Al intervenir en el sexto Encuentro Mundial de Familias, reunión católica que se realiza desde ayer en un local privado de Santa Fe, en esta capital, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, se ostentó como feligrés ejemplar e incumplió una de sus responsabilidades básicas como jefe de Estado laico y gobernante de una nación plural, diversa y moderna.
Exaltó a instituciones religiosas que por ningún motivo deben ser beneficiarias de un favoritismo desde el poder y tomó partido por una concepción de la familia fundada en un vínculo conyugal heterosexual, la cual dista mucho de ser unánime en la heterogénea realidad del país. Este concepto excluyente proviene de la visión estrecha, desfasada, moralina y autoritaria que la jerarquía católica aún pretende imponer a las sociedades. En esa visión no tienen cabida el divorcio –conquista universal con más de medio siglo de antigüedad–, las expresiones de diversidad sexual, la soberanía de las personas (particularmente de las mujeres) sobre sus cuerpos y sus afectos, ni los derechos reproductivos y sociales que se han ganado en décadas recientes.
Como reconoció el propio gobernante, en México hay millones de familias integradas al margen de un matrimonio y su existencia no tiene por qué ser “preocupante”, en la medida en que sea resultado de una libre elección, ni signo de “desamparo” o desintegración familiar, y mucho menos origen de fenómenos delictivos y antisociales. Los hogares que no encajan en las ideas estrechas y tradicionalistas del discurso católico no son necesariamente disfuncionales y las parejas no heterosexuales, las madres y padres solteros y sus hijos, así como los integrantes de familias reconstituidas o no consaguíneas, no requieren de la conmiseración ofensiva de nadie.
Ciertamente hay en el país procesos indeseables de desarticulación de familias –constituidas o no a la manera preconizada por Calderón–, y en ellos han desempeñado un papel primordial las directivas económicas aplicadas por los gobiernos del ciclo neoliberal –incluido el presente–, caracterizadas por el abandono de las responsabilidades estatales en política social, así como la vasta descomposición moral que campea en la administración pública. Con o sin crisis económica mundial, las últimas cinco presidencias han demolido en forma sistemática los mecanismos de bienestar que conformaban uno de los sustentos principales de los hogares mexicanos, y han incidido en la erosión de la convivencia familiar y la desintegración social actuales.
En otro pasaje de su alocución, el titular del Ejecutivo aconsejó “la solidaridad, la justicia, la caridad” para aquellos en los que –a su juicio– se combinan la falta de comida y la precariedad material. Se pretende sustituir así con prácticas asistencialistas y paternalistas el cumplimiento de una obligación del Estado, que no es subsidiaria sino constitucional, de garantizar los derechos a la salud, a la alimentación y a la educación.
La sociedad mexicana contemporánea no requiere de guías morales, sino eficacia gubernamental y el apego de las autoridades a una legalidad que día con día pierde vigencia en el ejercicio del poder público, como ocurrió ayer, cuando el máximo representante del Poder Ejecutivo vulneró principios básicos de una institucionalidad secular. Por lo demás, no será con actitudes excluyentes, discriminatorias y confesionales como se restituya a la Presidencia de la República el déficit de credibilidad y legitimidad que hoy ostenta.
