El control de la industria petrolera no sólo depende de la propiedad sobre los yacimientos y la extracción. En especial, las actividades de refinación y petroquímica básica son fundamentales para mantener el control y orientación de toda la industria petrolera por su importancia desde el punto de vista del valor agregado y sus efectos multiplicadores en el resto de la economía.
Por eso, la Constitución reserva en exclusividad al sector público esas actividades. En cambio, si se abre la refinación al capital privado, como pretenden Felipe Calderón y asociados, la industria petrolera permanecerá sometida al poderío de las grandes corporaciones petroleras extranjeras.
Una muestra del poder que tienen estas compañías en el segmento de refinación se encuentra en la experiencia reciente en Estados Unidos. Por estos días un comité del Senado estadunidense ha citado a los directores de Exxon Mobil, Shell, BP America, Chevron y Conoco Phillips para interrogarlos sobre sus ganancias de 123 mil millones de dólares en 2007. El Senado quiere saber por qué esas empresas se aferran a subsidios por otros 18 mil millones de dólares que reciben en Estados Unidos. La Cámara de representantes ya aprobó la eliminación de esos subsidios, y aunque el Senado está por decidirse, Bush ya amenazó con vetar la ley si es aprobada.
El lobby petrolero en Estados Unidos insiste en que esos subsidios son necesarios para mantener la inversión en exploración, producción y refinación. Además argumenta que el indicador importante no es el monto absoluto de las ganancias, sino la tasa de rentabilidad, que es inferior a la de los servicios financieros. Eso es cierto, como también que las compañías refinadoras han incurrido en el pasado reciente en prácticas de comercio restrictivas y desleales con el propósito de mantener niveles altos de rentabilidad.
En los últimos 20 años la industria refinadora estadunidense atravesó un intenso proceso de restructuración. En los 80 las excesivas inversiones condujeron a una sobrecapacidad en refinación que tuvo que ser administrada por las compañías para mantener los niveles de rentabilidad. Después vino un proceso de fusiones y adquisiciones, y surgieron refinadores independientes muy grandes como Valero y Marathon-Ashland. A partir de la reorganización de la industria en 1995, ya no se construyeron nuevas refinerías, lo que llevó a restricciones por el lado de la oferta en el mercado de refinados en Estados Unidos.
En 2001, el senador Ron Wyden obtuvo documentos internos de Chevron y de Texaco “altamente confidenciales” que reconocían que en 1995 el problema más grave que afectaba a la industria de la refinación era el exceso de capacidad instalada, que estaba provocando una rentabilidad baja. La recomendación: reducir la producción para encarecer las gasolinas. Un memorando de la Mobil revelaba sus planes para oponerse a la reapertura de una refinadora en California (cerrada por razones ambientales) con el fin de mantener altos los precios finales de gasolinas. En el colmo del cinismo, el lobby petrolero lanzó simultáneamente una intensa campaña en contra de la legislación ambiental, convirtiéndola en chivo expiatorio por la reducida inversión en refinerías.
Dos lecciones se desprenden de lo anterior. Primero, las compañías refinadoras tienen gran poder económico y político. Saben usarlo y están dispuestas a todo. Segundo, van a velar por sus intereses, no por el desarrollo de México. Primero estará su tasa de rentabilidad y su flujo de caja. El empleo, los eslabonamientos industriales y el desarrollo de México no figuran en su pantalla de radar.
La Constitución define la industria petrolera como área estratégica reservada en exclusividad a la nación. Pero el régimen de apertura y privatización, que es el alma de la reforma de Calderón, Kessel y Reyes Heroles, es exactamente lo opuesto y lleva a perder el control efectivo de la industria petrolera.
