Precios y excedentes petroleros 2008
Este viernes el precio internacional del crudo marcador de referencia, el West Texas Intermediate (WTI), cerró en 115.46 dólares por barril (107.54 nuestra mezcla mexicana).
Este nivel es prácticamente 30 dólares inferior (21 por ciento menos) al mayor valor anual registrado el pasado 3 de julio –145.29 dólares por barril. Por cierto, en el caso de la cotización de referencia del gas natural –Henry Hub– el cierre del viernes fue de 7.94 dólares por millón de BTU (unidades térmicas británicas, por sus siglas en inglés), casi seis dólares (58 por ciento) menos que su nivel máximo anual (13.58 dólares), también del pasado 3 de julio. No se ven razones estructurales para que ambos precios lleguen una vez más a esos altos niveles. En ambos casos ha habido una caída de la demanda. En parte por los altos precios, pero también por la menor actividad económica en este 2008.
Veamos qué se espera del petróleo. A escala mundial y por un crecimiento económico inferior al de 2007, se estima que el consumo mundial de petróleo sólo aumentará cerca de 500 mil barriles al día. Descenso en el incremento, pero no caída. Al menos todavía. En 2007 la demanda creció casi un millón de barriles diarios. En 2006 y 2005, 800 mil. Y en 2005, un millón.
Por cierto, hay que decir que hace unos ocho meses se estimaba un cercano al millón de barriles diarios. Hoy crece menos. Pero aún no cae. Por eso –justamente por eso, porque aún crece– al hablar de una caída de los precios no podemos dejar de pensar en un mundo que sigue presionando para que se expanda la capacidad de producción. Primordialmente por los requerimientos de transporte, que en 95 por ciento se satisfacen con un petróleo que pesa 57 por ciento en el consumo mundial.
Esta es una de las principales razones por las que los precios no ceden: la altísima –prácticamente absoluta– dependencia del transporte respecto del crudo y sus derivados. Es, asimismo, una de las más importantes para que se aliente e impulse la exploración y la explotación de yacimientos de desarrollo más complejo y delicado y, en consecuencia, de costos de producción más, mucho más altos. Los de aguas profundas entre ellos. Acaso por eso –razón válida– en nuestro país se ha fantaseado con eso del “tesoro de las aguas profundas”.
A ese respecto –distrayéndonos un poco– sólo diré que una consulta con los especialistas mediante la bibliografía más reconocida y reciente permite asegurar que es una mentira indicar que México tiene la garantía de “un tesoro petrolero en aguas profundas”. Lo que sí es una terrible verdad –poco se habla de ello, porque hay responsables que no se desea identificar– es que la producción de Cantarell desciende a pasos acelerados. A principios de 2001 su producción cruzó la línea del millón y medio de barriles diarios. A mediados de 2003 superó también en ascenso la de los 2 millones de barriles, misma que volvió a cruzar, pero ya en descenso, a mediados de 2005. A mediados de 2007 atravesó –también en severo descenso– la del millón y medio. Y apenas hace un par de meses la del millón de barriles diarios.
Sí, este floreciente yacimiento produce hoy menos de lo que en 2004. Algo se ha compensado con otros de la zona marina. Además –para bien y para mal–, la continua elevación de los precios desde 2002 también ha ayudado a compensar ese declive. Este año la cotización de nuestra mezcla estará muy cercana a 100 dólares por barril. Fue de 61.70 en 2007. Por eso, no obstante los descensos de producción de 174 y 226 mil barriles al día en 2007 y 2008, este gobierno recibirá un monto acumulado no menor a 125 mil millones de dólares por concepto de excedente petrolero (derechos de hidrocarburos, que en 2007 fueron de 51 mil 482 millones de dólares y de enero a junio de 2008 acumulan 41 mil 451 millones de dólares, el monto semestral más elevado en toda la historia de México).
Sorprende, entonces, que con ese ingreso y pese a la caída de la producción, la garantía de montos importantes de excedente petrolero para el resto del sexenio, se formulen iniciativas regresivas que comprometen entregar parte de esos excedentes a los privados, a cambio de que nos hagan el favor de ayudarnos a llegar al mundo de la fantasía de las aguas profundas.
¡Qué lamentable error!
domingo, 31 de agosto de 2008
Opinión de Rolando Cordera Campos en La Jornada
Extraño septiembre
Supongo que no faltará quien insista: se acabó el “día del Presidente”; el Congreso se impuso y asestó duro golpe al presidencialismo; la República en la antesala del parlamentarismo… y demás puerilidades que desde hace tiempo han acompañado hasta ocultarla a la más grave falla de nuestro edificio democrático: la incomunicación progresiva entre los órganos del poder del Estado y, consecuentemente, la erosión imparable de la capacidad de gobierno, de conducción, de una sociedad asediada que no encuentra centro que la sostenga ni remedio casero que la alivie de tanta carencia y angustia. La o las marchas permiten evadir la soledad por un momento pero luego viene, sin clemencia, la cruda.
Vivimos de noticias cuya publicación nos avergüenza. Los decapitados toman las cabezas de los diarios y la televisión se tiñe de rojo cada noche, antes de que sus opinadores itinerantes hagan su cotidiano juicio sumario y Andrés Manuel López Obrador sea de nuevo sentenciado. El crimen organizado desata el frenesí contra el Estado bien cultivado por la gran empresa y, por su parte, la vicepresidencial económica emigra a las multinacionales españolas mientras su valido se declara despojado de la magia que hizo célebre a la Secretaría de Hacienda como multiplicadora de panes y peces…con cargo al INEGI o a las reservas petroleras.
Los partidos y el gobierno no han podido, o querido, dar los pasos mínimos necesarios para normalizar la democracia alcanzada u “otorgada”, que insistiría hoy Rafael Segovia, y no falta quien sostenga de nuevo que de lo que se trata es de (re) construirla sobre unos cimientos ruinosos cuyo desplome final se anuncia con entusiasmo. Del “renuncien si no pueden” sólo hay un paso al “que se vayan todos” que ensombreció a la república quebrada que Menem legó a los argentinos. Pero por ahí no hay horizonte cierto, menos aún en tiempo de vacas famélicas como los que nos ofrece el inefable secretario de Hacienda.
Por su cuenta, los jugadores de alta escuela se vuelven especuladores corrientes y apuestan sin recato a una caída virtual, de telenovela, que les permitiría un rescate jugoso e indoloro, mientras los que no apuestan más que a ganar siguen su curso de levantones, secuestros, ejecuciones, sacando jugo extra de un entorno dominado por el miedo y el abandono. Las alertas del extranjero ya no conmueven a nadie.
La marcha que quiere iluminar a México se nutre del desamparo y sin duda encauza una indignación mayúscula. Quienes concentran la voz de la sociedad parecen dispuestos a prestarle a deudos y quejosos una cuota mínima de sus decibeles, mientras los gobernantes se empeñan en descifrar las corrientes profundas del reclamo antes de que irrumpan e inunden lo que queda seco. Pero las encuestas del diario sirven ya de poco, salvo a quienes con ellas lucran. Y los exégetas del poder ya no saben a quién pasarle la factura.
Los saldos de este septiembre punto menos que negro están a la vista: un Congreso que se niega a ser el foro de la comunicación directa entre los poderes; un Ejecutivo extrañamente solícito que se va con su música a otra parte y nos asesta cada noche su versión de los hechos, inventa su público y define su rating; un sistema de comunicación social ensoberbecido que se siente gran visir, inapelable e intocable, dueño del aislamiento colectivo.
Extraño septiembre…hasta para hacernos extrañar aquellos otros en que la grosería del poder era transparente, como inequívoca era su necedad incurable.
Supongo que no faltará quien insista: se acabó el “día del Presidente”; el Congreso se impuso y asestó duro golpe al presidencialismo; la República en la antesala del parlamentarismo… y demás puerilidades que desde hace tiempo han acompañado hasta ocultarla a la más grave falla de nuestro edificio democrático: la incomunicación progresiva entre los órganos del poder del Estado y, consecuentemente, la erosión imparable de la capacidad de gobierno, de conducción, de una sociedad asediada que no encuentra centro que la sostenga ni remedio casero que la alivie de tanta carencia y angustia. La o las marchas permiten evadir la soledad por un momento pero luego viene, sin clemencia, la cruda.
Vivimos de noticias cuya publicación nos avergüenza. Los decapitados toman las cabezas de los diarios y la televisión se tiñe de rojo cada noche, antes de que sus opinadores itinerantes hagan su cotidiano juicio sumario y Andrés Manuel López Obrador sea de nuevo sentenciado. El crimen organizado desata el frenesí contra el Estado bien cultivado por la gran empresa y, por su parte, la vicepresidencial económica emigra a las multinacionales españolas mientras su valido se declara despojado de la magia que hizo célebre a la Secretaría de Hacienda como multiplicadora de panes y peces…con cargo al INEGI o a las reservas petroleras.
Los partidos y el gobierno no han podido, o querido, dar los pasos mínimos necesarios para normalizar la democracia alcanzada u “otorgada”, que insistiría hoy Rafael Segovia, y no falta quien sostenga de nuevo que de lo que se trata es de (re) construirla sobre unos cimientos ruinosos cuyo desplome final se anuncia con entusiasmo. Del “renuncien si no pueden” sólo hay un paso al “que se vayan todos” que ensombreció a la república quebrada que Menem legó a los argentinos. Pero por ahí no hay horizonte cierto, menos aún en tiempo de vacas famélicas como los que nos ofrece el inefable secretario de Hacienda.
Por su cuenta, los jugadores de alta escuela se vuelven especuladores corrientes y apuestan sin recato a una caída virtual, de telenovela, que les permitiría un rescate jugoso e indoloro, mientras los que no apuestan más que a ganar siguen su curso de levantones, secuestros, ejecuciones, sacando jugo extra de un entorno dominado por el miedo y el abandono. Las alertas del extranjero ya no conmueven a nadie.
La marcha que quiere iluminar a México se nutre del desamparo y sin duda encauza una indignación mayúscula. Quienes concentran la voz de la sociedad parecen dispuestos a prestarle a deudos y quejosos una cuota mínima de sus decibeles, mientras los gobernantes se empeñan en descifrar las corrientes profundas del reclamo antes de que irrumpan e inunden lo que queda seco. Pero las encuestas del diario sirven ya de poco, salvo a quienes con ellas lucran. Y los exégetas del poder ya no saben a quién pasarle la factura.
Los saldos de este septiembre punto menos que negro están a la vista: un Congreso que se niega a ser el foro de la comunicación directa entre los poderes; un Ejecutivo extrañamente solícito que se va con su música a otra parte y nos asesta cada noche su versión de los hechos, inventa su público y define su rating; un sistema de comunicación social ensoberbecido que se siente gran visir, inapelable e intocable, dueño del aislamiento colectivo.
Extraño septiembre…hasta para hacernos extrañar aquellos otros en que la grosería del poder era transparente, como inequívoca era su necedad incurable.
Opinión de Arnaldo Córdova en La Jornada de hoy
La renta petrolera
En el Diagnóstico. Situación de Pemex, que la Sener y Pemex presentaron antes de que el Ejecutivo enviara al Senado sus iniciativas sobre la materia, se puede leer: “La renta petrolera está constituida por la diferencia entre el valor de los hidrocarburos extraídos del subsuelo a precios de mercado internacional, menos [sic] los costos de extracción eficientes [sic]” (p. 115). De acuerdo con esa definición, la renta sería la diferencia entre el valor de la producción de hidrocarburos a precios de mercado y los costos de extracción. La última palabra tendría sentido si se tratara de una comparación entre grados de eficiencia de tecnologías e industrias petroleras en el mundo, pero en el texto ese calificativo está fuera de lugar.
Podríamos decir, entonces, que se trata de la ganancia neta de todo el proceso (otros le llaman rendimiento de operación o excedente de operación). No fue la primera vez que yo oí la expresión. Todo mundo, en realidad, habla de la renta petrolera y, a mi entender, dicen lo mismo que la definición del Diagnóstico. En el mismo grupo de intelectuales en defensa del petróleo la escuché, y allí la preocupación era el destino de la renta petrolera. Cuando he preguntado si se está hablando de la ganancia, se me dice que sí, de muchas maneras, pero se me dice que sí. Yo aprendí otro concepto de renta en mis lecturas de los grandes teóricos de la economía política clásica (y en Marx). También en mis textos de derecho civil.
La renta es un fenómeno de la era moderna capitalista. Adam Smith la definía como el excedente que se obtiene de la explotación de la tierra (haciéndola producir, por supuesto). Una parte iba a quien la hacía producir, el arrendatario capitalista (salarios de sus trabajadores incluidos), y otra a manos del dueño de la tierra, el terrateniente (landlord). David Ricardo afinó esa teoría, haciendo notar que hay de tierras a tierras, e introdujo el concepto de renta diferencial. Marx la definió como renta del suelo y la distinguió de lo que es la ganancia por la explotación del trabajo, coincidiendo en su razonamiento con Smith. La renta tiene que ver con la tierra y no es lo mismo que ganancia. Se da en bienes en que no aparece el trabajo explotado aunque sí su uso.
Días después de que fue presentado el Diagnóstico, Alejandro Nadal publicó un artículo en estas páginas (“Maximizar la renta petrolera”) en el que se pregunta atingentemente: “¿De dónde sacaron Calderón y compañía el concepto de ‘renta petrolera’?” Luego nos recuerda a un autor, Harold Hotelling, quien en 1931 publicó un modelo matemático para explicar eso de “maximización de la renta” y que consistía, nada más ni nada menos, en extraer el producto no renovable lo más pronto que se pudiera. ¿Será eso “renta petrolera”? Sólo espero haber entendido correctamente a Nadal.
Ciertamente, no estoy de acuerdo en que se confunda renta con ganancia, y no por fidelidad a mis clásicos, sino porque no concuerda con lo que es nuestro orden constitucional en materia de hidrocarburos. Daré mis razones. La renta, jurídicamente, es un derecho real, que se refiere a un cierto tipo de bienes, que son las cosas (rei) que llamamos bienes inmuebles. En derecho se la puede confundir con beneficio o rendimiento, pero no con ganancia. Los bienes inmuebles son los que se fincan sobre la tierra y el suelo. El beneficio por alquilar un departamento es, precisamente, renta.
El beneficio que se obtiene por la explotación de los hidrocarburos debería dividirse en dos partes: renta y ganancia. La renta resulta del uso de un bien de la nación que administra el Estado, su representante, y por el que se debe pagar, justo, una renta, prestablecida en la ley. Lo demás es ganancia y debe ir al que realiza la explotación, en este caso Pemex, y a lo que corresponde al fisco. Lo primero se llama derechos, lo segundo ganancia e impuestos. Nadal tiene razón: si se “maximiza” la renta quiere tan sólo decir que se trata de extraer todo el recurso no renovable que está en el subsuelo en el menor tiempo posible.
Cuando se trata de la renta de bienes inmuebles propiedad de privados (solares, predios, viviendas o edificios y otros) el pago por el uso se llama renta y va al privado. Cuando se trata de bienes reales, el subsuelo (que pertenece sin excepciones a la nación) o el suelo (la superficie que se ha reservado al dominio de la nación), su uso produce una renta que va al Estado, representante de la nación. Hasta aquí, no tiene nada que ver con la ganancia o los beneficios ulteriores. Se trata del pago de un derecho que se da antes de que opere el uso y se debe pagar por él. Claro que según el sapo es la pedrada: si se trata de hidrocarburos, por su valor, los derechos son mayores, porque representan un mayor beneficio.
Cuando el uso comienza a operar, entonces empieza el reino de la ganancia (para Pemex y los privados que colaboren en la tarea) y el del Estado (mediante un riguroso pago de impuestos). Sin reforma fiscal, la única que paga impuestos es Pemex y eso es injusto. La renta tiene que ver con el valor comercial mundial de los hidrocarburos, por supuesto. La renta implica también pagar por un valor. Por eso Ricardo hablaba de renta diferencial. Una mina no paga lo mismo. Por eso también es prudente fijar el pago total de la renta hasta que el producto se ha realizado, vale decir, se ha comercializado.
Si en los debates de hoy en día sobre la cuestión petrolera se recordara y se tuviera siempre en mente nuestra Constitución, estoy seguro de que muchas confusiones conceptuales y políticas podrían evitarse. Y eso para no mencionar a los grandes clásicos de la economía política (que eran, además, auténticos filósofos, inclusive ese emulador de banqueros que era Ricardo). Hace dos semanas me referí a cómo deben ser definidos los derechos petroleros: explotación del subsuelo y uso del suelo (la superficie). Ellos son los que producen la renta y no el proceso productivo y comercializador. Este sólo da la medida para cuantificar, al final, lo que toca a la nación por su renta.
Vistas las cosas así, aparece claro por qué tiene sentido la demanda de que la renta, un derecho real de la nación, no debe compartirse con privados, y el porqué tiene sentido, asimismo, que los privados puedan y deban participar en la explotación de los hidrocarburos, pero sólo en el reino de la ganancia.
En el Diagnóstico. Situación de Pemex, que la Sener y Pemex presentaron antes de que el Ejecutivo enviara al Senado sus iniciativas sobre la materia, se puede leer: “La renta petrolera está constituida por la diferencia entre el valor de los hidrocarburos extraídos del subsuelo a precios de mercado internacional, menos [sic] los costos de extracción eficientes [sic]” (p. 115). De acuerdo con esa definición, la renta sería la diferencia entre el valor de la producción de hidrocarburos a precios de mercado y los costos de extracción. La última palabra tendría sentido si se tratara de una comparación entre grados de eficiencia de tecnologías e industrias petroleras en el mundo, pero en el texto ese calificativo está fuera de lugar.
Podríamos decir, entonces, que se trata de la ganancia neta de todo el proceso (otros le llaman rendimiento de operación o excedente de operación). No fue la primera vez que yo oí la expresión. Todo mundo, en realidad, habla de la renta petrolera y, a mi entender, dicen lo mismo que la definición del Diagnóstico. En el mismo grupo de intelectuales en defensa del petróleo la escuché, y allí la preocupación era el destino de la renta petrolera. Cuando he preguntado si se está hablando de la ganancia, se me dice que sí, de muchas maneras, pero se me dice que sí. Yo aprendí otro concepto de renta en mis lecturas de los grandes teóricos de la economía política clásica (y en Marx). También en mis textos de derecho civil.
La renta es un fenómeno de la era moderna capitalista. Adam Smith la definía como el excedente que se obtiene de la explotación de la tierra (haciéndola producir, por supuesto). Una parte iba a quien la hacía producir, el arrendatario capitalista (salarios de sus trabajadores incluidos), y otra a manos del dueño de la tierra, el terrateniente (landlord). David Ricardo afinó esa teoría, haciendo notar que hay de tierras a tierras, e introdujo el concepto de renta diferencial. Marx la definió como renta del suelo y la distinguió de lo que es la ganancia por la explotación del trabajo, coincidiendo en su razonamiento con Smith. La renta tiene que ver con la tierra y no es lo mismo que ganancia. Se da en bienes en que no aparece el trabajo explotado aunque sí su uso.
Días después de que fue presentado el Diagnóstico, Alejandro Nadal publicó un artículo en estas páginas (“Maximizar la renta petrolera”) en el que se pregunta atingentemente: “¿De dónde sacaron Calderón y compañía el concepto de ‘renta petrolera’?” Luego nos recuerda a un autor, Harold Hotelling, quien en 1931 publicó un modelo matemático para explicar eso de “maximización de la renta” y que consistía, nada más ni nada menos, en extraer el producto no renovable lo más pronto que se pudiera. ¿Será eso “renta petrolera”? Sólo espero haber entendido correctamente a Nadal.
Ciertamente, no estoy de acuerdo en que se confunda renta con ganancia, y no por fidelidad a mis clásicos, sino porque no concuerda con lo que es nuestro orden constitucional en materia de hidrocarburos. Daré mis razones. La renta, jurídicamente, es un derecho real, que se refiere a un cierto tipo de bienes, que son las cosas (rei) que llamamos bienes inmuebles. En derecho se la puede confundir con beneficio o rendimiento, pero no con ganancia. Los bienes inmuebles son los que se fincan sobre la tierra y el suelo. El beneficio por alquilar un departamento es, precisamente, renta.
El beneficio que se obtiene por la explotación de los hidrocarburos debería dividirse en dos partes: renta y ganancia. La renta resulta del uso de un bien de la nación que administra el Estado, su representante, y por el que se debe pagar, justo, una renta, prestablecida en la ley. Lo demás es ganancia y debe ir al que realiza la explotación, en este caso Pemex, y a lo que corresponde al fisco. Lo primero se llama derechos, lo segundo ganancia e impuestos. Nadal tiene razón: si se “maximiza” la renta quiere tan sólo decir que se trata de extraer todo el recurso no renovable que está en el subsuelo en el menor tiempo posible.
Cuando se trata de la renta de bienes inmuebles propiedad de privados (solares, predios, viviendas o edificios y otros) el pago por el uso se llama renta y va al privado. Cuando se trata de bienes reales, el subsuelo (que pertenece sin excepciones a la nación) o el suelo (la superficie que se ha reservado al dominio de la nación), su uso produce una renta que va al Estado, representante de la nación. Hasta aquí, no tiene nada que ver con la ganancia o los beneficios ulteriores. Se trata del pago de un derecho que se da antes de que opere el uso y se debe pagar por él. Claro que según el sapo es la pedrada: si se trata de hidrocarburos, por su valor, los derechos son mayores, porque representan un mayor beneficio.
Cuando el uso comienza a operar, entonces empieza el reino de la ganancia (para Pemex y los privados que colaboren en la tarea) y el del Estado (mediante un riguroso pago de impuestos). Sin reforma fiscal, la única que paga impuestos es Pemex y eso es injusto. La renta tiene que ver con el valor comercial mundial de los hidrocarburos, por supuesto. La renta implica también pagar por un valor. Por eso Ricardo hablaba de renta diferencial. Una mina no paga lo mismo. Por eso también es prudente fijar el pago total de la renta hasta que el producto se ha realizado, vale decir, se ha comercializado.
Si en los debates de hoy en día sobre la cuestión petrolera se recordara y se tuviera siempre en mente nuestra Constitución, estoy seguro de que muchas confusiones conceptuales y políticas podrían evitarse. Y eso para no mencionar a los grandes clásicos de la economía política (que eran, además, auténticos filósofos, inclusive ese emulador de banqueros que era Ricardo). Hace dos semanas me referí a cómo deben ser definidos los derechos petroleros: explotación del subsuelo y uso del suelo (la superficie). Ellos son los que producen la renta y no el proceso productivo y comercializador. Este sólo da la medida para cuantificar, al final, lo que toca a la nación por su renta.
