El debate propuesto por el Frente Amplio Progresista y su dirigente Andrés Manuel López Obrador es indispensable para que la opinión pública conozca, primero, en qué consisten las propuestas presentadas al Congreso en materia de industria petrolera y, segundo, para que no sean unos pocos, sino el número mayor posible de mexicanos quienes participen en la discusión sobre el futuro de esta industria, que de muchas maneras es también el futuro de nuestra nación.
Pero, siendo importante el debate en sus aspectos técnicos, lo más trascendente es determinar si las propuestas están de acuerdo o no con los preceptos constitucionales vigentes, especialmente con los que forman parte del llamado capítulo económico de la Constitución; en este capítulo, integrado por los artículos 25, 26, 27 y 28, el constituyente delinea el sistema económico del Estado mexicano e incluye este programa precisamente en el capítulo de garantías individuales, para destacar que las normas en esta materia son consideradas derechos fundamentales de todos los mexicanos.
En este diseño constitucional se adopta el equilibrado sistema de economía mixta, en el cual concurren para la producción y distribución de los bienes, que no es otra cosa la economía, los sectores público, social y privado, todos reconocidos y protegidos por la ley y los tres sujetos a las reglas fundamentales de la Carta Magna.
A este tema, el constitucional, pareciera que no se quiere entrar, que se pretende evadir y nos tratan de llevar los interesados en la reforma, y sus corifeos de la radio y la televisión, a sesudas, pedantes y complicadas discusiones técnicas, con disquisiciones insondables que sólo ellos pretenden entender, de las aguas profundas y de las cifras estratosféricas.
Es importante sin duda lograr que Pemex sea una empresa eficiente y productiva: para ello se debió incluir en el diagnóstico que abrió el actual debate el tema de las causas de las inconsistencias de la paraestatal, el papel destructivo de los gobiernos neoliberales de los últimos años y el corrosivo de los líderes sindicales salvados del juicio de responsabilidad por acuerdos con el gobierno. (Impunidad a cambio de apoyo y silencio.) No se hizo así, y ahora postergan el problema principal de la constitucionalidad de las reformas y pretenden centrar la discusión en terrenos que parecieran más propicios para envolver y aturdir.
Un debate honrado se dirige a la inteligencia de los participantes y del pueblo interesado; no se debieran emplear, por tanto, espots reiterativos y simplones, dirigidos tan sólo a los ojos y los oídos, para aturdir e irracionalmente inducir, pero no para convencer.
Prevalece del lado de quienes esperaban sorprender con un albazo legislativo la técnica de los grandes empresarios y sus publicistas “geniales”, maestros de la mentira, que “venden” sus “productos”, como si las ideas fueran refrescos embotellados o alimentos chatarra; afortunadamente, la discusión ya está generalizada y gran parte del pueblo está alerta y no se deja engañar.
Por ello, el intento de linchamiento mediático a los y en especial a las brigadistas, las ya famosas adelitas, sólo ha tenido un efecto parcial en sectores poco informados y peor formados de la sociedad, y cada vez más mexicanos se han percatado de la trascendencia de lo que está en juego y del valor de la acción oportuna de los opositores al atraco.
Quienes parecen no estar totalmente al tanto son, lamentablemente, los legisladores que estaban dispuestos a votar sin leer, sin entender y sin discutir; ya se vio cómo en una sola breve sesión aprobaron más de 30 proyectos legislativos, sin el mínimo análisis y sólo formalizando con su dedo levantado su confianza ciega a lo que les mandan sus coordinadores.
Entre estas reformas aprobadas al vapor está la de la ley de adquisiciones, que privilegia a los empresarios extranjeros y posterga a los mexicanos; la senadora Yeidckol Polevnsky alcanzó apenas a denunciarlos, pero ya sabemos cómo actúan y cómo lo hubieran hecho con el petróleo de haber podido.
De nada servirá el debate ante legisladores acostumbrados, como en el PRI se ha estado haciendo desde hace muchos años, y como el PAN lo ha aprendido rápidamente, a callar y a obedecer, sin asumir realmente su responsabilidad.
De ahí que la acción rápida que frenó a tiempo las prisas de quienes ya veían aprobado el proyecto anticonstitucional y antinacional debe ser valorada en lo que ha significado, detener el atropello que parecía inminente y poner en el centro de la discusión pública, no el tiempo de duración del debate, ni si es algo gravísimo o no la llamada toma de tribuna, sino lo ciertamente importante, lo de fondo: si México va a continuar siendo el dueño de sus áreas estratégicas y por tanto de su destino, o si éstas van a quedar en manos de los ambiciosos empresarios trasnacionales.
En una democracia participativa el pueblo suple a un Congreso incapaz de sacudirse sus compromisos partidistas y actuar verdaderamente en representación de la nación, desde luego con las honrosas excepciones de los legisladores del Frente Amplio Progresista y algunos priístas que están rescatándose de su pasado nebuloso y poniéndose de lado de las causas populares y patrióticas.
Faltaría saber si a algunos otros, les queda algo de sus viejos principios, de sus ideales de la juventud, y también asumen su responsabilidad y se ponen del lado de la causa patriótica.
