Escenografías y distractores
La economía nacional enfrenta un momento sumamente crítico, que tiene consecuencias inocultables en el ámbito social. El panorama internacional profundiza los efectos de décadas de abandono gubernamental a los sectores más desprotegidos y potencia el surgimiento de escenarios particularmente ofensivos al bienestar del conjunto de la población.
Ejemplo de esta situación es la caída en las expectativas de crecimiento de la industria de la construcción –uno de los mayores generadores de empleo–, atribuida a la falta de recursos públicos y a la desaceleración de la economía, y la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los mexicanos, que se refleja en el descenso de las ventas en las tiendas de autoservicio y departamentales. Al mismo tiempo, la caída en las utilidades de importantes empresas en la bolsa de valores evidencia que los estragos del actual modelo económico también afectan a los sectores más pudientes, y las desalentadoras cifras en materia de inversión extranjera, de previsiones de crecimiento económico y de combate a la inflación reflejan el fracaso del modelo neoliberal en sus premisas más fundamentales. A esto habrá que sumar los intentos gubernamentales, también a tono con la lógica neoliberal, por privatizar la industria nacional de los hidrocarburos y desmembrar así la mayor riqueza de la nación.
Los factores mencionados, se sabe desde siempre, aceleran el resquebrajamiento del tejido social y plantean escenarios propicios para el surgimiento y desarrollo de manifestaciones delictivas. Sin embargo, desde los círculos cercanos al grupo que detenta el poder se han emprendido una serie de montajes que, es de suponer, persiguen el objetivo de desviar la atención de esos temas centrales y trasladarla a asuntos de índole política que, ciertamente, no abonan a la solución de la problemática.
En el marco de los reclamos a las autoridades por el repunte en los índices delictivos, la organización México Unido Contra la Delincuencia ha presionado a Marcelo Ebrard para que se reúna, “en un plazo máximo de 30 días”, con Felipe Calderón. En respuesta, el gobernante de la capital ha planteado la realización de una cumbre nacional sobre seguridad que convoque a “todos los gobiernos de los estados” y agregó que “no hay un tema que no se deba tratar abiertamente”, en alusión a un eventual encuentro privado con el político michoacano.
La postura de Ebrard apunta a un hecho central: la problemática que se vive en materia de seguridad no atañe exclusivamente a los titulares del gobierno federal y local; concierne también, al conjunto de la administración pública, a los gobiernos estatales y municipales, al Legislativo y a los órganos de impartición de justicia. Adicionalmente, no puede entenderse de qué modo una reunión entre dos políticos pudiera ayudar a solucionar la crisis de seguridad. Para combatir la delincuencia –tema sumamente delicado que aqueja y agravia al conjunto de la sociedad– las autoridades no pueden limitarse a acuerdos o acciones de coyuntura: la complejidad del fenómeno demanda un ataque frontal a sus causas de fondo.
Por lo demás, los reclamos referidos revisten un inocultable tinte partidista. La solicitud de una reunión entre Ebrard y Calderón es un enésimo intento por confrontar al gobierno de la ciudad con los sectores de la sociedad que siguen cuestionando la legitimidad del actual gobierno federal, así como por aislar al movimiento ciudadano que encabeza el ex aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador, y que ha sido uno de los principales frentes críticos del actual modelo económico y de gobierno.
En suma, la circunstancia actual hace urgente la adopción de medidas profundas y orientadas a revertir, más allá de los ánimos mediáticos y del oportunismo político, las crisis institucionales, económicas y sociales que recorren la nación.