Vistas las cosas así, aparece claro por qué tiene sentido la demanda de que la renta, un derecho real de la nación, no debe compartirse con privados, y el porqué tiene sentido, asimismo, que los privados puedan y deban participar en la explotación de los hidrocarburos, pero sólo en el reino de la ganancia.
El Despertar
José Agustín Ortiz Pinchetti
La Jornada, 31 de agosto 2008
■ La raíz del mal
La marcha contra la inseguridad es un ejemplo de cómo causas legítimas pueden ser manipuladas. Es cierto, los secuestros, la violencia, el crimen organizado y la impunidad son fenómenos reales y la protesta de la sociedad es sana y legítima. Pero la organización de una marcha monumental y a partir de ella la creación de un movimiento permanente pueden ser tácticas de la reacción. No hay transparencia en los recursos invertidos. Resulta sospechoso el apoyo de los antidemocráticos medios electrónicos. La marcha podría ser el inicio de una reagrupación de la extrema derecha ante la pérdida de legitimidad de los partidos tradicionales. Puede desviar la atención pública. La protesta no va dirigida contra quien debiera: El inepto y corrupto gobierno de Calderón, sino una “vaga denuncia a las autoridades”.
El problema es terrible. En los últimos 20 meses han muerto por lo menos 5 mil personas, entre ellas 500 soldados o policías. Calderón desafió a los cárteles del narcotráfico que luchan ferozmente entre sí con un ejército de 30 mil elementos cuando el narcotráfico abarca a una población por lo menos de 500 mil y probablemente más de un millón. Miles de ellos están bien armados y entrenados, incorporados a los cuerpos de seguridad o nutridos por desertores de éstos.
Se habla en general de la corrupción de los aparatos policiacos y judiciales infiltrados por el narcotráfico, pero se oculta que muchos gobernadores e importantes jerarcas son partícipes o encubridores de los delitos. La garantía de impunidad produce un efecto de demostración negativo. Los responsables del fraude y el saqueo del país no han sido castigados.
En los últimos 25 años los jóvenes mexicanos han tenido dificultades para encontrar empleo. 12 millones han emigrado a Estados Unidos, donde pueden ganar 12 veces más. Pero miles se incorporan a la delincuencia organizada, donde no sin riesgos pueden ganar hasta 100 veces más que en las actividades lícitas mal remuneradas.
¿Cuál es la raíz profunda? Una sociedad decadente dominada por una oligarquía, donde las instituciones se están resquebrajando. Un pequeño grupo que se reserva los beneficios no deja crecer el país. Los elementos de cohesión interna se destruyen cada día. La crisis económica se vincula a la inseguridad. La solución no está en más policías, más ejército y penas brutales. Es necesaria una reforma del Estado. Un cambio drástico en la política económica: volver a crecer y empezar a repartir.
La Jornada, 31 de agosto 2008
■ La raíz del mal
La marcha contra la inseguridad es un ejemplo de cómo causas legítimas pueden ser manipuladas. Es cierto, los secuestros, la violencia, el crimen organizado y la impunidad son fenómenos reales y la protesta de la sociedad es sana y legítima. Pero la organización de una marcha monumental y a partir de ella la creación de un movimiento permanente pueden ser tácticas de la reacción. No hay transparencia en los recursos invertidos. Resulta sospechoso el apoyo de los antidemocráticos medios electrónicos. La marcha podría ser el inicio de una reagrupación de la extrema derecha ante la pérdida de legitimidad de los partidos tradicionales. Puede desviar la atención pública. La protesta no va dirigida contra quien debiera: El inepto y corrupto gobierno de Calderón, sino una “vaga denuncia a las autoridades”.
El problema es terrible. En los últimos 20 meses han muerto por lo menos 5 mil personas, entre ellas 500 soldados o policías. Calderón desafió a los cárteles del narcotráfico que luchan ferozmente entre sí con un ejército de 30 mil elementos cuando el narcotráfico abarca a una población por lo menos de 500 mil y probablemente más de un millón. Miles de ellos están bien armados y entrenados, incorporados a los cuerpos de seguridad o nutridos por desertores de éstos.
Se habla en general de la corrupción de los aparatos policiacos y judiciales infiltrados por el narcotráfico, pero se oculta que muchos gobernadores e importantes jerarcas son partícipes o encubridores de los delitos. La garantía de impunidad produce un efecto de demostración negativo. Los responsables del fraude y el saqueo del país no han sido castigados.
En los últimos 25 años los jóvenes mexicanos han tenido dificultades para encontrar empleo. 12 millones han emigrado a Estados Unidos, donde pueden ganar 12 veces más. Pero miles se incorporan a la delincuencia organizada, donde no sin riesgos pueden ganar hasta 100 veces más que en las actividades lícitas mal remuneradas.
¿Cuál es la raíz profunda? Una sociedad decadente dominada por una oligarquía, donde las instituciones se están resquebrajando. Un pequeño grupo que se reserva los beneficios no deja crecer el país. Los elementos de cohesión interna se destruyen cada día. La crisis económica se vincula a la inseguridad. La solución no está en más policías, más ejército y penas brutales. Es necesaria una reforma del Estado. Un cambio drástico en la política económica: volver a crecer y empezar a repartir.
sábado, 30 de agosto de 2008
opinión de Arturo Alcalde Justiniani en La Jornada (para hacer un buen coraje)
El fraude de las Afores
El sistema de pensiones implantado hace 11 años en nuestro país hoy exhibe su verdadero rostro. Se trata de un auténtico despojo de los magros recursos de la población trabajadora, que beneficia a un puñado de empresas trasnacionales llamadas Afores, Siefores y aseguradoras privadas. Los fondos han perdido 52 mil millones de pesos en el presente año en inversiones en contraste, las empresas administradoras han cobrado comisiones por 10 mil millones de pesos en el mismo periodo. Mientras muchos pierden pocos ganan.
¿Cómo es posible que en nuestro país se permita hacer negocio a costa de los trabajadores, quienes después de largos años de trabajo han venido ahorrando pequeñas cantidades para sobrevivir en la última etapa de su vida? ¿Cuál es la lógica de imponer un sistema que permite a empresas privadas manejar estos fondos sin que se justifique socialmente su presencia? Un dato basta para acreditar este absurdo: 85 por ciento de los recursos pensionarios son canalizados a comprar deuda pública para ello, no son necesarias 22 Afores, elegantes edificios, campañas publicitarias, ejecutivos con altos salarios y gigantescas comisiones; se trata de una simple función de intermediación que no requiere de dicha infraestructura. Otra suerte tendrían los trabajadores si sus recursos fueran manejados por entidades públicas o sociales que tuvieran por función beneficiar los fondos de pensiones, canalizando los intereses en su favor e invirtiendo en renglones que favorezcan a los propios trabajadores.
A medida que se confirma el comportamiento real de este sistema de pensiones sustentado en cuentas individuales, se acreditan sus limitaciones. Es un modelo inseguro para los trabajadores, pues estos deben cargar con todos los riesgos financieros; el Estado y el patrón eluden cualquier responsabilidad; conlleva una confiscación en la medida que obliga a los asalariados a colocar su patrimonio en manos de entidades privadas, que los manejan como propios sin arriesgar nada, cobrando sus comisiones sobre el monto de las cantidades ahorradas y no por el resultado de su gestión financiera.
Esta condición privilegiada de las Afores se ha ido consolidando con el tiempo; la reforma a la Ley del SAR en abril de 2007 vigente a partir de marzo de 2008 es clave en este proceso. Asa Cristina Laurell lo resume claramente: “Las Afores nunca pierden, cuando se inició el sistema cobraban una comisión alta sobre cada depósito y baja sobre ahorros. En el momento en que se juntaron cerca de 900 mil millones a principios de este año, los legisladores cambiaron el sistema de cobro a fin de permitir un porcentaje sobre el ahorro, con esto las ganancias esperadas son poco más de 7 veces de lo que hubieran percibido en el sistema antiguo”.
Además de obligatorio, privado e inseguro, el sistema tiende a otorgar pensiones cada vez más bajas. La proyección esperada bajo el actual sistema es que los trabajadores que ingresaron al régimen del IMSS con posterioridad a la reforma que entró en vigor en julio de 1997, recibirán pensiones con tendencia decreciente y sensiblemente inferiores comparadas con las del régimen anterior. Por esta razón, aquellos trabajadores que ingresaron con anterioridad a esa fecha han optado por rechazar el nuevo sistema.
Sería equivocado aceptar resignadamente que este absurdo sistema de seguridad social es el único posible. La mayor parte de los países del mundo transitan por vías diferentes, combinando sistemas públicos con privados, con controles y apoyos estatales para proteger los fondos pensionarios, así como garantías para evitar los daños que hoy acaecen en nuestro país. Incluso en países como Chile, de quien se copió el modelo de Afores, existen varios mecanismos para proteger al trabajador de pérdidas por medio de reservas, encajes y en última instancia, vía la protección del Estado.
El problema es que en nuestro país el tema pensionario se ha visto como un apoyo al sector privado y no como una prestación en favor de los auténticos destinatarios. En esta deformación tiene una grave responsabilidad el movimiento sindical que se subordinó desde un inicio a los lineamientos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual ha venido instaurando obligatoriamente este modelo en todos los sistemas pensionarios, bajo distintas modalidades. La última imposición se concretó en la Comisión Federal de Electricidad, creando con ello un abismo entre los trabajadores activos y los nuevos trabajadores. La responsabilidad patronal para estos últimos se redujo a un aporte patronal de 7.5 por ciento del salario. Como siempre la píldora se doró señalando que si todo caminaba bien las pensiones serían suficientes para sobrevivir, aunque los cálculos actuariales digan todo lo contrario. Esta expresión de un dirigente sindical lo dice todo: “No nos preocupemos por los futuros trabajadores cuyo nombre y apellido ni siquiera conocemos”. Con esta lógica solidaria todos estaríamos en el hoyo.
La mejor manera de contrarrestar este fraude, además de exhibir sus extremos y convocar a la protesta, es impulsando otro sistema de seguridad con una lógica solidaria, sustentada financieramente, que considere el comportamiento poblacional, la responsabilidad patronal y el margen fiscal del Estado. Para ello, es importante aprovechar la experiencia internacional sustentado en sistemas mixtos en los que el trabajador nunca pierde la capacidad de opción y el Estado mantiene su carácter corresponsable, modelos en los cuales todas las partes colaboran en un sistema integral de seguridad social que proteja a toda la población, complementados con renglones adicionales acordes a las circunstancias económicas y laborales de cada uno de los sectores. En este diseño alternativo deberían estar convocadas las instituciones académicas y especialistas junto con las organizaciones sindicales que todavía están preocupadas por sus miembros y por aquellos que aún no tienen nombre y apellido.
El sistema de pensiones implantado hace 11 años en nuestro país hoy exhibe su verdadero rostro. Se trata de un auténtico despojo de los magros recursos de la población trabajadora, que beneficia a un puñado de empresas trasnacionales llamadas Afores, Siefores y aseguradoras privadas. Los fondos han perdido 52 mil millones de pesos en el presente año en inversiones en contraste, las empresas administradoras han cobrado comisiones por 10 mil millones de pesos en el mismo periodo. Mientras muchos pierden pocos ganan.
¿Cómo es posible que en nuestro país se permita hacer negocio a costa de los trabajadores, quienes después de largos años de trabajo han venido ahorrando pequeñas cantidades para sobrevivir en la última etapa de su vida? ¿Cuál es la lógica de imponer un sistema que permite a empresas privadas manejar estos fondos sin que se justifique socialmente su presencia? Un dato basta para acreditar este absurdo: 85 por ciento de los recursos pensionarios son canalizados a comprar deuda pública para ello, no son necesarias 22 Afores, elegantes edificios, campañas publicitarias, ejecutivos con altos salarios y gigantescas comisiones; se trata de una simple función de intermediación que no requiere de dicha infraestructura. Otra suerte tendrían los trabajadores si sus recursos fueran manejados por entidades públicas o sociales que tuvieran por función beneficiar los fondos de pensiones, canalizando los intereses en su favor e invirtiendo en renglones que favorezcan a los propios trabajadores.
A medida que se confirma el comportamiento real de este sistema de pensiones sustentado en cuentas individuales, se acreditan sus limitaciones. Es un modelo inseguro para los trabajadores, pues estos deben cargar con todos los riesgos financieros; el Estado y el patrón eluden cualquier responsabilidad; conlleva una confiscación en la medida que obliga a los asalariados a colocar su patrimonio en manos de entidades privadas, que los manejan como propios sin arriesgar nada, cobrando sus comisiones sobre el monto de las cantidades ahorradas y no por el resultado de su gestión financiera.
Esta condición privilegiada de las Afores se ha ido consolidando con el tiempo; la reforma a la Ley del SAR en abril de 2007 vigente a partir de marzo de 2008 es clave en este proceso. Asa Cristina Laurell lo resume claramente: “Las Afores nunca pierden, cuando se inició el sistema cobraban una comisión alta sobre cada depósito y baja sobre ahorros. En el momento en que se juntaron cerca de 900 mil millones a principios de este año, los legisladores cambiaron el sistema de cobro a fin de permitir un porcentaje sobre el ahorro, con esto las ganancias esperadas son poco más de 7 veces de lo que hubieran percibido en el sistema antiguo”.
Además de obligatorio, privado e inseguro, el sistema tiende a otorgar pensiones cada vez más bajas. La proyección esperada bajo el actual sistema es que los trabajadores que ingresaron al régimen del IMSS con posterioridad a la reforma que entró en vigor en julio de 1997, recibirán pensiones con tendencia decreciente y sensiblemente inferiores comparadas con las del régimen anterior. Por esta razón, aquellos trabajadores que ingresaron con anterioridad a esa fecha han optado por rechazar el nuevo sistema.
Sería equivocado aceptar resignadamente que este absurdo sistema de seguridad social es el único posible. La mayor parte de los países del mundo transitan por vías diferentes, combinando sistemas públicos con privados, con controles y apoyos estatales para proteger los fondos pensionarios, así como garantías para evitar los daños que hoy acaecen en nuestro país. Incluso en países como Chile, de quien se copió el modelo de Afores, existen varios mecanismos para proteger al trabajador de pérdidas por medio de reservas, encajes y en última instancia, vía la protección del Estado.
El problema es que en nuestro país el tema pensionario se ha visto como un apoyo al sector privado y no como una prestación en favor de los auténticos destinatarios. En esta deformación tiene una grave responsabilidad el movimiento sindical que se subordinó desde un inicio a los lineamientos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual ha venido instaurando obligatoriamente este modelo en todos los sistemas pensionarios, bajo distintas modalidades. La última imposición se concretó en la Comisión Federal de Electricidad, creando con ello un abismo entre los trabajadores activos y los nuevos trabajadores. La responsabilidad patronal para estos últimos se redujo a un aporte patronal de 7.5 por ciento del salario. Como siempre la píldora se doró señalando que si todo caminaba bien las pensiones serían suficientes para sobrevivir, aunque los cálculos actuariales digan todo lo contrario. Esta expresión de un dirigente sindical lo dice todo: “No nos preocupemos por los futuros trabajadores cuyo nombre y apellido ni siquiera conocemos”. Con esta lógica solidaria todos estaríamos en el hoyo.
La mejor manera de contrarrestar este fraude, además de exhibir sus extremos y convocar a la protesta, es impulsando otro sistema de seguridad con una lógica solidaria, sustentada financieramente, que considere el comportamiento poblacional, la responsabilidad patronal y el margen fiscal del Estado. Para ello, es importante aprovechar la experiencia internacional sustentado en sistemas mixtos en los que el trabajador nunca pierde la capacidad de opción y el Estado mantiene su carácter corresponsable, modelos en los cuales todas las partes colaboran en un sistema integral de seguridad social que proteja a toda la población, complementados con renglones adicionales acordes a las circunstancias económicas y laborales de cada uno de los sectores. En este diseño alternativo deberían estar convocadas las instituciones académicas y especialistas junto con las organizaciones sindicales que todavía están preocupadas por sus miembros y por aquellos que aún no tienen nombre y apellido.
México S.A.
Carlos Fernández-Vega
La Jornada, 30 de agosto 2008
■ Las “grandes” y “envidiadas” economías de AL no pasan la prueba
■ México destaca, pero por sus raquíticos resultados; caerá este año al lugar 20
Público y notorio es que en el contexto latinoamericano la economía mexicana destaca, pero por sus raquíticos resultados. En 2004, por ejemplo, ocupó el escalón 16 de 20 posibles, posición que repitió en 2005; en 2006 logró subir dos, un logro efímero, pues en 2007 cayó al 19 y para 2008 se le ubica en el 20, de 20 posibles.
En el otro extremo destacan varios países de todos los colores y sabores (Venezuela, con una tasa anual promedio de crecimiento de 10.6 por ciento en los últimos cinco años; Cuba, 8.7; Argentina y Panamá, 8.5 cada uno; Uruguay, 8.1; Perú, 7.3, y República Dominicana, 7.1. El promedio latinoamericano en el periodo es de 5.42 por ciento, y en ese sentido las “grandes” cuan “envidiadas” economías regionales de plano no pasaron la prueba: Chile, 5 por ciento; Brasil, 4.5, y México, el “navío de gran calado”, 3.5 (cifras todas de la Cepal).
La economía cubana es una de las que mayor crecimiento ha reportado en cuando menos los últimos cinco años, y es una, junto con la panameña, peruana y uruguaya, de las que mejor pronóstico obtiene para 2009, con todo y el brutal peso que para ella implica el ilegal bloqueo estadunidense.
Como poco es lo que se sabe de la economía cubana, va un paseo por cortesía de la Cepal: en 2007 el producto interno bruto creció 7.3 por ciento, y dado el nulo crecimiento demográfico el PIB por habitante se expandió en la misma proporción. El déficit fiscal global se incrementó levemente, de una cifra equivalente a 3 por ciento del PIB en 2006 a 3.1 en 2007. La inflación fue de 2.8 por ciento, la mitad de la observada en el año anterior (5.7). La cuenta corriente de la balanza de pagos mostró un superávit equivalente a 0.8 por ciento del PIB.
El sector agrícola, que se había contraído marcadamente en los dos años anteriores a causa de la sequía, se convirtió en el sector de mayor crecimiento en 2007 (18 por ciento). Los servicios comunales, sociales y personales, si bien registraron una menor expansión que la agricultura (14.5), contribuyeron más al crecimiento total debido a su elevada participación en el total del producto. En cambio, la construcción (-8.6 por ciento) y el comercio (0.5), que lideraron el incremento del PIB en 2006, perdieron su anterior dinamismo.
La situación externa se tornó menos favorable que en años anteriores, debido al endurecimiento del ilegal embargo estadunidense y al alza de precios de los alimentos. Las autoridades estiman que el costo directo acumulado del bloqueo económico, desde sus inicios, superó 90 mil millones de dólares. Por su parte, el incremento de los precios internacionales de los alimentos significó un aumento cercano a 24 por ciento del valor de las importaciones de este tipo de productos.
De acuerdo con las proyecciones del gobierno cubano, en 2008 la tasa de crecimiento del PIB se acercará a 8 por ciento. Las exportaciones de bienes y servicios y la inversión impulsarán la economía. Los resultados de la agricultura seguirán favorables por los incentivos a la producción y a la política de sustitución de importaciones de alimentos, a la cual se ha dado prioridad en el presente año.
Los excelentes resultados del turismo (15 por ciento de aumento en el primer cuatrimestre de 2008) son un buen pronóstico para el resto del año. Sin embargo, dado el menor nivel de actividad de la economía mundial y de los dos principales socios comerciales de Cuba –Venezuela y China–, el crecimiento del PIB podría ser inferior al previsto.
El concepto de déficit presupuestal es mucho más amplio en Cuba que en otros países. Se refiere a la totalidad de los ingresos y gastos del Estado, que en el caso de los primeros representaron 61.7 por ciento del PIB en 2007 y de los segundos 64.8. Pese a que los datos no son comparables con los de otras naciones, ya que su cobertura es más amplia, cabe destacar que los gastos también incluyen las pérdidas provocadas por las inundaciones en las provincias orientales del país en el último trimestre de 2007, que según estimaciones de las autoridades fueron cercanas a 500 millones de dólares. En materia de gastos se hizo hincapié en la eficiencia y se introdujeron sanciones por mal uso de los recursos presupuestarios.
Durante el segundo semestre de 2007 se realizó un debate nacional sobre los mecanismos para mejorar el funcionamiento de la economía y resolver los problemas más agudos de la población, entre los cuales se destacaron los salarios, la vivienda, el transporte y la dualidad monetaria. Las propuestas que surgieron de la discusión están siendo analizadas en el seno del Partido Comunista.
El proyecto más importante fue la rehabilitación de la refinería Cienfuegos que, terminada la primera fase en diciembre de 2007, empezó a refinar 65 mil barriles diarios de petróleo. En la segunda se espera poder ampliar esa cantidad a 150 mil barriles diarios. En 2008 se iniciaron otros proyectos en torno a la actividad de la refinería, a fin de aumentar el valor agregado de la producción petroquímica y convertirla en el polo de desarrollo de esa parte del país.
Las exportaciones superaron el estancamiento de 2006 y tuvieron una expansión notable (13.8 por ciento). Las importaciones experimentaron una leve disminución (-1.1) respecto del marcado incremento del año anterior (20.4). Las medidas adoptadas para reducir el atraso en el pago a los productores, el incremento a los precios de acopio y las condiciones climáticas muy favorables tras una sequía que duró varios años, se han traducido en un elevado crecimiento de la producción agrícola (18 por ciento), invirtiendo la reducción apreciable de los dos años anteriores. Entre los productos que registraron mejora están frijol, maíz, plátano y caña de azúcar, mientras disminuyó la cosecha de papas, tabaco, hortalizas y algunas frutas. En el ámbito pecuario destacó el incremento de 77 por ciento en la producción de carne de cerdo y de 16.8 en la de leche de vaca.
