Los veneros de petróleo que nos dio el Diablo
La exigencia de un debate nacional es legítima, pero nada o poco tendrá de nacional si no es escenificado y difundido en los dos medios más poderosos y de mayor alcance de nuestro país, Televisa y Televisión Azteca. Mucho me temo que la pluralidad de voces sólo contribuya a una confusión aun mayor. Pero esta aspiración, reitero, es legítima. El gobierno debe intervenir en forma directa para que esto se logre, y a las dos televisoras se les presenta una muy valiosa oportunidad de demostrar su voluntad de cooperar en la discusión de uno de los problemas más graves a los que hoy se enfrenta nuestro país.
El bloqueo de las instalaciones del Senado por las adelitas, una protesta cívica pacifista –y sabia: un conjunto constituido únicamente por mujeres inhibirá cualquier tentación de una represión violenta– fue, en un principio, justificable: una vez presentada al Senado la propuesta del presidente Felipe Calderón, se temió que ésta fuera aprobada al vapor, y se eliminara así la posibilidad que la voz de la oposición fuera debidamente escuchada y tomada en cuenta. Sin embargo, tal vez ese temor era infundado. En el tercer programa de Canal 11, y según creí entender, cuando el moderador Ezra Shabot insinuó la posibilidad de que el Congreso prolongara con una sesión extraordinaria la sesión ordinaria actual (que se termina este mes de abril y que se reanudará hasta septiembre) con objeto de tratar a fondo la iniciativa de reforma de la industria del petróleo presentada por la Presidencia, el señor Graco Ramírez, senador por el PRD, respondió que en septiembre se podrá discutir con más calma y que no se debe actuar con prisa. Los otros dos señores legisladores, Fernando Elizondo Barragán, del PAN, y José Ascensión Orihuela, del PRI, guardaron silencio.
Esto pareció ser una clara indicación de que los señores legisladores estaban dispuestos a tomarse sus cuatro meses de vacaciones dejando colgado de la brocha el debate más trascendental que se ha suscitado en nuestro país por muchas décadas, cuando uno esperaría que estos señores que nos representan asumieran con plena responsabilidad –y con calma, desde luego, pero no tanta– el papel que les corresponde en el debate. Y, como tampoco el Senado dio señales de tener el propósito de prolongar la sesión ordinaria, no tendría ningún sentido, a partir del primero de mayo, que las mujeres del Frente Amplio Progresista continuaran el sitio de una instalación vacía.
Sin embargo, la toma de la tribuna de San Lázaro por los diputados del Frente Amplio Progresista se llevó a cabo, según se dijo, con la intención de desocuparla cuando se acordara realizar la consulta pública. No obstante, la invasión de las tribunas de ambas cámaras no se justifica tan fácilmente. Todos aquellos que votamos por un senador o un diputado perredista, lo hicimos para contar con un legislador que representara aquellos de nuestros intereses que parecían coincidir con los suyos, y no para que boicoteara las actividades del propio Congreso al que pertenece, en el cual, y no en ninguna otra parte, debe defender esos intereses. Sin embargo, si este patético despliegue no se justifica, sí se explica: sabemos que en este Congreso, como en todos los que ha tenido nuestro país –¿acaso ha habido una excepción?– nuestros legisladores nunca han actuado de acuerdo con su conciencia, sino de acuerdo con las consignas de su partido, y los perredistas, ante la coalición PRI-PAN, se saben derrotados de antemano.
Y es por eso que, de todas maneras, el debate nacional es necesario. Por lo pronto, si se inicia lo más pronto posible –con la cooperación imprescindible de Televisa y Televisión Azteca–, puede extenderse por varios meses, mientras nuestros legisladores disfrutan sus vacaciones o se dedican al manejo de sus negocios particulares. Pero, si se deciden a instaurar sesiones extraordinarias tan largas como sean necesarias, dejarán de tener sentido, y propósito, el bloqueo civil y las tomas de las tribunas. Habrá que dejar a los legisladores en paz y en libertad para que legislen donde deben legislar. Si de cualquier manera en una sesión extraordinaria se toma una decisión al vapor, que sepan de una vez los señores legisladores que el pueblo mexicano no lo va a tolerar. Se planteó la posibilidad de dedicar cincuenta días al debate. Esto y la apertura de sedes alternas es un buen comienzo.
