamblea general resolvía aportar un día de salario para evitar que mediante el hambre se derrotara a una huelga minera.
Hoy, los mineros de Sombrerete no reciben del SPAUAZ ni un manifiesto solidario.
