Mario Di Costanzo
(Publicado en La Jornada el 11 de enero de 2009)
Por tercera vez en menos de un año, el llamado gobierno de la “estabilidad y el empleo” ha anunciado una serie de medidas que supuestamente ayudarán a la economía a superar la tremenda crisis que golpea y daña la planta productiva del país y la economía de las familias.
Para ello, sólo basta recordar que el 3 de marzo del año pasado Felipe Calderón anunció 10 medidas a las que bautizó Programa de Apoyo a la Economía y que supuestamente permitiría que la economía mexicana superara las graves consecuencias que tendría para nosotros el deterioro de la actividad económica en Estados Unidos.
En dicho plan se incluyeron descuentos tanto en los pagos del impuesto sobre la renta (ISR) como en los del impuesto empresarial a tasa única (IETU); se habló también de otro tipo de “estímulos fiscales”, entre los que se mencionaron descuentos a las aportaciones patrimoniales del Seguro Social y descuentos a las tarifas eléctricas.
También se anunció una bolsa de 60 mil millones de pesos para apoyar a las pequeñas y medianas empresas e inversiones públicas adicionales por 40 mil millones de pesos, derivadas del Fondo Nacional de Infraestructura, así como un apoyo de 650 millones de pesos para el Sistema Nacional de Empleo.
Con respecto a este plan, en mi colaboración del 8 de marzo, titulada No que no tronabas pistolita, advertí entre otras cosas que sus 10 acciones resultarían absolutamente insuficientes para cumplir con sus objetivos y que la situación económica era mucho más grave de lo que hasta en ese momento había señalado el propio Agustín Carstens.
Señalé que Felipe Calderón debió haber propuesto un agresivo programa de desarrollo de infraestructura en municipios de alta marginación para contribuir a la generación de empleos.
Fue evidente que el Programa de Apoyo a la Economía, anunciado con bombo y platillo, resultó absolutamente inútil y la economía de las empresas y de las familias aceleró su deterioro.
Tan así fue, que el 8 de octubre del año pasado, y en medio de la debacle económica mundial, Felipe Calderón anunció su segundo plan, el Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo (PICE), el cual gracias a sus inconsistencias, inoperancia y falta de congruencia en cuanto al entorno económico que proyectaba, originó, entre otras cosas, la incertidumbre que dio paso al ataque especulativo contra el peso, que culminó con la devaluación de nuestra moneda y la pérdida de más de 15 mil millones de dólares de nuestras reservas internacionales.
Sin embargo lo verdaderamente paradójico es que durante su presentación Agustín Carstens señaló: “Si bien la economía mexicana presenta condiciones estructurales sólidas y el sistema financiero no constituye un canal de contagio, el gobierno federal pone en marcha el PlCE como una respuesta oportuna y efectiva para apuntalar aún más la actividad económica en nuestro país”. Cabe recordar que a decir del propio Carstens, el PICE involucraba una bolsa por más de 255 mil millones de pesos para reactivar la economía.
Así, el pasado 7 de enero, Felipe Calderón nuevamente anunció 25 medidas a las que llamó Acuerdo Nacional en favor de la Economía y el Empleo, que son demagógicas, absurdas y resultarán insuficientes para enfrentar la crisis en la que estamos inmersos, entre otras por las siguientes razones:
La estrategia sólo congela el precio de las gasolinas, pero en un nivel en el que actualmente superan por mucho al que existe en otros países del mundo; la estrategia no plantea la reducción, ni tampoco el congelamiento del precio del diesel que es utilizado por muchos sectores productivos, como es el caso de la pesca o de los productores agropecuarios, y mucho menos de los precios de los principales artículos de consumo de la canasta básica, más aún cuando muchos de ellos han registrado incrementos superiores al ciento por ciento.
El acuerdo no otorga un incremento emergente al salario mínimo que restituya el poder adquisitivo del mismo y el cual mínimamente debía de ser de entre 12 y 15 por ciento. Se anuncian una serie de “incentivos fiscales” para que las empresas no despidan personal; sin embargo, mantiene la aplicación del impuesto empresarial a tasa única (IETU), aún cuando este impuesto tiene un fuerte sesgo contra el empleo.
Es decir, que mientras que en la mayoría de los países del mundo se buscado disminuir la carga fiscal, en el caso del programa calderonista la tasa del IETU se incrementó 0.5 por ciento.
Se busca ampliar la capacidad de retiro del fondo de ahorro de los trabajadores en caso de despido, lo que pone aún en un mayor riesgo sus pensiones futuras, esto en otras palabras implica que el costo de este apoyo a los trabajadores será con cargo a sus respectivas pensiones para su retiro.
Se deja a un lado el problema de la cartera vencida de los deudores tanto de tarjetas de crédito como hipotecarios, como es el caso del Infonavit. Conviene señalar que la única manera de caer en cartera vencida en el Infonavit es mediante la pérdida del empleo.
Resulta contradictorio e ineficiente que por un lado se han disminuido “unilateralmente” los aranceles para la importación de productos provenientes de países con los que no tenemos acuerdos comerciales, dañando enormemente a la planta productiva nacional y al empleo, y por otro lado se “establezcan incentivos fiscales” para tratar de proteger al empleo.
Se dice que Nafin y Bancomext incrementarán en 21 por ciento sus apoyos a las pequeñas y medianas empresas, pero no se hace nada para bajar las tasa de interés que convierten en prohibitivos estos apoyos.
Y de los recursos que involucra el acuerdo, que según Carstens son 120 mil millones de pesos, mejor ni hablamos porque ya no sabemos de dónde están sacando tanto dinero para financiar programas que no han servido para nada; y por ello digo que el flojo y el mezquino recorrerán más de tres veces el camino.
