Gustavo Iruegas
La Jornada, 10 de abril 2008
Como tantos otros problemas nacionales, el del petróleo pasa actualmente por una fase en que la querella es primeramente nacional, pero tiene en el anverso su parte internacional. Se trata ahora del descarado intento de la oligarquía desnacionalizada y asociada a grandes empresas extranjeras de anular el carácter patrimonial que para la nación mexicana tiene su petróleo. Esa oligarquía, en otras épocas denominada “burguesía nacional”, sin dejar de ser abusiva y explotadora, era solidaria con el gobierno en la defensa del petróleo. Fue con la implantación del modelo económico neoliberal que se perdió el carácter nacional de la burguesía mexicana.
La decisión de don Miguel de la Madrid de abrir unilateralmente el mercado nacional al comercio internacional se explicaba como una medida que obligaría a los industriales mexicanos a elevar la calidad de sus productos, incapaces de competir en el mercado mundial. La apertura comercial inundó de productos extranjeros el mercado nacional, hasta el punto de importar copias baratas de las ya de por sí mal pagadas artesanías mexicanas. Los industriales no aceptaron el reto de competir con sus pares extranjeros y simplemente se convirtieron en comerciantes de bienes de consumo importados. Los más poderosos se asociaron a las grandes firmas internacionales. Entre tanto, el gobierno neoliberal liquidaba, malbaratándolo, el patrimonio nacional. Hasta la propia secretaría de Estado encargada de protegerlo fue eliminada. También los servicios se incorporaron a la vendimia y no se tardó en enajenar Teléfonos de México. Se censuró la fugaz nacionalización de la banca y se entregó a particulares mexicanos que pronto la transfirieron al extranjero. Así fue como la burguesía mexicana perdió su carácter nacional y se convirtió en la oligarquía extranjerizante que ahora padecemos.
La gran operación de aplicar el modelo neoliberal significó desmantelar el patrimonio nacional y desmontar la industria, enajenar la banca y otros importantes servicios. Igualmente la producción agropecuaria nacional fue sometida a las grandes corporaciones internacionales. Los pequeños negocios nacionales fueron orillados a la compra de franquicias extranjeras para mantenerse, por ejemplo, en el negocio de expendio de alimentos.
La desmexicanización de la economía nacional ha sido una tarea que empeñosamente han desarrollado los gobiernos neoliberales, tanto los de facto como los democráticamente electos. El destino que la oligarquía apátrida pretende para los mexicanos es convertirlos a todos, en su propia tierra, en empleados de las grandes corporaciones extranjeras.
Todo lo anterior es bien conocido en México, pero se recuerda ahora para beneficio de los extranjeros que con gula anticipan el banquete que les ofrecen quienes intentan privar al pueblo de su preciado recurso petrolero.
El Presidente Legítimo ha dicho que, además del despojo que significaría permitir que se entregue la riqueza nacional al extranjero, el perjuicio más grave está en que con ello se cancelarían las expectativas del desarrollo nacional. Dijo también que si los espurios lograran enajenar el patrimonio energético de la nación, revertir esa situación podría acarrear violencia. Contrariamente a lo que torcidamente quisieron interpretar algunos comunicadores, no se trataba de una amenaza de violencia popular que, como se ha dicho en innumerables ocasiones, ha sido erradicada del método de lucha de la resistencia mexicana; era, sí, una advertencia a los propios resistentes de las dificultades que significará rescatar de los extranjeros el patrimonio nacional.
Últimamente los personeros del gobierno de facto han dicho que no pretenden modificar la Constitución, que con hacer algunas modificaciones a leyes secundarias bastaría para legalizar los contratos de riesgo que pretenden y que equivalen a ceder las riquezas del subsuelo. Ahora se habla de dar autonomía de gestión a Pemex y con ello poner el patrimonio nacional en manos de un gerente, neoliberal por supuesto. Han usado un sinnúmero de argumentos para asegurar que no se quieren robar lo que se quieren robar. La falsedad de esos argumentos ha sido evidenciada con toda oportunidad por los defensores del patrimonio nacional. El carácter profundamente corrupto de los funcionarios del gobierno de facto fue exhibido públicamente y sin dejar posibilidades de encubrimiento. Cosas como las compras multimillonarias de gas peruano a una empresa intermediaria española, los contratos por adjudicación directa a un mexicano de dudosa estirpe y legalmente incapacitado para celebrarlos, y la malintencionada y costosa propaganda del gobierno fraudulento sobre las ventajas de entregar el petróleo mexicano al extranjero, demuestran la perversidad del proyecto derechista.
A todo eso se enfrenta la resistencia popular organizada en la determinación de no permitir la enajenación del patrimonio ni la consiguiente cancelación del desarrollo nacional.
Sin embargo, algo ha faltado decir, cuya omisión podría mal interpretarse por parte de los compradores extranjeros como alguna suerte de aceptación del despojo. Para evitar ese error hay que alertar a esos aviesos compradores de los verdaderos riesgos del contrato que les ofrecen los espurios mediante este atento aviso: sepan cuantos intentan apoderarse del patrimonio de los mexicanos que la operación que pretenden tiene como vicio de origen el que el presunto vendedor no tiene facultades para vender tanto porque la Constitución lo prohíbe –y no habría ley secundaria que pueda superar esa prohibición– cuanto porque el vendedor es un usurpador que ocupa ilegalmente la silla presidencial. Todo lo que obtengan en esas condiciones será propiedad robada y eventualmente lo van a perder. Los mexicanos dignos y conscientes se encargarán de eso. No se diga después que no se les informó.