Los resultados de la industria manufacturera (excepto la azucarera) mejoraron sustancialmente al incrementarse 9.9 por ciento, contra 2.7 de 2006. Seis de las siete ramas más importantes mostraron un desempeño positivo. La producción de electricidad, gas y agua aumentó 7.9 por ciento, con lo que se eliminaron casi totalmente los apagones que antes ocurrían a diario. La inflación fue de 2.7 por ciento en 2007, y el nivel de ocupación se incrementó 2.4 por ciento, de manera que la tasa de desempleo disminuyó a 1.8 por ciento.
Las rebanadas del pastel
Eche cuentas: con 21 pesos y 53 centavos por día, el 43 por ciento de un salario mínimo, ¿se superan la miseria y la pobreza, como asegura el cuentacuentos?
La Jornada, 30 de agosto 2008
■ Las “grandes” y “envidiadas” economías de AL no pasan la prueba
■ México destaca, pero por sus raquíticos resultados; caerá este año al lugar 20
Público y notorio es que en el contexto latinoamericano la economía mexicana destaca, pero por sus raquíticos resultados. En 2004, por ejemplo, ocupó el escalón 16 de 20 posibles, posición que repitió en 2005; en 2006 logró subir dos, un logro efímero, pues en 2007 cayó al 19 y para 2008 se le ubica en el 20, de 20 posibles.
En el otro extremo destacan varios países de todos los colores y sabores (Venezuela, con una tasa anual promedio de crecimiento de 10.6 por ciento en los últimos cinco años; Cuba, 8.7; Argentina y Panamá, 8.5 cada uno; Uruguay, 8.1; Perú, 7.3, y República Dominicana, 7.1. El promedio latinoamericano en el periodo es de 5.42 por ciento, y en ese sentido las “grandes” cuan “envidiadas” economías regionales de plano no pasaron la prueba: Chile, 5 por ciento; Brasil, 4.5, y México, el “navío de gran calado”, 3.5 (cifras todas de la Cepal).
La economía cubana es una de las que mayor crecimiento ha reportado en cuando menos los últimos cinco años, y es una, junto con la panameña, peruana y uruguaya, de las que mejor pronóstico obtiene para 2009, con todo y el brutal peso que para ella implica el ilegal bloqueo estadunidense.
Como poco es lo que se sabe de la economía cubana, va un paseo por cortesía de la Cepal: en 2007 el producto interno bruto creció 7.3 por ciento, y dado el nulo crecimiento demográfico el PIB por habitante se expandió en la misma proporción. El déficit fiscal global se incrementó levemente, de una cifra equivalente a 3 por ciento del PIB en 2006 a 3.1 en 2007. La inflación fue de 2.8 por ciento, la mitad de la observada en el año anterior (5.7). La cuenta corriente de la balanza de pagos mostró un superávit equivalente a 0.8 por ciento del PIB.
El sector agrícola, que se había contraído marcadamente en los dos años anteriores a causa de la sequía, se convirtió en el sector de mayor crecimiento en 2007 (18 por ciento). Los servicios comunales, sociales y personales, si bien registraron una menor expansión que la agricultura (14.5), contribuyeron más al crecimiento total debido a su elevada participación en el total del producto. En cambio, la construcción (-8.6 por ciento) y el comercio (0.5), que lideraron el incremento del PIB en 2006, perdieron su anterior dinamismo.
La situación externa se tornó menos favorable que en años anteriores, debido al endurecimiento del ilegal embargo estadunidense y al alza de precios de los alimentos. Las autoridades estiman que el costo directo acumulado del bloqueo económico, desde sus inicios, superó 90 mil millones de dólares. Por su parte, el incremento de los precios internacionales de los alimentos significó un aumento cercano a 24 por ciento del valor de las importaciones de este tipo de productos.
De acuerdo con las proyecciones del gobierno cubano, en 2008 la tasa de crecimiento del PIB se acercará a 8 por ciento. Las exportaciones de bienes y servicios y la inversión impulsarán la economía. Los resultados de la agricultura seguirán favorables por los incentivos a la producción y a la política de sustitución de importaciones de alimentos, a la cual se ha dado prioridad en el presente año.
Los excelentes resultados del turismo (15 por ciento de aumento en el primer cuatrimestre de 2008) son un buen pronóstico para el resto del año. Sin embargo, dado el menor nivel de actividad de la economía mundial y de los dos principales socios comerciales de Cuba –Venezuela y China–, el crecimiento del PIB podría ser inferior al previsto.
El concepto de déficit presupuestal es mucho más amplio en Cuba que en otros países. Se refiere a la totalidad de los ingresos y gastos del Estado, que en el caso de los primeros representaron 61.7 por ciento del PIB en 2007 y de los segundos 64.8. Pese a que los datos no son comparables con los de otras naciones, ya que su cobertura es más amplia, cabe destacar que los gastos también incluyen las pérdidas provocadas por las inundaciones en las provincias orientales del país en el último trimestre de 2007, que según estimaciones de las autoridades fueron cercanas a 500 millones de dólares. En materia de gastos se hizo hincapié en la eficiencia y se introdujeron sanciones por mal uso de los recursos presupuestarios.
Durante el segundo semestre de 2007 se realizó un debate nacional sobre los mecanismos para mejorar el funcionamiento de la economía y resolver los problemas más agudos de la población, entre los cuales se destacaron los salarios, la vivienda, el transporte y la dualidad monetaria. Las propuestas que surgieron de la discusión están siendo analizadas en el seno del Partido Comunista.
El proyecto más importante fue la rehabilitación de la refinería Cienfuegos que, terminada la primera fase en diciembre de 2007, empezó a refinar 65 mil barriles diarios de petróleo. En la segunda se espera poder ampliar esa cantidad a 150 mil barriles diarios. En 2008 se iniciaron otros proyectos en torno a la actividad de la refinería, a fin de aumentar el valor agregado de la producción petroquímica y convertirla en el polo de desarrollo de esa parte del país.
Las exportaciones superaron el estancamiento de 2006 y tuvieron una expansión notable (13.8 por ciento). Las importaciones experimentaron una leve disminución (-1.1) respecto del marcado incremento del año anterior (20.4). Las medidas adoptadas para reducir el atraso en el pago a los productores, el incremento a los precios de acopio y las condiciones climáticas muy favorables tras una sequía que duró varios años, se han traducido en un elevado crecimiento de la producción agrícola (18 por ciento), invirtiendo la reducción apreciable de los dos años anteriores. Entre los productos que registraron mejora están frijol, maíz, plátano y caña de azúcar, mientras disminuyó la cosecha de papas, tabaco, hortalizas y algunas frutas. En el ámbito pecuario destacó el incremento de 77 por ciento en la producción de carne de cerdo y de 16.8 en la de leche de vaca.
Los resultados de la industria manufacturera (excepto la azucarera) mejoraron sustancialmente al incrementarse 9.9 por ciento, contra 2.7 de 2006. Seis de las siete ramas más importantes mostraron un desempeño positivo. La producción de electricidad, gas y agua aumentó 7.9 por ciento, con lo que se eliminaron casi totalmente los apagones que antes ocurrían a diario. La inflación fue de 2.7 por ciento en 2007, y el nivel de ocupación se incrementó 2.4 por ciento, de manera que la tasa de desempleo disminuyó a 1.8 por ciento.
Las rebanadas del pastel
Eche cuentas: con 21 pesos y 53 centavos por día, el 43 por ciento de un salario mínimo, ¿se superan la miseria y la pobreza, como asegura el cuentacuentos?
Desfiladero
Jaime Avilés
La Jornada, 30 de agosto 2008
■ ¿Veladoras contra la inseguridad pública o contra López Obrador?
A Felipe Calderón se le fue el país de las manos. Hay 16 millones de desempleados, la inflación es la más alta de los últimos 12 años y las bandas del narcotráfico hoy controlan importantes ciudades y regiones, de Chihuahua a Yucatán, dejando una estela de cadáveres, matanzas a la luz del día, ataques a instalaciones militares, cuerpos decapitados, secuestros y venta de protección a incontables negocios, desde inocentes taquerías hasta ruidosos tugurios de table-dance.
Todo el mundo lo dice, lo sabe, lo palpa: este pequeño “gobierno”, que no fue sino una caricatura sin chiste ni gracia, desapareció entre las patas de los caballos, la falta de profesionalismo, la improvisación, la suma de complicidades y la carencia absoluta de un proyecto nacional. Peor todavía, los terribles problemas que ha causado se agravarán más, y más, y más, mientras la sociedad no lo remplace. ¿Cómo llegamos a tal situación de desastre?
En el principio, sobre las ruinas del modelo socialdemócrata del viejo PRI, nos obligaron a beber las medicinas “amargas pero necesarias” del Fondo Monetario Internacional. Miguel de la Madrid sacó a remate las mil 100 empresas que formaban el patrimonio de la nación. Salinas de Gortari consumó la subasta. Ernesto Zedillo vendió los últimos ferrocarriles y la firma estadunidense que se los compró lo nombró gerente para que los administrara.
El saqueo pronto se reflejó en la estadística: en 1996, el Banco de México reportó que 75 por ciento del dinero depositado en los bancos del país estaba en manos de 2.5 por ciento de los “ahorradores”, mientras el restante se lo disputaban 97.5 por ciento de los cuentahabientes. En 15 años, el neoliberalismo produjo una concentración de riqueza tan injusta como la que existió aquí durante el virreinato.
Cuando un grupúsculo de ricachones se adueñó de casi todas las empresas del Estado –con excepción de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad–, Salinas “arregló” la Constitución para que Vicente Fox pudiera ser presidente de la República. Un sexenio más tarde Zedillo hundió al PRI para que Fox ganara las elecciones presidenciales y, gracias a ambos, el ranchero salvaje de Guanajuato encabezó “un gobierno de empresarios por empresarios para empresarios”.
Entre 2001 y 2006 –de acuerdo con datos oficiales de la Auditoría Superior de la Federación–, Fox “devolvió” a los 50 mayores empresarios del país 604 mil millones de pesos, suma idéntica a la que esos magnates en conjunto pagaron al fisco por concepto de impuestos en el mismo periodo. Éstos no dudaron en respaldar a Fox cuando trató de encarcelar a Andrés Manuel López Obrador en 2005, ni en bendecir el fraude electoral de 2006; sabían que el eventual triunfo del tabasqueño les quitaría tan abusivo privilegio.
Conmovido por la adhesión “espontánea” que le manifestaron en aquellos momentos difíciles, Calderón mantuvo la política foxista de no cobrarles impuestos a los más ricos: en el primer semestre de 2008 ya les devolvió 93 mil millones de pesos por concepto de “incentivos fiscales”. Huelga decir que tanto los 604 mil millones de pesos que Fox le robó a la nación para agasajar a sus cómplices, como los 93 mil que acaba de dilapidar Calderón, provienen de las ventas excedentes del petróleo, es decir, del dinero no presupuestado ni comprometido para su gasto que Pemex recibió gracias al aumento constante del precio de los hidrocarburos.
Por no haber invertido esos recursos en obras productivas, creación de empleos y desarrollo de infraestructura, Fox y Calderón son responsables de que México registre el crecimiento económico más bajo de América Latina, inferior incluso al de Haití, que es una de las naciones más pobres del mundo. Si la ultraderecha panista, en lugar de robarse los 700 mil millones de pesos que Pemex captó por las ventas excedentes de petróleo entre 2001 y 2007, hubiera multiplicado las fuentes de trabajo, fortalecido el campo, modernizado los sistemas educativo y de salud, intensificado la investigación científica y tecnológica y construido las refinerías que faltan para reducir la importación de combustible, nuestro país tendría tasas de crecimiento cercanas a 8 por ciento anual, similares a las de Brasil y Argentina, sólo por debajo de la de Venezuela. Pero no.
Todo fue a dar a las manos de unos cuantos, mientras la miseria y la falta de horizontes empujaban a millones a emigrar a Estados Unidos y la economía paralela de la droga absorbía a cientos de miles de jóvenes del campo, a la periferia de las ciudades y ahora también a las clases medias, que nutren las legiones de sicarios del narcotráfico.
Esta noche, algunos de los principales beneficiarios de esta política impulsada por los últimos presidentes –de De la Madrid a Fox– más el breve espuriato de Calderón marcharán para repudiar la violencia del crimen organizado y la impotencia de las autoridades. En realidad, todos los mexicanos deberíamos acudir a esa movilización para exigir la renuncia del gobierno federal por su incapacidad y corrupción manifiestas. Sin embargo, la prensa identificada con esa minoría y con la ultraderecha no habla sino de López Obrador, como si éste fuera responsable de los más de 5 mil muertos que la descomposición del régimen de facto ha dejado por todo el país.
Quienes encabezan la protesta de esta noche en realidad representan los intereses de aquellos que se benefician de la devolución de impuestos y quieren comprar Pemex. Hace cuatro años apoyaron la intentona del desafuero; después financiaron la campaña del odio que polarizó al país; más tarde bendijeron el fraude electoral que en los hechos constituyó un golpe de Estado y se burlaron del IFE violando las nuevas disposiciones que les prohíben difundir mensajes políticos.
Ahora, usando políticamente el miedo, la angustia, el dolor y la desolación que abruma incluso a sus propios familiares y amigos, pedirán que se implante una especie de dictadura militar, con el Ejército en las calles y la abolición de las garantías individuales, como medida extrema para evitar que Calderón se caiga ante la evidente insatisfacción del pueblo.
Por lo pronto, mañana a las 10 de la mañana, en el Monumento a la Revolución, López Obrador dará a conocer las nuevas medidas que adoptará el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, si el PRIAN, una vez reabierto el Congreso, vuelve a intentar la privatización de Pemex. En tal caso –millones de mexicanos lo saben– sobrevendrá un paro indefinido, con cierre de autopistas, para evitar que nos arrebaten lo último que nos queda.
La Jornada, 30 de agosto 2008
■ ¿Veladoras contra la inseguridad pública o contra López Obrador?
A Felipe Calderón se le fue el país de las manos. Hay 16 millones de desempleados, la inflación es la más alta de los últimos 12 años y las bandas del narcotráfico hoy controlan importantes ciudades y regiones, de Chihuahua a Yucatán, dejando una estela de cadáveres, matanzas a la luz del día, ataques a instalaciones militares, cuerpos decapitados, secuestros y venta de protección a incontables negocios, desde inocentes taquerías hasta ruidosos tugurios de table-dance.
Todo el mundo lo dice, lo sabe, lo palpa: este pequeño “gobierno”, que no fue sino una caricatura sin chiste ni gracia, desapareció entre las patas de los caballos, la falta de profesionalismo, la improvisación, la suma de complicidades y la carencia absoluta de un proyecto nacional. Peor todavía, los terribles problemas que ha causado se agravarán más, y más, y más, mientras la sociedad no lo remplace. ¿Cómo llegamos a tal situación de desastre?
En el principio, sobre las ruinas del modelo socialdemócrata del viejo PRI, nos obligaron a beber las medicinas “amargas pero necesarias” del Fondo Monetario Internacional. Miguel de la Madrid sacó a remate las mil 100 empresas que formaban el patrimonio de la nación. Salinas de Gortari consumó la subasta. Ernesto Zedillo vendió los últimos ferrocarriles y la firma estadunidense que se los compró lo nombró gerente para que los administrara.
El saqueo pronto se reflejó en la estadística: en 1996, el Banco de México reportó que 75 por ciento del dinero depositado en los bancos del país estaba en manos de 2.5 por ciento de los “ahorradores”, mientras el restante se lo disputaban 97.5 por ciento de los cuentahabientes. En 15 años, el neoliberalismo produjo una concentración de riqueza tan injusta como la que existió aquí durante el virreinato.
Cuando un grupúsculo de ricachones se adueñó de casi todas las empresas del Estado –con excepción de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad–, Salinas “arregló” la Constitución para que Vicente Fox pudiera ser presidente de la República. Un sexenio más tarde Zedillo hundió al PRI para que Fox ganara las elecciones presidenciales y, gracias a ambos, el ranchero salvaje de Guanajuato encabezó “un gobierno de empresarios por empresarios para empresarios”.
Entre 2001 y 2006 –de acuerdo con datos oficiales de la Auditoría Superior de la Federación–, Fox “devolvió” a los 50 mayores empresarios del país 604 mil millones de pesos, suma idéntica a la que esos magnates en conjunto pagaron al fisco por concepto de impuestos en el mismo periodo. Éstos no dudaron en respaldar a Fox cuando trató de encarcelar a Andrés Manuel López Obrador en 2005, ni en bendecir el fraude electoral de 2006; sabían que el eventual triunfo del tabasqueño les quitaría tan abusivo privilegio.
Conmovido por la adhesión “espontánea” que le manifestaron en aquellos momentos difíciles, Calderón mantuvo la política foxista de no cobrarles impuestos a los más ricos: en el primer semestre de 2008 ya les devolvió 93 mil millones de pesos por concepto de “incentivos fiscales”. Huelga decir que tanto los 604 mil millones de pesos que Fox le robó a la nación para agasajar a sus cómplices, como los 93 mil que acaba de dilapidar Calderón, provienen de las ventas excedentes del petróleo, es decir, del dinero no presupuestado ni comprometido para su gasto que Pemex recibió gracias al aumento constante del precio de los hidrocarburos.
Por no haber invertido esos recursos en obras productivas, creación de empleos y desarrollo de infraestructura, Fox y Calderón son responsables de que México registre el crecimiento económico más bajo de América Latina, inferior incluso al de Haití, que es una de las naciones más pobres del mundo. Si la ultraderecha panista, en lugar de robarse los 700 mil millones de pesos que Pemex captó por las ventas excedentes de petróleo entre 2001 y 2007, hubiera multiplicado las fuentes de trabajo, fortalecido el campo, modernizado los sistemas educativo y de salud, intensificado la investigación científica y tecnológica y construido las refinerías que faltan para reducir la importación de combustible, nuestro país tendría tasas de crecimiento cercanas a 8 por ciento anual, similares a las de Brasil y Argentina, sólo por debajo de la de Venezuela. Pero no.
Todo fue a dar a las manos de unos cuantos, mientras la miseria y la falta de horizontes empujaban a millones a emigrar a Estados Unidos y la economía paralela de la droga absorbía a cientos de miles de jóvenes del campo, a la periferia de las ciudades y ahora también a las clases medias, que nutren las legiones de sicarios del narcotráfico.
Esta noche, algunos de los principales beneficiarios de esta política impulsada por los últimos presidentes –de De la Madrid a Fox– más el breve espuriato de Calderón marcharán para repudiar la violencia del crimen organizado y la impotencia de las autoridades. En realidad, todos los mexicanos deberíamos acudir a esa movilización para exigir la renuncia del gobierno federal por su incapacidad y corrupción manifiestas. Sin embargo, la prensa identificada con esa minoría y con la ultraderecha no habla sino de López Obrador, como si éste fuera responsable de los más de 5 mil muertos que la descomposición del régimen de facto ha dejado por todo el país.
Quienes encabezan la protesta de esta noche en realidad representan los intereses de aquellos que se benefician de la devolución de impuestos y quieren comprar Pemex. Hace cuatro años apoyaron la intentona del desafuero; después financiaron la campaña del odio que polarizó al país; más tarde bendijeron el fraude electoral que en los hechos constituyó un golpe de Estado y se burlaron del IFE violando las nuevas disposiciones que les prohíben difundir mensajes políticos.
Ahora, usando políticamente el miedo, la angustia, el dolor y la desolación que abruma incluso a sus propios familiares y amigos, pedirán que se implante una especie de dictadura militar, con el Ejército en las calles y la abolición de las garantías individuales, como medida extrema para evitar que Calderón se caiga ante la evidente insatisfacción del pueblo.
Por lo pronto, mañana a las 10 de la mañana, en el Monumento a la Revolución, López Obrador dará a conocer las nuevas medidas que adoptará el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, si el PRIAN, una vez reabierto el Congreso, vuelve a intentar la privatización de Pemex. En tal caso –millones de mexicanos lo saben– sobrevendrá un paro indefinido, con cierre de autopistas, para evitar que nos arrebaten lo último que nos queda.
viernes, 29 de agosto de 2008
Objeciones de la memoria
Columna de Martí Batres Guadarrama en El Universal
29 de agosto 2008
Tres golpes al bolsillo
En un estudio reciente, denominado Los Costos de la Inseguridad, el Centro de Estudios Económicos del sector privado se queja de que el daño económico por la delincuencia en el país equivale casi a 15% del producto interno bruto. Algo así como 1.5 billones de pesos al año.
Ahí, el organismo empresarial afirma: “la delincuencia, al imponer pérdidas económicas y materiales a las víctimas con actos ilícitos, actúa como un impuesto expropiatorio que afecta la asignación de recursos y genera un deterioro en el estado de derecho, contribuyendo a inhibir la inversión…”.
Hasta aquí los hombres de negocios agrupados en dicho organismo tienen razón. El costo en dinero que pagan las víctimas del delito —todas, no sólo ellos— es muy alto (aparte, claro, de la rabia, impotencia y temor que tardan en desaparecer), pero no es el único. Al menos hay otras dos lozas sobre los hombros de los mexicanos, las cuales tienen que ver con la ineficacia y la decisión única del gobierno federal. Veamos.
Sería deseable que el CEESP se pronunciara acerca del monto cada vez mayor que la Secretaría de Hacienda devuelve en impuestos a los hombres del dinero en este país.
Apenas en julio pasado el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, denunció que en el foxiato Hacienda devolvió 680 mil millones de pesos de impuestos ya pagados, a dueños de grandes empresas.
¿Acaso esto no es “un impuesto expropiatorio que afecta la asignación de recursos y que genera un deterioro en el estado de derecho”, como denuncian los empresarios?, ¿realmente debemos olvidar el pasado, como alguien pide ahora?
¿En el último año, a cuánto ascienden esas devoluciones?, ¿y los 60 millones de pobres del país, despojados de ese recurso tienen alguna culpa; pueden hacer algo para no verse afectados por tal incompetencia?
Otro elemento que lesiona a las mayorías es que el gobierno federal aumentó unilateralmente el precio de gasolinas, electricidad y gas. (Al diesel le subieron el precio cuatro veces este agosto).
Según el Banco México, en la primera quincena de este mes tuvimos la mayor inflación desde hace cuatro años. Subieron los energéticos, pero también el huevo, la leche pasteurizada y fresca; la carne, el pollo, algunas frutas y legumbres, el transporte...
No en balde una encuesta de Mitosky revela que la mayor preocupación a nivel nacional es la situación económica, por encima de la inseguridad, pese a que diario hay más y más asesinatos en varias entidades y a la gran exposición del tema en la televisión.
