El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, señaló ayer que, de cara a la actual crisis financiera mundial, el gobierno federal ha dispuesto una inyección de 400 mil millones de pesos para el rescate de la economía mexicana: 200 mil millones contemplados en los dos planes anticrisis que ha puesto en marcha la administración calderonista –monto que equivale, a decir del funcionario, a 1.8 por ciento del producto interno bruto–, y 200 mil más por concepto de fondos y garantías otorgados mediante la banca de desarrollo, impulso que, según Carstens, “hace 20 años no hubiera sido posible, y eso simplemente resalta las fortalezas que ha venido adquiriendo el país en estos años”.
La presente coyuntura no sólo ha puesto en evidencia, a escala mundial, la voracidad y el carácter destructivo del modelo económico dominante, sino también las deficiencias de las autoridades mexicanas –formadas en la ortodoxia neoliberal– para manejar el rumbo financiero del país: cuando la crisis actual comenzaba a manifestarse en todo el orbe y a dar los primeros signos de crudeza, el gobierno federal no pudo o no quiso articular un discurso de mínima congruencia con la situación, y demostró carecer de un mínimo de realismo para aceptar, primero, la existencia de la crisis, y para dimensionar, después, su tamaño y gravedad.
A golpes de realidad, y ante el reconocimiento global de la necesidad de la intervención del sector público para corregir los efectos de los descalabros financieros, la administración federal se vio obligada a abandonar la inacción que la había caracterizado, pero lo hizo de manera por demás tardía y errática: con la puesta en marcha de medidas que resultan insuficientes, pues no alcanzan a corregir los efectos de otras que se han puesto en marcha y que son ofensivas para la economía de millones de mexicanos –como es el alza de las gasolinas y el diesel–, y con el mantenimiento de inercias características de los recientes gobiernos, orientadas al salvamento de las grandes empresas y los capitales financieros, no al auxilio de los ciudadanos comunes.
Al día de hoy, en los paquetes de acciones anunciados por el gobierno no se prevén medidas para rescatar el campo, rubro por demás importante en un escenario de crisis alimentaria; tampoco se ven intenciones de avanzar hacia una política fiscal que dote de recursos al Estado sin ensañarse con los pequeños contribuyentes; no se vislumbra voluntad de los actores políticos y económicos para concluir la injusta política de contención salarial, ni se ha avanzado en el restablecimiento de los aparatos de bienestar y en el resarcimiento de las conquistas laborales que se han perdido en las últimas dos décadas.
En suma, no se ha hecho nada para corregir de fondo los problemas que han hecho vulnerable a México ante coyunturas mundiales como la actual, y que pasan por la aplicación de un modelo que ha derivado en un incremento de la pobreza, la marginación, la desigualdad; que ha potenciado la dependencia de la economía mexicana en relación con la estadunidense, y cuyos supuestos beneficios hoy quedan en entredicho, como lo demuestra el saldo negativo de la balanza comercial registrada durante 2008, que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), asciende a 16 mil 838 millones de dólares, monto superior en más de 50 por ciento en relación con el obtenido en 2007 y que representa el peor déficit desde 1995.
Ante estas consideraciones, es claro que los planes de rescate anunciados por el gobierno federal no serán de ayuda para el común de la población en tanto no se reoriente el rumbo de la economía nacional.
