| Reforma sin convicción Rogelio Ramírez de la O 16 de abril de 2008 |
Lo peor que puede ocurrir a una organización, y más a un gobierno, es ser ambiguo en las soluciones que plantea a los problemas según su diagnóstico. Y esto ha ocurrido en el caso de la reforma energética recientemente propuesta. Después de un largo diagnóstico y de insistir en la rigidez del marco regulatorio, el gobierno no se atrevió a proponer cambios a la Constitución.
Y al mismo tiempo intenta una apertura al sector privado. Esto deja atrapada su propuesta entre su propia retórica de “fortalecer a Pemex” y medidas que ceden renglones de producción de Pemex al sector privado. El resultado: pronto comprobaremos que los inversionistas y empresarios que hubieran estado interesados en participar en la exploración se quejen por la falta de cambios constitucionales. Y, por otra parte, quienes quieren una industria petrolera nacional e integrada se quejen de que no se respeta la Constitución y se impulse el gradual desplazamiento de Pemex por las empresas privadas.
El gobierno quedará mal con los dos grupos. A los empresarios no les ofrecerá certidumbre jurídica. Y los grupos nacionalistas se opondrán a que Pemex ceda refinación, transporte o distribución de productos o que firme contratos con empresas privadas con pagos variables y precio indeterminado por sus servicios. Pues si no saben cuánto van a cobrar, hay un riesgo; y si hay un riesgo, es un contrato de riesgo.
Si lo que se quiere es que el inversionista privado cubra sus propios gastos y cobre según el fruto de sus éxitos en la exploración, no se debe usar el lenguaje ambiguo de “acompañamiento”, “asociación” o “alianza” que los funcionarios utilizan. Deberían en cambio modificar no sólo el artículo 27, sino también el 25, que indica que las actividades estratégicas sólo pueden estar a cargo del Estado. Como el petróleo es estratégico, según el artículo 28, el gobierno se impuso una misión imposible.
Lo anterior sugiere no sólo indecisión y falta de convicción, irónicamente requisitos esenciales para cualquier reforma estructural. Desde luego que toda reforma es muy difícil y tiene costos altos, pero si no se quiere incurrir en ellos, no se justifica haber insistido durante tanto tiempo en el tema de las reformas estructurales. Gratis no van a llegar.
Una implicación es que alguien tiene que llenar los huecos que el gobierno deja vacíos. Un candidato es el senador Manlio Fabio Beltrones, quien debe convencer a su bancada en el PRI de que el cambio en la ley secundaria cumple con la Constitución y además fortalece a Pemex. El otro es la Suprema Corte, a donde llegarán las controversias constitucionales.
Paradójicamente esto implica un desgaste extremo para estas instituciones. En el caso de la Suprema Corte, por ser árbitro en un asunto de la mayor trascendencia, cuando ya ha puesto su reputación en entredicho, entre otros asuntos, al exonerar al gobernador Mario Marín. Complacer al gobierno en este punto la expondría a quedar en una situación aún más precaria.
La retórica de “fortalecer a Pemex” no pasa la prueba, según las encuestas de María de las Heras, por numerosas causas. Una es que los problemas descritos por el gobierno en su gran mayoría son operativos de Pemex, cuando las iniciativas descansan sobre todo en cambios jurídicos y administrativos. Si Pemex es ineficiente en la refinación de petróleo y por ello pierde dinero, pasar esta actividad al sector privado no ataca el problema de su ineficiencia.
Si se atacara el problema operativo es muy probable que se lograran resolver no sólo los problemas de Pemex, sino hasta los del gobierno mismo. Claro, esto requeriría atacar sin excepciones la corrupción.
Otras iniciativas crean expectativas, pero no resuelven mucho. La supuesta mayor disponibilidad de recursos para Pemex queda sujeta a que cumpla con una meta de superávit, es decir, que tenga sobrantes de efectivo pero no los pueda gastar. El Congreso y sobre todo el PRI tienen una papa caliente en sus manos.
rograo@gmail.com
Analista económico
