Jaime Avilés
La Jornada, 16 de agosto 2008
■ Seguridad pública: es urgente un cambio de política y de políticos
México vive una crisis nacional de seguridad pública y la sociedad, llena de angustia, se pregunta por qué, pero nadie le responde: la ultraderecha, la derecha y los levantacejas culpan de todo a Marcelo Ebrard (¿incluso de los muertos en Culiacán, Iguala, Torreón o Ciudad Juárez?), porque el jefe de Gobierno se niega a reconocer como presidente a Felipe Calderón; los intelectuales, por su parte, prefieren guardar silencio (hay que ver de qué hablan sus revistas exquisitas); los empresarios se niegan a llamar a las cosas por su nombre (la devolución multimillonaria de impuestos que reciben, los fabulosos negocios petroleros que tienen en puerta, los alientan a soportar el castigo), mientras la izquierda especula, cautelosa, pero no acierta a alzar la voz.
¿Qué está pasando en México? Desfiladero arriesga dos hipótesis. Una: Calderón está administrando el terror en altas dosis para encubrir la privatización de la industria petrolera, que espera consumar en septiembre, mes de la patria, antes de proclamar la intervención político-militar de Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida, que hará más títere y más débil aún a su espurio gobierno.
Si esta percepción es incorrecta (a estas alturas ya nadie cree a Calderón capaz de nada, mucho menos de una sofisticación tan perversa), cabe entonces otra lectura: el Estado ha desaparecido en buena parte del territorio (léase, al menos en Chihuahua, Sinaloa, Durango, Michoacán, Nuevo León, Tabasco) y la gobernabilidad ha sido remplazada por la barbarie del caos. Por lo tanto, no cabe esperar sino que todo empeore, hasta que Estados Unidos retome el control (o lo intente), luego del traspaso de Petróleos Mexicanos (Pemex) a particulares.
Si el principal derivado del petróleo es la guerra, como bien decía el gran Fontanarrosa, y si la guerra significa muerte, devastación, odio, sicosis, miseria y ruina total, entonces los privatizadores de Pemex (los de adentro y los de afuera) nos han traído esta supuesta lucha “contra” el narcotráfico, que en realidad es una guerra contra la sociedad civil, contra sus formas de convivencia, contra sus elementales normas de deliberación democrática y sus aspiraciones de cambio profundo y verdadero.
Tenemos que decir ya basta, pero no como la oligarquía histérica que hoy pide más retenes militares, más policías y más penas de cárcel, en pocas palabras más de lo mismo, más de lo que no ha servido absolutamente para nada, cuando al contrario, es el momento de exigir un cambio radical de política y de políticos.
Ante una crisis como la que estamos viviendo, un gobernante sensible destituiría de inmediato al secretario de Gobernación, al secretario de Seguridad Pública, al procurador general de la República y a los responsables de certificar la licitud de los recursos financieros en Hacienda. Eso es lo mínimo que en estos momentos esperaría el pueblo, en lugar de la ociosa “cumbre” del jueves entrante, en la que Calderón propondrá medidas más “enérgicas”, para ganar tiempo hacia la privatización de Pemex y la intervención estadunidense.
Un cambio radical de política en materia de seguridad pública exige atacar la base financiera del crimen organizado, como se han cansado de repetir los expertos de Naciones Unidas, y como incluso lo señaló el domingo pasado en Villahermosa, desde el interior del panismo, Santiago Creel: “el dinero del narco no anda viajando en maletas por todo el país, está depositado en los bancos”. Al día siguiente de esa declaración, el Departamento de Estado afirmó en Washington que de 2003 a la fecha los cárteles han repatriado de Estados Unidos a México 22 mil millones de dólares.
Y al día siguiente de esa revelación surgió otra: la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda “no presentó, en el primer semestre de 2008, un solo reporte de lavado de dinero”, luego de haber detectado, en 2007, mil 478 operaciones de ese tipo. ¿Qué dijo al respecto Calderón? Nada. ¿Y Mouriño? Nada. ¿Y la SSP y la PGR? Nada. ¿Y los levantacejas? ¿Y los empresarios? ¿Y la izquierda?
En lo que va del año en Tabasco se han conocido poco menos de 60 secuestros (los desconocidos son muchos más). ¿Cuántas veces ha ido Juan Camilo Mouriño a supervisar las tareas de seguridad pública en aquella entidad? Las revistas de sociales se limitan a retratarlo en bodas, banquetes y bares de Polanco, donde suele rematar sus “agotadoras” jornadas de trabajo cantando hasta el amanecer. Si hubiera ido a Tabasco sabría que en Jonuta, por ejemplo, hay 120 policías municipales y un arsenal de siete rifles de alto poder (que datan de 1994), para cada uno de los cuales hay 40 balas que no se han utilizado en todo el sexenio por órdenes de arriba. Mouriño no es sólo el emblema de la impunidad sino de la desidia que beneficia a quienes apuestan a que todo se pudra para fortalecerse con el apoyo estadunidense.
Pero la desaparición del gobierno, en todo sentido, va más lejos. Ayer, en Monterrey, el kilo de tortilla subió de 8 pesos a 9.50. Sin embargo, lo que aterra a quienes tienen restaurantes en aquella región es el aumento del gas natural, debido a las nuevas tarifas que en Nuevo León y Coahuila se aplican desde el primero de agosto. Un taquero que hasta julio pagaba 4 mil pesos mensuales por ese combustible, calcula que ahora le cobrarán 9 mil.
Hoy por hoy, 4 millones de regios usan gas natural porque éste era mucho más barato que el gas butano, que se consume en el resto del país, hasta que hace algunas semanas, de repente, la empresa española Gas Natural, filial de Repsol, que lo distribuye, decidió equiparar sus tarifas con las de Texas, lo que provocó un incremento que tal vez obligará a cerrar incontables negocios. Ante tal peligro, los neoleoneses confiaban en que su gobernador, Natividad González Parás, además de reprimir con crueldad a los que se oponen a la destrucción del Cerro de la Silla, los defendería como les prometió. Para su desconsuelo, el funcionario prefirió viajar a Los Angeles a retratarse, disfrazado de Terminator como otros políticos, junto a Arnold Schwarzenegger.
La semana próxima será la consulta ciudadana en los estados del norte. ¿En Saltillo saldrán a votar las víctimas de Aguas de Barcelona, empresa también española que los mata de sed? ¿Y qué harán los usuarios de Gas Natural en el resto de Nuevo León y Coahuila? El martes que viene, por lo pronto, Andrés Manuel López Obrador conocerá la propuesta de los expertos para la transformación de Pemex, que será difundida el lunes 25, seis días antes de la reunión en todas las plazas públicas de México para decidir el siguiente paso en la lucha.