Por tercera vez en menos de un año, el llamado gobierno de la “estabilidad y el empleo” ha anunciado una serie de medidas que supuestamente ayudarán a la economía a superar la tremenda crisis que golpea y daña la planta productiva del país y la economía de las familias.
Para ello, sólo basta recordar que el 3 de marzo del año pasado Felipe Calderón anunció 10 medidas a las que bautizó Programa de Apoyo a la Economía y que supuestamente permitiría que la economía mexicana superara las graves consecuencias que tendría para nosotros el deterioro de la actividad económica en Estados Unidos.
En dicho plan se incluyeron descuentos tanto en los pagos del impuesto sobre la renta (ISR) como en los del impuesto empresarial a tasa única (IETU); se habló también de otro tipo de “estímulos fiscales”, entre los que se mencionaron descuentos a las aportaciones patrimoniales del Seguro Social y descuentos a las tarifas eléctricas.
También se anunció una bolsa de 60 mil millones de pesos para apoyar a las pequeñas y medianas empresas e inversiones públicas adicionales por 40 mil millones de pesos, derivadas del Fondo Nacional de Infraestructura, así como un apoyo de 650 millones de pesos para el Sistema Nacional de Empleo.
Con respecto a este plan, en mi colaboración del 8 de marzo, titulada No que no tronabas pistolita, advertí entre otras cosas que sus 10 acciones resultarían absolutamente insuficientes para cumplir con sus objetivos y que la situación económica era mucho más grave de lo que hasta en ese momento había señalado el propio Agustín Carstens.
Señalé que Felipe Calderón debió haber propuesto un agresivo programa de desarrollo de infraestructura en municipios de alta marginación para contribuir a la generación de empleos.
Fue evidente que el Programa de Apoyo a la Economía, anunciado con bombo y platillo, resultó absolutamente inútil y la economía de las empresas y de las familias aceleró su deterioro.
Tan así fue, que el 8 de octubre del año pasado, y en medio de la debacle económica mundial, Felipe Calderón anunció su segundo plan, el Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo (PICE), el cual gracias a sus inconsistencias, inoperancia y falta de congruencia en cuanto al entorno económico que proyectaba, originó, entre otras cosas, la incertidumbre que dio paso al ataque especulativo contra el peso, que culminó con la devaluación de nuestra moneda y la pérdida de más de 15 mil millones de dólares de nuestras reservas internacionales.
Sin embargo lo verdaderamente paradójico es que durante su presentación Agustín Carstens señaló: “Si bien la economía mexicana presenta condiciones estructurales sólidas y el sistema financiero no constituye un canal de contagio, el gobierno federal pone en marcha el PlCE como una respuesta oportuna y efectiva para apuntalar aún más la actividad económica en nuestro país”. Cabe recordar que a decir del propio Carstens, el PICE involucraba una bolsa por más de 255 mil millones de pesos para reactivar la economía.
Así, el pasado 7 de enero, Felipe Calderón nuevamente anunció 25 medidas a las que llamó Acuerdo Nacional en favor de la Economía y el Empleo, que son demagógicas, absurdas y resultarán insuficientes para enfrentar la crisis en la que estamos inmersos, entre otras por las siguientes razones:
La estrategia sólo congela el precio de las gasolinas, pero en un nivel en el que actualmente superan por mucho al que existe en otros países del mundo; la estrategia no plantea la reducción, ni tampoco el congelamiento del precio del diesel que es utilizado por muchos sectores productivos, como es el caso de la pesca o de los productores agropecuarios, y mucho menos de los precios de los principales artículos de consumo de la canasta básica, más aún cuando muchos de ellos han registrado incrementos superiores al ciento por ciento.
El acuerdo no otorga un incremento emergente al salario mínimo que restituya el poder adquisitivo del mismo y el cual mínimamente debía de ser de entre 12 y 15 por ciento. Se anuncian una serie de “incentivos fiscales” para que las empresas no despidan personal; sin embargo, mantiene la aplicación del impuesto empresarial a tasa única (IETU), aún cuando este impuesto tiene un fuerte sesgo contra el empleo.
Es decir, que mientras que en la mayoría de los países del mundo se buscado disminuir la carga fiscal, en el caso del programa calderonista la tasa del IETU se incrementó 0.5 por ciento.
Se busca ampliar la capacidad de retiro del fondo de ahorro de los trabajadores en caso de despido, lo que pone aún en un mayor riesgo sus pensiones futuras, esto en otras palabras implica que el costo de este apoyo a los trabajadores será con cargo a sus respectivas pensiones para su retiro.
Se deja a un lado el problema de la cartera vencida de los deudores tanto de tarjetas de crédito como hipotecarios, como es el caso del Infonavit. Conviene señalar que la única manera de caer en cartera vencida en el Infonavit es mediante la pérdida del empleo.
Resulta contradictorio e ineficiente que por un lado se han disminuido “unilateralmente” los aranceles para la importación de productos provenientes de países con los que no tenemos acuerdos comerciales, dañando enormemente a la planta productiva nacional y al empleo, y por otro lado se “establezcan incentivos fiscales” para tratar de proteger al empleo.
Se dice que Nafin y Bancomext incrementarán en 21 por ciento sus apoyos a las pequeñas y medianas empresas, pero no se hace nada para bajar las tasa de interés que convierten en prohibitivos estos apoyos.
Y de los recursos que involucra el acuerdo, que según Carstens son 120 mil millones de pesos, mejor ni hablamos porque ya no sabemos de dónde están sacando tanto dinero para financiar programas que no han servido para nada; y por ello digo que el flojo y el mezquino recorrerán más de tres veces el camino.