Por otra parte, el debate no puede, o no debe, basarse en una posición maniquea donde todo es blanco o todo es negro. En mi opinión, cada uno de los puntos principales presentados por Felipe Calderón exige una consideración cuidadosa y, en la medida que sea posible, desapasionada. Sin gritos ni sombrerazos. Pero también sin bloqueos de calles o aeropuertos que no sólo servirán para exacerbar a los ciudadanos que estamos hartos ya de manifestaciones: también para multiplicar las divisiones no entre los perredistas que son miembros activos del PRD, quienes ya se encargaron ellos mismos de hacer pedazos su partido, sino las divisiones y defecciones que desde hace tiempo comenzaron a darse entre los ciudadanos comunes y corrientes, apartidistas, que en 2006 no votamos por el PRD como partido sino por sus candidatos, como individuos en quienes depositamos nuestra confianza.
Por otra parte, es absurda, en mi opinión, la pretensión de que este debate desemboque en un referéndum. Un referéndum sólo se hace para responder Sí o No a una sola propuesta sencilla y concreta. ¿Y cuál es la única posible? Sí, o No, a la privatización del petróleo. Conocemos desde ya la respuesta: No.
Pero este No no nos serviría para la perforación, en un futuro cercano que se nos echa encima, de más de 18 mil pozos, tal como lo asegura Georgina Kessel –y quiero creer que es verdad–, para garantizar que Pemex vuelva a ser la gran industria que fue en el pasado. O la industria grande, porque la grandeza que nos interesa no es la que cubra de gloria a la patria, sino la que solucione nuestro futuro. Si para esto no nos queda más remedio que acudir a la participación de la inversión privada –nacional y/o extranjera, ya Bassols nos recordó que es el mismo gato pero travestido– hay que apechugar y hacerlo, siempre y cuando, en verdad de verdad, el Estado mexicano continúe siendo rector de nuestra industria petrolera. Ésta es mi opinión, personalísima, y la asumo con la conciencia limpia. Si alguien o álguienes piensan que no, que me queda sucia, es problema de ellos, no mío. Más vale, pienso yo, compartir nuestra riqueza con los ladrones que nuestra miseria con nadie.
El petróleo y la soberanía
La noción que tenía yo de lo que es un “área estratégica” se enriqueció con el artículo al respecto publicado aquí, en La Jornada, el pasado lunes 14 de abril, por Bernardo Bátiz, quien nos dice: “el petróleo está dentro de las áreas estratégicas, las cuales, según reza el artículo 25 constitucional, estarán a cargo del sector público, esto es, del Estado y específicamente del gobierno federal, pero además lo estarán de manera exclusiva, esto es, sin posibilidad alguna de que otro sector, el social o el privado, pueda intervenir. Si Pemex comparte de cualquier manera, directa y abiertamente o con argucias, se vulnera un área estratégica de nuestro sistema económico y se pone en riesgo hoy y para el futuro la soberanía de nuestra patria”.
Entendido. Pero si hoy importamos el 40 por ciento de la gasolina que consumimos, y seguimos como estamos, y dentro de diez, quince años, vamos a importar el 60 o el 80 por ciento… ¿De qué clase de “soberanía” va a gozar el Estado mexicano? ¿Se podrá seguir llamando “soberanía” a la dependencia de otros países en algo tan vital para nuestra economía como es la gasolina? ¿Y cuando nuestra producción de crudo se vuelva deficitaria, vamos también a importar petróleo sin tener las refinerías y la industria petroquímica necesarias? ¿O vamos entonces a dejar de exportar petróleo y reducir los egresos del gobierno?
Durante la presidencia de Jimmy Carter se dijo que Estados Unidos había elaborado un plan secreto “de contingencia” que le permitiría ocupar militarmente los pozos petroleros mexicanos en un lapso de dos días. Si esto es verdad o no, poco importa. Lo que importa es que se trata de una operación factible y, en determinadas circunstancias, probable. Aun así, y por muy lejana y disparatada que parezca esta eventualidad, me pregunto: ¿no sería deseable la inversión en nuestra industria petrolera –controlada por el Estado rector, por supuesto– de otras naciones como Venezuela y de uno o dos países de la Comunidad Europea que no tengan petróleo, para que, dado el caso, Estados Unidos lo piense dos veces?
