Pemex: las pifias del PRI
Entre la bibliografía sobre la industria energética que el rector de nuestra Universidad, José Narro Robles, puso a disposición del Congreso de la Unión (véase Gaceta UNAM, 28/VII/08), se encuentra el libro Política energética, UNAM-Porrúa, México, 2007, que tuve el honor de coordinar con la generosa coautoría de destacados especialistas universitarios.
Muchos de ellos participaron además en los foros organizados por el Senado, la UNAM y la Academia Mexicana de Ciencias, que en conjunto reunieron a más de 300 expertos. Así, tanto la investigación de punta sobre nuestra problemática energética como las más consistentes propuestas de solución han sido puestas a disposición del Congreso. No obstante, el debate continúa.
Más allá de ideologías, como economista no deja de sorprenderme la propuesta energética presentada en el Senado a nombre del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Como es sabido, su proyecto de Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo establece en su artículo cuarto: “El Ejecutivo federal podrá constituir, por decreto, organismos descentralizados con carácter estratégico filiales de Petróleos Mexicanos, con el objeto de realizar, por cuenta de aquél, las actividades de construcción de ductos y los servicios de refinación de petróleo, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos y derivados de éstos”.
Y puntualmente especifica: “En los términos de su propia ley orgánica, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, así como los organismos filiales referidos en el párrafo anterior, estarán dotados de plena autonomía de gestión y presupuestaria, incluyendo la regulación para la contratación de obras, adquisiciones, arrendamientos y servicios”.
Es increíble: se trata de la medida técnicamente más absurda desde el punto de vista económico. Pasa por alto: 1) los rendimientos crecientes a escala (dilución de costos fijos, compras en grande de insumos y servicios, etcétera); 2) los factores que condicionan el desarrollo del conocimiento y la tecnología —asociados a las economías de aglomeración y de escala, así como a las políticas industriales—, que han sido rigurosamente analizados por la investigación económica moderna, explicando el crecimiento y dominancia de las gigantescas empresas; 3) las externalidades positivas de los complejos energéticos.
De hecho, cualquier gran estratega empresarial o economista del desarrollo juzgaría como un disparate fragmentar una gran empresa industrial en numerosas empresas con “plena autonomía”.
Sin embargo, detrás de esta pifia hay un premio: el proyecto de Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos presentado a nombre del PRI (en su artículo 19, fracción IX) otorga la facultad al Consejo de Administración de Pemex para aprobar la “desincorporación de los organismos descentralizados de carácter estratégico filiales”, es decir, la privatización por la puerta trasera.
Desde luego, todo esto contradice los documentos fundamentales del PRI. Su Declaración de Principios afirma: “En materia energética (el PRI) se pronuncia en contra de todo intento de privatización”. Y en su Programa de Acción, el PRI sostiene: “Es necesario emprender acciones que permitan la recuperación financiera de Pemex, establecer un régimen fiscal que le asegure contar con recursos propios y suficientes para cumplir sus objetivos, eliminando las filiales”.
Sigo con la impresión de que la mayoría de los legisladores priístas no han leído la propuesta energética presentada a nombre de su partido. ¡Aguas!
Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM
