España: desembarco económico
En vísperas de que la vicepresidenta de España, María Teresa Fernández de la Vega, viaje a nuestro país, en el contexto de la Conferencia Internacional de Sida, fuentes del gobierno de ese país han revelado el beneplácito del Palacio de la Moncloa hacia el conjunto de iniciativas en materia petrolera presentadas el pasado 8 de abril por el Ejectutivo federal, principalmente porque éstas se encuentran orientadas a “un incremento en la producción nacional de crudo”. Estas afirmaciones se producen a sólo unos días de que la secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, declarara que el gobierno que encabeza José Luis Rodríguez Zapatero siempre defenderá “los derechos económicos de las empresas españolas”.
El aval de Madrid a las propuestas calderonistas en materia petrolera obedece al interés por que las empresas españolas participen de los nuevos terrenos de inversión y las grandes oportunidades de negocio para particulares que las iniciativas del Ejecutivo pretenden abrir en sectores de la industria nacional de los hidrocarburos, como la refinación, el transporte y el almacenamiento. Al parecer, al gobierno español pasa por alto que tales propuestas contravienen el espíritu constitucional y representan un intento por acabar con la mayor riqueza pública del país.
En un sentido más general, la posición favorable del gobierno español en torno a la posible privatización parcial de Petróleos Mexicanos (Pemex) se inscribe en el proceso de un creciente posicionamiento de compañías españolas en naciones latinoamericanas. Las empresas ibéricas han encontrado en el inicio del ciclo neoliberal en México, y en otros países de la región, una oportunidad inmejorable de negocios para sus compañías, vía el aprovechamiento de las políticas de corte neoliberal, emprendidas durante las dos décadas pasadas, particularmente del llamado “adelgazamiento del Estado” que se tradujo en una andanada privatizadora de las empresas estatales en áreas como las comunicaciones, el sector energético y los servicios financieros. Así, durante la década de los 90, España se convirtió en una de las mayores fuentes de inversión extranjera en la región –ésta pasó de 780 millones de dólares en 1990 a 100 mil millones de euros en 2001–, y las compañías ibéricas avanzaron sustancialmente en la conquista de los mercados latinoamericanos.
Hasta donde puede verse, este proceso, potenciado durante los ocho años de gobierno de José María Aznar –quien no escatimó en demandar a los gobiernos de la región más privatizaciones y mayor liberalización de la economía– ha encontrado continuidad después de la alternancia en el poder en 2004. Significativamente, en su programa electoral para las elecciones generales de 2008, el Partido Socialista Obrero Español ofrecía seguir “trabajando para garantizar un marco jurídico seguro y estable para las inversiones en América latina y para que éstas tengan una incidencia positiva en el desarrollo donde están implantadas”.
Sin embargo, en algunos casos la presencia de las empresas españolas en América Latina ha traído más beneficios para éstas que para los habitantes de la región. Dos casos destacados son el de BBVA, que obtiene cuantiosas ganancias en nuestro país por el cobro de altas comisiones a los usuarios de los servicios financieros –que llegan a representar el triple de lo que se cobra a un cliente en la matriz española–, y la petrolera Repsol, que se ha valido de la explotación de los recursos naturales de otras naciones para consolidarse como uno de los gigantes de la industria energética mundial.
Por lo demás, el beneplácito expresado por la Moncloa ante las iniciativas calderonistas da sustento a los señalamientos en el sentido de que la urgencia del jefe del Ejecutivo federal por que su iniciativa sea aprobada no obedece a las necesidades nacionales, sino a las presiones de actores políticos foráneos y de corporaciones extranjeras que, como la referida Repsol, resultarían las verdaderas beneficiadas con la apertura que plantea la propuesta entregada al Senado hace casi cuatro meses. En suma, resulta cada vez más evidente que la cúpula político-empresarial que detenta el poder en México se conduce en función de los intereses corporativos de sus aliados extranjeros, y no de las necesidades de la nación.
