Pemex, privatización y maquila
México, D.F., 9 de abril (apro).- Claramente, la iniciativa de reformas a la ley reglamentaria del 27 constitucional propone la apertura a inversiones privadas en las áreas de refinación, transporte, almacenamiento y distribución de petróleo y petroquímicos, en lo que muchos especialistas consideran la creación de un “Pemex paralelo”, a partir de contratos de “servicio ampliado” en esas materias.
A pesar de la insistente campaña lanzada desde el pasado martes 8 de abril por Los Pinos, para “convencer” que no se trata de una privatización y que, gracias a los nuevos “bonos ciudadanos” –claramente títulos de crédito que emitirá Petróleos Mexicanos--, se tendrá una participación en la riqueza petrolera, la iniciativa está destinada a beneficiar a grandes corporaciones privadas concentradas justamente en las áreas de refinación, transporte, fabricación de ductos, almacenamiento y distribución.
De una u otra manera se iniciará el esquema de la “maquila petrolera”, sobre todo en refinación y transporte, las dos áreas que más jugosos contratos han generado en los dos sexenios de gobierno federal del Partido Acción Nacional (PAN).
Aunque la iniciativa enviada por Felipe Calderón no se aprobara en este periodo ordinario, el director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, ya anunció este miércoles que, en 2015, entrarán en operación dos nuevas refinerías con capacidad de producción de 300 mil barriles diarios cada una.
La inversión estimada será de 7 mil millones de dólares y participarán empresas privadas. Si se aprueba la iniciativa, el esquema de “contratos de maquila” se complementará con esas inversiones.
Es muy claro, entonces, que la presión ejercida por el gobierno federal, el sector priista que está de acuerdo en los términos de la reforma energética y la iniciativa privada, tiene como objetivo principal garantizar la seguridad jurídica de los inversionistas, así como abrirles nuevos campos de negocios.
No se trata de una “segunda expropiación” petrolera ni de una reforma de gran calado para que Pemex pueda salir del bache financiero en que se encuentra. Se trata, esencialmente, de evitar la incertidumbre jurídica de cara a los contratos previstos en los próximos quince años.
Reestructuración de Pemex
El otro eje de la iniciativa calderonista es la reestructuración de la burocracia administrativa y fiscalizadora de Pemex, con la incorporación, en el nuevo Consejo de Administración, de “cuatro consejeros profesionales” designados por el Ejecutivo federal. Esa instancia pasará de 11 a 15 integrantes. Cabe destacar que el Revolucionario Institucional salvó el asiento de los seis representantes del sindicato petrolero.
Calderón también propuso crear “cuatro comités técnicos” de apoyo a ese Consejo, así como una nueva figura, la de “comisario” de Pemex, responsable del manejo y dividendos de los “bonos ciudadanos”. Este funcionario será designado directamente por el Ejecutivo federal.
Estos “comités de apoyo” se denominarán de Transparencia y Auditoría, Estrategias e Inversiones y el de Remuneraciones.
Así mismo, los anunciados “bonos ciudadanos”, según la reforma del artículo 41 de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, constituyen “títulos de crédito” que se entregarán a personas físicas mexicanas, directamente, o a través de las Afores, los fondos de pensiones o sociedades de inversión, así como por otros intermediarios financieros.
Se plantea colocar estos “bonos ciudadanos” hasta por 5% del total de la deuda de corto y largo plazos de la paraestatal.
Estos otorgarán a sus tenedores una contraprestación “vinculada al desempeño del mismo”.
Las reformas también le otorgan nuevas atribuciones a la Secretaría de Energía (Sener) como entidad reguladora del mercado del sector en el país, abre a la participación privada la Comisión Reguladora de Energía y crea la Comisión del Petróleo, una de las propuestas del PRI.
El “apoyo de terceros”
Sin aludir en ningún momento a la palabra “privatización”, la iniciativa de reformas a la ley reglamentaria del 27 constitucional reconoce, en cambio, que Pemex requiere el “aprovechar de manera eficiente el apoyo de terceros” en la construcción de tres refinerías, en la atención a la demanda del gas y de petroquímica y, sobre todo, lo que se refiere a transporte, almacenamiento y distribución de petrolíferos.
En la exposición de motivos se destaca la pertinencia de precisar los alcances del artículo sexto, que autorizan a la paraestatal a celebrar con personas físicas o morales los contratos de obras y de prestación de servicios. Más aún, reconoce que “cerca de las dos terceras partes de las tareas de perforación se realizan a través de empresas de servicios”.
En contraste, la iniciativa sugiere que Pemex debe mantener, “en todo momento”, el control sobre las actividades de exploración y desarrollo de los recursos petroleros en la celebración de “cualquier contrato”, y que las remuneraciones derivadas de esas operaciones no concedan la propiedad sobre los hidrocarburos.
La iniciativa además legaliza los “contratos de maquila” que se pactan en el área de refinación y autoriza la contratación, en el área de refinación, de “servicios asociados” a la refinación del petróleo.
El texto lanza un ofrecimiento: “La presente iniciativa propone que en las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de los productos derivados de la refinación, del gas y de la petroquímica básica, puedan participar los sectores social y privado, mediante un régimen de permisos administrativos”.
Esta apertura a la inversión privada queda establecida en la redacción de un nuevo artículo cuarto de la ley reglamentaria del 27 constitucional:
“Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y los sectores social y privado, previo permiso, podrán realizar las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación del petróleo y de petroquímicos básicos.
“Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo. Dicha contratación no podrá, en modo alguno, transmitir la propiedad del hidrocarburo al contratista, quien tendrá la obligación de entregar a Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios todos los productos y residuos aprovechables que resulten de los procesos realizados.
“Las personas que pretendan realizar las actividades o prestar los servicios a que se refieren los dos párrafos anteriores, podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos, en los términos de las disposiciones reglamentarias técnicas y de regulación que se expidan”.
En los cambios al artículo sexto de la misma ley reglamentaria, se regularizan los contratos de obras y de prestación de servicios, y se establece, así mismo, que las “remuneraciones” derivadas de esos acuerdos “serán siempre en efectivo y en ningún caso concederán, por los servicios que se presten o las obras que se ejecuten, propiedad sobre los hidrocarburos, ya sea a través de porcentajes en los productos o de participación en los resultados de las explotaciones”.
