Un punto fino del debate sobre el petróleo y el intento de privatizarlo en forma oculta tiene que ver con lo que el constituyente permanente definió como áreas estratégicas de la economía, diferentes a las áreas prioritarias, y mucho más lejanas de aquellas que quedan en el campo de la iniciativa privada.
El petróleo está dentro de las áreas estratégicas, las cuales, según reza el artículo 25 constitucional, estarán a cargo del sector público, esto es, del Estado y específicamente del gobierno federal, pero además lo estarán de manera exclusiva, esto es, sin posibilidad alguna de que otro sector, el social o el privado, puedan intervenir. Si Pemex comparte de cualquier manera, directa y abiertamente o con argucias, se vulnera un área estratégica de nuestro sistema económico y se pone en riesgo hoy y para el futuro la soberanía de nuestra patria.
Para mejor entendimiento, transcribo textualmente el párrafo citado.
“El sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan.”
Estas áreas estratégicas son, según el 28, que por cierto no las prohíbe como monopolios: correos, telégrafos, radiotelegrafía, petróleo y los demás hidrocarburos, petroquímica básica, minerales radiactivos y generación de energía nuclear, electricidad y otras que señala el Congreso.
Son, en cambio, áreas prioritarias, así las define el mismo artículo 28: la comunicación vía satélite y los ferrocarriles, y en ellas sí es compatible la intervención de los sectores privado y social, y sobre las mismas el Estado ejercerá rectoría (no propiedad como en las áreas estratégicas) y podrá por tanto otorgar concesiones, permisos o celebrar convenios o contratos con particulares o con comunidades del sector social interesados.
Más claro ni el agua; nuestra Constitución distingue con nitidez las áreas de la economía que quedan reservadas a la propiedad y control del Estado y establece que esa propiedad y control lo serán en forma exclusiva, lo que significa sin injerencia de otros, y esto como medida de precaución, estratégica precisamente, para evitar algún debilitamiento o riesgo para México; no se trata de chauvinismo, ni cerrazón a la “modernidad” o al mundo de la competencia, tan caro a los promotores de esta llamada reforma; se trata precisamente de que al competir seamos nosotros los dueños de nuestras propias herramientas económicas y que no queden en manos de extraños que actuarán con la mira en sus propios intereses.
Ignorando esta definición constitucional, los privatizadores a ultranza quisieron inicialmente modificar los preceptos constitucionales que les estorbaban; al no poder hacer esto, por el oportuno, enérgico y valiente llamado para evitarlo, tratan ahora de evadir el debate respecto de los artículos 25 y 28 constitucionales y centrar la discusión en el artículo 27, que ciertamente define la propiedad del petróleo, pero no la exclusividad en su manejo ni el control de los organismos que lo lleven a cabo.
Pretenden, eludiendo o ignorando las disposiciones del 25, entregar con contratos amañados parte de lo que es estratégico, pero, si lo logran, quienes celebren con ellos los contratos, con la denominación que se les ocurra, creyendo que con eso nos engañan, estarán siempre en la cuerda floja, pues al hacerlo contravienen una disposición de la ley suprema, que es la Constitución. Por ello, aun cuando se aceptará el argumento de los eternos acomplejados, que creen que no podemos hacer nada sin ayuda de fuera, se estaría ante un conflicto de leyes, en el que la de mayor jerarquía tendría que prevalecer sobre las otras tarde o temprano.
Lo estratégico es algo que da ventaja a una parte frente a otra, en un proceso de competencia; es algo (dicen los diccionarios) que constituye una condición favorable por su estructura, posición o situación. Sólo un demente o un traidor, en una batalla, entrega una posición estratégica al enemigo. En lo político o en lo económico, sólo un tonto o alguien que espera beneficiarse en lo personal cede un área estratégica a sus rivales o posibles competidores.
El constituyente, con visión certera, en forma previsora y prudente, reservó para México las áreas de la economía que consideró estratégicas como el petróleo, lo que nos da una ventaja frente a los demás. Definir el petróleo como área estratégica es una de las decisiones políticas fundamentales de nuestra Constitución.
Por ello, la resistencia civil pacífica, emprendida para la defensa de este patrimonio y de estos principios, se justifica plenamente, y quienes están en las brigadas saben que de su sacrificio, de su esfuerzo, de su entereza, depende que no se entregue lo que es nuestro, ese bastión de nuestra economía, de nuestra permanencia como nación, un seguro para el futuro de los nuestros. Estamos en una nueva guerra de independencia, con sólo las armas de la razón, del valor civil y del derecho, pacífica, pero enérgica en defensa de nuestra soberanía.
OTRO SÍ DIGO: Nuevo León sigue siendo laboratorio de atropellos y escenario de intolerancia. El doctor Manuel Silos Martínez fue rector de la Universidad de Nuevo León, un buen rector, estimado y recordado, que por diferencias políticas con personajes poderosos fue acusado falsamente y procesado; su inocencia se acreditó en 2003 y fue absuelto, no sin tener que acudir a la justicia federal. Hoy, a pesar de que han transcurrido ya varios años, no puede recuperar su plaza en la universidad, porque el Consejo Universitario está reacio y no resuelve lo que es justo, quizás por presiones de los mismos que en su momento acusaron falsamente al rector Silos.
