Los anuncios de despidos realizados ayer por algunas firmas de Estados Unidos y Europa –General Motors, Pfizer, Caterpillar, Philips, ING, Home Depot y Nextel, entre otras–, que en conjunto prevén recortar cerca de 62 mil puestos de trabajo, constituyen muestras contundentes de los efectos desastrosos de la actual crisis financiera en el ámbito laboral a escala planetaria, efectos que amenazan con agravarse en semanas y meses próximos. Es significativa, al respecto, la urgencia con que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha instado a los miembros del Congreso de ese país a aprobar su paquete de reactivación económica –equivalente a 825 mil millones de dólares–, pues, según señaló, “si no se hace nada, la tasa de desempleo podría llegar a dos dígitos”.
En el caso de México, el panorama es por demás desolador. La semana pasada, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado advirtió que para 2009 se profundizará el deterioro de la actividad económica, el producto interno bruto decrecerá en 1.3 por ciento y se perderán 170 mil empleos (La Jornada, 22/1/09); en tanto, un estudio elaborado por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) prevé la pérdida de 250 mil plazas laborales en este año. A estas cifras habrá que añadir el retorno de connacionales desde Estados Unidos a consecuencia de la reducción en las oportunidades de trabajo al otro lado de la frontera norte.
La contracción del mercado laboral y el consecuente incremento del sector informal redundarán inevitablemente en el deterioro de las condiciones de vida de una franja importante de la población y profundizarán los rezagos sociales, la pobreza, la marginación y la desigualdad que recorren el país desde hace décadas y que se han mantenido prácticamente intactos incluso en los periodos de relativo crecimiento económico.
Ante esta circunstancia, el gobierno federal tendría que reaccionar de manera adecuada y oportuna, a efecto de reducir las consecuencias del auge del desempleo en los ámbitos económico y social. Sin embargo, la administración calderonista ha transitado de la inacción y la evasión que la caracterizaron durante los primeros meses de la crisis actual, a la aplicación de medidas tardías e insuficientes –como las señaladas en el plan anticrisis presentado el pasado 7 de enero–, orientadas principalmente al rescate de los grandes conglomerados empresariales y no al auxilio de los sectores mayoritarios de la población. No hay, en cambio, un plan de acción suficiente y viable para la conservación y creación de empleos, y es de suponer que, ante las proyecciones mencionadas, el “impulso” anunciado para la economía nacional –equivalente a 400 mil millones de pesos, según el titular de Hacienda, Agustín Carstens– poco o nada podrá hacer para que el gobierno cumpla con su objetivo de “mantener, razonablemente, las tasas de desocupación que hoy observamos” (según declaró anteayer Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo), ni mucho menos para revertir el déficit de plazas laborales que el país arrastra desde hace años.
En el momento presente, es claro que las autoridades no pueden delegar la responsabilidad de crear puestos de trabajo en un sector empresarial que ha exhibido, en la actual coyuntura, una actitud tan poco veraz ante la sociedad como la gubernamental; baste citar la declaración del presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, Claudio X. González, de que, “para los empresarios, la prioridad es mantener la planta laboral (y) evitar despidos”; la prioridad del empresariado –asombra tener que recordarlo– es obtener ganancias económicas, y en esa lógica tiende a recortar personal en tiempos de crisis.
Es necesario, pues, que el gobierno calderonista atienda cuanto antes esta situación, y haga uso de todos los recursos de los que dispone para reactivar la economía y el mercado internos, promueva la construcción de infraestructura y restablezca mecanismos de bienestar social y redistribución de la riqueza, medidas necesarias si lo que realmente se desea es ayudar a las familias mexicanas a que sorteen el vendaval de la actual crisis y evitar, en esa medida, futuros escenarios de descontento social e ingobernabilidad.
