La necesidad de abrir un espacio para el debate nacional en torno a la reforma de la industria petrolera es inobjetable, pues de ningún modo suplanta al trabajo legislativo y, sí, en cambio, lo enriquece, le da vitalidad, arraigo. La visión de la política como asunto de especialistas, distante de las preocupaciones más vivas de la ciudadanía, no ha sido nunca una fórmula democrática y contradice las virtudes del sistema representativo. En este punto se puede diferir en cuanto a la naturaleza de los medios puestos en juego para alcanzar dicho objetivo de ir al debate nacional, condenar la radicalidad de las formas, como si éstas no exigieran mayores reflexiones políticas, pero ningún juicio es válido si no considera el contexto en que se dan los hechos. Por supuesto, en democracia, las conductas se premian o castigan con los votos, es cierto, pero en este asunto aún falta un largo camino por recorrer, de modo que es mejor evitar la histeria de adelantar vísperas quemando en leña verde a una de las partes.
La cuestión de qué tipo de reforma de Pemex plantea el gobierno se ha despojado de todo misterio: allí están las iniciativas (aún falta alguna), de manera que hay materia concreta sobre la cual trabajar. Sin embargo, aun para los hasta ayer partidarios del fast track, es obvio que el camino será largo y, si no mejora el clima general, se volverá accidentado y peligroso para el país. Es mucho lo que está en juego, lo admitan o no los fieles de la tecnocracia que sólo ve peligros en la conducta ajena. Padecemos las secuelas del déficit de normalidad democrática que define nuestra transición inconclusa ante una cuestión de suyo trascendente. Por favor, no hagamos como si no pasara nada. Por lo menos, démosle al debate el tiempo que el tema exija. La discusión central no debería estar entre la televisión versus algunos partidos, como ahora ocurre, sino en la sociedad convocada por el Congreso.
No estamos ante una reforma más y esto conviene reiterarlo, pues aunque el gobierno en la propaganda millonaria magnifica los alcances de su propuesta, (y juega sin pudor con los usos de la riqueza aún no extraída) al mismo tiempo la empequeñece para que pase sin contratiempos los procedimientos legislativos. Limadas las aristas más filosas, es decir, la renuncia a modificar el 27 constitucional (base de su alianza con el PRI) se ha pronunciado por un debate puntual, pragmático, como si, en efecto, se tratara de leyes comunes y corrientes. La trampa es demasiado evidente. En primer término porque existen dudas razonables en cuanto a si, en efecto, las iniciativas realmente eluden plantear un esquema privatizador como ha dicho el gobierno o son meras fórmulas ideadas para burlar el espíritu y la letra del 27 constitucional, cuya abolición es requerida con la fuerza de un dogma por todos los que aspiran a llevarse un buen pedazo de la tajada petrolera mexicana. Hay razones para abrigar sospechas, pues la modificación de las leyes secundarias no asegura, como ya se ha visto en el caso de la electricidad, la fidelidad a los principios constitucionales ni acredita, por parte del gobierno, la renuncia a la privatización. El argumento en contra de la privatización no apela, como han dicho algunos profesores, al rencor social de los que nada tienen. Tampoco la defensa del petróleo es una causa entre otras posibles. Debatir sobre su importancia aquí y ahora debía ser el eje del debate nacional asumido, pero aún no concretado por los legisladores.
Teniendo en cuenta la experiencia acumulada en esta materia, la cual no es desdeñable, pues al día siguiente de la expropiación en 1938 ya estaba en pie el intento de asaltar legalmente la renta petrolera, se han alzado algunas voces subrayando la opacidad de las iniciativas a este respecto. Cuauhtémoc Cárdenas, en un lúcido y oportuno artículo publicado en estas páginas, alertó contra el carácter entreguista de la pretendida reforma: “De aprobarse estos textos, estaría dándose, en los hechos, la entrega a la inversión privada de áreas estratégicas de la industria petrolera, que dejarían de manejarse en función de un interés público para pasar a manejarse de acuerdo a intereses privados, extranjeros o nacionales. La experiencia de las privatizaciones vivida en los últimos sexenios, deja ver que así sucedería también en la industria del petróleo”.
Otros analistas conocedores del tema energético, como Antonio Gershenson, han denunciado que la propuesta calderonista no sólo entrega algunas actividades reservadas a la iniciativa privada, sino que en conjunto pretende configurar una empresa paralela a Pemex, deformando por completo la noción de “industria nacional” explícita en nuestra legislación. Hay un aspecto que nunca se había hecho público, hasta el envío del proyecto de reformas: refinerías privadas. Una empresa, de hecho extranjera, puede construirse su refinería, operarla y venderle la gasolina y demás refinados, que son mucho más caros que el petróleo crudo, a Pemex, todo esto mediante contratos. Algo así como los “productores externos” con la industria eléctrica “nacionalizada”. Al sustraer de la exclusividad del Estado el transporte, almacenamiento y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación de petróleo y de los petroquímicos básicos, afirma el ex director de Pemex, Francisco Rojas, “se quita a la industria estatal y a la nación sus vasos comunicantes, sus arterias y sus venas”.
Por eso y más repito lo que dije hace una semana en este espacio, aunque se renuncia a la privatización como noción positiva (venta de activos) ésta subyace como criterio ordenador de la acción gubernamental. No conciben al Estado como representante del interés nacional, sino como promotor de los negocios privados. Ésa es la diferencia “filosófica” entre los neoliberales y sus críticos de izquierda. Ojalá y el Congreso sea sensible a la necesidad de no ahorrar tiempo en detrimento de la transparencia de su labor. Ojalá y la última palabra se corresponda con la defensa del interés nacional.
PD. Dos ausentes lamentables: El PRD, perdido como partido y sin brújula, empujado por dentro y fuera a la fractura. El sindicato petrolero, siempre silente y apoyador. Para la derecha que piensa que el mejor sindicato es el que no existe, hoy deviene aliado imprescindible. ¡Qué tragedia que los trabajadores no sean la columna vertebral de la reforma que se requiere! Pero ninguna burocracia trabaja contra sus propios privilegios, pero, ojo, hasta ésos se derrumban.
