El principio de legalidad y la consulta
Ha habido recientemente en este diario una pequeña polémica entre John Ackerman y José Woldenberg sobre el principio de legalidad. No puedo evitar tocar los argumentos que se esgrimieron, pero mi interés ve el principio de legalidad y su relación con la consulta cívica sobre la reforma petrolera, la cual tuvo su fundamento en el artículo 42 de la Ley de Participación Ciudadana del DF, que establece que el jefe de Gobierno y otras entidades de interés público podrán convocar a la ciudadanía para que se pronuncie sobre “cualquier tema que tenga impacto trascendental en los distintos ámbitos temáticos y territoriales en el Distrito Federal”.
El artículo 45 no tiene relevancia para el caso, pues sólo impone a la autoridad convocante informar “acerca del modo en que el ejercicio de sus funciones fue afectado por los resultados” de la consulta. Si eso quiere decir algo, no tiene nada que ver con la facultad de convocar.
Se alegó que el jefe de Gobierno no cumplió con esa disposición, porque convocó a pronunciarse sobre un tema que está fuera de la agenda señalada. La pregunta obligada es: ¿es que la reforma petrolera no es un tema que tiene impacto fundamental en los distintos ámbitos temáticos y territoriales en el DF? Se debe creer que nuestra ciudad capital está en Marte o no forma parte de esta República. Se alegó también que el jefe de Gobierno no tiene competencia en el asunto, no obstante que se trata de “una causa justa”. ¿Desde cuando la justicia es ajena al modo en que se interpreta y aplica el derecho?
El jefe de Gobierno consideró, acertadamente, que la reforma petrolera propuesta por Calderón es un tema que tendría un “impacto trascendental” en el DF ¿Cómo se podría negar eso? Los habitantes de esta entidad no somos ajenos a esa cuestión y es bueno que nuestra autoridad local nos pregunte qué opinamos al respecto y si estamos o no de acuerdo con las reformas propuestas. Me complace que un periodista como Sergio Sarmiento confiese que fue a votar en la consulta. No hizo falta que dijera cómo. Probablemente los que descalificaron la consulta no pensaron que sirviera para maldita la cosa si les resultaba ilegal.
Quisiera decir que la consulta sólo fue un ejercicio cívico para dar a los defeños la oportunidad de manifestarse en torno a las reformas. Que hayan sido pocos los que fueron a “votar” se comprende, porque para muchísimos ciudadanos esa consulta sólo era una oportunidad de opinar y tal vez pensaron que no valía la pena. Lo he preguntado a mis vecinos y, en efecto, eso me dijeron, reconociendo que la cuestión petrolera es vital para el país y la conocieron a través de lo que pudieron saber por los debates sobre la materia.
El principio de legalidad es, ante todo, una garantía para los ciudadanos y su libertad y no se reduce al cumplimiento autómata de lo que dicen los textos legales como pedantescamente a veces se pregona. Ese principio fundamental del Estado tiene dos áreas: una, la del Ejecutivo administración (un concepto propio de los constitucionalistas que busca definir el poder presidencial no sólo como “ejecutor de leyes” sino, además, como administrador del gobierno de la sociedad) y, otra, la jurisdiccional, que se refiere al estricto cumplimiento de la ley por las autoridades judiciales, siempre en resguardo de la libertad de los ciudadanos.
A veces, para sorpresa de los descalificadores de la consulta, no se debe seguir como autómatas la letra de la ley, sino el objetivo que en justicia ella busca. Eso se da muchas veces en materia del trabajo, agraria, procesal en general, de derechos humanos y muchas más. Quisiera que los susodichos me dijeran en qué viola la ley el que un gobierno pregunte a sus ciudadanos qué opinan de ciertas materias aunque la ley no diga que lo puede hacer. De acuerdo con la Constitución, que funda el principio del buen gobierno, desde luego, no. En las pocas referencias que nos podemos encontrar en el texto de la Carta Magna al respecto siempre se habla de la protección del interés ciudadano y la libertad de expresión está garantizada.
Por supuesto que todo servidor público está obligado a seguir estrictamente la ley en sus actos como tal, pero ningún jurista de verdad ha dicho jamás que eso se hace con base en las palabras de la ley, con lo que, se ha señalado hasta la saciedad, se cometen demasiadas injusticias y éstas no son precisamente el objeto del orden jurídico. Todo instrumento legal tiene un objetivo que encierran las palabras con las que está escrito (es lo que los juristas llamamos espíritu de la ley), pero las palabras solas no dicen nada. Hay que insistir de nuevo en que hay valores jurídicos y éstos están concebidos para preservar los derechos de los ciudadanos que fundan su Estado y deben estar comprendidos en la letra de las leyes.
Los que participamos en la organización de esta consulta (que todavía no termina) nunca pensamos en una “votación”, como si se tratara de elegir a alguien o de aprobar algo. Sólo quisimos poner al alcance de los ciudadanos, los que quisieran, un medio para expresar su opinión. Hasta ahora van más de un millón 700 mil contados, y esto aún no acaba. Para nosotros ese fue el objetivo, y de ningún modo pensamos que fuese una miseria, como se insinuó en una Rayuela de La Jornada o lo dijo, quién sabe para qué o por qué, Arturo Cano.
PS. Las iniciativas de ley son para leerse atentamente, entenderse y discutirse, no para desecharlas arbitrariamente. No me parece justo el modo en que se están tratando las iniciativas del PRI. “Son peores que las del PAN”, dijo el licenciado Bartlett. Que sean más tramposas y cínicas valdría la pena demostrarlo. Algo peor que las malhadadas iniciativas de Calderón creo que resulta imposible. Un ejemplo: la propuesta priísta de Ley Reglamentaria sólo me llama al desacuerdo porque insiste en la desintegración de la industria petrolera con sus llamados “organismos filiales”. Por lo demás, establece controles muy estrictos sobre la actividad de los privados. Más de la mitad de las nueve iniciativas buscan sólo adecuar en otras leyes la existencia de esos organismos. La mayoría de los atentados a la Constitución se dan en su propuesta de Ley Orgánica de Pemex, y eso vale la pena discutirlo con detenimiento. Desde luego, también su propuesta de nueva Ley Federal de Derechos.
