Desde que el Ejecutivo envió las cinco iniciativas para reformar distintos aspectos que involucran a Pemex, organismo público descentralizado fundamental, se ha hecho evidente que no hay lógica atrás del empecinamiento por aprobarlas. Cualquiera se pregunta cómo es posible que se hable de bancarrota respecto de una entidad que aporta la tercera parte del presupuesto nacional. Se señala, en cambio, el abandono deliberado en que han tenido a Pemex los cuatro últimos gobiernos. El Instituto Mexicano del Petróleo, que tanto aportó en materia de investigación, ha sido arrinconado, se dejaron de construir refinerías y plantas de petroquímica, se abandonó la exploración y se privilegió la importación en vez de la producción que pudo bajar los costos, favorecer la creación de empleos, conservar el capital en casa y elevar la calidad de la industria petrolera en general.
Llama la atención, sin embargo, que estos temas, o no aparecen en la iniciativa a la modificación de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional o, si están presentes, se atribuyen a que no ha habido modificaciones al marco legal. No se necesita ser un experto para preguntarse cómo es que antes, con la ley actual, sí hubo investigación, exploración, construcción de refinerías y plantas petroquímicas, además de producción propia.
Podría pensarse que el gobierno ignora esto, lo que de suyo sería grave, pero no es así. Gracias a Miriam Ortega, estudiante de Ciencias Políticas, conocí completa la iniciativa de ley para la contribución empresarial a tasa única (CETU). En la exposición de motivos, el Ejecutivo hace un recuento de la situación de la Secretaría de Hacienda y en especial del estado que guarda la recaudación en México.
Ahí se explica que la recaudación tributaria no petrolera ha sido muy baja por décadas, aun cuando durante algunos años se establecieron elevadas tasas impositivas. De acuerdo con los datos que se presentan, la recaudación promedio en los últimos 18 años ha sido apenas equivalente a 9.5 por ciento del producto interno bruto (PIB), la más baja comparando con países con ritmo de crecimiento similar.
En el texto hay párrafos aún más reveladores, pues se afirma que el “problema de la baja recaudación tributaria ha sido compensado en años pasados con ingresos petroleros elevados. En promedio, durante el periodo de 2000 a 2005, la Federación obtuvo 70.3 por ciento de los ingresos petroleros totales, los cuales representaron 33.2 por ciento del total de ingresos del sector público”.
En el mismo tono autocrítico señalan, no sin razón, que “no es benéfico para el país sostener y acrecentar la dependencia que hoy registran las finanzas públicas respecto de los ingresos petroleros. Ello, por un lado, hace que cerca de la tercera parte del gasto público gravite alrededor del petróleo, cuyos precios son por naturaleza volátiles y, por otra parte, ha impedido la adecuada capitalización de la industria petrolera mexicana influyendo en su rezago en términos de competitividad y productividad”.
Finalmente enfatizan que “resulta insensato desde cualquier perspectiva económica sufragar un porcentaje tan alto de gasto gubernamental con recursos no renovables, que son patrimonio no sólo de todos los mexicanos de hoy, sino también de las futuras generaciones. En este sentido, la relativa abundancia de recursos petroleros en México ha tenido el efecto de posponer una reforma integral del régimen tributario”. Recuerdo a los lectores que esta iniciativa fue enviada a la Cámara de Diputados en junio de 2007; está firmada por Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. A confesión de parte…
Se puede concluir que la iniciativa para la reforma de la ley reglamentaria del artículo 27 es innecesaria tal como está planteada (además de anticonstitucional); lo que hace falta de manera urgente es una verdadera reforma fiscal.
Pero, más allá de reformas a modo, que dejarían sin margen de maniobra al Estado mexicano y parten de argumentos dolosos para pasar la renta petrolera, indispensable para el desarrollo del país, a manos de particulares mexicanos, pero sobre todo extranjeros, lo que urge es un verdadero proyecto nacional, pues reformas como éstas evidencian desprecio y desconocimiento de los logros alcanzados por el pueblo mexicano, parcialidad en favor de un sector cada vez más favorecido y, en última instancia, una irresponsabilidad que puede llevar a México a un camino sin retorno.
