Negocios y rendición incondicional
Primero son los jugosos contratos a favor de los socios de fuera y de dentro postergando los intereses de la ciudadanía: independencia, soberanía, desarrollo y paz social. Hoy, como ayer, las cúpulas del PAN y PRI impulsan una involución mayor del proyecto nacional, esperando superar la hazaña que protagonizaron en 1995, cuando Estados Unidos, al calor de la macrocrisis financiera fraguó el rescate conocido como el Acuerdo Marco para la Estabilización de la Economía Mexicana, que, como acotó María Fernanda Campa Uranga, “más que una carta de intención solicitada a un prestamista exigente por un deudor moroso, parece una carta de rendición incondicional al término de una guerra”.
Esta puntualización atiende el hecho de que esa operación, orientada en realidad a salvar a grandes inversionistas estadunidenses, exigió el aval-factura a futuro por exportaciones de crudo que aún se encontraba en el subsuelo, lo que, además de magna irregularidad jurídico-constitucional, transformó la riqueza petrolera mexicana en reserva estratégica de facto de EU. Según expliqué en La compra-venta de México (Plaza & Janés, 2002), el entreguismo fue –y es– de gran alcance: el 29 de abril de 1995 Zedillo logró con los votos del PRI y del PAN modificar la ley que regula el artículo 27 constitucional para proceder con la apertura a la inversión privada, nacional y extranjera, de la transmisión, almacenaje y distribución del gas natural. Ése fue el diktat imperial para desmonopolizar y hacer competitivo a Pemex. Oil and Gas Journal, la conocida revista del ramo, celebró así la proeza antinacional de Zedillo: (la medida) “representa la primera y más importante modificación de la Constitución mexicana en relación con la industria del gas natural y del petróleo efectuada desde su nacionalización en 1938” (número 19, vol. 93, mayo 1995, p. 83.)
Es lo mismo que ahora proponen PRI y Calderón, con arrebato traidor, pero esta vez para todo Pemex. Al igual que ayer poco les preocupa el riesgo de una grave crisis político-constitucional como advierten economistas y juristas de amplio espectro ideológico o el deterioro socioeconómico, jurisdiccional y de seguridad que acarrea el despojo de la renta petrolera. Lo que vale para ellos es coparticipar con extranjeros, en el filón de dejar a Pemex como administradora de contratos, paso previo a su finiquito formal. Por medio de la autonomía de gestión, su director y consejo administrativo pueden manejar a su gusto el portafolios de negocios por lo que es vital una desregulación que abra espacio al ejercicio pleno e impune de la criminalidad de Estado: un sexenio es poco para el pillaje de tan magno botín. Por eso desaparecen los órganos internos de control. Y también los contralores de la Secretaria de la Función Pública, quienes por ley participan en todo acto de Pemex (Fortuna: abril, 2008). Se trata de instaurar una regulación sui géneris que cancele todo intento por hacer público el contenido de los contratos, los juicios por conflicto de interés o el tráfico de influencias.
La prioridad de La Casa Blanca y Los Pinos es dejar los negocios amarrados, comprando o extorsionando el voto legislativo. Constitucionalizar la privatización de facto de Pemex es un regalo de Bush y sus cómplices para Halliburton, Slumberger, y muchas otras firmas, que operarían a su gusto con las empresas filiales estratégicas de Pemex, que, como alertó Mario di Costanzo al comentar la iniciativa priista, gozarían “de autonomía de gestión en toda la cadena de valor de la industria”, así que no importa si se las define como “propiedad de Pemex”, ya que “no existe impedimento para que se asocien en cualquier actividad de la cadena productiva, exploración, distribución, transporte, almacenamiento, etcétera, con socios nacionales o extranjeros, y en cualquier porcentaje de participación”.
La meta es privatizar ganancias y socializar costos y riesgos. Hasta que el país estalle, otra vez.
