La titular de la Secretaría de Energía, Georgina Kessel, aseguró anteayer que la consulta ciudadana en torno a la reforma petrolera, convocada por el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, y que se realizará el próximo 27 de julio, no será tomada en cuenta por el Senado de la República, dado que ya existe un compromiso para que el 22 de ese mismo mes, una vez concluidos los foros de discusión que se celebran en la casona de Xicoténcatl, los legisladores comiencen a dictaminar las iniciativas presentadas el pasado 8 de abril por el Ejecutivo federal.
Por principio de cuentas, la pretensión de comenzar los dictámenes legislativos una vez que concluyan los debates petroleros reviste una inconsecuencia mayúscula que contraviene el espíritu original de dichas reuniones de discusión. En efecto, la demanda de la realización de tales ejercicios obedeció a la opacidad con que se venía conduciendo el gobierno federal en torno al tema, y a la necesidad de sentar las bases para una discusión sana y plural, con base en la cual la sociedad en su conjunto pudiera asumir una postura respecto de la propuesta presidencial. Así, el paso natural a seguir sería la celebración de una consulta en la que se viera reflejada la efectividad del debate, a fin de que los representantes populares recojan el sentir de la ciudadanía y dictaminen en consecuencia, en el entendido de que, como lo dijo el constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas en relación con las afirmaciones de Kessel: “es imprescindible que el legislador escuche al pueblo, en particular cuando se trata de un asunto tan delicado”. Queda claro, pues, que los señalamientos de la titular de Energía representan un intento más desde el Ejecutivo por romper el diálogo y subvertir uno de los principios fundamentales de las democracias modernas: el de la participación ciudadana.
Por lo demás, las declaraciones de Kessel en torno a la supuesta “inutilidad” de la consulta ciudadana abonan a los intentos discursivos del oficialismo por descalificar la convocatoria del mandatario capitalino, tanto desde el punto de vista político –se le ha llamado “táctica dilatoria”–, como desde una perspectiva legal –se ha argumentado la carencia de facultades del Ejecutivo local para realizar dicho ejercicio–. Al respecto, numerosos grupos sociales y destacadas personalidades han señalado la pertinencia e incluso la necesidad de someter a la consideración ciudadana una alteración tan grave del pacto social como el que pretende efectuar el grupo gobernante con la privatización de segmentos enteros de la industria nacional de los hidrocarburos. Como botón de muestra, ha de mencionarse lo expuesto por el ex ministro de la Suprema Corte Juventino Castro y Castro, en el sentido de que “la norma constitucional faculta al Estado a establecer procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática”.
Acaso la razón principal de la reticencia del gobierno federal a la celebración de la consulta sea que en la opinión pública nacional, sobre todo a raíz de los debates públicos que tienen lugar en el Senado, avanza la convicción de que las iniciativas calderonistas contradicen lo establecido en la Constitución, y que son inviables desde los puntos de vista legal, económico y hasta político. En ese caso, lo ideal sería que la administración en turno repiense su estrategia, desista de sus intenciones privatizadoras y transite hacia una visión de Estado en el manejo de los recursos energéticos. Con los asertos de Kessel, en cambio, la actual administración revela su premura por entregar la industria petrolera a manos privadas, desacredita a priori un ejercicio popular deseable y necesario, y deja entrever, con ello, su carácter autoritario y antidemocrático.