Pero para contrarrestar lo anterior, ahora nos salen con que el ingreso anual de cada mexicano supera los 11 mil dólares. Ante ello, le preguntamos: ¿Qué hace usted con sus más de 110 mil pesos que recibe al año?
29 de agosto 2008
Tres golpes al bolsillo
En un estudio reciente, denominado Los Costos de la Inseguridad, el Centro de Estudios Económicos del sector privado se queja de que el daño económico por la delincuencia en el país equivale casi a 15% del producto interno bruto. Algo así como 1.5 billones de pesos al año.
Ahí, el organismo empresarial afirma: “la delincuencia, al imponer pérdidas económicas y materiales a las víctimas con actos ilícitos, actúa como un impuesto expropiatorio que afecta la asignación de recursos y genera un deterioro en el estado de derecho, contribuyendo a inhibir la inversión…”.
Hasta aquí los hombres de negocios agrupados en dicho organismo tienen razón. El costo en dinero que pagan las víctimas del delito —todas, no sólo ellos— es muy alto (aparte, claro, de la rabia, impotencia y temor que tardan en desaparecer), pero no es el único. Al menos hay otras dos lozas sobre los hombros de los mexicanos, las cuales tienen que ver con la ineficacia y la decisión única del gobierno federal. Veamos.
Sería deseable que el CEESP se pronunciara acerca del monto cada vez mayor que la Secretaría de Hacienda devuelve en impuestos a los hombres del dinero en este país.
Apenas en julio pasado el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, denunció que en el foxiato Hacienda devolvió 680 mil millones de pesos de impuestos ya pagados, a dueños de grandes empresas.
¿Acaso esto no es “un impuesto expropiatorio que afecta la asignación de recursos y que genera un deterioro en el estado de derecho”, como denuncian los empresarios?, ¿realmente debemos olvidar el pasado, como alguien pide ahora?
¿En el último año, a cuánto ascienden esas devoluciones?, ¿y los 60 millones de pobres del país, despojados de ese recurso tienen alguna culpa; pueden hacer algo para no verse afectados por tal incompetencia?
Otro elemento que lesiona a las mayorías es que el gobierno federal aumentó unilateralmente el precio de gasolinas, electricidad y gas. (Al diesel le subieron el precio cuatro veces este agosto).
Según el Banco México, en la primera quincena de este mes tuvimos la mayor inflación desde hace cuatro años. Subieron los energéticos, pero también el huevo, la leche pasteurizada y fresca; la carne, el pollo, algunas frutas y legumbres, el transporte...
No en balde una encuesta de Mitosky revela que la mayor preocupación a nivel nacional es la situación económica, por encima de la inseguridad, pese a que diario hay más y más asesinatos en varias entidades y a la gran exposición del tema en la televisión.
Pero para contrarrestar lo anterior, ahora nos salen con que el ingreso anual de cada mexicano supera los 11 mil dólares. Ante ello, le preguntamos: ¿Qué hace usted con sus más de 110 mil pesos que recibe al año?
Opinión de Luis Javier Garrido en La Jornada
Los veinte días
México se halla en un momento de definiciones ante el inicio del próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión, pues un grupo de panistas y priístas pretenden, al entregar la industria petrolera al capital extranjero, arrogarse la responsabilidad histórica de cancelar la vía para que México sea una nación independiente y de paso para que el destino del país se pueda decidir por la vía de la razón.
1. El gobierno de facto de Felipe Calderón ha multiplicado en pocos días las señales de su desesperación por lograr que el PRI le entregue aprobadas cuanto antes en bandeja de plata las contrarreformas legales en materia energética conocida como iniciativa Beltrones, lo que le permitiría cumplir sus primeros compromisos con las multinacionales y disponer de recursos frescos para subsistir políticamente, a costa, desde luego, de enajenar el patrimonio de la nación, que no le pertenece. De ahí que Juan Camilo Mouriño, titular de facto de Gobernación, el martes 26 haya reunido en sus oficinas de Bucareli, convertidas en casa de campaña del PAN, a los jefes de las bancadas blanquiazules con un grupo de secretarios de Estado para planear en cónclave el nuevo fast track.
2. La iniciativa de la sociedad civil, que plantea la necesidad de otra política de Estado en materia energética, en la cual un Pemex reunificado y fortalecido sea el pilar de una industria petrolera nacional, y que el FAP ha hecho suya, fue entregada al Senado apenas el lunes 25, dos días antes de que esa Cámara recibiese los resultados de la Consulta Popular, y ya presas de enorme agitación los panistas exigen que se expida la nueva legislación. El titular de Energía, Jesús Reyes-Heroles Jr., llegó incluso a demandar el martes 26 que sea cuanto antes, considerando que los próximos 20 días serán “cruciales” para el país, asumiendo que en ese lapso se tendrá que expedir un nuevo marco legal que “flexibilize” la empresa: esto es, que le permita seudolegalmente privatizar la industria petrolera nacional
3. La “flexibilización” de la que hablan los tecnócratas neoliberales no es otra cosa en el caso de Petróleos Mexicanos que la creación de un marco jurídico “de excepción”, para que al margen del ámbito constitucional, y sin control alguno, la paraestatal pueda suscribir directamente –o por conducto de sus filiales– contratos con las corporaciones trasnacionales para irles cediendo todas sus funciones.
4. La exigencia de Calderón al Congreso para que expida la legislación que le permita privatizar la industria petrolera nacional –a pesar de lo que dispone la Constitución General de la República, de la oposición nacional a esta medida y de lo que se ha expresado en múltiples foros– es, por consiguiente, una exigencia al PRI, que de socio, aliado y cómplice ha pasado a ser su apoyo fundamental, y más que eso: su protector. Y lo más significativo es que lo hace en un momento crítico, cuando el desastre de la administración calderonista es generalizado.
5. El peso de la tarea sucia parece estar, por consiguiente, en las manos de lo que queda del PRI, que bajo la presidencia de Beatriz Paredes no ha sido otra cosa que un aparato de apoyo al gobierno espurio y entreguista de Calderón, haciéndole las faenas sucias e ilegales y cargando con el costo de esa relación de complicidad. De manera que ante la responsabilidad que tendría que asumir el PRI por este acto de traición a México, la cúpula priísta no ha hallado otra coartada que pretender que está virando hacia la socialdemocracia, y que con eso podría engañar a los mexicanos.
6. La 20 Asamblea Nacional del PRI, que se hizo al vapor el 23 de agosto en Aguascalientes, que no fue la reunión democrática del que se supone es el órgano supremo del partido, sino un foro de discursos de la cúpula, que avaló, como es normal, en estos cambios rituales a sus documentos básicos, pretende ser presentada como un viraje del Institucional hacia posiciones socialdemócratas, lo que es falso.
7. El PRI se hizo miembro observador de la Internacional Socialista (IS) desde finales del sexenio de López Portillo y se afilió plenamente a esta organización mundial de partidos hace ya varios lustros, poco después de que lo hiciera el PRD, por lo que esta redefinición del PRI como “socialdemócrata” no es ningún hecho nuevo, como pretende la cabeza de La Jornada del domingo 24. No hay en esta proclama que hicieron sus dirigentes ninguna novedad.
8. La IS, que tiene como uno de sus vicepresidentes a Cuauhtémoc Cárdenas, es, por otra parte, al menos desde los años 80 del siglo pasado, como todo mundo sabe, una organización de partidos abiertamente derechista, que sostiene el modelo monetarista y las políticas privatizadoras del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, y no representa, por lo mismo, ninguna alternativa frente al modelo que defienden los partidos de la Internacional Democrática de Centro (antes Demócrata Cristiana), cuyo copresidente es Vicente Fox. Las dos organizaciones internacionales de partidos se asumen opuestas pero son tan similares que es difícil encontrar diferencias en sus planteamientos. Anthony Giddens, uno de los ideólogos de la socialdemocracia, decía, por ejemplo, en 2002 que el gobierno de su amigo Tony Blair en Gran Bretaña no había sido distinto del de Margaret Thatcher, La Dama de Hierro, y que lo único que lo distinguía de ella era que estaba siempre sonriente y que no usaba bolsa. Los priístas suponen que sorprenden a los mexicanos haciéndoles creer que están virando a la izquierda y esto es un acto de desprecio al pueblo de México
9. La única afinidad históricamente justificable para cualquier fuerza política mexicana hoy día tendría que ser con los pueblos y las fuerzas políticas de diversos países latinoamericanos que defienden a ultranza los recursos estratégicos de su pueblo: en Bolivia, en Paraguay, en Ecuador o en Venezuela.
10. El PRI puede hacerle una vez más el trabajo sucio a Calderón, ahora en materia energética, pero sus dirigentes deben entender que ya no pueden engañar como antes a los mexicanos y que si lo hacen van a encontrar a amplios sectores dispuestos a impedir que culmine este intento de despojo a la nación.
México se halla en un momento de definiciones ante el inicio del próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión, pues un grupo de panistas y priístas pretenden, al entregar la industria petrolera al capital extranjero, arrogarse la responsabilidad histórica de cancelar la vía para que México sea una nación independiente y de paso para que el destino del país se pueda decidir por la vía de la razón.
1. El gobierno de facto de Felipe Calderón ha multiplicado en pocos días las señales de su desesperación por lograr que el PRI le entregue aprobadas cuanto antes en bandeja de plata las contrarreformas legales en materia energética conocida como iniciativa Beltrones, lo que le permitiría cumplir sus primeros compromisos con las multinacionales y disponer de recursos frescos para subsistir políticamente, a costa, desde luego, de enajenar el patrimonio de la nación, que no le pertenece. De ahí que Juan Camilo Mouriño, titular de facto de Gobernación, el martes 26 haya reunido en sus oficinas de Bucareli, convertidas en casa de campaña del PAN, a los jefes de las bancadas blanquiazules con un grupo de secretarios de Estado para planear en cónclave el nuevo fast track.
2. La iniciativa de la sociedad civil, que plantea la necesidad de otra política de Estado en materia energética, en la cual un Pemex reunificado y fortalecido sea el pilar de una industria petrolera nacional, y que el FAP ha hecho suya, fue entregada al Senado apenas el lunes 25, dos días antes de que esa Cámara recibiese los resultados de la Consulta Popular, y ya presas de enorme agitación los panistas exigen que se expida la nueva legislación. El titular de Energía, Jesús Reyes-Heroles Jr., llegó incluso a demandar el martes 26 que sea cuanto antes, considerando que los próximos 20 días serán “cruciales” para el país, asumiendo que en ese lapso se tendrá que expedir un nuevo marco legal que “flexibilize” la empresa: esto es, que le permita seudolegalmente privatizar la industria petrolera nacional
3. La “flexibilización” de la que hablan los tecnócratas neoliberales no es otra cosa en el caso de Petróleos Mexicanos que la creación de un marco jurídico “de excepción”, para que al margen del ámbito constitucional, y sin control alguno, la paraestatal pueda suscribir directamente –o por conducto de sus filiales– contratos con las corporaciones trasnacionales para irles cediendo todas sus funciones.
4. La exigencia de Calderón al Congreso para que expida la legislación que le permita privatizar la industria petrolera nacional –a pesar de lo que dispone la Constitución General de la República, de la oposición nacional a esta medida y de lo que se ha expresado en múltiples foros– es, por consiguiente, una exigencia al PRI, que de socio, aliado y cómplice ha pasado a ser su apoyo fundamental, y más que eso: su protector. Y lo más significativo es que lo hace en un momento crítico, cuando el desastre de la administración calderonista es generalizado.
5. El peso de la tarea sucia parece estar, por consiguiente, en las manos de lo que queda del PRI, que bajo la presidencia de Beatriz Paredes no ha sido otra cosa que un aparato de apoyo al gobierno espurio y entreguista de Calderón, haciéndole las faenas sucias e ilegales y cargando con el costo de esa relación de complicidad. De manera que ante la responsabilidad que tendría que asumir el PRI por este acto de traición a México, la cúpula priísta no ha hallado otra coartada que pretender que está virando hacia la socialdemocracia, y que con eso podría engañar a los mexicanos.
6. La 20 Asamblea Nacional del PRI, que se hizo al vapor el 23 de agosto en Aguascalientes, que no fue la reunión democrática del que se supone es el órgano supremo del partido, sino un foro de discursos de la cúpula, que avaló, como es normal, en estos cambios rituales a sus documentos básicos, pretende ser presentada como un viraje del Institucional hacia posiciones socialdemócratas, lo que es falso.
7. El PRI se hizo miembro observador de la Internacional Socialista (IS) desde finales del sexenio de López Portillo y se afilió plenamente a esta organización mundial de partidos hace ya varios lustros, poco después de que lo hiciera el PRD, por lo que esta redefinición del PRI como “socialdemócrata” no es ningún hecho nuevo, como pretende la cabeza de La Jornada del domingo 24. No hay en esta proclama que hicieron sus dirigentes ninguna novedad.
8. La IS, que tiene como uno de sus vicepresidentes a Cuauhtémoc Cárdenas, es, por otra parte, al menos desde los años 80 del siglo pasado, como todo mundo sabe, una organización de partidos abiertamente derechista, que sostiene el modelo monetarista y las políticas privatizadoras del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, y no representa, por lo mismo, ninguna alternativa frente al modelo que defienden los partidos de la Internacional Democrática de Centro (antes Demócrata Cristiana), cuyo copresidente es Vicente Fox. Las dos organizaciones internacionales de partidos se asumen opuestas pero son tan similares que es difícil encontrar diferencias en sus planteamientos. Anthony Giddens, uno de los ideólogos de la socialdemocracia, decía, por ejemplo, en 2002 que el gobierno de su amigo Tony Blair en Gran Bretaña no había sido distinto del de Margaret Thatcher, La Dama de Hierro, y que lo único que lo distinguía de ella era que estaba siempre sonriente y que no usaba bolsa. Los priístas suponen que sorprenden a los mexicanos haciéndoles creer que están virando a la izquierda y esto es un acto de desprecio al pueblo de México
9. La única afinidad históricamente justificable para cualquier fuerza política mexicana hoy día tendría que ser con los pueblos y las fuerzas políticas de diversos países latinoamericanos que defienden a ultranza los recursos estratégicos de su pueblo: en Bolivia, en Paraguay, en Ecuador o en Venezuela.
10. El PRI puede hacerle una vez más el trabajo sucio a Calderón, ahora en materia energética, pero sus dirigentes deben entender que ya no pueden engañar como antes a los mexicanos y que si lo hacen van a encontrar a amplios sectores dispuestos a impedir que culmine este intento de despojo a la nación.
México S.A.
Carlos Fernández-Vega
La Jornada, 29 de agosto 2008
■ Fábula en cadena nacional
■ Las “razonables” cifras olvidan a 50 millones de pobres
En su fábula del miércoles por la noche, el inquilino de Los Pinos se animó a decir que “a pesar de todo (…) la economía mexicana ha resistido razonablemente con solidez este escenario económico adverso y poco a poco vamos saliendo adelante”; que “el empleo también ha seguido creciendo, ya van más de 800 mil nuevas fuentes de trabajo en el país desde el inicio de mi gobierno”; y “para que podamos vivir mejor es indispensable contar con una economía competitiva, una economía fuerte y en crecimiento, que sea capaz de generar los empleos que necesitamos”.
Lo dijo en cadena nacional, en horario triple A, en la que considera la más alta tribuna de la nación y más fresco que un turista en el mar. De entrada, habría hecho un enorme aportación a la multitudinaria audiencia que atentamente sigue sus agudos comentarios encapsulados, con miras a lo que llama “segundo informe de gobierno”, si tras la aseveración de “…ha resistido razonablemente…”, hubiera detallado qué entiende por razonable, porque de entrada más de 50 millones de pobres, según cifras oficiales, cancelan la posibilidad de defensa racional de una política económica devastadora para el grueso de los mexicanos.
Es “razonable”, por ejemplo, que más de la mitad de los mexicanos (cifras oficiales) sobrevivan en la pobreza y la miseria; lo es la vergonzosa concentración del ingreso y la riqueza; acaso es “razonable” que en poco más de cinco lustros la tasa de “crecimiento” anual promedio a duras penas sea de 2.3 por ciento; es “razonable” una economía que reporta una brutal deuda social, con creciente déficit de empleo, salarios raquíticos y una migración incontenible. Sin rubor, él dice que sí.
En aquello de “el empleo también ha seguido creciendo…” tendría que fundamentar sus cifras, porque las oficiales indican que a lo largo de la “continuidad” en términos netos no se ha generado una sola plaza. De hecho, se han cancelado, pues la tasa oficial de desempleo abierto creció 0.75 puntos porcentuales del primer día de diciembre de 2006 al cierre de julio de 2008, al pasar de 3.4 a 4.15 por ciento de la población económicamente activa (la mayor tasa en 20 meses del gobierno de la “continuidad” y el doble de la reconocida en noviembre de 2009). Aún en el supuesto que se diera por buena la estadística que él maneja en sus comentarios encapsulados, las 800 mil plazas equivalen a 40 por ciento de la demanda real en lo que va de su gobierno o, lo que es lo mismo, que seis de cada 10 mexicanos que por primera vez se incorporaron al mercado laboral en busca de un empleo se quedaron con las ganas, es decir, en la desocupación.
El tercer elemento tampoco ayuda (“… economía competitiva, fuerte y en crecimiento…”). Cuando se aposentó en Los Pinos, México ocupaba el escalón número 49 a nivel internacional en lo referente a competitividad; un año después en el 52, mientras en materia de “crecimiento” económico las cosas han ido de mal en peor. En 2007 el “incremento” real del producto interno bruto resultó 33 por ciento inferior al registrado en 2006, y para 2008, en el mejor de los casos, será 15 por ciento menor al del año previo.
Ya picado, subrayó “la confianza que hay en México”, la cual “ha permitido que aumente la inversión del mundo en nuestro país, que es una inversión, además, que genera empleos y que el año pasado alcanzó una cifra récord de casi 25 mil millones de dólares”. Pues bien, todo indica que “la confianza” se ha reducido sustancialmente, toda vez que un par de días atrás la Secretaría de Economía, con otro de los cuates de Calderón despachando en la oficina principal, no tuvo más remedio que reconocer que en este renglón la inversión extranjera directa se desplomó 20 por ciento en el primer semestre de 2008.
No podía faltar el eslogan oficial de moda, con un sic cortesía de Los Pinos: “la inflación que mide el aumento de precios en México es la más baja en nuestro país en todo el continente americano, salvo el caso de Canadá, y desde luego es la más baja de todos los países de América Latina”. Ya el Banco de México había advertido que en 2008 este indicador duplicará la meta del gobierno calderonista, de tal suerte que no tiene mucho qué presumir en este renglón.
A pesar de todo, no hay por qué alarmarse, porque lo anterior no es un problema para los mexicanos, sino para aquellos que viven allende nuestras fronteras. Ya lo explicó el inquilino de Los Pinos: “desafortunadamente, este último año México ha enfrentado uno de los peores ambientes económicos internacionales. Hacía muchos años que no sufríamos, al mismo tiempo, recesión e inflación internacional, que son los dos peores males de cualquier economía… Los problemas económicos internacionales que ahora enfrentamos son transitorios a final de cuentas, van a quedar atrás; pero lo que van a permanecer son los cambios de fondo que le estamos haciendo a la economía. Al final de esta coyuntura (que ya suma 26 años) difícil tendremos una economía más fuerte, más sólida, que crecerá más rápido y generará más empleos”.
Que se preocupen los envidiosos que no viven en este heroico país de la “continuidad”, porque para los que aquí sobreviven el inquilino de Los Pinos –según su atinada y convincente cápsula– realiza “grandes esfuerzos para que no se afecte la economía de las familias más pobres; pero no sólo estamos trabajando para superar esta coyuntura adversa, también estamos decididos a transformar a nuestro país con una visión de largo plazo”.
En fin, que los logros virtuales de Calderón tienden a superar a los de su predecesor y ahora “estratega” Vicente Fox. Y si alguien encuentra los “cambios de fondo que le estamos haciendo a la economía”, favor de reportarlo a Locatel.
Las rebanadas del pastel
De la lectoría, sobre el PIB por habitante: “si calculamos los ingresos mensuales del ingeniero Slim obtenemos que equivalen a los de un millón 299 mil mexicanos que ganen cinco salarios mínimos mensuales o a 900 mil que ganen siete. Cuando se comparan los ingresos per cápita de Suecia, Noruega, Japón, Corea, entonces sí se tiene muchísimo menor dispersión de los datos, lo cual es lógico, ¿alguien sabe qué ciudadano de esos países está entre los primeros diez más ricos del mundo? Ahí si existe democracia, la cual comienza con la distribución de la riqueza. Así podemos ir calculando a cuántos mexicanos arrastran los millonarios ingresos de las principales familias del país, con lo que logramos ese fabuloso ingreso de 11 mil dólares per cápita anual” (Félix Morales, flmc02@gmail.com).
La Jornada, 29 de agosto 2008
■ Fábula en cadena nacional
■ Las “razonables” cifras olvidan a 50 millones de pobres
En su fábula del miércoles por la noche, el inquilino de Los Pinos se animó a decir que “a pesar de todo (…) la economía mexicana ha resistido razonablemente con solidez este escenario económico adverso y poco a poco vamos saliendo adelante”; que “el empleo también ha seguido creciendo, ya van más de 800 mil nuevas fuentes de trabajo en el país desde el inicio de mi gobierno”; y “para que podamos vivir mejor es indispensable contar con una economía competitiva, una economía fuerte y en crecimiento, que sea capaz de generar los empleos que necesitamos”.
Lo dijo en cadena nacional, en horario triple A, en la que considera la más alta tribuna de la nación y más fresco que un turista en el mar. De entrada, habría hecho un enorme aportación a la multitudinaria audiencia que atentamente sigue sus agudos comentarios encapsulados, con miras a lo que llama “segundo informe de gobierno”, si tras la aseveración de “…ha resistido razonablemente…”, hubiera detallado qué entiende por razonable, porque de entrada más de 50 millones de pobres, según cifras oficiales, cancelan la posibilidad de defensa racional de una política económica devastadora para el grueso de los mexicanos.
