Oportunismo y guerra de nervios
La tragedia lamentable de una familia conocida y distinguida por sus negocios, sacudió a la sociedad mexicana y provoca diversas reacciones en la comunidad; sin duda de indignación, de dolor, de inseguridad; pero también obliga a reflexionar acerca de las causas de la delincuencia y sobre las estrategias para luchar contra este tipo de males que tantos estragos causan en las familias y en las víctimas.
Sobre las reacciones de las autoridades hay un contraste notable, funcionarios públicos como un legislador priísta que pidió la pena de muerte y el objetado presidente Felipe Calderón, que propone reformar las leyes para que se abra la posibilidad de aplicar la cadena perpetua a los responsables de hechos como el que nos ocupa, no tienen otra explicación que la irreflexión.
Sin buena asesoría y quizá sin pensarlo mucho, se propone la cadena perpetua, expresión anacrónica, pero usual, para denominar a la prisión de por vida o prisión hasta morir; a esto respondieron de inmediato conocedores, estudiosos y aun servidores públicos cercanos a la administración de justicia, para decir que ven en ella, por una parte oportunismo reprobable y por otra, un retroceso a épocas superadas.
Pareciera que el estupor que produjo la noticia de un niño sacrificado por sus secuestradores y la inseguridad que esto provoca en muchísimos padres de familia, da pie para que se quiera llevar agua al molino de la política con miras a las próximas elecciones; en realidad, el hecho nos hace recordar algo que sabemos todos, pero que mantenemos en el inconsciente, que la vida es frágil y que su hilo se rompe fácilmente con independencia de edades y condiciones sociales y económicas.
La reacción del gobierno federal es muy pobre; no atina si no a incrementar las penas, lo que no es ni siquiera una alternativa novedosa, ya que en el Distrito Federal está vigente, desde hace ya algún tiempo, una sanción de 70 años de cárcel para los secuestradores que privan de la vida a su victima, lo que equivale en la práctica a una condena de por vida, pues en la mayoría de los casos, los victimarios se encuentran entre los 30 y 40 años de edad, es decir que con la ley actual se les podría dejar en la cárcel, si es que vivieran tanto, hasta los 110 años o más.
Por otra parte, el sistema penal en nuestro país no está basado en el principio de la venganza social en contra de quien viola las leyes más importantes de la colectividad, si no por el contrario, los principios que rigen nuestra legislación penal tienden a la rehabilitación de los delincuentes y a su reintegración a la vida social; no son, como dice alguna doctrina moderna del derecho penal, “enemigos”, si no que son miembros de nuestra sociedad que han actuado mal, pero que forman parte de grupos familiares, de trabajo, religiosos y de otra índole, que sufren también daños, cuando se daña a uno de sus integrantes, así sea un criminal
Todos, aún los peores delincuentes, son personas y por tanto perfectibles, como lo es también la sociedad en su conjunto, que los moldea y de alguna manera forma e inclina a que sean lo que son. Pensar en matar al que mata, condenarlo de por vida, mutilarlo y otras penas de esa índole, han sido excluidas de nuestra legislación por considerarlas trascendentes y excesivas, aceptarlas es rendirse ante los procesos sociales negativos y renunciar a la búsqueda de otras formas de sacar adelante a nuestras comunidades, es perder la confianza en el ser humano. El apresuramiento, el coraje y la impotencia suelen ser malos consejeros.
Por otra parte, crear, a partir de hechos tan lamentables, una estrategia de intimidación, de crispación, una verdadera guerra de nervios contra la colectividad, es algo inaceptable y perverso, si es que se hace en forma deliberada; la estrategia del terror para mantener a la sociedad asustada permanentemente, sumisa, sometida, es una política que no tiene nada de novedoso, pero que lamentablemente reaparece como un fantasma en nuestro tiempo.
Cuando se usan estas tácticas, se quiere una sociedad paralizada por el miedo, para dejar manos libres a quienes están al frente y tienen el control, pero que ven en una sociedad despierta y confiada en sus propias fuerzas, capacitada para resistir y para dar respuestas a situaciones socialmente negativas, a competidores y posibles rivales.
Es mucho más positivo lo que está haciendo la procuraduría del Distrito Federal, investigar con seriedad, trabajar con lo que se tiene en este momento, para poner a los culpables en manos de los jueces y al mismo tiempo informar, tanto del hecho singular como de las estadísticas que en el caso han sido llevadas en forma escrupulosa y que reflejan la realidad en esta materia.
Individualmente nos indignamos, comprendemos el dolor y la angustia de quienes sufren este tipo de atentados, pero no podemos aceptar que la autoridad ni los comunicadores caigan ellos mismos en la histeria y muchos menos, provocarla e inducirla en forma colectiva.
