Reunidos hasta ahora, un diagnóstico, un mensaje y cinco iniciativas de reforma (aunque parece estar pendiente una sexta, sobre la Ley Federal de Derechos, a la que aludió el secretario de Hacienda) constituyen parte de los materiales básicos para el amplio debate nacional que debe preceder e informar cualquier decisión legislativa que afecte a Petróleos Mexicanos. Para éste, hay que ampliar el horizonte y traer a la mesa otros enfoques, otras opciones y otras propuestas sobre la reforma del organismo; sobre el conjunto y los componentes del sector de la energía; sobre la economía y la sociedad a cuyos intereses sirven, y sobre el entorno mundial en que se insertan. Ni el organismo ni el sector ni la economía ni la nación son islas o funcionan en el aislamiento. Si se desea incidir en el futuro del primero, hay que considerar también la transición del sector de energía y las consecuencias ambientales; la retomada del crecimiento económico y su reorientación distributiva; la evolución previsible del mundo de la energía y las transformaciones tecnológicas asociadas. Hasta este momento nada está definido. Ni siquiera algo tan elemental como la estimación de crecimiento de la economía que está detrás de las propuestas. Todo, diagnóstico e iniciativas, está sujeto a discusión.
El resumen del contenido de las iniciativas solamente ocupa la tercera parte del mensaje de 8 de abril. Dos tercios del mismo se dedican a aclarar su intencionalidad, señalando lo que la iniciativa propone, en contrapunto con lo que no propone. Se describen los objetivos, se insiste de manera reiterativa en lo que la reforma no afecta y se alude al mantenimiento del status quo. Un hermeneuta señalaría que la insistencia en destacar lo que no quiere hacerse, descubre lo que en realidad se propone. Es una traición del subconsciente. De no existir intención privatizadora, no habría la compulsión de negarla. Es evidente que las iniciativas se orientan a la apertura de Pemex a agentes económicos privados –inversionistas, prestadores de servicios, contratistas, administradores– y, en este sentido, por supuesto que hay intención privatizadora.
El mensaje contiene notables contradicciones. Calderón asegura, evocando en forma implícita el diagnóstico propalado la semana anterior, que “las causas [por las que México ha perdido terreno en el mundo petrolero y ha visto reducirse sus reservas] no son solamente financieras, sino fundamentalmente tecnológicas y operativas”. Más adelante señala, tajante: “Pemex no cuenta con la capacidad necesaria para refinar el petróleo”.
A renglón seguido, se rectifica y salta el optimismo: “Afortunadamente, tenemos la capacidad y el potencial para enderezar el rumbo. Contamos con trabajadores que han dejado constancia de su capacidad, responsabilidad y patriotismo.” ¿Por qué entonces hay un problema operativo, de gestión?
En el fondo se advierte una especie de esquizofrenia: al referirse a la actual situación de Pemex se cargan los tonos oscuros; en cambio, al referirse a un futuro hipotético, después de la reforma, se promete lo que ningún país ha alcanzado: el pleno desarrollo. Este tipo de desmesuras avalan la necesidad imperiosa de dar tiempo a una discusión amplia, minuciosa y objetiva de las iniciativas y de su entorno sectorial, nacional y global, como arriba se indicó.
Los párrafos del mensaje que resultan más difíciles de comprender –o de tomar en serio– son los que aluden a las repercusiones de la reforma sobre la vida nacional. Se le concibe como una suerte de panacea que, de forma automática, ayudará a resolver todos los problemas del desarrollo social y las insuficiencias de la infraestructura, que permitirá “superar definitivamente la pobreza” y convertirnos en “un México más próspero y plenamente desarrollado”. Todo esto será posible, afirma Calderón, “si logramos obtener los recursos que la reforma nos daría”. Desde luego, no los cuantifica. En trabajos recientes se ha cuantificado el monto de excedentes que, entre 2001 y 2007, trajeron al país los altos precios nominales del petróleo: 54 mil millones de dólares. Casi 8 mil millones de dólares por año por encima de lo presupuestado. Sin contar las remesas. No nos llevaron al “pleno desarrollo”, para usar los términos del mensaje. ¿Cuánto se espera obtener, como “recursos que la reforma nos daría”, para conducirnos al paraíso? ¿En cuántos años?
Hay indicios de que se desea impulsar la aprobación de las iniciativas a la mayor velocidad, por el carril más rápido. Como si los problemas de Pemex se hubieran manifestado apenas ayer, como si el país hiciera frente a una situación novedosa, que lo tomara por sorpresa –como aparentemente le tomó por sorpresa la insuficiencia de las reservas financieras de las entidades de seguridad social para hacer frente a los compromisos acumulados en materia de pensiones– en el mensaje se postula que “debemos actuar ya, porque el tiempo y el petróleo se nos agotan”. Este sentido de urgencia acaba de llegar. Interrogado un día antes de la presentación de las iniciativas acerca de si era inminente su anuncio por parte de él mismo o de su partido, Calderón declaró, según las crónicas periodísticas, “no tengo idea, no sé.., ya veremos”. Esta actitud prevaleció en los primeros 16 meses de la administración. Quizá la urgencia nació de la convicción de que, para sus proponentes, puede ser ventajoso limitar el debate, acortarlo y acotarlo. Esto es, precisamente, lo que no puede permitirse.