Es “razonable”, por ejemplo, que más de la mitad de los mexicanos (cifras oficiales) sobrevivan en la pobreza y la miseria; lo es la vergonzosa concentración del ingreso y la riqueza; acaso es “razonable” que en poco más de cinco lustros la tasa de “crecimiento” anual promedio a duras penas sea de 2.3 por ciento; es “razonable” una economía que reporta una brutal deuda social, con creciente déficit de empleo, salarios raquíticos y una migración incontenible. Sin rubor, él dice que sí.
En aquello de “el empleo también ha seguido creciendo…” tendría que fundamentar sus cifras, porque las oficiales indican que a lo largo de la “continuidad” en términos netos no se ha generado una sola plaza. De hecho, se han cancelado, pues la tasa oficial de desempleo abierto creció 0.75 puntos porcentuales del primer día de diciembre de 2006 al cierre de julio de 2008, al pasar de 3.4 a 4.15 por ciento de la población económicamente activa (la mayor tasa en 20 meses del gobierno de la “continuidad” y el doble de la reconocida en noviembre de 2009). Aún en el supuesto que se diera por buena la estadística que él maneja en sus comentarios encapsulados, las 800 mil plazas equivalen a 40 por ciento de la demanda real en lo que va de su gobierno o, lo que es lo mismo, que seis de cada 10 mexicanos que por primera vez se incorporaron al mercado laboral en busca de un empleo se quedaron con las ganas, es decir, en la desocupación.
El tercer elemento tampoco ayuda (“… economía competitiva, fuerte y en crecimiento…”). Cuando se aposentó en Los Pinos, México ocupaba el escalón número 49 a nivel internacional en lo referente a competitividad; un año después en el 52, mientras en materia de “crecimiento” económico las cosas han ido de mal en peor. En 2007 el “incremento” real del producto interno bruto resultó 33 por ciento inferior al registrado en 2006, y para 2008, en el mejor de los casos, será 15 por ciento menor al del año previo.
Ya picado, subrayó “la confianza que hay en México”, la cual “ha permitido que aumente la inversión del mundo en nuestro país, que es una inversión, además, que genera empleos y que el año pasado alcanzó una cifra récord de casi 25 mil millones de dólares”. Pues bien, todo indica que “la confianza” se ha reducido sustancialmente, toda vez que un par de días atrás la Secretaría de Economía, con otro de los cuates de Calderón despachando en la oficina principal, no tuvo más remedio que reconocer que en este renglón la inversión extranjera directa se desplomó 20 por ciento en el primer semestre de 2008.
No podía faltar el eslogan oficial de moda, con un sic cortesía de Los Pinos: “la inflación que mide el aumento de precios en México es la más baja en nuestro país en todo el continente americano, salvo el caso de Canadá, y desde luego es la más baja de todos los países de América Latina”. Ya el Banco de México había advertido que en 2008 este indicador duplicará la meta del gobierno calderonista, de tal suerte que no tiene mucho qué presumir en este renglón.
A pesar de todo, no hay por qué alarmarse, porque lo anterior no es un problema para los mexicanos, sino para aquellos que viven allende nuestras fronteras. Ya lo explicó el inquilino de Los Pinos: “desafortunadamente, este último año México ha enfrentado uno de los peores ambientes económicos internacionales. Hacía muchos años que no sufríamos, al mismo tiempo, recesión e inflación internacional, que son los dos peores males de cualquier economía… Los problemas económicos internacionales que ahora enfrentamos son transitorios a final de cuentas, van a quedar atrás; pero lo que van a permanecer son los cambios de fondo que le estamos haciendo a la economía. Al final de esta coyuntura (que ya suma 26 años) difícil tendremos una economía más fuerte, más sólida, que crecerá más rápido y generará más empleos”.
Que se preocupen los envidiosos que no viven en este heroico país de la “continuidad”, porque para los que aquí sobreviven el inquilino de Los Pinos –según su atinada y convincente cápsula– realiza “grandes esfuerzos para que no se afecte la economía de las familias más pobres; pero no sólo estamos trabajando para superar esta coyuntura adversa, también estamos decididos a transformar a nuestro país con una visión de largo plazo”.
En fin, que los logros virtuales de Calderón tienden a superar a los de su predecesor y ahora “estratega” Vicente Fox. Y si alguien encuentra los “cambios de fondo que le estamos haciendo a la economía”, favor de reportarlo a Locatel.
Las rebanadas del pastel
De la lectoría, sobre el PIB por habitante: “si calculamos los ingresos mensuales del ingeniero Slim obtenemos que equivalen a los de un millón 299 mil mexicanos que ganen cinco salarios mínimos mensuales o a 900 mil que ganen siete. Cuando se comparan los ingresos per cápita de Suecia, Noruega, Japón, Corea, entonces sí se tiene muchísimo menor dispersión de los datos, lo cual es lógico, ¿alguien sabe qué ciudadano de esos países está entre los primeros diez más ricos del mundo? Ahí si existe democracia, la cual comienza con la distribución de la riqueza. Así podemos ir calculando a cuántos mexicanos arrastran los millonarios ingresos de las principales familias del país, con lo que logramos ese fabuloso ingreso de 11 mil dólares per cápita anual” (Félix Morales, flmc02@gmail.com).
jueves, 28 de agosto de 2008
Boletín # 61
El próximo domingo 31 de agosto, en punto de las once de la mañana, celebraremos una reunión en el Teatro Fernando Calderón de la ciudad de Zacatecas.
El propósito de dicho evento es el de conocer el plan de acción de la siguiente fase en la lucha por la defensa del petróleo.
También será la ocasión para que los organizadores de la consulta ciudadana hagan entrega del acta de resultados.
En diversas cabeceras municipales de la entidad se realizarán actos similares.
Una vez que ya acreditamos que tenemos propuesta para la industria petrolera, intensificaremos los esfuerzos para mantener la actitud de alerta ante cualquier intentona de ignorar a la gran cantidad de mexicanos que de diversas formas hemos dado un contundente ¡No! a la pretensión privatizadora.
Reiteramos la invitación a todos al Teatro Calderón el domingo 31 de agosto en punto de las once de la mañana.
Zacatecas, Zac. 28 de agosto de 2008
Consejo Zacatecano para la Defensa del Petróleo
El propósito de dicho evento es el de conocer el plan de acción de la siguiente fase en la lucha por la defensa del petróleo.
También será la ocasión para que los organizadores de la consulta ciudadana hagan entrega del acta de resultados.
En diversas cabeceras municipales de la entidad se realizarán actos similares.
Una vez que ya acreditamos que tenemos propuesta para la industria petrolera, intensificaremos los esfuerzos para mantener la actitud de alerta ante cualquier intentona de ignorar a la gran cantidad de mexicanos que de diversas formas hemos dado un contundente ¡No! a la pretensión privatizadora.
Reiteramos la invitación a todos al Teatro Calderón el domingo 31 de agosto en punto de las once de la mañana.
Zacatecas, Zac. 28 de agosto de 2008
Consejo Zacatecano para la Defensa del Petróleo
Opinión de Jorge Eduardo Navarrete en La Jornada
La iniciativa ciudadana
Como se sabe, esta semana llegó al Senado de la República, llevada por legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP), la iniciativa ciudadana de reforma petrolera. Se ha destacado el hecho, al que es difícil hallarle precedentes, de que fue elaborada por un grupo plural, diverso, interdisciplinario, convocado por las fracciones parlamentarias del FAP y por el Movimiento de Defensa del Petróleo. Ese grupo, entre cuyos integrantes se encontraron muchos de los convidados al debate energético del Senado de la República, elaboró varios documentos.
Las siguientes reflexiones aluden a dos de ellos: el planteamiento sobre la necesidad de elaborar una política de Estado en materia de energía, con amplia visión prospectiva, que hace las veces de exposición de motivos de las iniciativas de reforma de diversas leyes, y las iniciativas mismas, en especial las relativas a reformas a la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo y a una nueva Ley Orgánica para Petróleos Mexicanos. El debate sobre la reforma petrolera se verá enriquecido y podrá orientarse hacia nuevos derroteros, esta vez congruentes con los intereses y demandas del desarrollo nacional, en virtud de tener sobre la mesa los contenidos de esta iniciativa ciudadana.
Quizá el señalamiento más repetido en los foros del Senado fue el relativo a la necesidad de rescatar a Pemex de las tenazas que lo ahogan, constituidas por el expolio fiscal, que lo priva de recursos superiores a la renta petrolera que genera; el laberinto de regulaciones y controles, diseñado para empresas paraestatales que han dejado de existir, y la maraña de modus vivendi corruptos en que lo han enredado el sindicato y algunos de los contratistas privados que, a menudo en forma ilegal, participan en sus actividades sustantivas.
Se consideró que la autonomía presupuestal y de gestión constituía el instrumento adecuado para romper esas tenazas y extraer al organismo de la debacle operativa. Así lo entiende la iniciativa ciudadana. A diferencia de las otras, sin embargo, no propone para Pemex un régimen de excepción que lo coloque por encima de todo mecanismo de vigilancia y control, excepto aquellos de los que él se dote. Esa excepcionalidad puede resultar, junto con un régimen laxo de contrataciones de obras y servicios, el vehículo para convertirlo en un proveedor de contratos y permisos de los que tome ventaja toda clase de actores privados, nacionales y foráneos. Hay ejemplos recientes de este tipo de abusos.
La autonomía de gestión que prevé la iniciativa ciudadana se define con rigor y claridad: es la facultad de que se dota al organismo para “operar con fundamento en criterios técnicos, económicos, estratégicos, ambientales y de seguridad, de conformidad con la legislación aplicable y los lineamientos del Programa Nacional de Energía”. Se trata de una autonomía de gestión que debe expresarse en resultados relacionados con seguridad energética, mejoramiento de la productividad, restitución de reservas, reducción de impactos ambientales, fomento del ahorro y la eficiencia en el uso de la energía y promoción del desarrollo científico y tecnológico nacionales.
La autonomía presupuestaria, por su parte, se concibe como la facultad del organismo para elaborar su propio presupuesto, el que deberá ser incluido, “en rubros por separado y sin que se establezca relación con el balance ingresos-egresos federales”, en los proyectos de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos de la Federación. En otras palabras, la prioridad en el uso de los recursos generados por Pemex no será más cubrir los faltantes recaudatorios o financiar los déficit del gobierno federal, sino asegurar la sana operación, expansión y desarrollo de la industria petrolera nacional.
La iniciativa ciudadana prevé, naturalmente, que Pemex acuda a la contratación de obras y servicios con particulares, dando preferencia, en igualdad de circunstancias, a los nacionales. Establece, desde la Ley Reglamentaria misma, un requisito que tornará imposible comprometer a trasmano participaciones en la propiedad del recurso o en la renta derivada de su extracción, la renta petrolera.
Además de fijar que ningún contrato podrá otorgar porcentajes en los productos y participación en los resultados de las explotaciones, preceptúa que tampoco podrá convenirse el pago en efectivo del equivalente a esos porcentajes o participaciones. Esta disposición aleja en definitiva el peligro de que, bajo figuras como la de contratos incentivados, se lleguen a establecer los contratos de riesgo. Es la única de las propuestas que ofrece esta garantía.
No elimina, por no ser prudente hacerlo, la posibilidad de que, por verdadera excepción, algunos contratos puedan ser adjudicados por invitación restringida o de manera directa. Empero, tratándose de actividades de exploración y desarrollo o de construcción de instalaciones industriales, de transporte y almacenamiento, se requerirá la autorización específica del Consejo de Administración, la opinión de la Secretaría de la Función Pública y será necesario informar a la Cámara de Diputados. Así, en lugar de abrir la puerta para que prácticamente todos los contratos importantes se adjudiquen por estos procedimientos, se establecen requisitos que estimularán acudir a las licitaciones y, en los hechos, cerrarán la puerta a un cúmulo de prácticas corruptas.
Sólo me he referido a un aspecto, de particular relevancia, de los muchos en los que la iniciativa ciudadana resulta una opción claramente preferible a las otras que serán examinadas por el Congreso. Quizá se considere ingenuo concluir manifestando la esperanza de que, en su procesamiento legislativo, como ahora se dice, se atienda más a los méritos intrínsecos de las iniciativas que a su origen político. Si éste fuera el criterio rector de las negociaciones en el Congreso, muchos aspectos de la iniciativa ciudadana quedarían consagrados en las leyes que eventualmente se aprueben.
Como se sabe, esta semana llegó al Senado de la República, llevada por legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP), la iniciativa ciudadana de reforma petrolera. Se ha destacado el hecho, al que es difícil hallarle precedentes, de que fue elaborada por un grupo plural, diverso, interdisciplinario, convocado por las fracciones parlamentarias del FAP y por el Movimiento de Defensa del Petróleo. Ese grupo, entre cuyos integrantes se encontraron muchos de los convidados al debate energético del Senado de la República, elaboró varios documentos.
Las siguientes reflexiones aluden a dos de ellos: el planteamiento sobre la necesidad de elaborar una política de Estado en materia de energía, con amplia visión prospectiva, que hace las veces de exposición de motivos de las iniciativas de reforma de diversas leyes, y las iniciativas mismas, en especial las relativas a reformas a la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo y a una nueva Ley Orgánica para Petróleos Mexicanos. El debate sobre la reforma petrolera se verá enriquecido y podrá orientarse hacia nuevos derroteros, esta vez congruentes con los intereses y demandas del desarrollo nacional, en virtud de tener sobre la mesa los contenidos de esta iniciativa ciudadana.
Quizá el señalamiento más repetido en los foros del Senado fue el relativo a la necesidad de rescatar a Pemex de las tenazas que lo ahogan, constituidas por el expolio fiscal, que lo priva de recursos superiores a la renta petrolera que genera; el laberinto de regulaciones y controles, diseñado para empresas paraestatales que han dejado de existir, y la maraña de modus vivendi corruptos en que lo han enredado el sindicato y algunos de los contratistas privados que, a menudo en forma ilegal, participan en sus actividades sustantivas.
Se consideró que la autonomía presupuestal y de gestión constituía el instrumento adecuado para romper esas tenazas y extraer al organismo de la debacle operativa. Así lo entiende la iniciativa ciudadana. A diferencia de las otras, sin embargo, no propone para Pemex un régimen de excepción que lo coloque por encima de todo mecanismo de vigilancia y control, excepto aquellos de los que él se dote. Esa excepcionalidad puede resultar, junto con un régimen laxo de contrataciones de obras y servicios, el vehículo para convertirlo en un proveedor de contratos y permisos de los que tome ventaja toda clase de actores privados, nacionales y foráneos. Hay ejemplos recientes de este tipo de abusos.
La autonomía de gestión que prevé la iniciativa ciudadana se define con rigor y claridad: es la facultad de que se dota al organismo para “operar con fundamento en criterios técnicos, económicos, estratégicos, ambientales y de seguridad, de conformidad con la legislación aplicable y los lineamientos del Programa Nacional de Energía”. Se trata de una autonomía de gestión que debe expresarse en resultados relacionados con seguridad energética, mejoramiento de la productividad, restitución de reservas, reducción de impactos ambientales, fomento del ahorro y la eficiencia en el uso de la energía y promoción del desarrollo científico y tecnológico nacionales.
La autonomía presupuestaria, por su parte, se concibe como la facultad del organismo para elaborar su propio presupuesto, el que deberá ser incluido, “en rubros por separado y sin que se establezca relación con el balance ingresos-egresos federales”, en los proyectos de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos de la Federación. En otras palabras, la prioridad en el uso de los recursos generados por Pemex no será más cubrir los faltantes recaudatorios o financiar los déficit del gobierno federal, sino asegurar la sana operación, expansión y desarrollo de la industria petrolera nacional.
La iniciativa ciudadana prevé, naturalmente, que Pemex acuda a la contratación de obras y servicios con particulares, dando preferencia, en igualdad de circunstancias, a los nacionales. Establece, desde la Ley Reglamentaria misma, un requisito que tornará imposible comprometer a trasmano participaciones en la propiedad del recurso o en la renta derivada de su extracción, la renta petrolera.
Además de fijar que ningún contrato podrá otorgar porcentajes en los productos y participación en los resultados de las explotaciones, preceptúa que tampoco podrá convenirse el pago en efectivo del equivalente a esos porcentajes o participaciones. Esta disposición aleja en definitiva el peligro de que, bajo figuras como la de contratos incentivados, se lleguen a establecer los contratos de riesgo. Es la única de las propuestas que ofrece esta garantía.
No elimina, por no ser prudente hacerlo, la posibilidad de que, por verdadera excepción, algunos contratos puedan ser adjudicados por invitación restringida o de manera directa. Empero, tratándose de actividades de exploración y desarrollo o de construcción de instalaciones industriales, de transporte y almacenamiento, se requerirá la autorización específica del Consejo de Administración, la opinión de la Secretaría de la Función Pública y será necesario informar a la Cámara de Diputados. Así, en lugar de abrir la puerta para que prácticamente todos los contratos importantes se adjudiquen por estos procedimientos, se establecen requisitos que estimularán acudir a las licitaciones y, en los hechos, cerrarán la puerta a un cúmulo de prácticas corruptas.
Sólo me he referido a un aspecto, de particular relevancia, de los muchos en los que la iniciativa ciudadana resulta una opción claramente preferible a las otras que serán examinadas por el Congreso. Quizá se considere ingenuo concluir manifestando la esperanza de que, en su procesamiento legislativo, como ahora se dice, se atienda más a los méritos intrínsecos de las iniciativas que a su origen político. Si éste fuera el criterio rector de las negociaciones en el Congreso, muchos aspectos de la iniciativa ciudadana quedarían consagrados en las leyes que eventualmente se aprueben.
Opinión de Adolfo Sánchez Rebolledo en La Jornada
Hay propuesta
Por mucho que se esfuercen sus autores, lo cierto es que fuera de las propuestas del Ejecutivo, sobre la mesa del Congreso sólo existen dos conjuntos de iniciativas: las que mandó el gobierno (corregidas por el PRI) y las que fueron elaboradas y discutidas por un amplio conjunto de expertos, legisladores y políticos, invitados o pertenecientes al Frente Amplio Progresista (FAP).
Es muy importante destacar, justamente, el carácter plural y multidisciplinario del grupo que trabajó en ellas porque, además de eludir el sesgo partidista, demuestra la existencia de, digámoslo así, una capacidad instalada en sabiduría específica que sencillamente las autoridades no tomaron en cuenta.
Hoy los temas y los problemas de la mayor industria del país se conocen mejor que nunca y, gracias al debate y la persistencia de algunos (a la necesidad de introducir la reflexión en torno al marco constitucional —que la iniciativa original había escamoteado para facilitar la privatización silenciosa—), la sociedad ha vuelto a reflexionar sobre la naturaleza del “interés nacional” y las alternativas realmente existentes en el mundo global.
Lamentablemente, el gobierno no parece dispuesto a abandonar su idea de vender a cualquier precio una mercancía que ahora se sabe está defectuosa. En lugar de retirar su propuesta para darle seriedad a sus planteamientos, sigue imaginando un escenario en el cual pueda alzarse con una apretada mayoría, sin entender, por lo visto, el retroceso que esto significaría aquí y ahora.
Están ciegos, pues nada afectaría tanto nuestro desarrollo como la aprobación al vapor de leyes de cuya valía ni siquiera sus impulsores están debidamente convencidos (recuérdense los lamentos sobre la reforma necesaria y la posible, pergeñados por algunos liberales desengañados porque no se instaló la venta de garaje). Obviamente, al PRI, como partido, le corresponderá en buena medida la decisión y por ella será juzgado. Lamentable sería que el heredero del PRM le diera la puntilla a la nacionalización del petróleo, pero en este mundo posmoderno todo puede suceder.
Se repite que entre las distintas propuestas hay numerosos puntos de coincidencia. Y así es. Sobre ellos podrán trabajar las comisiones respectivas, siempre y cuando se entienda que la transformación radical de Pemex es inaceptable si se parte de su anticonstitucional privatización. “Somos opuestos al desmembramiento de la paraestatal, a la reducción de sus áreas de actividad, a la pulverización de sus acciones, a su privatización, así sea parcial, independientemente de la forma o designación que se le quiera dar”, se refiere en el documento del FAP.
A muchos les parece principismo puro la fidelidad a la Constitución, pero mientras ésta no cambie ningún legislador podrá obrar sin respetarla. Más aún: la reflexión en torno a los principios constitucionales se convierte en la piedra de toque, en una posibilidad más que teórica para poner en pie una nueva estrategia de desarrollo.
Un aspecto de singular importancia, que en los esquemas oficiales parece no ser tan importante, es el que se refiere a la necesidad de pensar la reforma de Pemex como parte integral de una genuina reforma energética, de modo que se puedan pensar los proyectos en función de su desarrollo y no sólo, como ocurre hoy, en virtud de la dependencia fiscal del Estado a las actividades de la industria petrolera. En este punto está, evidentemente, una de las claves de los cambios que son necesarios y ante los cuales el establecimiento político y financiero se muestra más reacio. Sin una visión de Estado de largo plazo, México corre el riego de dilapidar sus recursos sin garantizar la seguridad energética, tema capital si los hay. Ojalá y los legisladores, sobre todo algunos panistas, pudieran dejar a un lado su impaciencia, la fe en el mercado (muy de capa caída) y la mitología de los “tesoros ocultos” y se pusieran, no como pide Reyes Heroles, a seleccionar “lo mejor” de cada iniciativa, sino a pensar en un planteamiento que recupere para México la iniciativa histórica en materia energética. Un buen comienzo sería aceptar que el gobierno no puede seguir perdiendo el tiempo hablándole al oído a las trasnacionales petroleras y sí tiene al alcance de la mano la posibilidad de aceptar cambios aquí y ahora en el funcionamiento de Pemex, sin esperar a la conclusión del proceso legislativo que para culminar bien debe trabajar con cuidado.
Esa discusión puede iniciarse de inmediato y ya existe un planteamiento elaborado con ese fin. Si la preocupación por la situación de Pemex es tanta como afirma el director de la paraestatal, ¿por qué no comenzar por tomar las medidas que no requieren reformas?
PD: El Presidente dice que en materia de seguridad “todos somos responsables”. No es así. La autoridad tiene una responsabilidad única e intransferible.
Por mucho que se esfuercen sus autores, lo cierto es que fuera de las propuestas del Ejecutivo, sobre la mesa del Congreso sólo existen dos conjuntos de iniciativas: las que mandó el gobierno (corregidas por el PRI) y las que fueron elaboradas y discutidas por un amplio conjunto de expertos, legisladores y políticos, invitados o pertenecientes al Frente Amplio Progresista (FAP).
