El fraude de las Afores
El sistema de pensiones implantado hace 11 años en nuestro país hoy exhibe su verdadero rostro. Se trata de un auténtico despojo de los magros recursos de la población trabajadora, que beneficia a un puñado de empresas trasnacionales llamadas Afores, Siefores y aseguradoras privadas. Los fondos han perdido 52 mil millones de pesos en el presente año en inversiones en contraste, las empresas administradoras han cobrado comisiones por 10 mil millones de pesos en el mismo periodo. Mientras muchos pierden pocos ganan.
¿Cómo es posible que en nuestro país se permita hacer negocio a costa de los trabajadores, quienes después de largos años de trabajo han venido ahorrando pequeñas cantidades para sobrevivir en la última etapa de su vida? ¿Cuál es la lógica de imponer un sistema que permite a empresas privadas manejar estos fondos sin que se justifique socialmente su presencia? Un dato basta para acreditar este absurdo: 85 por ciento de los recursos pensionarios son canalizados a comprar deuda pública para ello, no son necesarias 22 Afores, elegantes edificios, campañas publicitarias, ejecutivos con altos salarios y gigantescas comisiones; se trata de una simple función de intermediación que no requiere de dicha infraestructura. Otra suerte tendrían los trabajadores si sus recursos fueran manejados por entidades públicas o sociales que tuvieran por función beneficiar los fondos de pensiones, canalizando los intereses en su favor e invirtiendo en renglones que favorezcan a los propios trabajadores.
A medida que se confirma el comportamiento real de este sistema de pensiones sustentado en cuentas individuales, se acreditan sus limitaciones. Es un modelo inseguro para los trabajadores, pues estos deben cargar con todos los riesgos financieros; el Estado y el patrón eluden cualquier responsabilidad; conlleva una confiscación en la medida que obliga a los asalariados a colocar su patrimonio en manos de entidades privadas, que los manejan como propios sin arriesgar nada, cobrando sus comisiones sobre el monto de las cantidades ahorradas y no por el resultado de su gestión financiera.
Esta condición privilegiada de las Afores se ha ido consolidando con el tiempo; la reforma a la Ley del SAR en abril de 2007 vigente a partir de marzo de 2008 es clave en este proceso. Asa Cristina Laurell lo resume claramente: “Las Afores nunca pierden, cuando se inició el sistema cobraban una comisión alta sobre cada depósito y baja sobre ahorros. En el momento en que se juntaron cerca de 900 mil millones a principios de este año, los legisladores cambiaron el sistema de cobro a fin de permitir un porcentaje sobre el ahorro, con esto las ganancias esperadas son poco más de 7 veces de lo que hubieran percibido en el sistema antiguo”.
Además de obligatorio, privado e inseguro, el sistema tiende a otorgar pensiones cada vez más bajas. La proyección esperada bajo el actual sistema es que los trabajadores que ingresaron al régimen del IMSS con posterioridad a la reforma que entró en vigor en julio de 1997, recibirán pensiones con tendencia decreciente y sensiblemente inferiores comparadas con las del régimen anterior. Por esta razón, aquellos trabajadores que ingresaron con anterioridad a esa fecha han optado por rechazar el nuevo sistema.
Sería equivocado aceptar resignadamente que este absurdo sistema de seguridad social es el único posible. La mayor parte de los países del mundo transitan por vías diferentes, combinando sistemas públicos con privados, con controles y apoyos estatales para proteger los fondos pensionarios, así como garantías para evitar los daños que hoy acaecen en nuestro país. Incluso en países como Chile, de quien se copió el modelo de Afores, existen varios mecanismos para proteger al trabajador de pérdidas por medio de reservas, encajes y en última instancia, vía la protección del Estado.
El problema es que en nuestro país el tema pensionario se ha visto como un apoyo al sector privado y no como una prestación en favor de los auténticos destinatarios. En esta deformación tiene una grave responsabilidad el movimiento sindical que se subordinó desde un inicio a los lineamientos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual ha venido instaurando obligatoriamente este modelo en todos los sistemas pensionarios, bajo distintas modalidades. La última imposición se concretó en la Comisión Federal de Electricidad, creando con ello un abismo entre los trabajadores activos y los nuevos trabajadores. La responsabilidad patronal para estos últimos se redujo a un aporte patronal de 7.5 por ciento del salario. Como siempre la píldora se doró señalando que si todo caminaba bien las pensiones serían suficientes para sobrevivir, aunque los cálculos actuariales digan todo lo contrario. Esta expresión de un dirigente sindical lo dice todo: “No nos preocupemos por los futuros trabajadores cuyo nombre y apellido ni siquiera conocemos”. Con esta lógica solidaria todos estaríamos en el hoyo.
La mejor manera de contrarrestar este fraude, además de exhibir sus extremos y convocar a la protesta, es impulsando otro sistema de seguridad con una lógica solidaria, sustentada financieramente, que considere el comportamiento poblacional, la responsabilidad patronal y el margen fiscal del Estado. Para ello, es importante aprovechar la experiencia internacional sustentado en sistemas mixtos en los que el trabajador nunca pierde la capacidad de opción y el Estado mantiene su carácter corresponsable, modelos en los cuales todas las partes colaboran en un sistema integral de seguridad social que proteja a toda la población, complementados con renglones adicionales acordes a las circunstancias económicas y laborales de cada uno de los sectores. En este diseño alternativo deberían estar convocadas las instituciones académicas y especialistas junto con las organizaciones sindicales que todavía están preocupadas por sus miembros y por aquellos que aún no tienen nombre y apellido.
