La administración de Felipe Calderón negó sistemáticamente hasta principios de abril, cualquier intento de presentar iniciativas legislativas para entregar a particulares extranjeros gran parte de la cadena productiva de la industria petrolera, lo cual representaría una franca violación a la Constitución. Sus voceros lo negaban, pues quedaba poco claro si sería el PRI, el PAN o el Ejecutivo, quien se animaría a tal audacia, en una nación en donde aparentemente se puede secuestrar el imaginario colectivo mediáticamente para legitimar una medida, aun cuando sea en su contra.
Después de hacer varias consultas con su propio partido y con el PRI, no entregó las iniciativas, sino que lanzó un “Diagnóstico”, en el marco de una costosa campaña mediática, hoy ausente, y que el ingenio popular denominó del “Tesorito”, con la clara intención de convencer y sensibilizar a la opinión pública sobre la urgente necesidad de permitir la entrega de la industria petrolera a manos privadas. Por cierto, en la página 126 de ese diagnóstico se aceptaba la necesidad de un debate nacional con la participación de todos los miembros de la sociedad, o fue un maquinazo o un descuido dejar ese párrafo.
El Frente Amplio Progresista, integrado por el Partido de la Revolución Democrática, Convergencia y el Partido del Trabajo, señaló desde hace meses que cualquier intento por reformar la industria petrolera mexicana se tenía que realizar después de un amplio debate incluyente, plural y con tiempo suficiente, que permitiera escuchar a la ciudadanía. Nuestro modelo democrático carece a nivel constitucional de referentes para la consulta popular, el plebiscito y el referéndum.
Esta propuesta de debate nacional la presentó formalmente el FAP el 3 de abril ante ambas cámaras. No es cierto que la propuesta de debate haya sido posterior a la presentación de las iniciativas. La actitud del PAN y el PRI en ambas cámaras fue la de desestimar la propuesta y siguieron con su ruta para dar trámite a la iniciativa.
Paralelamente, se solicitó a la responsable de la Secretaría de Energía que presentara su diagnóstico a los partidos que integran el Frente, como lo había hecho ya con el PRI y con el PAN. En lugar de cumplir con ese compromiso al que acudiría el jueves 10 de abril, la secretaria presentó en el Senado, el 8 de abril, el paquete de iniciativas del Ejecutivo que intentan privatizar la industria petrolera nacional.
Era evidente la intención de aplicar un fast track a estas iniciativas de manera que, antes de concluir el actual periodo de sesiones del Congreso el 30 de abril, fuesen aprobadas aceleradamente. La idea del debate propuesta por el Frente fue simplemente ignorada.
Era imposible que el FAP se quedara con los brazos cruzados, menos aun cuando ya el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo estaba organizando sus propias acciones de resistencia civil ante la inminencia del albazo legislativo para pasar estas iniciativas, como lo habían hecho con la ley del ISSSTE, sólo por citar un ejemplo.
La única manera de obligar al PAN y al PRI a sentarse a negociar la organización de un debate nacional era con la resistencia pacífica en las tribunas del Senado y de la Cámara de Diputados. Acción que inició a partir del 10 de abril.
La reacción de muchos medios ante esas acciones fue de un linchamiento inmediato, sin tomar en cuenta las circunstancias que habían llevado a una situación que nadie en el Frente deseaba, pero que se quedó como la única vía para hacerse escuchar y preservar el derecho del pueblo de ser el que decida.
La idea del debate es permitir que toda la sociedad participe en un tema que afecta su presente y su futuro, sobre decisiones que no pueden tomarse a partir de un solo punto de vista o una mayoría parlamentaria. Menos cuando unilateralmente se decreta que la única solución a la problemática de la industria petrolera es privatizar.
Una decisión del calado histórico, como lo es el futuro de los recursos petroleros de los mexicanos está por encima del Congreso. No es un simple juego de mayorías o minorías. Cuando algo afecta así el destino de la nación debe ser consultado y decidido por todo el pueblo en su conjunto. La experiencia internacional está plagada de ejemplos que así lo confirman.
El debate pudo haberse logrado antes de la presentación de la iniciativa, pero hay ocasiones en que la presión política y la presión social, sumadas, son la única manera de convencer a los gobiernos y a los grupos dominantes a escuchar a sus gobernados.
En ese sentido, más allá del costo político que significó la feroz campaña mediática en contra, el movimiento social y la acción de los legisladores del FAP arrojan buenas cuentas: se detuvo el albazo legislativo que pretendía el partido en el poder; se creó conciencia en la ciudadanía sobre el problema de la privatización de una industria vital para el país (no en balde la mayoría de las encuestas reflejan que si bien ésta rechaza la toma de tribunas, también está convencida de que el gobierno tiene intenciones de privatizar Pemex); se logró un debate nacional amplio y plural como el que planteamos desde el principio; y, lo más importante, se detuvo una iniciativa que es, y así lo demostrará el debate, violatoria de nuestra Constitución y contraria al interés nacional.
Hay que advertir que esta victoria es parcial y la sociedad habrá de estar alerta para que al concluir el periodo de debate se tomen en cuenta todas las propuestas y todas las iniciativas. Finalmente, la soberanía de un país sobre sus recursos es un derecho inalienable reconocido incluso en las resoluciones de la ONU. El Congreso no puede estar por encima de esta gran nación.
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia en la Cámara de Diputados