Es muy importante destacar, justamente, el carácter plural y multidisciplinario del grupo que trabajó en ellas porque, además de eludir el sesgo partidista, demuestra la existencia de, digámoslo así, una capacidad instalada en sabiduría específica que sencillamente las autoridades no tomaron en cuenta.
Hoy los temas y los problemas de la mayor industria del país se conocen mejor que nunca y, gracias al debate y la persistencia de algunos (a la necesidad de introducir la reflexión en torno al marco constitucional —que la iniciativa original había escamoteado para facilitar la privatización silenciosa—), la sociedad ha vuelto a reflexionar sobre la naturaleza del “interés nacional” y las alternativas realmente existentes en el mundo global.
Lamentablemente, el gobierno no parece dispuesto a abandonar su idea de vender a cualquier precio una mercancía que ahora se sabe está defectuosa. En lugar de retirar su propuesta para darle seriedad a sus planteamientos, sigue imaginando un escenario en el cual pueda alzarse con una apretada mayoría, sin entender, por lo visto, el retroceso que esto significaría aquí y ahora.
Están ciegos, pues nada afectaría tanto nuestro desarrollo como la aprobación al vapor de leyes de cuya valía ni siquiera sus impulsores están debidamente convencidos (recuérdense los lamentos sobre la reforma necesaria y la posible, pergeñados por algunos liberales desengañados porque no se instaló la venta de garaje). Obviamente, al PRI, como partido, le corresponderá en buena medida la decisión y por ella será juzgado. Lamentable sería que el heredero del PRM le diera la puntilla a la nacionalización del petróleo, pero en este mundo posmoderno todo puede suceder.
Se repite que entre las distintas propuestas hay numerosos puntos de coincidencia. Y así es. Sobre ellos podrán trabajar las comisiones respectivas, siempre y cuando se entienda que la transformación radical de Pemex es inaceptable si se parte de su anticonstitucional privatización. “Somos opuestos al desmembramiento de la paraestatal, a la reducción de sus áreas de actividad, a la pulverización de sus acciones, a su privatización, así sea parcial, independientemente de la forma o designación que se le quiera dar”, se refiere en el documento del FAP.
A muchos les parece principismo puro la fidelidad a la Constitución, pero mientras ésta no cambie ningún legislador podrá obrar sin respetarla. Más aún: la reflexión en torno a los principios constitucionales se convierte en la piedra de toque, en una posibilidad más que teórica para poner en pie una nueva estrategia de desarrollo.
Un aspecto de singular importancia, que en los esquemas oficiales parece no ser tan importante, es el que se refiere a la necesidad de pensar la reforma de Pemex como parte integral de una genuina reforma energética, de modo que se puedan pensar los proyectos en función de su desarrollo y no sólo, como ocurre hoy, en virtud de la dependencia fiscal del Estado a las actividades de la industria petrolera. En este punto está, evidentemente, una de las claves de los cambios que son necesarios y ante los cuales el establecimiento político y financiero se muestra más reacio. Sin una visión de Estado de largo plazo, México corre el riego de dilapidar sus recursos sin garantizar la seguridad energética, tema capital si los hay. Ojalá y los legisladores, sobre todo algunos panistas, pudieran dejar a un lado su impaciencia, la fe en el mercado (muy de capa caída) y la mitología de los “tesoros ocultos” y se pusieran, no como pide Reyes Heroles, a seleccionar “lo mejor” de cada iniciativa, sino a pensar en un planteamiento que recupere para México la iniciativa histórica en materia energética. Un buen comienzo sería aceptar que el gobierno no puede seguir perdiendo el tiempo hablándole al oído a las trasnacionales petroleras y sí tiene al alcance de la mano la posibilidad de aceptar cambios aquí y ahora en el funcionamiento de Pemex, sin esperar a la conclusión del proceso legislativo que para culminar bien debe trabajar con cuidado.
Esa discusión puede iniciarse de inmediato y ya existe un planteamiento elaborado con ese fin. Si la preocupación por la situación de Pemex es tanta como afirma el director de la paraestatal, ¿por qué no comenzar por tomar las medidas que no requieren reformas?
PD: El Presidente dice que en materia de seguridad “todos somos responsables”. No es así. La autoridad tiene una responsabilidad única e intransferible.
miércoles, 27 de agosto de 2008
México S.A.
Carlos Ferández-Vega
La Jornada, 27 de agosto 2008
■ El cuentacuentos estrena temporada
■ Abre con la fábula de la seguridad
Amiguitos de la tele: el cuentacuentos que te habla de tú decidió deleitarlos con una nueva tanda de jácaras, en ocasión de lo que él llama “segundo Informe de gobierno”. Si bien los resultados son del dominio público, Felipe Calderón promete una presentación más versátil y atractiva, aunque igual de repetitiva, pues incluye los más recientes acontecimientos, pifias, discursos y promesas incumplidas de la farándula de la “continuidad”.
El inquilino de Los Pinos (“te hablaré en los próximos días de los temas más importantes de la vida del país”) estrenó temporada la noche del pasado lunes con la fábula de la seguridad, cuyo capítulo inmediato anterior (febrero 2008) incluyó aquel jocoso cuan ya célebre dicho de “le hemos pegado fuerte a la criminalidad y lo seguiremos haciendo; le estamos metiendo muchos goles a la criminalidad en México”, es decir, la misma “goliza” que en su propia portería e indiscriminadamente le ha metido, en sólo 20 meses, al empleo, al crecimiento económico, al bienestar de los mexicanos, al poder de compra de los salarios, a la corrupción, al estado de derecho, a la impunidad y a todos los demás etcéteras.
La fábula calderonista de la seguridad comienza así: “en México están ocurriendo muchos cambios…el propósito es informarte sobre la situación y rumbo de México, y también sobre lo que estamos haciendo para que tú y tu familia puedan vivir mejor. Sé que México enfrenta un gran problema de seguridad. Este es un cáncer que se ha venido incubando durante años y al que no se le dio la debida atención, pero es un cáncer que vamos a erradicar. Todos somos responsables (víctimas incluidas)… Desde el primer día la seguridad ha sido la más alta prioridad de mi gobierno (también el empleo)… Estamos completamente decididos a recuperar la seguridad, la autoridad y el orden en las calles y plazas del país… Todos los recursos del Estado para lograrlo… No descansaremos hasta que tú te sientas seguro en la ciudad en que vives… Estamos también apostando por limpiar, depurar y profesionalizar los cuerpos policiacos, porque no hay nada que agravie más a los ciudadanos que la corrupción (y los discursos, más las promesas incumplidas)… Estamos golpeando duro a la delincuencia y afectando severamente sus intereses y estructuras financieras y operativas… Hemos golpeado a las bandas criminales… Sé que hay gran preocupación de los ciudadanos… Ahora sí estamos enfrentando en serio a la delincuencia y no la vamos a dejar pasar… Finalmente, ya nos estamos poniendo de acuerdo”.
De lunes a viernes de la presente semana, hablándole de tú, para que se sienta más a gusto, el ocurrente cuentacuentos seguirá haciendo reír a la audiencia con las “golizas” que la “continuidad” ha metido en infraestructura, política social y económica, salud y educación. El rating está garantizado, como en ocasiones previas.
Por ejemplo, el mismo cuentacuentos por estas fechas, pero de 2007, dijo que si el Legislativo le palomeaba lo que él llamó “reforma fiscal”, el “crecimiento” económico del país alcanzaría proporciones inimaginables (de 3.5 por ciento sin “reforma” a 3.7 por ciento con “reforma” en 2008) y que si se la aprobaba, como lo hizo, su gobierno garantizaba (el cuento calderonista de la lechera), entre otras muchas cosas, mayor generación de empleo; incremento de la inversión nacional y extranjera; pagar la deuda social; distribuir la riqueza y el ingreso; fomentar las exportaciones; finanzas públicas mucho menos dependientes de los recursos petroleros; combatir la pobreza; justicia social; desarrollo; infraestructura social, económica, de comunicaciones, salud, educación, drenaje, agua potable; competitividad y productividad; recursos suficientes para escuelas y hospitales; acabar con los privilegios en el sistema tributario; fondos adicionales para todos los estados de la República; tarifas eléctricas más justas para la población y más competitivas para la industria; supercarreteras; servicios más elementales para la población; disminuir la brecha de la desigualdad; superar lacerantes rezagos; liberar recursos públicos para programas sociales; construir un México más justo, un México mejor; solidaridad entre las mexicanas y los mexicanos; trabajar en favor de los que menos tienen; transformar sustancialmente la lucha contra la pobreza y la desigualdad; acelerar el paso en el compromiso que todos tenemos por la justicia, porque no hay calidad sin justicia; disminuir las diferencias que separan a México; cerrar de una vez la brecha de México con ese México agraviado, con ese México olvidado, con ese México de la pobreza que marca toda la geografía nacional; construir el México unido que todos queremos; transparencia y eficiencia en el gasto público y, desde luego, el “histórico” gasto destinado al campo, más lo que se acumule en el discurso.
Un año después es notoria la “goliza” del cuento calderonista de la lechera, pero en la propia portería, y el prometido “crecimiento” económico de proporciones inimaginables es igual de raquítico que siempre, en vías de empeorar. Con la voz quebrada, el gobierno calderonista venía defendiendo un famélico “crecimiento” de 2.8 por ciento para el presente ejercicio… hasta ayer, porque el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, ya dijo que el escenario económico mundial es más complicado de lo previsto; que la crisis financiera es más amplia de lo esperado; que el país tendrá que vivir con un panorama complicado, en donde Estados Unidos se reactivaría, en el mejor de los casos, a mediados de 2009; que la estimación de “crecimiento” interno de plano “no se va a poder cumplir”; que la dependencia a su cargo “está en proceso” de revisar (se supone que a la baja) el pronóstico para 2008, y que, en síntesis, el “catarrito” económico por él diagnosticado en febrero pasado, más que un cuento, fue un chiste bastante cruel.
Las rebanadas del pastel
No todo es negro ni hay que preocuparse. No, porque ya llegó, ya está aquí, el mismísimo Eduardo Sojo, otro cuentacuentos y ahora maquillador oficial de cifras nacionales, quien ayer fue palomeado por la Comisión Permanente para sentarse en la Presidencia del Inegi. La clase política es tan desalmada, que le hizo la barrabasada al Instituto. Eso sí, a partir de ahora, en México empleo a manos llenas, crecimiento a velocidad match tres y bienestar social para regalar… Vade retro: el diputado panista Juan José Rodríguez Prats corre el riesgo de ser excomulgado, porque un pecado mortal ha sido por él calificado como “derecho masturbatorio”, en referencia a la iniciativa del FAP para reformar a Pemex. ¡Que la Iglesia católica le revise las palmas de las manos al legislador! (¿sabrá qué es masturbarse?)
La Jornada, 27 de agosto 2008
■ El cuentacuentos estrena temporada
■ Abre con la fábula de la seguridad
Amiguitos de la tele: el cuentacuentos que te habla de tú decidió deleitarlos con una nueva tanda de jácaras, en ocasión de lo que él llama “segundo Informe de gobierno”. Si bien los resultados son del dominio público, Felipe Calderón promete una presentación más versátil y atractiva, aunque igual de repetitiva, pues incluye los más recientes acontecimientos, pifias, discursos y promesas incumplidas de la farándula de la “continuidad”.
El inquilino de Los Pinos (“te hablaré en los próximos días de los temas más importantes de la vida del país”) estrenó temporada la noche del pasado lunes con la fábula de la seguridad, cuyo capítulo inmediato anterior (febrero 2008) incluyó aquel jocoso cuan ya célebre dicho de “le hemos pegado fuerte a la criminalidad y lo seguiremos haciendo; le estamos metiendo muchos goles a la criminalidad en México”, es decir, la misma “goliza” que en su propia portería e indiscriminadamente le ha metido, en sólo 20 meses, al empleo, al crecimiento económico, al bienestar de los mexicanos, al poder de compra de los salarios, a la corrupción, al estado de derecho, a la impunidad y a todos los demás etcéteras.
La fábula calderonista de la seguridad comienza así: “en México están ocurriendo muchos cambios…el propósito es informarte sobre la situación y rumbo de México, y también sobre lo que estamos haciendo para que tú y tu familia puedan vivir mejor. Sé que México enfrenta un gran problema de seguridad. Este es un cáncer que se ha venido incubando durante años y al que no se le dio la debida atención, pero es un cáncer que vamos a erradicar. Todos somos responsables (víctimas incluidas)… Desde el primer día la seguridad ha sido la más alta prioridad de mi gobierno (también el empleo)… Estamos completamente decididos a recuperar la seguridad, la autoridad y el orden en las calles y plazas del país… Todos los recursos del Estado para lograrlo… No descansaremos hasta que tú te sientas seguro en la ciudad en que vives… Estamos también apostando por limpiar, depurar y profesionalizar los cuerpos policiacos, porque no hay nada que agravie más a los ciudadanos que la corrupción (y los discursos, más las promesas incumplidas)… Estamos golpeando duro a la delincuencia y afectando severamente sus intereses y estructuras financieras y operativas… Hemos golpeado a las bandas criminales… Sé que hay gran preocupación de los ciudadanos… Ahora sí estamos enfrentando en serio a la delincuencia y no la vamos a dejar pasar… Finalmente, ya nos estamos poniendo de acuerdo”.
De lunes a viernes de la presente semana, hablándole de tú, para que se sienta más a gusto, el ocurrente cuentacuentos seguirá haciendo reír a la audiencia con las “golizas” que la “continuidad” ha metido en infraestructura, política social y económica, salud y educación. El rating está garantizado, como en ocasiones previas.
Por ejemplo, el mismo cuentacuentos por estas fechas, pero de 2007, dijo que si el Legislativo le palomeaba lo que él llamó “reforma fiscal”, el “crecimiento” económico del país alcanzaría proporciones inimaginables (de 3.5 por ciento sin “reforma” a 3.7 por ciento con “reforma” en 2008) y que si se la aprobaba, como lo hizo, su gobierno garantizaba (el cuento calderonista de la lechera), entre otras muchas cosas, mayor generación de empleo; incremento de la inversión nacional y extranjera; pagar la deuda social; distribuir la riqueza y el ingreso; fomentar las exportaciones; finanzas públicas mucho menos dependientes de los recursos petroleros; combatir la pobreza; justicia social; desarrollo; infraestructura social, económica, de comunicaciones, salud, educación, drenaje, agua potable; competitividad y productividad; recursos suficientes para escuelas y hospitales; acabar con los privilegios en el sistema tributario; fondos adicionales para todos los estados de la República; tarifas eléctricas más justas para la población y más competitivas para la industria; supercarreteras; servicios más elementales para la población; disminuir la brecha de la desigualdad; superar lacerantes rezagos; liberar recursos públicos para programas sociales; construir un México más justo, un México mejor; solidaridad entre las mexicanas y los mexicanos; trabajar en favor de los que menos tienen; transformar sustancialmente la lucha contra la pobreza y la desigualdad; acelerar el paso en el compromiso que todos tenemos por la justicia, porque no hay calidad sin justicia; disminuir las diferencias que separan a México; cerrar de una vez la brecha de México con ese México agraviado, con ese México olvidado, con ese México de la pobreza que marca toda la geografía nacional; construir el México unido que todos queremos; transparencia y eficiencia en el gasto público y, desde luego, el “histórico” gasto destinado al campo, más lo que se acumule en el discurso.
Un año después es notoria la “goliza” del cuento calderonista de la lechera, pero en la propia portería, y el prometido “crecimiento” económico de proporciones inimaginables es igual de raquítico que siempre, en vías de empeorar. Con la voz quebrada, el gobierno calderonista venía defendiendo un famélico “crecimiento” de 2.8 por ciento para el presente ejercicio… hasta ayer, porque el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, ya dijo que el escenario económico mundial es más complicado de lo previsto; que la crisis financiera es más amplia de lo esperado; que el país tendrá que vivir con un panorama complicado, en donde Estados Unidos se reactivaría, en el mejor de los casos, a mediados de 2009; que la estimación de “crecimiento” interno de plano “no se va a poder cumplir”; que la dependencia a su cargo “está en proceso” de revisar (se supone que a la baja) el pronóstico para 2008, y que, en síntesis, el “catarrito” económico por él diagnosticado en febrero pasado, más que un cuento, fue un chiste bastante cruel.
Las rebanadas del pastel
No todo es negro ni hay que preocuparse. No, porque ya llegó, ya está aquí, el mismísimo Eduardo Sojo, otro cuentacuentos y ahora maquillador oficial de cifras nacionales, quien ayer fue palomeado por la Comisión Permanente para sentarse en la Presidencia del Inegi. La clase política es tan desalmada, que le hizo la barrabasada al Instituto. Eso sí, a partir de ahora, en México empleo a manos llenas, crecimiento a velocidad match tres y bienestar social para regalar… Vade retro: el diputado panista Juan José Rodríguez Prats corre el riesgo de ser excomulgado, porque un pecado mortal ha sido por él calificado como “derecho masturbatorio”, en referencia a la iniciativa del FAP para reformar a Pemex. ¡Que la Iglesia católica le revise las palmas de las manos al legislador! (¿sabrá qué es masturbarse?)
Opinión de José Steinsleger en La Jornada (muy interesante y aplicable en cualquier país)
Rendon Group en Venzuela
El propósito fundamental de Washington en los países de la subregión andina apunta a la reconquista de los mercados perdidos, y el control de las materias primas a través de tratados de “libre comercio” (sic). Para ello recurre a la llamada “guerra de cuarta generación” (comunicacional) y equipos como el Rendon Group (RG), empresa especializada en propaganda sucia y en la “idoneidad informativa” de los medios privados que se presten a servir de caja de resonancia a la política imperial.
Los mensajes “idóneos” en los medios que se dicen “plurales”, “independientes” y guardianes de la “libertad de expresión” deben ser paradójicos y monocordes: en Colombia y el extranjero deben lavar la imagen criminal del impresentable Álvaro Uribe Vélez, y en Venezuela, Ecuador y Bolivia hay que desacreditar a los presidentes Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales. En la cruzada desinformativa participan las cadenas CNN, FOX, CBS, ABC-News, Univisión,Televisa, Tv Azteca, TV Globo, Venevisión, el grupo español Prisa, los diarios de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el grupo Clarín de Buenos Aires y “opinólogos” de variado pelaje ideológico, prestigio y talento profesional.
Simultáneamente, en Paraguay, Nicaragua, Perú, Argentina, RG monitorea a las organizaciones no gubernamentales (ONG) financiadas por el fondo Nacional por la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), y el de agencias de noticias como la británica Reuters, que cuenta con un representante autorizado para publicar informes del estado mayor del Pentágono.
En Venezuela, RG usa el arquetipo comunicacional que en Panamá e Irak liquidó política, física y moralmente al general Manuel Antonio Noriega (1988-89) y el presidente Saddam Hussein (antes, durante y después de la primera “guerra del Golfo” y la invasión de 2003). Según el profesor Carlos Lanz Rodríguez, el programa de desestabilización en Venezuela consiste en: 1) machacar con la “pérdida de confianza de la base chavista”; 2) promover y divulgar la “impopularidad creciente” del presidente; 3) atacar su entorno familiar; 4) reiterar sistemáticamente sus vínculos con el narcotráfico y la insurgencia colombiana; 5) acentuar su “fracaso” como gobernante; 6) acusarlo de profesar una ideología “castrista”; 7) ser aliado de países “terroristas”.
Días después del ataque al campamento de las FARC en territorio ecuatoriano, Alfredo Rangel (director de la Fundación Seguridad y Democracia de Bogotá, FSD) publicó un artículo en el que dice: “… la prioridad colectiva es la seguridad y por tanto, para alcanzarla, hay que asumir riesgos y pagar costos, sean éstos diplomáticos o económicos…” (El Tiempo, Bogotá, 9/3/08, diario ligado a la familia de Juan Manuel Santos, ministro de Defensa).
Por su lado, en el texto “Operaciones extraterritoriales”, Germán Espejo (presidente de FSD) escribió: “al no existir… prohibición expresa o una regulación internacional para este tipo de operaciones, más allá de los principios consignados en la Carta de las Naciones Unidas y otros tratados internacionales… el Consejo de Seguridad no discute estas cuestiones”. Más adelante, observó: “… la legitimidad de estas operaciones residirá en cada caso en las justificaciones o motivos que cada parte involucrada argumente a la hora de defenderlas o condenarlas. En cualquier caso, sería absurdo pensar siquiera en el establecimiento de una institución o foro internacional con estos fines. La esencia de una operación encubierta es precisamente ésa: su confidencialidad absoluta”.
Las técnicas de RG representan una suerte de afilado vademécum mediático: cualquier dato o política errónea de Chávez, cualquier opinión suelta de un funcionario sirven para generalizar la idea de que nada sirve, que nada se hace. Accidentes, tragedias naturales, tensiones políticas, conflictos sociales, son asociados por los medios “independientes” a tendencias negativas.
Los datos parciales proyectan la idea de “fracaso” y “futuro incierto”: comparaciones y promesas que se contrastan con los resultados en gobiernos anteriores; descontextualización histórica de la problemática social; manipulación de cifras con medias verdades y falsedades.
En Venezuela y los países “hostiles” a Washington, la trade mark de RG es inequívoca: ¿quién asume en los grandes medios privados la responsabilidad por lo que se dice? Poco importa. Las experiencias se extrapolan y basta una cola en una tienda barrial de Caracas para asegurar que el problema equivale a las “libretas de racionamiento en el socialismo real”.
Eva Golinger, investigadora estadunidense, desglosa el terrorismo mediático en seis puntos. Chávez como aliado del narcotráfico, el terrorismo, el Estado dictatorial, la carrera armamentista, el lavado de dinero y como amenaza a la “seguridad regional”. O sea, de lo que probadamente encarna y representa el régimen de la vecina Colombia.
RG señala a los medios privados el rumbo a seguir. Su propósito consiste en justificar la presencia militar estadunidense y en desarrollar un clima de inseguridad, suspicacia y zozobra que conduzca al enfrentamiento militar entre los países de la subregión.
El propósito fundamental de Washington en los países de la subregión andina apunta a la reconquista de los mercados perdidos, y el control de las materias primas a través de tratados de “libre comercio” (sic). Para ello recurre a la llamada “guerra de cuarta generación” (comunicacional) y equipos como el Rendon Group (RG), empresa especializada en propaganda sucia y en la “idoneidad informativa” de los medios privados que se presten a servir de caja de resonancia a la política imperial.
Los mensajes “idóneos” en los medios que se dicen “plurales”, “independientes” y guardianes de la “libertad de expresión” deben ser paradójicos y monocordes: en Colombia y el extranjero deben lavar la imagen criminal del impresentable Álvaro Uribe Vélez, y en Venezuela, Ecuador y Bolivia hay que desacreditar a los presidentes Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales. En la cruzada desinformativa participan las cadenas CNN, FOX, CBS, ABC-News, Univisión,Televisa, Tv Azteca, TV Globo, Venevisión, el grupo español Prisa, los diarios de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el grupo Clarín de Buenos Aires y “opinólogos” de variado pelaje ideológico, prestigio y talento profesional.
Simultáneamente, en Paraguay, Nicaragua, Perú, Argentina, RG monitorea a las organizaciones no gubernamentales (ONG) financiadas por el fondo Nacional por la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), y el de agencias de noticias como la británica Reuters, que cuenta con un representante autorizado para publicar informes del estado mayor del Pentágono.
En Venezuela, RG usa el arquetipo comunicacional que en Panamá e Irak liquidó política, física y moralmente al general Manuel Antonio Noriega (1988-89) y el presidente Saddam Hussein (antes, durante y después de la primera “guerra del Golfo” y la invasión de 2003). Según el profesor Carlos Lanz Rodríguez, el programa de desestabilización en Venezuela consiste en: 1) machacar con la “pérdida de confianza de la base chavista”; 2) promover y divulgar la “impopularidad creciente” del presidente; 3) atacar su entorno familiar; 4) reiterar sistemáticamente sus vínculos con el narcotráfico y la insurgencia colombiana; 5) acentuar su “fracaso” como gobernante; 6) acusarlo de profesar una ideología “castrista”; 7) ser aliado de países “terroristas”.
Días después del ataque al campamento de las FARC en territorio ecuatoriano, Alfredo Rangel (director de la Fundación Seguridad y Democracia de Bogotá, FSD) publicó un artículo en el que dice: “… la prioridad colectiva es la seguridad y por tanto, para alcanzarla, hay que asumir riesgos y pagar costos, sean éstos diplomáticos o económicos…” (El Tiempo, Bogotá, 9/3/08, diario ligado a la familia de Juan Manuel Santos, ministro de Defensa).
Por su lado, en el texto “Operaciones extraterritoriales”, Germán Espejo (presidente de FSD) escribió: “al no existir… prohibición expresa o una regulación internacional para este tipo de operaciones, más allá de los principios consignados en la Carta de las Naciones Unidas y otros tratados internacionales… el Consejo de Seguridad no discute estas cuestiones”. Más adelante, observó: “… la legitimidad de estas operaciones residirá en cada caso en las justificaciones o motivos que cada parte involucrada argumente a la hora de defenderlas o condenarlas. En cualquier caso, sería absurdo pensar siquiera en el establecimiento de una institución o foro internacional con estos fines. La esencia de una operación encubierta es precisamente ésa: su confidencialidad absoluta”.
Las técnicas de RG representan una suerte de afilado vademécum mediático: cualquier dato o política errónea de Chávez, cualquier opinión suelta de un funcionario sirven para generalizar la idea de que nada sirve, que nada se hace. Accidentes, tragedias naturales, tensiones políticas, conflictos sociales, son asociados por los medios “independientes” a tendencias negativas.
Los datos parciales proyectan la idea de “fracaso” y “futuro incierto”: comparaciones y promesas que se contrastan con los resultados en gobiernos anteriores; descontextualización histórica de la problemática social; manipulación de cifras con medias verdades y falsedades.
En Venezuela y los países “hostiles” a Washington, la trade mark de RG es inequívoca: ¿quién asume en los grandes medios privados la responsabilidad por lo que se dice? Poco importa. Las experiencias se extrapolan y basta una cola en una tienda barrial de Caracas para asegurar que el problema equivale a las “libretas de racionamiento en el socialismo real”.
Eva Golinger, investigadora estadunidense, desglosa el terrorismo mediático en seis puntos. Chávez como aliado del narcotráfico, el terrorismo, el Estado dictatorial, la carrera armamentista, el lavado de dinero y como amenaza a la “seguridad regional”. O sea, de lo que probadamente encarna y representa el régimen de la vecina Colombia.
RG señala a los medios privados el rumbo a seguir. Su propósito consiste en justificar la presencia militar estadunidense y en desarrollar un clima de inseguridad, suspicacia y zozobra que conduzca al enfrentamiento militar entre los países de la subregión.
Opinión de Luis Linares Zapata en La Jornada
Petróleo: a mitad del camino
Una larga jornada de luchas ha concluido con la entrega de las reformas petroleras (y las bases para lograr una reforma global de la energía) elaboradas por un amplio, experimentado y plural conjunto de ciudadanos y entregadas al Frente Amplio Progresista (FAP). Los legisladores de este agrupamiento político, haciéndolas propias, las llevaron al Congreso. Para elaborarlas fuimos convocados por ellos junto con el movimiento creado para la defensa del petróleo y el Gobierno Legítimo que preside López Obrador. Estas propuestas de reformas llevan un sello marcadamente nacionalista, apegadas a la constitucionalidad vigente y contemplando a la petrolera como una industria integrada e integral. Muy distintas a las que, antes, introdujeran el PRIAN, cuyos destinos, inmediatos o mediatizados, apuntan hacia la privatización de aquellas áreas estratégicas reservadas al Estado y su entrega a las empresas trasnacionales.
El sendero seguido en el trasiego de la defensa petrolera se inició después del fraude de 2006. Fue uno de los asuntos claves que unificaron, en torno al llamado de AMLO, lo que ahora forma el componente, la mera base de sustentación del Gobierno Legítimo. Un contingente comprometido y consciente que, en el camino hacia los tres millones de agremiados, lleva buen grado de avance. La meta se verá honrada en los dos o tres meses inaugurales de 2009. Durante ese año se podrá mostrar en toda su magnitud la fuerza acumulada para cristalizar aquello que sus enunciados y principios pretenden: la transformación pacífica de la vida púbica de México.
La lucha emprendida siguió un recorrido con momentos acuciantes que requirieron entereza y organización para enfrentar el madruguete del oficialismo, allá por el mes de abril pasado. Los jefes del señor Calderón querían aprobar, sin sobresaltos o discusión, sus reformas. Tal como lo hicieron, con el concurso decidido del PRI, en el caso de las controvertidas modificaciones a las leyes del ISSSTE. Pero una parte de la sociedad, la más consciente de sus consecuencias y fiel a su pasado, se les atravesó en las calles y en las tribunas legislativas. Se forzó entonces a un debate que dio al traste con las pretensiones golpistas de la derecha. Y, de paso, puso en evidencia sus reales objetivos de privatización, tan negados como ciertos.
Las reformas del PRIAN han sido expuestas y, se podría decir, hasta derrotadas en la disputa. Las razones esgrimidas para rechazarlas fueron contundentes en cualquiera de sus diversos ordenamientos: constitucionales, operativos, financieros, impositivos, tecnológicos, en su prospectiva y rendimientos o en sus mecanismos que aseguren su transparencia para desterrar la corrupción que ahora plaga a Pemex. Aun así, la envergadura de los negocios, que ya visualizaban hechos los traficantes de influencias, los hace mantener sus abusivos intereses.
Ante tan malintencionadas pretensiones la guardia no puede ser descuidada ni un momento. El futuro de los mexicanos estaría en entredicho si no es que negado. Por eso se planteó la consulta popular. No como distractor del proceso legislativo, como se ha rumorado con mala entraña, sino para enriquecerlo. Había imperiosa necesidad de contar con la ciudadanía para que interviniera de manera directa en la disputa y diera su determinante opinión. Así se hizo, a pesar de las grandes dificultades que tal ejercicio democrático implicaba. Y, a pesar de las cerradas oposiciones y trampas, más de dos millones y medio de mexicanos en todo el país se han expresado con claridad: los consultados rechazan las reformas que ofrezcan privatizar la industria petrolera. Más aún aquellas que la abran, graciosamente, al capital de fuera.
Otra etapa, más prolongada y desgastante en la lucha por la independencia y soberanía energética, se abre por delante. La de la discusión de las iniciativas entregadas en el interior de las cámaras. Una mayoría de malformados votos se quiere imponer sobre la razón, la legalidad y el bienestar de los mexicanos y a favor de unos cuantos.
El gobierno ha desatado una apabullante y costosa campaña de propaganda en apoyo a sus espurios designios privatizadores, ignominiosa señal de su ilegitimidad. La fuerza del FAP en el Congreso, a pesar de poseer una tercera parte de los votos, no es suficiente para detener la avanzada. El oficialismo no quiere oír las sonoras voces ciudadanas expresadas en las urnas consultivas. Obligarán entonces al Gobierno Legítimo a llamar a la movilización de nueva cuenta y, esta vez, el auxilio vendrá de todas partes del país. Permitir que se lleve a cabo la contrarreforma petrolera, tal como se pretende de manera abusiva, no pasará inadvertida por la sociedad, en especial aquellos grandes segmentos ya muy golpeados por los apañes del capital monopólico y los agentes externos, con su cantaleta de globalidad forzosa.
Las acciones de defensa obligada introducirán mayor presión en la ya muy congestionada vida pública de México. Los errores del gobierno, entre los que se cuenta la decadente marcha de la economía, afectarán, aún más, el empleo. Los controles sobre la inflación, de por sí sumamente caros a las mayorías, no han sido suficientes y castigan con mayor rigor a las clases medias, en especial los segmentos que lindan con la marginación. La violencia en las calles y la irrupción del crimen organizado alcanza niveles de peligro y alarma entre la población. En medio de este panorama imponer mayorías convenencieras es aumentar la polarización existente. Una ruta cierta y corta hacia la inestabilidad.
Los distintos niveles de gobierno, incluyendo, claro está, al federal, no tienen los recursos para navegar en estas circunstancias. Lo aconsejable es aprovechar la oportunidad de una negociación efectiva, justa, en concordancia con la historia que deviene de la nacionalización petrolera y no tratar de llevar agua adicional al molino de los privilegios, públicos y privados, ya bien engordados por la rampante impunidad que los distingue. Es quizá, una postrera oportunidad que no se debe desaprovechar.
Una larga jornada de luchas ha concluido con la entrega de las reformas petroleras (y las bases para lograr una reforma global de la energía) elaboradas por un amplio, experimentado y plural conjunto de ciudadanos y entregadas al Frente Amplio Progresista (FAP). Los legisladores de este agrupamiento político, haciéndolas propias, las llevaron al Congreso. Para elaborarlas fuimos convocados por ellos junto con el movimiento creado para la defensa del petróleo y el Gobierno Legítimo que preside López Obrador. Estas propuestas de reformas llevan un sello marcadamente nacionalista, apegadas a la constitucionalidad vigente y contemplando a la petrolera como una industria integrada e integral. Muy distintas a las que, antes, introdujeran el PRIAN, cuyos destinos, inmediatos o mediatizados, apuntan hacia la privatización de aquellas áreas estratégicas reservadas al Estado y su entrega a las empresas trasnacionales.
El sendero seguido en el trasiego de la defensa petrolera se inició después del fraude de 2006. Fue uno de los asuntos claves que unificaron, en torno al llamado de AMLO, lo que ahora forma el componente, la mera base de sustentación del Gobierno Legítimo. Un contingente comprometido y consciente que, en el camino hacia los tres millones de agremiados, lleva buen grado de avance. La meta se verá honrada en los dos o tres meses inaugurales de 2009. Durante ese año se podrá mostrar en toda su magnitud la fuerza acumulada para cristalizar aquello que sus enunciados y principios pretenden: la transformación pacífica de la vida púbica de México.
La lucha emprendida siguió un recorrido con momentos acuciantes que requirieron entereza y organización para enfrentar el madruguete del oficialismo, allá por el mes de abril pasado. Los jefes del señor Calderón querían aprobar, sin sobresaltos o discusión, sus reformas. Tal como lo hicieron, con el concurso decidido del PRI, en el caso de las controvertidas modificaciones a las leyes del ISSSTE. Pero una parte de la sociedad, la más consciente de sus consecuencias y fiel a su pasado, se les atravesó en las calles y en las tribunas legislativas. Se forzó entonces a un debate que dio al traste con las pretensiones golpistas de la derecha. Y, de paso, puso en evidencia sus reales objetivos de privatización, tan negados como ciertos.
Las reformas del PRIAN han sido expuestas y, se podría decir, hasta derrotadas en la disputa. Las razones esgrimidas para rechazarlas fueron contundentes en cualquiera de sus diversos ordenamientos: constitucionales, operativos, financieros, impositivos, tecnológicos, en su prospectiva y rendimientos o en sus mecanismos que aseguren su transparencia para desterrar la corrupción que ahora plaga a Pemex. Aun así, la envergadura de los negocios, que ya visualizaban hechos los traficantes de influencias, los hace mantener sus abusivos intereses.
Ante tan malintencionadas pretensiones la guardia no puede ser descuidada ni un momento. El futuro de los mexicanos estaría en entredicho si no es que negado. Por eso se planteó la consulta popular. No como distractor del proceso legislativo, como se ha rumorado con mala entraña, sino para enriquecerlo. Había imperiosa necesidad de contar con la ciudadanía para que interviniera de manera directa en la disputa y diera su determinante opinión. Así se hizo, a pesar de las grandes dificultades que tal ejercicio democrático implicaba. Y, a pesar de las cerradas oposiciones y trampas, más de dos millones y medio de mexicanos en todo el país se han expresado con claridad: los consultados rechazan las reformas que ofrezcan privatizar la industria petrolera. Más aún aquellas que la abran, graciosamente, al capital de fuera.
Otra etapa, más prolongada y desgastante en la lucha por la independencia y soberanía energética, se abre por delante. La de la discusión de las iniciativas entregadas en el interior de las cámaras. Una mayoría de malformados votos se quiere imponer sobre la razón, la legalidad y el bienestar de los mexicanos y a favor de unos cuantos.
El gobierno ha desatado una apabullante y costosa campaña de propaganda en apoyo a sus espurios designios privatizadores, ignominiosa señal de su ilegitimidad. La fuerza del FAP en el Congreso, a pesar de poseer una tercera parte de los votos, no es suficiente para detener la avanzada. El oficialismo no quiere oír las sonoras voces ciudadanas expresadas en las urnas consultivas. Obligarán entonces al Gobierno Legítimo a llamar a la movilización de nueva cuenta y, esta vez, el auxilio vendrá de todas partes del país. Permitir que se lleve a cabo la contrarreforma petrolera, tal como se pretende de manera abusiva, no pasará inadvertida por la sociedad, en especial aquellos grandes segmentos ya muy golpeados por los apañes del capital monopólico y los agentes externos, con su cantaleta de globalidad forzosa.
Las acciones de defensa obligada introducirán mayor presión en la ya muy congestionada vida pública de México. Los errores del gobierno, entre los que se cuenta la decadente marcha de la economía, afectarán, aún más, el empleo. Los controles sobre la inflación, de por sí sumamente caros a las mayorías, no han sido suficientes y castigan con mayor rigor a las clases medias, en especial los segmentos que lindan con la marginación. La violencia en las calles y la irrupción del crimen organizado alcanza niveles de peligro y alarma entre la población. En medio de este panorama imponer mayorías convenencieras es aumentar la polarización existente. Una ruta cierta y corta hacia la inestabilidad.
Los distintos niveles de gobierno, incluyendo, claro está, al federal, no tienen los recursos para navegar en estas circunstancias. Lo aconsejable es aprovechar la oportunidad de una negociación efectiva, justa, en concordancia con la historia que deviene de la nacionalización petrolera y no tratar de llevar agua adicional al molino de los privilegios, públicos y privados, ya bien engordados por la rampante impunidad que los distingue. Es quizá, una postrera oportunidad que no se debe desaprovechar.
martes, 26 de agosto de 2008
México S.A.
Carlos Fernández-Vega
La Jornada, 26 de agosto 2008
■ Una propuesta para frenar la fiesta privatizadora de Pemex
Ya son tres las iniciativas en materia petrolera presentadas a consideración del Legislativo: la primera, del inquilino de Los Pinos, que pretende seguir la fiesta privatizadora y de inmediato meter el acelerador a fondo; la segunda, de la empresa Beltrones y asociados, que busca lo mismo, pero un poco más light a corto plazo, para más adelante abrir la puerta de par en par; la tercera, del Frente Amplio Progresista, que procura detener lo anterior y fortalecer a Pemex con una visión nacionalista y recursos propios.
En vía de mientras, entre los cambios y alcances propuestos por el FAP destacan los siguientes: otorgar autonomía presupuestal a Petróleos Mexicanos y establecer un nuevo régimen fiscal que lo libere del rapaz control que sobre la renta y los ingresos petroleros ejerce la Secretaría de Hacienda.
Que el gobierno federal absorba gradualmente la deuda de los Pidiregas para permitir a Pemex obtener recursos en mejores condiciones para financiar sus inversiones y saldar la deuda asumida. En lo inmediato debe eliminarse la absurda exigencia de mantener un amplio superávit que ha congelado cuantiosos recursos en los últimos años.
Restablecer a Pemex como una industria plenamente integrada (fuera subsidiarias) para aprovechar las economías a escala, el poder de negociación, la eficiencia en la operación, el control, la seguridad industrial y evitar la multiplicación de funciones
En esta perspectiva debe reconocerse a todas las actividades de la industria petrolera como estratégicas y, por lo tanto, la exclusividad de Pemex en la propiedad, control y operación de las mismas; las industrias de refinación y petroquímica nacionales para satisfacer la demanda interna.
La disponibilidad de recursos para Pemex permitirá invertir en proyectos urgentes, sobre todo mantener la producción de crudo en campos existentes y recuperar reservas. Este esfuerzo es factible dirigirlo principalmente a las aguas someras y tierra, donde existen 45 mil millones de barriles de reservas probadas, probables y posibles.
Diseñar un nuevo sistema de precios de transferencia en el sector energético, que permita maximizar los resultados de una industria petrolera integrada y favorezca la generación eficiente de energía eléctrica.
Aumentar el desarrollo de capacidades nacionales en el área energética, a través del apoyo a la investigación y desarrollo y la formación de técnicos y científicos que impulsen la investigación en el área, tanto para desarrollar aportaciones originales, como para adaptaciones tecnológicas y negociaciones sobre la transferencia o adquisición de tecnología existentes.
Acciones sustantivas de Pemex basadas en el desarrollo de la ingeniería nacional; eliminar la contratación sistemática con empresas extranjeras e incentivar el desarrollo de empresas de mayoría de capital nacional, así como revitalizar las firmas nacionales de ingeniería, las empresas y cooperativas de trabajadores, así como consultores y proveedores nacionales.
Y en sus considerandos plantea: “sin duda hay consenso de que urge una radical transformación de Pemex; sin embargo, las visiones son distintas. Se requiere, sí, un Pemex fuerte pero pleno de sus facultades constitucionales, sin ceder a la iniciativa privada sus áreas de exclusividad; autónomo en el manejo de sus recursos y sus acciones; con un régimen fiscal no confiscatorio, equitativo y justo para el buen desempeño de sus funciones, pero con los controles ciudadanos que garanticen transparencia y honestidad; eficiente, pero a partir de las capacidades y talentos nacionales; ágil, pero sin relajar las normas al límite de la discrecionalidad de sus funcionarios. Un Pemex de todos los mexicanos, sin injerencias de los extranjeros ni manipulaciones de nacionales; dirigido por funcionarios capaces y honorables, libres de conflictos de interés y ajenos a intereses en conflicto.
“Un Pemex con ductos y refinerías (propone, de entrada, la construcción de cuando menos tres) propiedad, todo, de la nación; sin contratos de riesgo ni de servicios múltiples, ni abiertos ni disfrazados; con una estructura integrada, con capacidades de gestión y con recursos suficientes para su actualización permanente y su crecimiento, con mecanismos de supervisión y control internos y externos adecuados, y con un sindicato democrático, digno de la calidad de los trabajadores petroleros, que atienda las funciones esenciales de la organización sindical que hoy, más que velar por los legítimos derechos de los trabajadores, por conveniencia de y por conveniencia de la administración federal en turno cuida sus parcelas de poder político y económico, lo que estimula la corrupción y la ineficiencia.
“En suma, un Pemex nuestro, no por un nacionalismo trasnochado ni por chovinismo, sino por la conciencia de la importancia del petróleo en el contexto geopolítico mundial, por nuestra vecindad geográfica, por el tránsito ampliamente documentado de nuestra historia, por la trascendencia de nuestra seguridad energética como elemento sustantivo de seguridad nacional y, por ende, de nuestra soberanía.
“Pemex no sólo puede cumplir cabal y ampliamente con esta tarea fundamental, como se ha demostrado en múltiples ocasiones, sino que debe hacerlo por el mandato irrenunciable que deriva de la Constitución.
“La seguridad energética del país requiere una política de Estado definida en función de los intereses nacionales, que considere la transición energética y al petróleo como un recurso no renovable de amplio uso económico. Por ello, en las condiciones del país, una política energética de Estado es inseparable de la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo económico, energético y ecológico. Una propuesta que sólo busca reformar Pemex es notoriamente insuficiente e inadecuada. Más aún cuando persigue instaurar las condiciones para que capitales privados constituyan corporaciones que se beneficien del crudo y de las labores de exploración y extracción de hidrocarburos, en especial en algunas zonas del país y sobre todo del Golfo de México… La soberanía energética es un asunto estratégico de seguridad nacional”.
Las rebanadas del pastel
Los gallos, pues, ya están en el palenque, aunque todo indica que la pelea está arreglada.
La Jornada, 26 de agosto 2008
■ Una propuesta para frenar la fiesta privatizadora de Pemex
Ya son tres las iniciativas en materia petrolera presentadas a consideración del Legislativo: la primera, del inquilino de Los Pinos, que pretende seguir la fiesta privatizadora y de inmediato meter el acelerador a fondo; la segunda, de la empresa Beltrones y asociados, que busca lo mismo, pero un poco más light a corto plazo, para más adelante abrir la puerta de par en par; la tercera, del Frente Amplio Progresista, que procura detener lo anterior y fortalecer a Pemex con una visión nacionalista y recursos propios.
En vía de mientras, entre los cambios y alcances propuestos por el FAP destacan los siguientes: otorgar autonomía presupuestal a Petróleos Mexicanos y establecer un nuevo régimen fiscal que lo libere del rapaz control que sobre la renta y los ingresos petroleros ejerce la Secretaría de Hacienda.
Que el gobierno federal absorba gradualmente la deuda de los Pidiregas para permitir a Pemex obtener recursos en mejores condiciones para financiar sus inversiones y saldar la deuda asumida. En lo inmediato debe eliminarse la absurda exigencia de mantener un amplio superávit que ha congelado cuantiosos recursos en los últimos años.
Restablecer a Pemex como una industria plenamente integrada (fuera subsidiarias) para aprovechar las economías a escala, el poder de negociación, la eficiencia en la operación, el control, la seguridad industrial y evitar la multiplicación de funciones
En esta perspectiva debe reconocerse a todas las actividades de la industria petrolera como estratégicas y, por lo tanto, la exclusividad de Pemex en la propiedad, control y operación de las mismas; las industrias de refinación y petroquímica nacionales para satisfacer la demanda interna.
La disponibilidad de recursos para Pemex permitirá invertir en proyectos urgentes, sobre todo mantener la producción de crudo en campos existentes y recuperar reservas. Este esfuerzo es factible dirigirlo principalmente a las aguas someras y tierra, donde existen 45 mil millones de barriles de reservas probadas, probables y posibles.
Diseñar un nuevo sistema de precios de transferencia en el sector energético, que permita maximizar los resultados de una industria petrolera integrada y favorezca la generación eficiente de energía eléctrica.
Aumentar el desarrollo de capacidades nacionales en el área energética, a través del apoyo a la investigación y desarrollo y la formación de técnicos y científicos que impulsen la investigación en el área, tanto para desarrollar aportaciones originales, como para adaptaciones tecnológicas y negociaciones sobre la transferencia o adquisición de tecnología existentes.
Acciones sustantivas de Pemex basadas en el desarrollo de la ingeniería nacional; eliminar la contratación sistemática con empresas extranjeras e incentivar el desarrollo de empresas de mayoría de capital nacional, así como revitalizar las firmas nacionales de ingeniería, las empresas y cooperativas de trabajadores, así como consultores y proveedores nacionales.
Y en sus considerandos plantea: “sin duda hay consenso de que urge una radical transformación de Pemex; sin embargo, las visiones son distintas. Se requiere, sí, un Pemex fuerte pero pleno de sus facultades constitucionales, sin ceder a la iniciativa privada sus áreas de exclusividad; autónomo en el manejo de sus recursos y sus acciones; con un régimen fiscal no confiscatorio, equitativo y justo para el buen desempeño de sus funciones, pero con los controles ciudadanos que garanticen transparencia y honestidad; eficiente, pero a partir de las capacidades y talentos nacionales; ágil, pero sin relajar las normas al límite de la discrecionalidad de sus funcionarios. Un Pemex de todos los mexicanos, sin injerencias de los extranjeros ni manipulaciones de nacionales; dirigido por funcionarios capaces y honorables, libres de conflictos de interés y ajenos a intereses en conflicto.
“Un Pemex con ductos y refinerías (propone, de entrada, la construcción de cuando menos tres) propiedad, todo, de la nación; sin contratos de riesgo ni de servicios múltiples, ni abiertos ni disfrazados; con una estructura integrada, con capacidades de gestión y con recursos suficientes para su actualización permanente y su crecimiento, con mecanismos de supervisión y control internos y externos adecuados, y con un sindicato democrático, digno de la calidad de los trabajadores petroleros, que atienda las funciones esenciales de la organización sindical que hoy, más que velar por los legítimos derechos de los trabajadores, por conveniencia de y por conveniencia de la administración federal en turno cuida sus parcelas de poder político y económico, lo que estimula la corrupción y la ineficiencia.
“En suma, un Pemex nuestro, no por un nacionalismo trasnochado ni por chovinismo, sino por la conciencia de la importancia del petróleo en el contexto geopolítico mundial, por nuestra vecindad geográfica, por el tránsito ampliamente documentado de nuestra historia, por la trascendencia de nuestra seguridad energética como elemento sustantivo de seguridad nacional y, por ende, de nuestra soberanía.
“Pemex no sólo puede cumplir cabal y ampliamente con esta tarea fundamental, como se ha demostrado en múltiples ocasiones, sino que debe hacerlo por el mandato irrenunciable que deriva de la Constitución.
“La seguridad energética del país requiere una política de Estado definida en función de los intereses nacionales, que considere la transición energética y al petróleo como un recurso no renovable de amplio uso económico. Por ello, en las condiciones del país, una política energética de Estado es inseparable de la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo económico, energético y ecológico. Una propuesta que sólo busca reformar Pemex es notoriamente insuficiente e inadecuada. Más aún cuando persigue instaurar las condiciones para que capitales privados constituyan corporaciones que se beneficien del crudo y de las labores de exploración y extracción de hidrocarburos, en especial en algunas zonas del país y sobre todo del Golfo de México… La soberanía energética es un asunto estratégico de seguridad nacional”.
Las rebanadas del pastel
Los gallos, pues, ya están en el palenque, aunque todo indica que la pelea está arreglada.
lunes, 25 de agosto de 2008
Bucareli
Jacobo Sabludovsky
El Universal, 25 de agosto 2008
Estética Palacio
“El autor de esta columna se compromete a escribir como Cervantes. Tiempo de ejecución: un año”.
Inspirado en los 74 compromisos esparcidos como confeti sobre los 200 invitados el jueves pasado en el salón de la Tesorería, pensé en esta como una buena oportunidad de tentar a la suerte: nadie me castigará si no cumplo.
Seguramente, al cumplirse el plazo, seguiré escribiendo de esta forma lamentable. Lo mismo pasará con la mayoría de los firmantes solemnes del pacto anticrimen tan comentado este fin de semana.
Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad es el nombre del documento que no puede considerarse una desilusión porque nadie esperaba ilusionado resultados concretos. En él se contienen buenos deseos, tímidas aspiraciones, vagas finalidades, redundancias con leyes vigentes, promesas ya hechas e incumplidas, evasiones a los temas de fondo, ganas de abultar la lista con órdenes como impulsar, diseñar, evaluar, controlar, apoyar, fortalecer, coordinar, consolidar, regular. Verbos sin obligación.
Veámoslo, sin embargo, de otra manera. De una más sencilla. Algunos seres humanos tienen un problema y se reúnen para entenderlo, buscar su causa y en el diálogo encontrar solución y alivio. Hagamos un ejercicio elemental de imaginación: despojemos al grupo de factores coyunturales que lo distinguen de otros, como su época, su lugar en el tiempo, su sitio geográfico, su espacio en la tierra, las características físicas de su entorno, todo aquello que lo califica, separa, distingue. Al reunirse, los miembros del grupo celebran el rito inicial y fundamental de la vida en comunidad: hablar y dejar hablar, oír y ser oído.
El jueves en el Palacio Nacional el resultado positivo fue el hecho de reunirse, más que su contenido y mucho más que sus muy dudosos beneficios prácticos.
Frente a una amenaza común, a la que no saben cómo enfrentar, los funcionarios superan sus vanidades, olvidan sus rencores, arrinconan eso que disfrazan como principios y aportan ideas, experiencias y propuestas. Dialogan. Toleran. Aceptan. Ceden. Acuerdan. Que lo acordado no esté a la altura de lo necesario, es harina de otro costal.
“Esta no es una carta de buenas intenciones”, dijo el presidente Felipe Calderón, pero eso es lo que es. Se maquillaron las críticas. Se evadieron los dos motivos fundamentales de la inseguridad que padecemos: el narcotráfico y la miseria. Del narcotráfico habló en breve mención Ruth Zavaleta, con cifras y datos que confirman el tamaño y la penetración de una plaga que todo lo distorsiona y corrompe, estimula con la impunidad a todo género de delincuentes y hace fracasar, como ha fracasado en estos dos años, la guerra que el actual gobierno declaró como meta principal de su programa. Los delitos que padecemos los hemos sufrido siempre: secuestros, asaltos, asesinatos, robos. Pero la presencia gigantesca y relativamente reciente del narcotráfico nos sorprendió sin plan de acción. Y entre las consecuencias está el aumento de otros ilícitos. Nadie mencionó ese hecho pavoroso, tal vez para no molestar al Presidente.
Cuarenta millones de mexicanos viven por debajo del nivel tolerable de pobreza. No se dijo. Se habló de nuevas cárceles. De nada servirán si las van a dirigir quienes gobiernan las actuales. Muchas y grandes tendrán que ser si uno de cada tres mexicanos sigue viviendo sin agua potable, sin drenaje, sin caminos, sin escuelas, sin hospitales, sin trabajo, sin esperanzas. Sin más salida a su hambre que el robo y sus variedades y agravantes. Es otra guerra perdida, de acuerdo con datos de Naciones Unidas que no coinciden, qué raro, con los optimistas análisis del gobierno. De eso nadie dijo esta boca es mía, quizá, otra vez, por temor a incomodar a alguien.
En la reunión hubo una sola petición clara, concreta y compartida por todos los ciudadanos, a la cual, sin embargo, no se le puso “fecha de ejecución”.
El señor Alejandro Martí, padre del muchacho cuyo asesinato logró despertar a las autoridades, dijo a las ahí presentes, que eran todas: “Si no pueden, renuncien”. No renunciarán ni muertos, dónde se ha visto, faltaba más.
De los restos de la reunión quedan muy pocas intenciones rescatables. No veo otra solución a corto plazo que aprovechar lo disponible.
Aunque hay más paja que trigo, puede lograrse algo, no sé qué, tal vez son mis deseos de encontrar la salida de este callejón que no la tiene. O no se la encontramos.
Queda el acto palaciego como un precedente de lo que los mexicanos podemos hacer ante una crisis, siempre y cuando se usen menos los cosméticos y se enfrenten los problemas básicos, las causas y no las consecuencias.
Sobre la tumba cayó otra lápida.
El Universal, 25 de agosto 2008
Estética Palacio
“El autor de esta columna se compromete a escribir como Cervantes. Tiempo de ejecución: un año”.
Inspirado en los 74 compromisos esparcidos como confeti sobre los 200 invitados el jueves pasado en el salón de la Tesorería, pensé en esta como una buena oportunidad de tentar a la suerte: nadie me castigará si no cumplo.
Seguramente, al cumplirse el plazo, seguiré escribiendo de esta forma lamentable. Lo mismo pasará con la mayoría de los firmantes solemnes del pacto anticrimen tan comentado este fin de semana.
Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad es el nombre del documento que no puede considerarse una desilusión porque nadie esperaba ilusionado resultados concretos. En él se contienen buenos deseos, tímidas aspiraciones, vagas finalidades, redundancias con leyes vigentes, promesas ya hechas e incumplidas, evasiones a los temas de fondo, ganas de abultar la lista con órdenes como impulsar, diseñar, evaluar, controlar, apoyar, fortalecer, coordinar, consolidar, regular. Verbos sin obligación.
Veámoslo, sin embargo, de otra manera. De una más sencilla. Algunos seres humanos tienen un problema y se reúnen para entenderlo, buscar su causa y en el diálogo encontrar solución y alivio. Hagamos un ejercicio elemental de imaginación: despojemos al grupo de factores coyunturales que lo distinguen de otros, como su época, su lugar en el tiempo, su sitio geográfico, su espacio en la tierra, las características físicas de su entorno, todo aquello que lo califica, separa, distingue. Al reunirse, los miembros del grupo celebran el rito inicial y fundamental de la vida en comunidad: hablar y dejar hablar, oír y ser oído.
El jueves en el Palacio Nacional el resultado positivo fue el hecho de reunirse, más que su contenido y mucho más que sus muy dudosos beneficios prácticos.
Frente a una amenaza común, a la que no saben cómo enfrentar, los funcionarios superan sus vanidades, olvidan sus rencores, arrinconan eso que disfrazan como principios y aportan ideas, experiencias y propuestas. Dialogan. Toleran. Aceptan. Ceden. Acuerdan. Que lo acordado no esté a la altura de lo necesario, es harina de otro costal.
“Esta no es una carta de buenas intenciones”, dijo el presidente Felipe Calderón, pero eso es lo que es. Se maquillaron las críticas. Se evadieron los dos motivos fundamentales de la inseguridad que padecemos: el narcotráfico y la miseria. Del narcotráfico habló en breve mención Ruth Zavaleta, con cifras y datos que confirman el tamaño y la penetración de una plaga que todo lo distorsiona y corrompe, estimula con la impunidad a todo género de delincuentes y hace fracasar, como ha fracasado en estos dos años, la guerra que el actual gobierno declaró como meta principal de su programa. Los delitos que padecemos los hemos sufrido siempre: secuestros, asaltos, asesinatos, robos. Pero la presencia gigantesca y relativamente reciente del narcotráfico nos sorprendió sin plan de acción. Y entre las consecuencias está el aumento de otros ilícitos. Nadie mencionó ese hecho pavoroso, tal vez para no molestar al Presidente.
Cuarenta millones de mexicanos viven por debajo del nivel tolerable de pobreza. No se dijo. Se habló de nuevas cárceles. De nada servirán si las van a dirigir quienes gobiernan las actuales. Muchas y grandes tendrán que ser si uno de cada tres mexicanos sigue viviendo sin agua potable, sin drenaje, sin caminos, sin escuelas, sin hospitales, sin trabajo, sin esperanzas. Sin más salida a su hambre que el robo y sus variedades y agravantes. Es otra guerra perdida, de acuerdo con datos de Naciones Unidas que no coinciden, qué raro, con los optimistas análisis del gobierno. De eso nadie dijo esta boca es mía, quizá, otra vez, por temor a incomodar a alguien.
En la reunión hubo una sola petición clara, concreta y compartida por todos los ciudadanos, a la cual, sin embargo, no se le puso “fecha de ejecución”.
El señor Alejandro Martí, padre del muchacho cuyo asesinato logró despertar a las autoridades, dijo a las ahí presentes, que eran todas: “Si no pueden, renuncien”. No renunciarán ni muertos, dónde se ha visto, faltaba más.
De los restos de la reunión quedan muy pocas intenciones rescatables. No veo otra solución a corto plazo que aprovechar lo disponible.
Aunque hay más paja que trigo, puede lograrse algo, no sé qué, tal vez son mis deseos de encontrar la salida de este callejón que no la tiene. O no se la encontramos.
Queda el acto palaciego como un precedente de lo que los mexicanos podemos hacer ante una crisis, siempre y cuando se usen menos los cosméticos y se enfrenten los problemas básicos, las causas y no las consecuencias.
Sobre la tumba cayó otra lápida.
Opinión de José Antonio Almazán González en La Jornada
Iniciativas inconstitucionales
Empecinados en no dar marcha atrás, pese a la derrota que sufrieron en el Senado el 20 y 22 de mayo, y promoviendo anticipadamente la venta de Petróleos Mexicanos (Pemex), los “argumentos” de Calderón y de quienes pretenden entregar el patrimonio nacional petrolero al capital extranjero se centran fundamentalmente en mutilar, ignorando deliberadamente el proceso histórico-jurídico constitucional que le dio origen, el alcance del párrafo sexto del artículo 27 constitucional en materia de petróleo: “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado, y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva”.
Los émulos de Santa Anna dicen que la explotación del petróleo y sus productos por la nación se reduce a su extracción y que al entregar al capital extranjero la exploración, refinación, transporte, almacenamiento y distribución del petróleo y el gas no violan la Constitución. ¿No? Veamos los antecedentes jurídicos constitucionales.
1. El decreto de expropiación del 18 de marzo de 1938, en su artículo 1º, estableció con meridiana claridad: “Se declaran expropiados por causa de utilidad pública y a favor de la nación, la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros-tanques, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, SA, en cuanto sean necesarios, a juicio de la Secretaría de Economía Nacional, para el descubrimiento, captación, conducción, almacenamiento, refinación y distribución de los productos de la industria petrolera”.
2. Por supuesto que dentro de los bienes muebles e inmuebles expropiados se encontraban las concesiones petroleras otorgadas a estas empresas extranjeras, como puede leerse en la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 22 de julio de 1943, en rechazo al amparo de la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila.
3. Estas concesiones petroleras, conforme a la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, de diciembre de 1925, abarcaban toda la cadena productiva de la explotación del petróleo y sus productos, como puede leerse en sus artículos 4, 7, 8, 9, 10, y reconociendo en su artículo 3 que la industria petrolera comprende toda la cadena productiva desde “el descubrimiento, la captación, la conducción por oleoductos y la refinación del petróleo”.
A este Decreto de Expropiación y a la ley del petróleo de 1925 se remite la amplia exposición de motivos de la iniciativa de ley con la que el presidente Lázaro Cárdenas elevó a rango constitucional la expropiación del petróleo, en cuyos párrafos 11 y 14 precisó:
“La situación apuntada, antes de la expropiación acordada el 18 de marzo último, hubiera sin duda podido corregirse mediante una simple modificación de la Ley del Petróleo que alterara el régimen de las concesiones ordinarias fijado en 1925. Después de la expropiación el problema notoriamente es distinto. Una vez que la nación ha tomado a su cargo directamente el control de las explotaciones en forma tal que no sólo podrá atender las necesidades del país, sino en su mayor parte, las de nuestro comercio exterior del petróleo, no se ve el motivo para permitir que continúen formándose y vigorizándose intereses privados que es de presumirse que llagaran a ser, si no antagónicos, a lo menos distintos de los intereses generales, cuya tutela procurará el gobierno con todo empeño y energía.
“Esto independientemente de que incorporando al texto constitucional el principio de la explotación directa del petróleo que a la nación corresponde, se le da una mayor fijeza y autoridad.”
A estos antecedentes históricos y jurídicos se remitió la reforma constitucional de enero de 1960, cuando al párrafo sexto del artículo 27 constitucional se adiciona, después de “no se otorgarán concesiones”, el complemento de “ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado”.
Queda claro entonces que al prohibirse tajantemente el régimen de concesiones y de contratos, la nación asume la explotación directa del petróleo y sus productos, de toda la industria petrolera, en lo que hace a toda la cadena productiva, desde la exploración, extracción, oleoducción, almacenamiento, refinación-petroquímica y distribución del petróleo y gas. En esto consiste la inconstitucionalidad de las iniciativas de Calderón: en violar flagrantemente uno de los principios políticos fundamentales de nuestra Constitución, al pretender legalizar lo ilegal, abriendo las puertas al capital extranjero en la explotación del petróleo, que está reservada de forma exclusiva a la nación mexicana.
Empecinados en no dar marcha atrás, pese a la derrota que sufrieron en el Senado el 20 y 22 de mayo, y promoviendo anticipadamente la venta de Petróleos Mexicanos (Pemex), los “argumentos” de Calderón y de quienes pretenden entregar el patrimonio nacional petrolero al capital extranjero se centran fundamentalmente en mutilar, ignorando deliberadamente el proceso histórico-jurídico constitucional que le dio origen, el alcance del párrafo sexto del artículo 27 constitucional en materia de petróleo: “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado, y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva”.
Los émulos de Santa Anna dicen que la explotación del petróleo y sus productos por la nación se reduce a su extracción y que al entregar al capital extranjero la exploración, refinación, transporte, almacenamiento y distribución del petróleo y el gas no violan la Constitución. ¿No? Veamos los antecedentes jurídicos constitucionales.
1. El decreto de expropiación del 18 de marzo de 1938, en su artículo 1º, estableció con meridiana claridad: “Se declaran expropiados por causa de utilidad pública y a favor de la nación, la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros-tanques, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, SA, en cuanto sean necesarios, a juicio de la Secretaría de Economía Nacional, para el descubrimiento, captación, conducción, almacenamiento, refinación y distribución de los productos de la industria petrolera”.
2. Por supuesto que dentro de los bienes muebles e inmuebles expropiados se encontraban las concesiones petroleras otorgadas a estas empresas extranjeras, como puede leerse en la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 22 de julio de 1943, en rechazo al amparo de la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila.
3. Estas concesiones petroleras, conforme a la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, de diciembre de 1925, abarcaban toda la cadena productiva de la explotación del petróleo y sus productos, como puede leerse en sus artículos 4, 7, 8, 9, 10, y reconociendo en su artículo 3 que la industria petrolera comprende toda la cadena productiva desde “el descubrimiento, la captación, la conducción por oleoductos y la refinación del petróleo”.
A este Decreto de Expropiación y a la ley del petróleo de 1925 se remite la amplia exposición de motivos de la iniciativa de ley con la que el presidente Lázaro Cárdenas elevó a rango constitucional la expropiación del petróleo, en cuyos párrafos 11 y 14 precisó:
“La situación apuntada, antes de la expropiación acordada el 18 de marzo último, hubiera sin duda podido corregirse mediante una simple modificación de la Ley del Petróleo que alterara el régimen de las concesiones ordinarias fijado en 1925. Después de la expropiación el problema notoriamente es distinto. Una vez que la nación ha tomado a su cargo directamente el control de las explotaciones en forma tal que no sólo podrá atender las necesidades del país, sino en su mayor parte, las de nuestro comercio exterior del petróleo, no se ve el motivo para permitir que continúen formándose y vigorizándose intereses privados que es de presumirse que llagaran a ser, si no antagónicos, a lo menos distintos de los intereses generales, cuya tutela procurará el gobierno con todo empeño y energía.
“Esto independientemente de que incorporando al texto constitucional el principio de la explotación directa del petróleo que a la nación corresponde, se le da una mayor fijeza y autoridad.”
A estos antecedentes históricos y jurídicos se remitió la reforma constitucional de enero de 1960, cuando al párrafo sexto del artículo 27 constitucional se adiciona, después de “no se otorgarán concesiones”, el complemento de “ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado”.
Queda claro entonces que al prohibirse tajantemente el régimen de concesiones y de contratos, la nación asume la explotación directa del petróleo y sus productos, de toda la industria petrolera, en lo que hace a toda la cadena productiva, desde la exploración, extracción, oleoducción, almacenamiento, refinación-petroquímica y distribución del petróleo y gas. En esto consiste la inconstitucionalidad de las iniciativas de Calderón: en violar flagrantemente uno de los principios políticos fundamentales de nuestra Constitución, al pretender legalizar lo ilegal, abriendo las puertas al capital extranjero en la explotación del petróleo, que está reservada de forma exclusiva a la nación mexicana.
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